Glencore debe informar a los E.E. U.U. sobre sus negocios con PDVSA , CVG y CAMIMPEG

Las autoridades federales de los Estados Unidos solicitaron a la transnacional Glencore Ltd. información sobre los negocios que realiza con sus socios en República Democrática del Congo, Venezuela y Nigeria. En la petición legal, el gobierno norteamericano se refiere a los negocios de manera general "any deal general"  según destaca la comunicación federal. Una fuente ligada al caso, asegura que la firma deberá suministrar los documentos de los acuerdos con los gobierno de los mencionados países. En el caso de Venezuela, el consultado informó que las contrataciones están relacionadas con "Petróleos de Venezuela (PDVSA), la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), la Compañía  Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG) y sus asociadas extranjeras SPS Oil Production (UK) y Palmat International, entre otras". Asimismo, la multinacional también deberá ofrecer detalles de su presunta participación en el esquema de corrupción demandado por PDVSA US Litigation Trust en la Corte del Distrito Sur de la Florida.

Glecore ha sido señalada de haber operado en varias contrataciones de manera fraudulenta en tres diferentes países. La autoridades norteamericanas investigan a varias corporaciones por haber presuntamente violado la Ley Estadounidense de Prácticas Corruptas en el Extranjero que tipifica como crimen que las empresas paguen sobornos a funcionarios públicos en el extranjero para conseguir negocios.

Glencore informó que colaborará con el Departamento de Justicia estadounidense, según anunció uno de sus principales voceros en un comunicado.

Entramado de corrupción PDVSA 

Glencore fue demandada civilmente en la Corte del Distrito Sur de la Florida por haber formado parte de un entramado de corrupción junto a otras empresas petroleras, empleados, exfuncionarios de PDVSA y varios empresarios quienes habrían clonado el sistema informático de la estatal petrolera venezolana para beneficiarse de las ofertas de productos y servicios de manera fraudulenta.

En la acción civil aparecen como demandados Glencore de Venezuela, C.A., Glencore Energy UK Ltd.,  Glencore International A.G. y Glencore Ltd.

Paralelamente, Glencore fue señalada en un reporte federal sobre las operaciones de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas CA (CAMIMPEG). El informe dice que en la gigante energética junto a empresas asociadas Southern Procurement Services (S.P.S) LTD y Palmat International habrían  violado las sanciones impuestas por los Estados Unidos a funcionarios venezolanos, y estarían envueltas en un esquema de corrupción y lavado de dinero con entes públicos del país suramericano. 

Glencore Plc. informó que tiene toda la disposición de cooperar con las autoridades estadounidenses, luego de haber recibido un emplazamiento legal de la justicia norteamericana en el cual se pidió la entrega de documentos sobre sus negocios de minería en la República Democrática del Congo, Venezuela y Nigeria, como parte de una investigación por corrupción.

La firma dijo que estableció un comité de miembros del directorio, incluyendo al presidente Tony Hayward y a los directores no ejecutivos independientes Leonhard Fischer y Patrice Merrin, para supervisar su respuesta al pedido del Departamento de justicia.

Tony Hayward dijo que “La corporación cooperará con el Departamento de Justicia estadounidense, mientras continúa enfocándose en nuestro negocio y buscando maximizar el valor que creamos para nuestros diversos accionistas en una forma responsable y transparente”.

En la declaración el vocero aseguró que la trasnacional aborda con seriedad la ética y el cumplimiento en todo el conglomerado.

El Departamento de Justicia pidió a Glencore una copia de los documentos y registros de cumplimiento con la Ley Estadounidense de Prácticas Corruptas en el Extranjero y estatutos de lavado de dinero.

Cooperación y garantía de transparencia

La principal razón del emplazamiento legal estadounidense contra la gigante suiza no son los contratos con Venezuela y Nigeria, sino los negocios en la República Democrática del Congo donde la firma tiene operaciones mil millonarias con empresas vinculadas a un empresario sancionado por el Departamento del Tesoro estadounidense.

El 20 de diciembre, una orden ejecutiva del presidente Donald Trump colocó al multimillonario israelí de diamantes Dan Gertler en la lista de individuos sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), debido a sus lazos comerciales con el controvertido presidente de la República Democrática del Congo, Joseph Kabila .

Ser calificado como OFAC "nacional especialmente designado" significa que los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones con Gertler o sus empresas relacionadas, y que todas sus propiedades e intereses en los EE. UU. están bloqueados. 

Gertler fue asociado comercial de Glencore en varios negocios. Cuando fue sancionado, la trasnacional no pudo continuar las operaciones con el mencionado empresario lo que generó varios litigios internacionales. 

En junio de 2018, Glencore PLC decidió reanudar los pagos multimillonarios a Gertler, con lo cual retó las autoridades norteamericana que prohibieron con su decisión a las empresas occidentales más opciones para lidiar con homólogos sancionados.

La transnacional había dejado de pagar las regalías a Gertler en diciembre de 2017, luego de que se impusieran sanciones por presunta corrupción en la República Democrática del Congo. La firma argumentó que decisión de reanudar los pagos era la única opción viable para evitar el riesgo de perder sus activos. Los pagos se realizarían en euros y garantizaría que ningún ciudadano estadounidense tuviese ningún rol en el acuerdo para cumplir con las sanciones de los EE. UU., según un reporte del diario The Wall Street Journal.[1]

Glencore  dijo que "si no se hacían los pagos se podría poner en riesgo la operación de sus activos en el Congo, lo que representa una amenaza para los precios del cobre y el cobalto en todo el mundo", dijeron fuentes relacionadas al The Wall Street Journal. Glencore, a través de sus minas congolesas, es el mayor productor mundial de cobalto, un producto clave para las baterías de vehículos eléctricos.

Luego de la decisión de Glencore de junio 2018, el Departamento del Tesoro impuso sanciones adicionales a 14 entidades afiliadas a Gertler. Los Estados Unidos acusan al empresario de utilizar su estrecha amistad con el presidente congoleño Joseph Kabila para actuar como intermediario en la venta de activos mineros en el país, dice el reporte del WSJ. 

En abril de 2018,  Gertler inició una acción legal contra Glencore en un tribunal congoleño en busca de 3.000 millones de dólares en daños y perjuicios en respuesta a la decisión de la empresa de detener los pagos, reportó el WSJ. Gertler también obtuvo importantes órdenes judiciales que, si se convirtieran en definitivas, le habrían permitido confiscar bienes de forma permanente en las minas de Glencore, lo que causaría graves trastornos en el mercado, dijo la compañía.

Las sanciones del Departamento del Tesoro prohíben que las firmas estadounidenses trabajen con Gertler y varias compañías asociadas con él. Esta fue la razón principal por la cual las autoridades norteamericanas presentaron un desafío legal a Glencore, que si bien es una empresa anglo-suiza, está estrechamente vinculada al sistema financiero de los EE. UU.

Glencore llegó a un acuerdo "para abordar adecuadamente todas las obligaciones de sanciones aplicables". Como resultado del acuerdo, Glencore dijo que "sus subsidiarias y compañías afiliadas Gertler acordaron retirar todo litigio pendiente y amenazado entre ellas".

Según el Departamento del Tesoro, Gertler habría amasado una fortuna a través de "minería opaca y corrupta". y acuerdos petroleros ". La principal empresa Gertler que trabaja en el Congo, Fleurette Group, ha negado enérgicamente las acusaciones de corrupción. 

La petición de la documentación por parte de la justicia norteamericana podría ser entregada este mes y de allí procederán con las acciones pertinentes. 

Documento prueba que empresa designada irregularmente para conformar Petrosur está vinculada a Derwick Associates

La filtración de un correo electrónico vino a corroborar las sospechas que se tuvieron desde un principio acerca de la estrecha relación que existe entre la empresa Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas y Alejandro Betancourt, cabeza principal de Derwick Associates, una contratista del Estado venezolano altamente cuestionada y señalada en varias acciones legales por haber supuestamente formado parte de un esquema de corrupción que envolvió miles de millones de dólares en contratos y sobornos vinculado al sector eléctrico de Venezuela .

En 2017, la firma holandesa-española Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas encendió las alarmas al ser designada irregularmente —dado que se violó la normativa constitucional para conformar la empresa mixta Petrosur— para la explotación del campo 10 Junín de la Faja Petrolífera del Orinoco.  Desde que se conocieron los términos de la negociación, y la compañía beneficiaria de la millonaria asignación se hicieron señalamientos —nunca evidenciados— de los supuestos vínculos de  IPISA con el principal dueño de Derwick. He aquí el documento que confirma esta versión a casi un año después de los hechos. 

Los datos

Una copia de un correo electrónico fechado el 30 de mayo de 2016 aclara que el socio de Alberto Cortina, representante de Inversiones Petroleras Iberoamericanas S.A., es Alejandro Betancourt. Se trata de una comunicación dirigida a Rubén Figuera (figuerark@pdvsa.com) y a Eulogio del Pino (delpinoeb@pdvsa.com), en la cual se puede leer que "el socio de los Cortina en IPISA es el venezolano Alejandro Betancourt dentro de la compañía que escribe la carta firmada por Ramón Blanco Balín". En este correo enviado por Antonio de info@suenergy.es, dicho remitente refiere que conoce a Ramón personalmente y que puede conversar con él si es necesario.

La comunicación fue acompañada por una copia de la carta firmada que Ramón Blanco Balín —empresario español acusado de lavado de dinero[1]— enviada al entonces presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Eulogio Del Pino donde éste deja claras sus intenciones de conformar una empresa mixta con PDVSA con el objetivo de explorar el Campo Junín. Dice que la compañía Inversiones Petroleras Iberoamericanas S.A forma parte del grupo empresarial de Alberto Cortina[2], quien es uno de los mayores accionistas del Grupo ACS[3], un importante grupo industrial de Europa.

La correspondencia explicaba que en razón a su experiencia como vicepresidente de Repsol, estaba muy familiarizados con las empresas mixtas de PDVSA “y tenemos los fondos para reaccionar en oportunidad de inversión para la empresa mixta de Junín Sur”. En tal sentido, solicitaron una reunión urgente para discutir los detalles.

Los primeros señalamientos

Una información de Upata Digital[4] señala que Derwick Associates estaría detrás de Inversiones Petroleras Iberoamericanas, vinculación que estaría dada por el hecho de todos los asociados de Derwick están relacionados con Alberto Cortina Alcocer quien es el padre de Pelayo Luis Cortina, directivo de IPI “en el BDK Financial Group (Banque du Dakar), un ambicioso emprendimiento de servicios en África. A ellos hay que sumar a Francisco D'Agostino Casado, accionista del BOD y yerno de Víctor Vargas, que también forma parte de la directiva del banco de Senegal”.

“Alberto Cortina Alcocer es socio de Derwick y/o del grupo O’Hara en la petrolera (formalmente de origen canadiense) que llegó a tener importantes operaciones en Colombia, Pacific Rubiales. A principios de 2015 el grupo de Betancourt recibió apoyo de Cortina Alcocer para la toma de control de Pacific. ‘Estoy aquí para apoyar a Alejandro’, dijo Cortina por teléfono desde Dakar en mayo de 2015 según el diario El País. La operación fue realizada a través de Cinainvest Holding SA, de Cortina, que declaró en presentaciones canadienses de documentación que era propietario de 500.000 acciones de Pacific Rubiales lo que permitió a Betancourt tomar control de la petrolera con casi el 20 por ciento del capital”, reza la nota del citado portal.

La información agrega que los líderes de Derwick “no se conforman con ser simples contratistas o proveedores de PDVSA, sino que ahora vienen directamente por el petróleo a través del esquema de las empresas mixtas lo que le ha dado acceso a  un área del bloque Junín de la Faja Petrolífera del Orinoco”.

Otras alerta

Una nota de la agencia de noticias Reuters[5] fechada el 16 de noviembre de 2017, informó que Venezuela había seleccionado a una empresa holandesa poco conocida y registrada para conformar la empresa mixta encargada de explorar y explotar el bloque petrolero Junín 10 en la Faja del Orinoco, de acuerdo a un decreto publicado para la fecha.

La nota señalaba que Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas tendría una participación del 40 por ciento en el proyecto, mientras Petróleos de Venezuela S.A. se constituiría como socio mayoritario de la compañía conjunta que asumiría el proyecto en el bloque que tiene el potencial de producir 200 mil barriles de petróleo por día.

Lo curioso que señalaba la reseña periodística es que PDVSA en el pasado había rechazado las ofertas de Statoil y Total SA para asociarse en la explotación del Junín 10.

Petrosur, nombre que asumió a empresa mixta, fue aprobada en Consejo de Ministros, entidad que emitió el decreto respectivo suscrito por el presidente Nicolás Maduro, obviándose el proceso de licitación a que obliga la legislación venezolana que, además, exige la aprobación por parte de la Asamblea Nacional. Paso este último que la administración de Maduro eludió. Para ello se valió del dictamen del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, de vocación oficialista, que determinó que el gobierno puede elegir socios del sector petrolero directamente y, por tanto declaró procedente la negociación. Se trató de la Decisión 156/2017 de la Sala Constitucional emitida el 29 de marzo de 2017 “que interpretó el Artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos y estableció, ilegal e inconstitucionalmente, que el Ejecutivo Nacional puede constituir empresas mixtas en materia de hidrocarburos sin autorización de la AN, contrariamente a lo establecido en la referida normativa”[6].

La Comisión Energía y Petróleos de la Asamblea Nacional advirtió que la creación de empresas mixtas solo le compete al Poder Legislativo Nacional, por lo que la creación de Petrosur no solo viola la Constitución de Venezuela, sino la Ley Orgánica de Hidrocarburos, aseguró Elías Matta, vicepresidente del ente parlamentario para la época.

Tal circunstancia puso en alerta a las agencias calificadoras de riesgo, las cuales, a pesar del repunte de los precios petroleros para el momento, optaron, en el caso de Standard & Poor’s y Fitch, bajar sus notas con respecto a PDVSA. Estimaron un “default selectivo” en razón del pago demorado de USD 1.169 millones y USD 842 millones de capital de bonos con vencimiento al 2017 y al 2020, lo cual a juicio de las calificadoras constituía el 30 por ciento de la deuda externa venezolana que el gobierno de Nicolás Maduro buscaba refinanciar, argumentando las restricciones que suponían las sanciones de Estados Unidos que prohíben a sus ciudadanos negociar deuda pública venezolana, pero que los especialistas sostienen que se debe a la merma de la producción de crudo que experimenta Venezuela.

“Venezuela produce 1.9 millones de barriles diarios (mbd) frente a 2.27 mbd del 2016”, se lee en una nota de El Economista[7] para la fecha (17 de noviembre de 2017) ocasionando esto que los ingresos cayeran de 121 mil millones en el 2014 a 72 mil en el 2015 y 48 mil en el 2016, una situación que la reseña contrataba el panorama exhibido por el país una década atrás, “cuando la agencia Petroleum Intelligence Weekly ubicaba a PDVSA por encima de gigantes como Shell o Chevron en su ranking de petroleras”.

Los expertos consultados por el portal aseguraron que el declive obedecía a la falta de inversión en mantenimiento y exploración, además de que la petrolera es obligada por el gobierno a vender sus divisas al Banco Central “a 10 bolívares por dólar, tasa reservada para importar alimentos y medicinas en un estricto control de cambios. En el mercado negro esa cotización se multiplica por 6.000”.

El director de la consultora GCG Advisors, José Gonzales, consultado para la reseña aseveró que “PDVSA está quebrada, ¿por qué? Porque se convirtió en un banco”.

Igualmente se citaron como causales de la situación, los bajos precios con que la gasolina es vendida en el mercado interno venezolano.

La empresa holandesa-española

La creación de Petrosur creó conmoción en la prensa española, dado que en la constitución de la misma participa Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas, fundada en La Haya, Países Bajos, calificada como una microempresa en el ranking empresarial, con un capital de sólo 147 mil euros y un rango de empleados entre 0 y 10.

De acuerdo al portal Drimble, Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas tiene su sede en Nassaulaan 2 A, Código postal 2514 JS, La Haya, Región de Haaglanden, Barrio Willemspark. Fue registrada el 19 de abril de 2017.

El sitio refiere que la empresa es propiedad de una entidad extranjera a la cual identifica como Arazen Investments Limited, establecido en PO Box 3175, Road Town, en las Islas Vírgenes Británicas. Agrega que Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas no tiene otras sucursales registradas en la Cámara de Comercio[8].

Por su parte, una nota del portal La Celosía [9] dice que los propietarios de la compañía en España fueron los dos principales funcionarios de Repsol en la gestión de José María Aznar, entre 1996 y 2004.

La reseña del portal de filiación oficialista  La Tabla dice que las personas señaladas como dueñas de la empresa socia de PDVSA, han estado vinculadas con casos de corrupción en España, además de que su objeto declarado no es petrolero, sino financiero. Drimble señala que “Las actividades de Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas tienen lugar (entre otras cosas) en el sector de las sociedades financieras de cartera. Este sector tiene la categoría principal: 'Instituciones financieras' y en este caso se subdivide en: 'Instituciones financieras (sin seguro y fondos de pensiones)', subcategoría 'Sociedades financieras controladoras'”. La nota refiere que “Su actividad es la adquisición, tenencia, disfrute y enajenación por cuenta propia de toda clase de valores mobiliarios y participaciones sociales de entidades no residentes (tenencia de valores extranjeros)”, citando el documento de constitución de la empresa.

La información hace mención a la figura legal con la cual se registró Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas, un fideicomiso administrado que facilita la separación de los derechos legales de los derechos económicos. Esta figura busca “proteger las acciones reales de una o varias empresas y además emitir títulos sin necesidad de notario. Generalmente esto se hace para asegurar el anonimato. Es similar a la figura de la ‘fundación’ que existe en Panamá”.

Al respecto, el portal Paraísos Fiscales.info indica que una “fundación privada es una entidad legal que nace de la donación de un patrimonio de una persona o empresa para unos fines determinados, los cuales se establecen en su acta fundacional. Se trata de una figura jurídica muy similar al trust o al fideicomiso, pero mientras los primeros son básicamente contratos regulados por la ley, la fundación privada es una entidad con personalidad jurídica propia, al igual que ocurre con las sociedades. Se diferencia del resto de las fundaciones en que su propósito no es de interés público, sino que se constituye para fines de interés privado, lo que sólo está permitido en unos pocos países que cuentan con una legislación específica al respecto. Comparándola con una sociedad mercantil, la fundación privada no tiene socios ni accionistas y no puede dedicarse a actividades comerciales o con afán de lucro, excepto si estas se producen de forma no habitual y sirven a sus propósitos generales. Están exceptuados de esta norma los llamados ingresos pasivos, es decir, intereses, rendimientos de acciones, letras o bonos, siempre y cuando sus dividendos se utilicen para financiar los objetivos de la fundación”[10].

Otro aspecto reseñado en la citada nota es que José Ramón Blanco Balín suscribió “un Acuerdo de Estudio Conjunto del Campo Junín Sur como Consejero Delegado de Inversiones Petroleras Iberoamericanas (no de Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas), pese a que había dimitido de ese cargo el 16 de septiembre de 2013, según consta en BOE del 29 de septiembre de 2013, número 183. Sin embargo un mes después fue nombrado como Apoderado”.

Son muchas las aclaratorias que deben hacerse, plantea Sergio Saez en un artículo publicado en Petroleum World[11], entre ellas, la relativa a cómo Inversiones Petroleras Iberoamericanas, una sociedad anónima española, pasó a convertirse en Stichting Administratiekantoor (STAK) (Fundación privada de Confianza) en Holanda con domicilio en Amsterdan.

Igualmente se debe aclarar por qué PDVSA negocia con un personas vinculados a hechos de corrupción en España, como si no fuera público y notorio que Blanco Balin es acusado de diseñar una estructura societaria en paraísos fiscales o  territorios no cooperantes a los que se canalizan los fondos ilícitos de origen español para luego volver a incorporarse al capital de las sociedades patrimoniales domiciliadas en España.

Los propietarios de la empresa socia

Como apoderado de Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas en el Registro Mercantil de España, figura José Ramón Blanco Balín, quien anteriormente aparecía como consejero delegado, de acuerdo a una nota de la agencia Europa Press[12] .

En el contrato suscrito entre la empresa española-holandesa y la Corporación Venezolana de Petróleo, filial de PDVSA, se adjudica a la empresa mixta la "producción, mejoramiento y comercialización de petróleo crudo pesado y extrapesado" en el "área geográfica de Junín 10, ubicada en el área Junín de la Faja Petrolífera del Orinoco".

Firmaron Orlando Chacín, vicepresidente de PDVSA, y José Ramón Blanco Balín, consejero delegado según la sentencia del TSJ que autoriza la contratación, aun cuando el Registro Mercantil español indica que este cargo lo desempeñó hasta 2013 siendo que a la fecha de la negociación tenía la posición de apoderado.

Blanco Balín es investigado en España por el caso Gürtel, un escándalo de corrupción y lavado de dinero.

De acuerdo a una nota de El Mundo[13], también es socio y apoderado de Inversiones Petroleras Iberoamericanas junto a Alfonso Cortina, hermano de Alberto Cortina y presidente de la sociedad. Como vicepresidente aparece Pelayo Luis Cortina Koplowitz, hijo de Alberto.

Con esta sociedad de un capital de 147.500 euros, Blanco Balín y Cortina unieron nuevamente sus destinos, figurando el segundo como presidente y el primero como vicepresidente y consejero delegado cuyo objetivo inicial es “la adquisición, tenencia, disfrute y enajenación por cuenta propia de toda clase de valores mobiliarios y participaciones sociales de entidades no residentes (tenencia de valores extranjeros)”[14]. 

También es uno de los administradores de Inversiones Cortina 2009, una sociedad dedicada a actividades de 'holding'. Alberto Cortina figura como el otro administrador de la compañía, quien posee el cien por ciento de las acciones.

De Percacer Blanco Balín es el apoderado, cuyo administrador accionista único es Alberto Cortina. Esta firma le sirve a Cortina para gestionar su patrimonio y apareció en Papeles de Panamá”.

En Inversiones Petroleras Iberoafricanas José Ramón Blanco Balín aparece como uno de los administradores solidarios junto con el hijo de Alberto Cortina, Pelayo Luis Cortina Koplowitz, y un socio habitual en empresas de los Cortina, José Grande Folgado. Blanco cesó en 2013.

Disclaimer 

Para la realización de esta nota intentamos comunicarnos con las personas mencionadas, y con los representantes de las empresas citadas cuyas direcciones y teléfonos aparecen en los récords públicos. Enviamos cuestionarios a los correos mencionados en el documento publicado y a otros que aparecen en otras comunicaciones separadas y hasta el cierre de este trabajo no logramos respuestas.

Tras declararse culpable y pagar una fianza de $250 mil, exfuncionario de PDVSA logra casa por cárcel

El exdirector de Finanzas de la Electricidad de Caracas, Luis Carlos De León Pérez  se declaró culpable ante un juez federal de Houston por cargos de corrupción y lavado de dinero. El exfuncionario del gobierno venezolano participó en un esquema a través del cual cobraban sobornos millonarios a las empresas que participaban en las licitaciones de la empresa pública de servicio eléctrico, filial de la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). 

Pérez de León pagó una fianza de US $250.000,00 en la corte comprometiéndose a cumplir con todos los requerimientos establecidos en la orden de excarcelación.  El exfuncionario, quien posee doble nacionalidad venezolano-americana, está obligado asistir a las audiencias del tribunal en Houston y Washington DC.

En la acusación del gobierno, Pérez De León admite que usó su poder e influencias para pedir sobornos a las empresas contratistas de la Electricidad de Caracas entre los años de 2011 al 2013, durante el gobierno del fallecido presidente, Hugo Chávez Frías.

En los documentos federales dice que el exfuncionario aceptó que formaba parte de una red de gerentes con altos cargos en la empresa estatal y que actuó en conjunto con otros exactos ejecutivos entre quienes se destacan el exviceministro de Energía de Venezuela Nervis Villalobos Cárdenas; y César David Rincón Godoy, que ocupó el cargo de gerente general de Bariven.

Pérez De León asumió su responsabilidad en el cobro de sobornos a los contratistas juzgados por la justicia norteamericana,  Roberto Rincón y Abraham José Shiera, ambos en espera de sentencia.

Con su declaración de culpabilidad, Pérez De León logrará una condena menos severa.

El exfuncionario será sentenciado el 24 de septiembre de 2018 a las 10:00A.M.

Notas relacionadas:

http://maibortpetit.blogspot.com/2018/04/luis-carlos-de-leon-perez-debera.html

https://medium.com/@maibortpetit_84642/maibort-petit-juez-de-houston-niega-mociones-solicitadas-por-la-defensa-de-luis-carlos-de-922f1ffc5cad

Juicio de "El Chapo" Guzmán se iniciará en noviembre de 2018

El juicio del narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán comenzará el 5 de noviembre de 2018, dos meses después de lo programado inicialmente, dictaminó este lunes el juez del Distrito Este de Nueva York, Brian Cogan.

El magistrado aprobó la prórroga  luego que los defensores del líder del Cártel de Sinaloa solicitaran cinco meses adicionales para revisar las pruebas, alegando que los fiscales federales encargados del caso les habían echado en "camión de arena" con la entrega de evidencias de manera tardía. 

La fiscalía neoyorquina habían pedido a la corte un mes prórroga.

El juez Cogan acordó la demora de dos meses y dijo que la selección del jurado en el caso de Guzmán comenzará ahora el 5 de noviembre de 2018.

Cogan aseguró que el aplazamiento se debe a las "voluminosas" evidencias entregadas por los fiscales el 3 de julio de 2018.

En el mismo orden, prohibió a los fiscales presentar pruebas en el juicio que no revelaron al equipo de la defensa antes del 26 de junio de 2018.

Cogan también tiene que decidir si el juicio permanecerá en Brooklyn o se mudará a la corte federal de Manhattan, como lo solicitaron los abogados de "El Chapo", alegando que es más fácil transportar a su cliente desde su celda en Manhattan.

Guzmán fue extraditado desde México a Estados Unidos en enero de 2017 para enfrentar cargos por narcotráfico, conspiración y lavado de dinero.

Las turbias negociaciones del hermano de Hugo Chávez al frente de Corpoelec

Las millonarias negociaciones llevadas a cabo por el presidente de la Corporación Eléctrica Nacional, Argenis Chávez Frías, en nada representaron una solución a la crisis eléctrica que padece Venezuela, la cual, por el contrario se ha venido agravando sin que se vislumbre en el corto o mediano plazo, una mejora de la situación.

En esta tercera y última entrega de la serie de trabajos que hemos presentado a la consideración de nuestros amables lectores sobre la gestión de Chávez Frías al frente de Corpoelec, damos a conocer un conjunto de contratos que en nada contribuyeron a la mejora del parque eléctrico nacional y de los que poco se conoce sobre el destino que tuvieron las inversiones que cada uno de ellos supuso y que suman USD 157.898.343,50 y Bs. 15.114.630,70.

Interruptores, seccionadores

El contrato N° NCO-CAP10-0218/2012 se suscribió el 16 de julio de 2012, entre la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, representada para la firma por Jesús Ernesto Graterol, Comisionado de Distribución y Comercialización, y la empresa Tecsaga, Inc., sociedad mercantil de Florida, Estados Unidos, representada por su vicepresidente, el venezolano Nelson Manuel Santana García.

Según la negociación, Tecsaga se obligaba a suministrar a Corpoelec “interruptores y seccionadores y sus partes para el área comercial de la corporación eléctrica de Venezuela, bajo el termino comercial CIF, en 10 renglones detallados en el cuadro capturado del mencionado contrato:

Se estipulaba en el contrato un precio total de USD 6.994.435,00 a ser pagados por Corpoelec mediante transferencia bancaria. Contemplaba un anticipo del 30 por ciento equivalentes a USD 2.098.330,50. El 70 por ciento restante se cancelaría al verificar Corpolec que los bienes se hallaban en puerto venezolano.

Tecsaga debía depositar una fianza de anticipo equivalente al monto del mismo, 30 por ciento del precio total contratado. Una garantía de fiel cumplimiento por un monto de USD 1.049.165,50.

El suministro de los materiales comprados por Corpoelec debía hacerse en un plazo de 4 meses y las piezas adquiridas contarían con un año de garantía.

IPC en Santa Teresa III-Río Chico II-Barbacoa I

El contrato NCO-CAP10—0234/2012 lo firmaron Argenis Chávez Frías por Corpoelec y la ciudadana de nacionalidad china, Ting Liu, representando al consorcio IC-SADE Power, constituido por las empresas IC International (China) Limited, de Hong Kong y la empresa española Sadeven Ingeniería y Construcción S.L.

Esta negociación tenía por objeto el desarrollo de la ingeniería, procura y construcción de rehabilitación de la línea doble terna en 230 kv Santa Teresa III-Río Chico II-Barbacoa I.

El contrato reúne cinco documentos de diferentes obras a ejecutarse y que incluían: 1) ingeniería, procura y construcción de rehabilitación de la línea doble terna en 230 Kv Santa Teresa III-Río Chico II-Barbacoa I; 2) conceptualización refuerzo del sistema de transmisión en 230 del eje Santa Teresa-Barbacoa; 3) especificaciones técnicas para la contratación de la ingeniería básica para la construcción de la sub estación Aragüita 230 Kv y las adecuaciones del sistema de transmisión asociado; 4) especificaciones técnicas para la contratación de la ingeniería básica de la ampliación sub estación Río Chico II 230 kv; 5) especificaciones técnicas para la contratación de la ingeniería básica para la construcción de un tramo de la línea de transmisión en 230 Kv para eliminar conexión T-off de la sub estación Río Chico II con la línea 2  Aragüita-Barbacoa I 23 Kv.

El contrato establecía un pago único global por un monto de USD 98.500.000,00.

Y se establecía un anticipo del 50 por ciento, equivalente a USD 49.250.000,00.

Según estipula el contrato, la obra tendría una duración de 36 meses, involucrando cuatro fases de acuerdo a cada ejercicio fiscal de ese período y debía culminar en 2015 cuando se cumplían los 36 meses establecidos.

El contrato fue suscrito el 20 de marzo de 2013, como se aprecia en la siguiente captura:

Transferencia de tecnología en el complejo refinador Josefa Joaquina Sánchez Bastidas.

El contrato CAP10-0036-2011, de fecha 25 de octubre de 2012, lo firmaron por la Corporación Eléctrica Nacional, Argenis de Jesús Chávez Frías, así como también en representación de la C.A. Electricidad de Caracas, mientras que por la empresa Waller Marine Inc., de Houston, Texas, estampó rúbrica el vicepresidente, Anthony Paul Waller. Se trata de un contrato por servicios profesionales mediante el cual la compañía Waller Marine, Inc. Se obliga a prestar a Corpoelec todas las actividades relacionadas con los servicios profesionales para la transferencia de tecnología de la planta Barcazas Bahía Tacoa del complejo refinador Josefa Joaquina Sánchez Bastidas.

El contrato establece que esos servicios profesionales incluyen un programa de formación integral para el personal de Corpoelec que trabajará en las áreas de operación y mantenimiento de las gabarras de generación eléctrica instaladas en Tacoa. Y servicios profesionales de asistencia técnica especializada durante dos años para asistir a Corpoelec en las fases iniciales de operación y mantenimiento de la planta.

Según los cuadros aportados en el contrato, los cursos estarían estructurados así:

Quedó estipulado que las horas de clases y los días de la semana en que se impartirán así como el sistema de evaluaciones y otros detalles académicos, temarios y programas de estudio del entrenamiento.

Dichos entrenamientos se desarrollarían en tres fases:

Una primera fase desde la firma del contrato hasta finales de 2011 para el curso de entrenamiento. Una segunda fase durante el año 2012 para la asistencia técnica especializada y una tercera y última fase en 2013 de ejecución de asistencia técnica especializada.

El monto a pagar por la prestación de estos servicios profesionales en su primera fase era de USD 1.520.000,00.

El 11 de junio de 2012 se firmó el Addendum “A” de este contrato por Argenis Chávez Frías como representante de Corpoelec y Anthony Paul Waller por la empresa Waller Marine Inc. el cual modificaba la cláusula sexta del contrato original para incluir el monto a pagarse por la ejecución de la segunda fase correspondiente a las actividades del año 2012.

Aquí se especifica que el costo de la segunda fase era de USD 1.056.000,00. De esta forma, según cuadro incluido en el Addendum, el costo de las dos primeras fases era de USD 2.576.000,00. Quedando supeditado el monto para la tercera fase, correspondiente a 2013 a la estipulación presupuestaria y para lo cual se firmaría el respectivo Addendum.

Esta modificación del costo de los servicios profesionales incidió en el cambio de las cláusulas de fianzas y garantías y en el Addendum se incluyó una cláusula en la que se especifica que los montos a cancelar provendrían de fondos Transperú, centro gestor C04010020, programa presupuestario GE-1301-0310-10-50014101, posición presupuestaria 4.04.15.00.01.

Addendum del contrato Nº NCO/0511-112

También reposa en nuestras manos un Addendum del contrato Nº NCO/0511-112, firmado por Argenis de Jesús Chávez Frías por la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, y Loredana Albacete, apoderada de la compañía Waller Marine, Inc. Sociedad Mercantil domiciliada en Houston, Texas, Estados Unidos.

Este Addendum sirvió para modificar el precio del contrato, el plazo de entrega del suministro y su vigencia.

Aunque no contamos con el contrato original, en este Addendum se aumenta el precio del contrato a USD 49.750.000 pagaderos a Waller Marine, Inc. más la cantidad de USD 4.974.013,00 para obras adicionales, así como Bs. 13.495.205,98 por concepto de conservación de activos y Bs. 1.619.424,72 bolívares del IVA.

En cuanto a la modificación de los plazos de vigencia del contrato y de entrega de suministros se estableció un programa de entrega, que se detallan en la imagen del Addendum:

Por último, en lo atinente  a la cláusula de la imputación presupuestaria, quedó establecido que los recursos serían imputados por Corpoelec al área funcional de fondos Transperú.

Las turbias negociaciones del hermano de Hugo Chávez al frente de Corpoelec

En la primera parte de la serie "Conoce las turbias negociaciones del hermano de Hugo Chávez al frente de Corpoelec" (Parte I) publicada en Crónicas de Nueva York en Venezuela al Día, se explica cómo los funcionarios del gobierno del fallecido Hugo Chávez decidieron extender la vigencia de los contratos y aumentar el precio de los mismos mediante la suscripción de múltiples adenda complementarias con la empresa Turbocare. En la parte II de la historia hay muchas corporaciones involucradas y más aspectos oscuros que no fueron investigados por los órganos contralores. He aquí los detalles:

Por Maibort Petit

@maibortpetit

Milmillonarias negociaciones se llevaron a cabo en la administración de Corpoelec a cargo de Argenis Chávez Frías sin que estas se tradujeran en la solución del grave problema que padece Venezuela en materia de generación eléctrica.

La crisis eléctrica muestra dimensiones monstruosas que se evidencian en el pésimo servicio que los venezolanos reciben desde hace varios años y que se traduce en constantes apagones y bajones que se repiten día a día por largos periodos que, en ocasiones, ocurren en varias ocasiones cada jornada. Esto supondría que no se han realizado inversiones —o por lo menos planificado— destinada tanto a la modernización, la actualización, como el mantenimiento del parque eléctrico, pero la evidencia deja atrás esta tesis al existir múltiple documentación —en nuestras manos— que versa sobre la compra de equipos y contrataciones con empresas nacionales y extranjeras, así como convenios con instituciones, destinados a la atención y el mejoramiento del sector. La respuesta a la interrogante del porqué de esta grave situación, entonces, habría que buscarla en otras razones, como la corrupción, la impericia y la improvisación en el manejo de dicha crisis.

En las siguientes líneas, damos cuenta de algunas de las negociaciones que la Corporación Eléctrica Nacional, Corpolelec, ha llevado a cabo supuestamente para solucionar el problema en tiempos en que al frente de la empresa estatal se encontraba Argenis Chávez, hermano del difunto expresidente, Hugo Chávez Frías y que representaron una erogación para el país de USD 1.153.326.078,15 y Bs. 764.119.513,70.

Convenio interinstitucional Bandes-Fondo conjunto chino-Corpoelec

El 21 de octubre de 2011 se suscribió el Convenio interinstitucional Bandes-Fondo conjunto chino-Corpoelec, el cual quedó identificado con el código CL-FCCV-0180-13-10-2011-CORPOELEC USD, referido a la asignación de recursos para dar continuidad al “plan de inversiones del sector eléctrico nacional 2011, gastos operativos, de los procesos de generación, transmisión, distribución y comercialización”.

Este convenio entre el Banco de Desarrollo Social y la Corporación Eléctrica Nacional, representados por Edmée Betancourt de García y Argenis de Jesús Chávez Frías, respectivamente, con el objetivo de establecer los mecanismos de cooperación financiera que permitieran el desembolso de los recursos provenientes del Fondo Conjunto Chino-venezolano para dar continuidad al “plan de inversiones del sector eléctrico nacional 2011”.

El convenio establecía que el Bandes otorgaría a Corpoelec la suma de USD 704.397.079,00 para dar continuidad al Plan de inversiones del sector eléctrico nacional de 2011. Bandes aportaría el dinero proveniente del Fondo Conjunto Chino y Corpoelec se comprometía a ejecutar el plan de gastos operativos de los procesos generación, transmisión, distribución y comercialización.

La cláusula undécima del mencionado convenio establecía que el ente ejecutor tendrá entre sus funciones la de “promover el Poder comunal” y fortalecer a través de diversas actividades la creación y desarrollo de los consejos comunales, para lo cual se destinarían recursos económicos y se tomarían las previsiones presupuestarias pertinentes.

Compra de cable submarino

Dos documentos que dan cuenta de convenios para el proyecto del tendido cable submarino a Chacopata, isla de Margarita, uno de ellos para la adquisición e instalación de cables submarinos aislados a 230 Kv para sustituir el actual de 115 Kv en Chacopata, Isla de Margarita, el cual estaría financiado con los recursos del Fondo Chino.

Dicho convenio de asistencia técnica y financiera del año 2012 entre el Bandes, representado por Edmée Betancourt de García, y Corpoelec, representado por Argenis de Jesús Chávez Frías, tendría un costo de USD 56 millones que aportaría Bandes del fondo surgido del acuerdo de financiamiento entre China y Venezuela (Gaceta 39.511) y ejecutados por Corpoelec.

Los desembolsos para el proyecto se efectuarían mediante trasferencia de Bandes a la cuenta que Corpoelec como ente ejecutor indicase.

No obstante, según consta en otro documento de diciembre de 2012, firmado también por Edmée Betancourt y Argenis Chávez, se establece un convenio por USD 224.000.000,00 para la compra e instalación de cables submarinos aislados a 230 Kv para sustituir el actual de 115 Kv en Chacopata, Isla de Margarita.

Seguridad de la central hidroeléctrica Manuel Piar

Por su parte, el contrato Nº 2.2.104.001.11, firmado en febrero de 2012, entre Corpoelec y las empresas Ingeniería y Computación S.A., ICSA, (Argentina), Industrias Metalúrgicas Percarmona Sociedad Anónima, industrial, Comercial y Financiera, (IMPSA) (del mismo grupo argentino); Opens Systems International Inc. (OSI) compañía de software de Minnesota, Estados Unidos; IMPSA Caribe, empresa metalúrgica creada en 2006 en Venezuela. Las citadas empresas conformaron en 2010 el consorcio IMPSA-ICSA-OSI-IMPSA CARIBE C.A.

El contrato de marras fue firmado por Argenis de Jesús Chávez Frías por Corpoelec y Antonio Aldo Jurín por el consorcio, negociación que versaba sobre la ejecución de los trabajos de suministro e instalación del sistema de control y del sistema electrónico de seguridad del proyecto Tocoma, la central hidroeléctrica Manuel Piar.

El contrato establecía la instalación de 25 tableros de control y protección, 85 unidades de adquisición de datos, 6 estaciones maestras de protecciones, de análisis de fallas, de supervisión, así como toda una serie de equipos de sistema electrónico de seguridad y control de acceso.

La obra tenía un plan de ejecución de 50 meses, es decir que debía estar concluida a más tardar a finales de 2015 o inicios de 2016. Sería ejecutada en cuatro fases a un costo Bs. 128.701.754,00, que se desembolsarían según el contrato a razón de BS. 28.286.580,00 para los trabajos ejecutados en el territorio nacional y serían facturados por la empresa Impsa Caribe. El resto se pagaría en divisa estadounidense, equivalente a USD 23.352.365,82, facturados por ICSA.

Los pagos se harían en las cuatro fases:

Fase 1: Pago del anticipo compuesto por un monto en bolívares de Bs. 7.071.645,25 y otro en dólares por USD 5.838.091,46, correspondiente al 25 por ciento del contrato.

También en esta fase se cancelarían pagos por ejecución de la fase por un monto de Bs. 8.980.393,33 y otro por USD 9.654.161,67.

Fase 2: Año 2013.  Pagos por Bs. 7.119.446,60 y USD 7.473.308,86.

Fase 3: Año 2014. Pago por Bs. 5.115.095,75 y por USD 1.663.256,51.

Fase 4: Año 2015, cuando se suponía debía estar terminada la obra.

Como administradores de la ejecución del proyecto fueron nombrados José Felipe Pedroza Gómez por Corpoelec y Antonio Aldo Jurín por el consorcio contratista.

La contratista se comprometía a proporcionar todo lo relacionado con planos, cálculos, instrucciones y datos, todo lo relacionado con la ingeniería de detalles, todos los trámites que garantizan el óptimo estado y calidad de los materiales así como la carga y trasporte del mismo, la nacionalización y aseguramiento, llevar todo hasta el sitio de la obra, cargar, descargar, almacenar, probar en el sitio, entrenar al personal de Corpoelec, poner en funcionamiento y supervisar y mantener los equipos contratados para la obra.

El consorcio entregaría fianzas de anticipo, de fiel cumplimiento y de garantía laboral. Y se encargaría de la adquisición e instlación en sitio de todos los equipos para el sistema de control, tableros, estaciones maestras, así como  del diseño arquitectónico, mobiliario, pisos falsos, alfombras, sistemas de alarmas y detección de incendios, entre otros. Igualmente sería responsable de todos los equipos e instalaciones relacionados con el sistema electrónico de seguridad de la Central Hidrolectrica Manuel Piar.

Contrato con Duro Felguera

Durante la administración de Argenis Chávez también Corpoelec contrató con la cuestionada empresa española Duro Felguera S.A.

De hecho, la negociación se produjo el 6 junio de 2011 por USD 17.050.000,00 para el desarrollo de la ingeniería y procura de la instalación de dos unidades de compresión a gas para el suministro de combustible a dos gabarras de generación eléctrica de 171 MW-230 KV, en el complejo generador Josefa Joaquina Sánchez Bastidas en el estado Vargas.

El Contrato de suministro que quedó identificado con el número NCO/0411-102 fue suscrito por Argenis Chávez Frías en representación de la  Corporación Eléctrica Nacional y la C.A. Electricidad de Caracas; y, por la otra, Rafael Morillo Quirós, por la sociedad mercantil española, asentada en Oviedo, Asturias, en su condición de Director General.

La empresa española se encargaría según el contrato de suministro del “Desarrollo de la ingeniería y procura de la instalación de dos unidades de compresión a gas para el suministro de combustible a dos gabarras de generación eléctrica de 171 MW-230 KV, en el complejo generador Josefa Joaquina Sánchez Bastidas en el estado Vargas” y recibiría un anticipo del 50 por ciento del monto total de la obra, equivalente a 8 millones 525 mil dólares (USD 8.525.000,00), pagaderos en moneda extranjeras en el transcurso de los 10 días hábiles luego de firmado el contrato.

En el documento se especifica que Duro Felguera, S.A. estaba obligada a pagar previo a la firma del contrato una fianza de anticipo por 8 millones 525 mil dólares equivalentes al 50 por ciento del monto total del suministro y otra fianza de fiel cumplimiento por 2 millones 557 mil 500 dólares.

De acuerdo al contrato firmado, el plazo para la culminación sería de 15 meses, es decir que los compresores a gas deberían haber sido instalados para el segundo semestre de 2012.

IPC de generadores eléctricos en Lara

En fecha 24 de octubre de 2012 Argenis Chávez por Corpoelec y Juan Roberto Pérez Hernández por el consorcio INSERVEN-DISTASA-CEP integrado por conformado por las empresas Consultores e inversores CEP, C.A. de Venezuela, la sociedad mercantil colombiana Distasa S.A. E.S.P. y la empresa también venezolana Instalaciones y servicios Venezuela, C.A. (Inservenca), firmaron un contrato para la ingeniería, procura y construcción (IPC) para el montaje y puesta en marcha de dos unidades de generación eléctrica con capacidad 45 MW para Planta III, estado Lara.

El contrato quedó identificado con el número NCO-CAP10-0217/2012 contemplaba el IPC de dos unidades de generación marca General Electric, modelo LM6000 y capacidad 45 MW (ISO) en ciclo abierto en la citada planta por un monto total de Bs. 251.484.000,00, discriminados en Bs. 92.009.000,00 para el componente nacional (IVA incluido) y USD 39.380.000,00 para el componente en moneda extranjera. El proyecto abarcaría los ejercicios fiscales 2012, 2013 y 2014 y debería estar concluido en 2014, cuando se cumplían los 15 meses estipulados por el contrato para la puesta en funcionamiento de las unidades de generación eléctrica con todos sus componentes.

Entretanto, Bs. 27.602.400 bolívares y USD 11.814.000 corresponderían al ejercicio fiscal 2012. Los otros pagos se harían de acuerdo a los presupuestos del año correspondiente.

El precio convenido incluía flete y transporte marítimo hasta Venezuela, nacionalización y transporte terrestre desde el puerto hasta el lugar de la obra, ingeniería básica y de detalle, procura, construcción, instalación y supervisión del proyecto denominado por sus siglas IPC, estudios de suelos y movimientos de tierras, replanteo y nivelación de terreno y todo lo requerido para llevar a término el proyecto.

En junio de 2014, se firmó un Addendum de este contrato rubricado por Wilfredo José Morales Márquez, director de proyectos mayores de Corpoelec y Juan Roberto Pérez Hernández por el consorcio INSERVEN-DISTASA-CEP, con la finalidad de modificar la cláusula del plazo de ejecución del proyecto IPC y extenderlo de 15 meses a 19 meses.

Suministro y montaje de contadores de energía

El contrato N° NCO-CAP10-0184/2012 fue firmado en septiembre de 2012 entre Corpoelec, representada por Argenis De Jesús Chávez Frías, la empresa portuguesa Janz Contadores de Energía, S.A. representada a su vez por Antonio Luis Trigoso Papoila y la empresa Venezolana de Equipos de Potenciación Vepca, C.A., representada por Luis Gerardo Huiza Castellanos.

El contrato contemplaba el suministro de 140 mil contadores de energía y el montaje de 440 mil contadores de energía, incluyendo materiales y accesorios. La negociación estaba enmarcada en el proyecto plan nacional de respaldo al sistema de transformadores de potencia y sistema de control de demanda del convenio binacional luso venezolano.

La instalación de esos 440 mil contadores incluía los 300 mil de un contrato previo (N° 2010-CJ-0223) que ya se encontraba en ejecución para el momento de la firma de este contrato en el cual se adquirían los otros 140 mil contadores. Especificaba el contrato que si no alcanzaren los contadores Janz para cubrir los 440 mil, procederían a instalar cualquier contador del que dispusiera Corpoelec, pero la empresa solo se haría responsable de la instalación y no cubriría la garantía de dichos contadores de otras marcas.

El monto total del contrato era por un componente nacional presupuestado en Bs. 356.331.359,70 y un componente en moneda extranjera equivalente a USD 172.712.633,33, con un pago del 30 por ciento de anticipo en ambos casos y sus respectivas fianzas de anticipo, de fiel cumplimento, laboral y de funcionamiento. Las facturas deberían ser emitidas a nombre de Corpoelec.

Los pagos se harían como se detallan en la imagen capturada del contrato.

El proyecto debía estar terminado a los 24 meses de la firma del contrato, es decir para finales de 2014 deberían estar instalados los contadores en su totalidad.

La empresa Vepca se encargaría del transporte terrestre de contadores, materiales y accesorios desde el puerto hasta los almacenes o sitios de obra indicados por Corpoelec.