El documento usado para la presentación del plan de deuda suscrito por Citgo y Citgo Holding con las firmas Apollo Global Management LLC, con sede en Nueva York, y Frontier Management Group Ltd, con sede en Dubai, para refinanciar un programa de deuda adquirida en 2014 y 2015, desmienten nuevamente las declaraciones del fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, quien anunció en noviembre de 2017, la detención de seis directivos la subsidiaria de PDVSA en Estados Unidos, al acusarlos de haber firmado un contrato para refinanciar la deuda de esta subsidiaria sin aprobación del alto gobierno.
De acuerdo a declaraciones públicas de Saab, el contrato fue firmado bajo “condiciones desfavorables” para la petrolera venezolana, y sin permiso del gobierno de Nicolás Maduro.
“Se ofreció como garantía la propia filial (Citgo), comprometiendo el patrimonio de la República”, declaró Saab, al momento de señalar a los directivos de haber cometido “peculado doloso propio”, y de haber incurrido en “concierto de funcionario público con contratista, legitimación de capitales y asociación para delinquir”.
Nuevas evidencias echan por tierra lo dicho por Saab
Propuesta alternativa de reestructuración de la deuda de Citgo y Citgo Holding con las empresas Apollo y Frontier fue presentada por los ejecutivos de la filial de PDVSA en los Estados Unidos en el contexto de la reunión de la junta directiva realizada en Caracas el 14 de junio de 2017. Los términos de plan de adquisición del nuevo endeudamiento fueron explicados a los directivos de Petróleos de Venezuela, quienes lo sometieron a discusión y posterior aprobación en ese mismo encuentro, según consta en documentos presentados como soporte de esta nota periodística.
En el documento se destaca la información relacionada con los antecedentes de la reestructuración a lo largo del año 2017, donde los directivos de Citgo informaron a la directiva de PDVSA sobre los avances de los planes de refinanciamiento. Por ley, Citgo debía mantener informada a la junta de accionista de la petrolera estatal antes de proceder a firmar cualquier obligación que comprometiera a la empresa.
Cuando el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, informó sobre la detención de los directivos de Citgo aseguró que la decisión del arresto respondía a que los funcionarios habían firmado un plan de refinanciamiento a espalda de la directiva de PDVSA, lo cual según lo demuestran los documentos que hemos publicado en este blog es absolutamente falso.
En el objetivo del plan de estructuración se señala que la propuesta alternativa privada para la reestructuración de la deuda de Citgo y Citgo Holding, "no tiene las restricciones de una operación de mercado pero cumple con los mismos objetivos y parámetros propuestos".
En la página de los antecedentes se señala que el 16 de febrero de 2017 el plan de reestructuración de deuda fue presentado a la junta directiva de PDVSA la cual aprobó primeramente la estrategia para dicha reestructuración de la deuda de Citgo y Citgo Holding en los parámetros propuestos.
Asegura que el 29 d marzo de 2017, se presentó un avance del refinanciamiento a la directiva, incluyendo la matriz para la selección del banco, la estructura del capital, así como el enfoque para los honorarios para los bancos líderes.
El 17 de mayo de 2017 se informó a la directiva el estatus de la operación de mercado, el cual se encontraba en pausa para ese momento.
Dice el reporte que se informó a la directiva sobre la propuesta privada alternativa que no tenía las restricciones del mercado y que el 1° de junio los fondos privados de Apollo y Frontier propuesta con la cual puede estar lista antes de la operación de mercado.
En la presentación hecha a PDVSA se solicitó autorizar firmar el acuerdo para comenzar las negociaciones de la propuesta con las empresas Apollo y Frontier. En el documento en nuestro poder no aparece la información relacionada a los términos de la deuda ni los parámetros de la misma, ni cómo las mencionadas empresas llegaron a Citgo. Lo que sí evidencia es que el plan de adquisición de nueva deuda fue presentado a la directiva y que el mismo fue aprobado por Petróleos de Venezuela.
jueves, 18 de enero de 2018
lunes, 15 de enero de 2018
Crisis de Venezuela eleva el costo de cualquier programa de restructuración de la deuda de Citgo
El pasado 21 de noviembre de 2017, el fiscal general de la república designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, afirmó en rueda de prensa ofrecida desde la sede principal del Ministerio Público, que los altos ejecutivos a los cuales imputó ese despacho, comprometieron el futuro de la filial de Petróleos de Venezuela, S.A., Citgo, al haber suscrito un contrato de financiamiento que puso en riesgo a la empresa. Se refería el funcionario al proyecto de reestructuración de la deuda de CITGO-CITGO Holding presentadas por las firmas Apollo y Frontier, el cual según Saab buscaba hipotecar a la compañía.
Acusó el titular del Ministerio Público madurista que el contrato con Frontier/Apollo hipotecaba a Citgo, pues las condiciones de los préstamos resultaban absolutamente desfavorables para la PDVSA al ponerse a filial de petrolera en Estados Unidos como garantía de la propia empresa, con lo que se comprometía el patrimonio de Venezuela. Refirió Saab que este contrato de financiamiento por 4 mil millones de dólares fue suscrito sin el visto bueno del Poder Ejecutivo.
“Pudimos comprobar que la alta gerencia de Citgo Petroleum Corporation valiéndose de su investidura como representantes legales de la filial, el pasado 16 de julio del año 2017, firmaron un acuerdo internacional con las empresas financieras Frontier Group Management LTD y Apollo Global Management LLC, basándose para la firma de ese contrato en una presunta refinanciación de los programas de deuda del año 2014 y 2015, para solicitar por esta vía préstamos en condiciones totalmente leoninas, desfavorables, para nuestra principal industria como es PDVSA y, lo más grave, ofreciendo como garantía, nada más y nada menos, que a la propia filial Citgo”, dijo Saab en esa ocasión.
Refirió que con la firma de este contrato de refinanciamiento se estaba comprometiendo, no solamente el futuro de Citgo, sino también el patrimonio de la República Bolivariana de Venezuela, pues este acuerdo contemplaba un financiamiento “por un monto de hasta 4 mil millones de dólares, sin contar, por supuesto, para la firma de este contrato, con el beneplácito del Ejecutivo Nacional, es decir, lo hicieron con total discrecionalidad, extralimitándose de sus propias funciones, sin siquiera coordinar o comunicar a las más altas autoridades componentes, exponiendo a la filial petrolera a una posible situación de índole penal por incumplimiento que pudiese ocurrir, obviamente, de los diferentes contratos que estos han suscrito”.
Refirió que Citgo es la filial más grande de PDVSA y es la principal empresa refinadora de petróleo y comercializadora de gasolina, lubricantes y petroquímicos que tiene Venezuela en los Estados Unidos.
Ante tales hechos, el fiscal Tarek William Saab comisionó al fiscal 55 nacional con competencia plena, quien en coordinación con el tribunal tercero de control del área metropolitana de Caracas, emitió órdenes de aprehensión en contra de seis directivos de Citgo a quienes se acusó de los delitos peculado doloso propio, concierto de funcionario público con contratista, legitimación de capitales y asociación.
Pero a estas afirmaciones del fiscal general de la república designado por la Asamblea Nacional Constituyente, se ven contradichas por el acta correspondiente a la reunión N-2017-17 de la junta directiva de Petróleos de Venezuela, S.A., que se celebró el día 14 de junio de 2017, en la que se da cuenta de que el cuerpo ejecutivo de la petrolera venezolana sí estaba al tanto de la propuesta de refinanciamiento y conocía todos los pormenores de la negociación, pues con su firma del acta así lo reconocieron y autorizaron. Una suscripción que tuvo lugar luego de que la Consultoría Jurídica de PDVSA hizo la revisión correspondiente del acuerdo y que dio pie al inicio de las negociaciones.
Cabe destacar que la junta directiva de PDVSA para ese momento —es decir quienes avalaron con su firma el contrato de reestructuración de la deuda de Citgo— estaba conformada por Eulogio Del Pino (presidente); Maribel Parra (VP-Ejecutivo); Delcy Eloina Rodríguez (Vicepresidente); Mariany Gómez (VP); César Triana (V.P); Nelson Ferrer (VP); Yurbis Gómez (Directora Externa; Wils Rangel (Director Externo); Ricardo Menéndez (Director Externo); Rodolfo Marcos Torres (Director Externo); José Pereira (Presidente Internacional de Citgo); Vicky Zárate (Consultora Jurídica de PDVSA).
Es menester dejar sentado que luego del paro petrolero del año 2002, Citgo se erigió como la principal fuente de ingresos de PDVSA, al aportar más de 10 mil millones de dólares sólo en dividendos. Por ejemplo, según información emanada de la propia estatal, en el año 2005, Petróleos de Venezuela recibió 88 millones de dólares adicionales en dividendos provenientes de esta filial en Estados Unidos, los cuales correspondían a los balances de octubre y noviembre de 2005, aprobados por la Junta Directiva de Citgo Petroleum Corporation, según refiere una información publicada en la página web de la empresa 19 de diciembre 2005.
Para ese entonces, el ministro de Energía y Petróleo y presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, sostuvo que “los dividendos pagados para el año 2005 reflejan la plena alineación de CITGO con PDVSA y la integración de las operaciones de refinación de Petróleos de Venezuela en el ámbito mundial”. Entretanto, Alejandro Granado, vicepresidente de Refinación de PDVSA, agregó que “con estos desembolsos los dividendos pagados por CITGO a Petróleos de Venezuela en el 2005 alcanzan la cantidad de 785 millones de dólares”.
Igualmente, el 19 de mayo de 2013 la misma fuente oficial dio a conocer que Citgo “declaró un dividendo de 461 millones de dólares para el primer trimestre de 2013, monto que se pagará a Venezuela el próximo 20 de mayo. Esta cifra constituye un récord de ganancias para un trimestre desde 2009”.
La crisis financiera de los años 2008 y 2009 fue posible afrontarla para Citgo en medio de la vorágine que Estados Unidos vivía para el momento, y de acuerdo a las cifras presentadas para la época la corporación consiguió un plan de financiamiento, que implicó la hipoteca de los principales activos de la filial y que le permitieron soportar los préstamos obtenidos en medio un ambiente financiero muy adverso.
Por otra parte, entre los años 2016 y 2017 Petróleos de Venezuela, S.A., decidió hipotecar las acciones de las filiales madres de CITGO, a saber, PDV Holding y Citgo Holding, en operaciones de bonos y con el financiamiento con Rosneft por solo 1.5 millardos de dólares.
Una nota publicada por el portal Gestión, refiere que PDVSA para obtener dinero solicitó a los tenedores de bonos que cancelaran sus obligaciones negociables que para ese momentos estaban a punto de vencer por títulos a más largo plazo respaldados por una participación de 50.1 por ciento en su activo con mejor desempeño, a saber Citgo, cuyo valor según la estatal petrolera venezolana asciende a los 8 mil 300 millones de dólares, cifra que los especialistas estiman inflada y aseguran que en realidad la filial tiene un valor que llega a apenas la mitad de la cantidad citada.
La información reseña, además, que “en Caracas, el proyecto de utilizar a Citgo como garantía colateral ha generado alboroto en el Congreso, en tanto la oposición acelera los esfuerzos destinados a destituir a Nicolás Maduro, el sucesor elegido por Chávez. El presidente de PDVSA, Eulogio Del Pino, fue convocado para explicar el canje de deuda en medio de exigencias de una investigación más exhaustiva”.
Los reportes de filial de PDVSA en los Estados Unidos señalan que la empresa ya enfrentaba una severa crisis de endeudamiento mucho antes de que el fiscal Saab denunciara que los problemas de Citgo obedecían al programa de refinanciamiento de su deuda establecido con las financistas Frontier Group Maganement LTD y Apollo Global Maganement LLC.
La grave situación financiera de PDVSA, en particular, y de Venezuela, en general, han llevado a todas las calificadoras de riesgo a establecer una mala calificación para el país y, por tanto, para sus empresas, entre ellas, Citgo. Expertos refieren que cualquier operación de restructuración de deuda tendrá un elevado precio debido a las circunstancias actuales de la República y que es impensable un programa de préstamos barato como lo reclama el fiscal general de la república, Tarek William Saab
martes, 9 de enero de 2018
Documento revela que préstamo de CITGO fue aprobado por directiva de PDVSA
Según la evidencia, Delcy Rodríguez, Rodolfo Marco Torres y la junta directiva de la petrolera conocían y aprobaron el proyecto de reestructuración de deuda de Citgo, lo que niega las acusaciones del fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente que asegura que Pdvsa que la negociación se hizo a espaldas del gobierno.
De acuerdo al acta correspondiente a la reunión N-2017-17 celebrada el día 14 de junio de 2017, la junta directiva de Pdvsa conoció la propuesta alternativa de Reestructuración de la deuda de CITGO-CITGO Holding presentadas por las firmas Apollo y Frontier. En ese encuentro, se notificó a todos los miembros de la directiva de la petrolera y se autorizó firmar acuerdo previa revisión por parte de la Consultoría Jurídica de PDVSA, a los fines de comenzar las negociaciones de la propuesta alternativa privada de reestructuración de la deuda CITGO-CITGO Holding presentada por las dos firmas antes mencionadas y dentro de los parámetros de la propuesta.La junta directiva para ese momento estaba conformada por las siguientes personas:
Eulogio Del Pino (presidente); Maribel Parra (VP-Ejecutivo); Delcy Eloina Rodríguez (Vicepresidente); Mariany Gómez (VP); César Triana (V.P); Nelson Ferrer (VP); Yurbis Gómez (Directora Externa; Wils Rangel (Director Externo); Ricardo Menéndez (Director Externo); Rodolfo Marcos Torres (Director Externo); José Pereira (Presidente Internacional de Citgo); Vicky Zárate (Consultora Jurídica de Pdvsa).
En acta se lee que una vez culminadas las negociaciones, los términos finales deberán ser presentados a la junta directiva de PDVSA para su aprobación. El acta está firmada por Humberto Perniciar
De acuerdo a las evidencias, el refinanciamiento de la deuda de Citgo con Frontier y Apolo fue debidamente aprobado por los miembros de la junta directiva de Petróleos de Venezuela en junio de 2017.
Las evidencias muestran que la directiva de la empresa estatal conocía los términos de la reestructuración. Este caso llevó a la acusación por parte del fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, de seis directivos de Citgo, incluyendo el presidente de Citgo, José Ángel Pereira Ruimwyk y los vicepresidentes de la filial: Tomeu Vadell, Alirio Zambrano, Jorge Toledo, Gustavo Cárdenas y José Luis Zambrano.
Saab declaró en una rueda de prensa celebrada en la sede del Ministerio Público en Caracas el 21 de noviembre de 2017, que los altos ejecutivos detenidos "firmaron" contratos que comprometían el futuro de Citgo.
Los cargos que se les imputan a estos altos ejecutivos son peculado doloso propio, concierto de funcionario público con contratista y legitimación de capitales.
Saab detalló que la alta gerencia de Citgo, "valiéndose de su investidura, firmó un acuerdo internacional con dos empresas financieras".
Según Saab el contrato se hizo para "solicitar préstamos bajo condiciones desfavorables para PDVSA". Añadió que en el referido contrato, se ofreció como garantía la propia filial (Citgo), comprometiendo el patrimonio de la República.
Saab afirmó que el acuerdo permitía un financiamiento por un monto de hasta 4.000 millones de dólares "sin contar con el beneplácito del Ejecutivo Nacional". No obstante, como se muestra en el acta de la reunión 2017-17 la directiva en pleno de PDVSA conoció el proyecto y solicitó la aprobación del mismo.
La normativa señala que le corresponde a PDVSA como el accionista de CITGO reportar al Ministerio y al Ejecutivo. CITGO estaba obligado a pedir aprobación a PDVSA.
De acuerdo al acta correspondiente a la reunión N-2017-17 celebrada el día 14 de junio de 2017, la junta directiva de Pdvsa conoció la propuesta alternativa de Reestructuración de la deuda de CITGO-CITGO Holding presentadas por las firmas Apollo y Frontier. En ese encuentro, se notificó a todos los miembros de la directiva de la petrolera y se autorizó firmar acuerdo previa revisión por parte de la Consultoría Jurídica de PDVSA, a los fines de comenzar las negociaciones de la propuesta alternativa privada de reestructuración de la deuda CITGO-CITGO Holding presentada por las dos firmas antes mencionadas y dentro de los parámetros de la propuesta.
La junta directiva para ese momento estaba conformada por las siguientes personas:
Eulogio Del Pino (presidente); Maribel Parra (VP-Ejecutivo); Delcy Eloina Rodríguez (Vicepresidente); Mariany Gómez (VP); César Triana (V.P); Nelson Ferrer (VP); Yurbis Gómez (Directora Externa; Wils Rangel (Director Externo); Ricardo Menéndez (Director Externo); Rodolfo Marcos Torres (Director Externo); José Pereira (Presidente Internacional de Citgo); Vicky Zárate (Consultora Jurídica de Pdvsa).
En acta se lee que una vez culminadas las negociaciones, los términos finales deberán ser presentados a la junta directiva de PDVSA para su aprobación. El acta está firmada por Humberto Perniciar
De acuerdo a las evidencias, el refinanciamiento de la deuda de Citgo con Frontier y Apolo fue debidamente aprobado por los miembros de la junta directiva de Petróleos de Venezuela en junio de 2017.
Las evidencias muestran que la directiva de la empresa estatal conocía los términos de la reestructuración. Este caso llevó a la acusación por parte del fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, de seis directivos de Citgo, incluyendo el presidente de Citgo, José Ángel Pereira Ruimwyk y los vicepresidentes de la filial: Tomeu Vadell, Alirio Zambrano, Jorge Toledo, Gustavo Cárdenas y José Luis Zambrano.
Saab declaró en una rueda de prensa celebrada en la sede del Ministerio Público en Caracas el 21 de noviembre de 2017, que los altos ejecutivos detenidos "firmaron" contratos que comprometían el futuro de Citgo.
Los cargos que se les imputan a estos altos ejecutivos son peculado doloso propio, concierto de funcionario público con contratista y legitimación de capitales.
Saab detalló que la alta gerencia de Citgo, "valiéndose de su investidura, firmó un acuerdo internacional con dos empresas financieras".
Según Saab el contrato se hizo para "solicitar préstamos bajo condiciones desfavorables para PDVSA". Añadió que en el referido contrato, se ofreció como garantía la propia filial (Citgo), comprometiendo el patrimonio de la República.
Saab afirmó que el acuerdo permitía un financiamiento por un monto de hasta 4.000 millones de dólares "sin contar con el beneplácito del Ejecutivo Nacional". No obstante, como se muestra en el acta de la reunión 2017-17 la directiva en pleno de PDVSA conoció el proyecto y solicitó la aprobación del mismo.
La normativa señala que le corresponde a PDVSA como el accionista de CITGO reportar al Ministerio y al Ejecutivo. CITGO estaba obligado a pedir aprobación a PDVSA.
viernes, 12 de febrero de 2016
Más sobre el desastre de la Faja del Orinoco
***Coal Energy, una empresa de coque haciendo casas de la Misión Vivienda
*** Como se pelotean los contratos
Entre los múltiples absurdos de la gerencia de PDVSA figura la contratación para hacer viviendas de la Gran Misión Vivienda de una empresa llamada Coal Energy, S.A. , por cierto declarada en quiebra, ver:http://www.bankruptcyandrestructuringlawmonitor.com/files/2015/10/Energy-Coal.pdf .
Esta empresa fue contratada por PDVSA en 2014-2015 para construir 77 edificios de apartamentos de la GMV en San Francisco de Yare, a un costo de más de U.S. $60 millones.
Sin experiencia alguna en este ramo la empresa simplemente sub-contrató el trabajo a otra empresa, llamada SEARSLEAF, la cual - a su vez - sub-contrató a una empresa llamada ALFAMAQ, propiedad de un venezolano llamado Alejandro Ceballos. Sin embargo, los pagos fueron hechos en dólares por PDVSA.
Es increíble ver como estos contratos pasan de mano en mano y, cada vez que pasan, se les queda un buen rollo de billetes a quien traspasa. Es el mismo cuento del pescado del marino margariteño, el cual pasaba de mano en mano, porque “no era para comer sino para hacer negocio”.
Por su parte, la empresa ALFAMAQ tampoco era muy confiable, según se desprende de un escrito del periodista César Batiz, ver: http://tururutururu.com/?p=17126. Allí se describe a su dueño así:
“Un empresario cercano a Betancourt López [Derwick Associates] es el operador financiero Alejandro Ceballos. Juntos participaron en la operación de depósito de 500 millones de dólares de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) en el Gazprom Bank en Líbano, de acuerdo con una denuncia presentada ante el Ministerio Público por el dirigente sindical Manuel Díaz, en abril de 2011.
La cuenta era manejada por el ex ministro Rodolfo Sanz, por su pariente Jorge Rojas Montero y el operador financiero Alejandro Ceballos (…) Los compradores a futuro transfirieron por instrucciones del ex ministro, Rodolfo Sanz, los fondos a la cuenta bancaria establecida previa orden enviada por un fax (facsímil emitido desde la oficina de Betancourt) … Es así como se apertura en Líbano la cuenta (… ), que era manejada por el ex ministro Rodolfo Sanz, un pariente de este, Jorge Rojas Montero, y un operador financiero, Alejandro Ceballos”, señaló el dirigente de acuerdo al periodista Joseph Politzuk de El Universal.
El 18 de febrero de 2008 Nelson Ceballos, hermano de Alejandro Ceballos, falleció en un accidente de avión cuando volaba a Puerto Ordaz. Ese día se realizaría en esa ciudad la toma de posesión del entonces nuevo ministro de Industrias Básicas, Rodolfo Sanz. Desde entonces, el menor de los dos hermanos se encargó del consorcio fundado junto a la madre de ambos hace más de 30 años, que está registrado en Florida con el nombre Grupo 7C Racing Stable, Corp.
En Venezuela, los empresarios liderados por Alejandro Ceballos cuentan con el Stud Grupo 7C, con caballos que corren en el Hipódromo La Rinconada; con un centro de apuesta en Lechería, estado Anzoátegui, cuyo nombre es Sport Book Grupo 7C, y al menos dos empresas inscritas en el Registro Nacional de Contratistas: Proyectos y Construcciones 1128, C.A. e Inversiones Alfamaq.
Según el Registro Nacional, la primera de las compañías, Proyectos y Construcciones, creada en 2008, desde ese año hasta diciembre de 2010, ejecutó 14 obras para el gobierno, de las cuales 13 fueron otorgadas por el Ministerio de la Vivienda.
La segunda firma, Alfamaq, fue la encargada en 2012 de reconstruir el Poliedro de Caracas, con una inversión de Bs 335 millones. Además, estaba proyectado que edificara el estadio principal para los juegos panamericanos 2019, en caso de que Ciudad Bolívar ganara la sede, lo cual no ocurrió”
PDVSA es un nido de corruptos e ineptos, aliados con una mafia de contratistas amigos. La empresa debe ser intervenida y sus directivos y contratistas amigos deben ser investigados y enjuiciados por corrupción administrativa. Escribiremos sobre este tema.
martes, 19 de julio de 2011
CORRUPCIÓN: Cicpc investiga negocios ilícitos en Minerven
Minerven transgredió Ley del BCV
en transacciones de oro
■ El “rey de las cabillas” tiene cuenta en Líbano.
■ Andrés Velásquez consignó informe ante la Comisión de Contraloría del Parlamento
■ Sobreprecios en contratos, nepotismo y control político de la CVG fueron denunciados ante los diputados del PSUV.
■ El juicio al “reinado de la cabilla” está, virtualmente, paralizado. No obstante, la investigación parlamentaria continúa.
■ La CVG está obligada a entregar a la Tesorería Nacional al menos 50% de la producción del metal que avala las reservas internacionales, pero en 2010 sólo consignó 43%
■ El informe también señala ilícitos en la comercialización de cabillas en Sidor. “Cuando Rodolfo Sanz estuvo al frente de las empresas básicas autorizó a Luis Velásquez Rosas a colocar acciones de las industrias del aluminio en un banco libanés”, afirmó el diputado.
Por eso logró detectarse en los libros contables del Consejo Nacional Electoral que Luis Velásquez Rosas, ex gerente de Sidor, era coordinador de finanzas del PSUV, y ahora se descubre que estaba en “otro ámbito de negocio”.
“Cuando Rodolfo Sanz estuvo al frente de las empresas básicas autorizó a Velásquez Rosas, `el rey de las cabillas’, a negociar la colocación de acciones de las industrias del aluminio en un banco libanés”, aseguró Andrés Velásquez, presidente de la Subcomisión de Empresas Básicas de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional.
En realidad, no se trataría de una entidad libanesa, sino de una agencia del banco ruso Gazprombank Invest, con sede en Beirut. La primera pista del caso se tuvo por denuncia del presidente del Sindicato Único de Trabajadores Profesionales Universitarios de la Industria Venezolana del Aluminio, Manuel Díaz, ante la Fiscalía Superior del Estado Bolívar, el 29 de abril.
En el documento, Díaz expuso que Sanz poseía una cuenta con 500 millones de dólares que no tenía control previo, por cuanto firmaban tanto el ex ministro como el asesor, y que los recursos provenían de la venta a futuro a empresas transnacionales de la producción de aluminio hasta 2015.
“La cuenta era manejada por el ex ministro Rodolfo Sanz, por su pariente Jorge Rojas Montero y el operador financiero Alejandro Ceballos”, señaló el dirigente.
Cabillas irregulares:
El diputado Velásquez consignó la denuncia sobre las irregularidades en la comercialización de las cabillas y la cuenta bancaria, así como otros datos, en la Comisión de Contraloría del Parlamento, bajo la conducción del PSUV, con la petición de que sean investigadas y sancionados los responsables.
Los expedientes apuntan a Velásquez Rosas, a quien se le acusa de haber paralizado también la construcción de una planta de tubos en Bolívar e incurrido en el sobreprecio de 500 toneladas de aluminio en 2009.
“El gerente del proyecto fue despedido cuando reveló las irregularidades”, aseguró Velásquez, quien señaló que otras 200 toneladas fueron entregadas a contratistas para que las revendieran a la CVG: “Era un negocio perfecto: la producían barato y, luego, la compraban con sobreprecio”.
Velásquez Rosas fue detenido por este caso en junio pasado y espera por un juicio.
CICPC investiga la ruta del oro:
En el informe consignado en el Legislativo, se detallan los problemas de Minerven, que es considerada por Andrés Velásquez como “blanco de la mafia” por supuestos ilícitos como contratos ilegales de oro y la trasgresión de la Ley del Banco Central de Venezuela, que obliga a la CVG a entregar a este organismo la producción con la cual avala las reservas internacionales.
“Ese oro que no es declarado se vende en Curazao; en total, cinco toneladas. Minerven está obligada, por ley, a vender 50% de la producción al BCV, pero si no lo coloca, todo, 100% que no exporta, debe remitirlo a las arcas de la Tesorería. En 2010, sólo entregó 43%. ¿Qué pasó con el resto?”, preguntó Velásquez al citar la Memoria y Cuenta del Ministerio de Industrias Básicas y Minería.
Al ir detrás de la CVG, la investigación parlamentaria llegó hasta “las empresas consentidas” de Minerven; en otras palabras, aquellas que reciben contratos a dedo sin atender a procesos de licitación.
La correspondencia fue suscrita por Wilmer Díaz Conrado, director de Investigaciones de Delitos de la Función Pública. Sin embargo, los resultados se desconocen. Andrés Velásquez duda que haya habido alguna sanción, pues, no hay información de algún responsable.
“El presidente de la empresa, Luis Herrera Mendoza, asignó un contrato a D&S Equipment Parts CA, a pesar de que no aparece en el Registro Nacional de Contratistas y de que Pdvsa le otorga descuentos y tasas preferenciales para adquirir, por ejemplo, aceites. Se optó por D&S para comprar repuestos, aceites e implementos de trabajo aun cuando los pagos eran cash y que hay un sobreprecio de 108%”, como puede verse en la orden de compra 24742, de fecha 9 de marzo de 2007.
La irregularidad fue descubierta al conocerse la oferta que presentó otra compañía, Meta Guayana CA, en competencia con D&S; la primera cobraba 284.215,68 bolívares, mientras que la segunda, 511.913,16. “La oferta de Meta fue anulada para beneficiar a la otra”, dijo Velásquez.
La corrupción en Minerven no sólo es seguida por el Parlamento, sino por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. En 2010, a través del oficio 9700054/3905, fechado en Caracas el 18 de octubre de ese año, se le pide a la vicepresidenta ejecutiva de la CVG, Haydée Valenzuela, una lista de los compradores de oro, así como un informe de las últimas operaciones en la empresa.
“La cuenta era manejada por el ex ministro Rodolfo Sanz, por su pariente Jorge Rojas Montero y el operador financiero Alejandro Ceballos”
Nuevos zares de Bolívar:
Rangel Gómez dicta líneas…
Antes, se decía que “el zar” Leopoldo Sucre Figarella controlaba Guayana. En la era del chavismo, varios grupos, al parecer, se disputan el poder. Detrás, sin embargo, está la mano de Francisco Rangel Gómez, quien, a pesar de ser gobernador de Bolívar, mueve piezas en las empresas básicas, señalan informes que tienen el diputado de La Causa R, Andrés Velásquez, y el secretario político de Patria para Todos, José Hernández.
El Movimiento 21 tiene dominio de Alcasa-Bauxilum, a través de ex ministro del Trabajo, José Ramón Rivero quien, según Velásquez, responde a las líneas de Rangel Gómez.
Velásquez asegura que existe también el “clan ministerial” dirigido por los ministros de Empresas Básicas y de Relaciones Exteriores, José Khan y Nicolás Maduro, respectivamente, que controla Venalum y Sidor, donde han podido negociar y darles respuestas políticas a conflictos laborales.
La caída del oro:
En 2010, el presidente Hugo Chávez anunció que la producción de oro llegaría a 8 toneladas. La realidad fue otra. En la Memoria y Cuenta 2010 del Ministerio de Industrias Básicas se indica que la meta apenas se cumplió en 23%; es decir, se sacaron 1.837 kilogramos.
“Hubo un retroceso de 56,9% en 2010”, afirmó Andrés Velásquez, al describir cuál es el estado de las empresas estratégicas del Estado. A este panorama, se suman la protesta laboral y el rezago tecnológico que está presente en Minerven.
Apenas 8% de los equipos se ha modernizado.
Nepotismo chavista:
Los investigadores del Parlamento determinaron que en Minerven priva el nepotismo. “La jefa de División Laboral es la ex esposa del presidente de la empresa Luis Herrera Mendoza, quien también colocó a su hermano como jefe de comercialización en Caracas.
Este funcionario les dio trabajo a su esposa en administración y a su sobrino en caja. Y no conforme con eso fusionó las direcciones de Fundiciones, Comercialización y Vigilancia para así tener el control total del negocio”, señaló Andrés Velásquez.
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