Quién es Jesús Alfredo Vergara Betancourt?

Transporte Militarek: La empresa que viola los derechos de los trabajadores ante la mirada cómplice de las autoridades

Aun cuando están plenamente comprobadas las graves irregularidades y delitos cometidos por Maly El Souki y sus empresas, las autoridades se mantienen inmutablesante las reiteradas denuncias que los trabajadores de Transporte Militarek C.A. han formulado acusando los atropellos y la violación de los más elementales de sus derechos laborales.

El nombre de Maly Hassib El Souki Lara y de su empresa Transporte Militarek C.A. contratista de Petróleos de Venezuela S.A., PDVSA, es de ingrata recordación para los trabajadores de dicha empresa, toda vez que durante años han visto como se han violado todos sus derechos y cómo de nada han servido todas sus diligencias acusando y denunciando los atropellos de que son víctimas.

Todas las instancias a las que han acudido, gobierno, Fiscalía General de la República, Contraloría General de la República y la propia PDVSA, se mantienen inconmovibles e inertes ante lo por ellos denunciado. Al parecer —refieren— el poder del empresario no tiene límites por lo que, incluso, se burla de las pocas autoridades que se han atrevido a hacerse eco de las denuncias de los trabajadores, llegando a amenazarlos con despido gracias a sus grandes influencias en las altas esferas de gobierno.

En las próximas líneas daremos a conocer, tanto los hechos como documentación que prueba lo afirmado por los trabajadores en contra de Maly Hassib El Souki Lara y su empresa Transporte Militarek C.A.

Solvencia laboral

En materia laboral son varias las denuncias que cursan contra Maly Hassib El Souki Lara por violación de la Ley de Contrataciones venezolana y violentar los derechos de los trabajadores de sus empresas, así como por haber presentado documentos falsos en instituciones del estado.

Pese a haber tenido un régimen de presentación ante las autoridades, Maly El Souki pudo evadirse a Panamá, siendo que ni lo referido, ni su fuga, hayan sido óbice para que continuara contratando con el estado, a saber, con Petróleos de Venezuela. S.A.

Para el año 2010 se comprobó que Transporte Militarek, C.A. presentó ante PDVSA Servicios S.A. unas solvencias laborales falsas. Igualmente se determinó que 52 avisos de pago no incluyeron las deducciones del aporte al Fondo de Desarrollo Social, además de que las auditorías de las contrataciones y pagos revelaron que los contratos de que se beneficiaría se otorgaron de manera directa sin que hubiera justificación alguna para obviar el proceso de licitación a que obliga la ley[1].

Pero esta no habría sido la primera vez, pues en las denuncias llegadas a nuestras manos los trabajadores de Militarek aseguran en 2008 la empresa de El Souki presentó a PDVSA Gas una solvencia laboral que el Ministerio del Trabajo determinó, luego de una auditoría, que era forjada.

Esta falsa solvencia respondía al número de solicitud 012-2008-10-00323 presentada ante el Ministerio del Trabajo por el representante de Transporte Militarek, C.A. y fue emitida, supuestamente, por Debora Espinoza, Inspector Jefe del trabajo en Distrito Capital Municipio Libertador el 18 de marzo de 2008.

Este hecho fue denunciado ante Ramón Huiza, director general de Relaciones Laborales del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social, específicamente a la atención de Marianela Álvarez, por el secretario de reclamos del Sindicato Único de Trabajadores Petroleros, Sinutrapetrol.

En la comunicación se hace mención del hecho ante la autoridad, haciendo referencia al Oficio N° DC-5909 de fecha 20 de marzo de 2009 remitido por la Coordinación de la Zona Nor-Oriental del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social, a través de Ana María Camilo, instancia ante la cual se denunciaron las irregularidades que afectan a los trabajadores de la zona.

Alertó el sindicato a Huiza, que “a pesar de haberse comprobado las irregularidades y hechos fraudulentos en los que ha incurrido Transporte Militarek, C.A., funcionarios de PDVSA-San Tomé, Estado Anzoátegui, están avalando nuevos contratos y extensiones de taladros a una compañía incursa en actos ilícitos y que, además, no cumple con el Decreto Presidencial N° 4248 de fecha 31/01/2006, donde se establece que ninguna empresa podrá Licitar con empresas del Estado si no posee la respectiva Solvencia Laboral, situación sobre la cual estimo su valiosa intervención a fin de que se dé cumplimiento a la legislación laboral vigente”.

La coordinadora del registro Nacional de Empresas y Establecimientos Gardenia Perger, y el Centro de Control Laboral advirtieron a las autoridades de PDVSA la gravedad del delito forjamiento gubernamental cometido por la empresa, sin que por ello se hubiese aplicado ninguna sanción y, por el contrario, continuaron contratando con la estatal petrolera a través de otra compañía de Maly El Souki, a saber Transporte y Servicios Militari.

Los trabajadores acusan maltrato, trato inhumano, inaceptables condicione laborales, todas en violación a lo establecido en la ley, así como explotación laboral. Añaden que luego de las innumerables denuncias en su contra, la empresa inició lo que dichos trabajadores denominaron como la “gran matanza laboral” al presentar documentos ante el Ministerio del Trabajo en los que con artilugios y alegatos falsos pretendían justificar el despido masivo de los obreros.

Aseguran los trabajadores denunciantes que las verdaderas razones fueron los problemas que Transporte Militarek C.A. presentaba con la hacienda pública, en razón de los delitos aduaneros que supuestamente había cometido.

Los trabajadores acusan que esto no era más que una maniobra artera para tratar, de alguna manera, de justificar la pretensión de la empresa de despedirlos sin cumplir con sus compromisos y obligaciones laborales.

Refieren que esto solo demuestra que Militarek y sus cuadros directivos no respetan ni ley ni autoridad, algo que se puede verificar cuando no acatan las providencias y resoluciones emanadas del Ministerio del Trabajo.

Según las fuentes consultadas para esta nota "en una ocasión en que funcionarios del Seniat acudieron a la empresa para hacer inspección de la misma y solicitaron que les entregaran los libros contables, la petición fue contestada con el mayor descaro por parte del gerente general, Arquímedes García, quien se burló de ellos y de los miembros de la Fuerza Armada Nacional que los acompañaban, a quienes aseguró que con una sola llamada de su parte podía hacer que se quedaran sin trabajo".

La insolvencia de Militarek, agregan los trabajadores, es algo notorio que puede verificarse en los registros públicos. La propia PDVSA, luego de una auditoría fiscal comprobó las distintas irregularidades cometidas.

Lo peor, alertan, es que las empresas de El Souki continúan contratando con PDVSA por servicios de rehabilitación y perforación de pozos petroleros.

Lo peor, alertan, es que las empresas de El Souki continúan contratando con PDVSA por servicios de rehabilitación y perforación de pozos petroleros.

La empresa de El Souki también estaba insolvente con el Ince para la época, como deja ver la consulta efectuada por los trabajadores en la página web de la institución.

Investigaciones determinaron que de los siete contratos de suministro, servicio y operaciones de taladros que Militarek desarrolló entre 2008 y 2011 en San Tomé (Anzoátegui) y en Morichal y Maturín (Monagas), dos de ellos violaron la Ley de Contrataciones Públicas y la Ley Orgánica de Contrataciones Pública.

Maly El Souki fue sentenciado por ello en 2012 a régimen de presentación en el estado Anzoátegui, pero el empresario burló la ley y se evadió a Panamá como ya lo hemos referido. Su esposa, Samira Acosta de El Souki, quien también figura en la directiva de varias de las compañías de su marido, luego de la huida de este tuvo que someterse por orden judicial, a régimen de presentación cada ocho días. Sostienen los trabajadores que a través de sobornos, Samira Acosta también logró salir del país y establecerse en Panamá donde han registrado nuevas empresas y han llevado a cabo varias negociaciones para la adquisición de plataformas petroleras.

Refieren los trabajadores en el relato de los hechos que nos hacen llegar, que los apoderados legales del empresario han tratado desesperadamente de sobornar a la única funcionaria que se les ha enfrentado, a saber, Anma Karina Díaz, quien es coordinadora del Ministerio del Trabajo para la Región Nororiental.

Todas las irregularidades denunciadas por los trabajadores se mantienen hasta la actualidad, pues alegan que de nada han servido las denuncias por ellos presentadas contra Militarek ante el Ministerio del Trabajo, la Contraloría General de la República y la Consultoría Jurídica de PDVSA, instancias se mantienen en riguroso silencio y sin accionar ante los atropellos.

Transporte Gems Panamá, S.A.

Aquí un ejemplo de las empresas registradas por El Souki en Panamá.

El 18 de enero de 2011, Maly Hassib El Souki Lara registró en Panamá la empresa Transporte Gems Panamá, S.A. en 45 Notaría Duodécima del Circuito, la escritura de la propiedad fue redactada un día antes, y quedó asentada con el número de ficha 724329 y con el número de documento 1910338. Tomo 2011, asiento 9757.

El capital social de la compañía fue de USD 200.000 dividido en 200 acciones comunes y nominativas con un valor nominal de USD 1.000 cada una.

Aparte de Maly Hassib El Souki Lara en la presidencia de la empresa, figura como como tesorero Marlin Del Valle El Souki Acosta y, como secretario, Antonio José Campos Alvarado.

La representación legal de Transporte Gems Panamá, S.A. recae en el presidente y, en su ausencia, la ejercerá, en su orden, el vicepresidente si lo hubiere, el tesorero, el secretario.

Trabajadores se quejan ante Diosdado Cabello

Ante este panorama y la dramática situación que padecen, los trabajadores de Transporte Militarek buscaron elevar su protesta ante las más altas instancias del chavismo y por eso, a través de la red social Twitter, se comunicaron con el constituyente y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, Diosdado Cabello, quien para entonces se desempeñaba como presidente de la Asamblea Nacional.

El diálogo se llevó a cabo mediante mensajes directos en los cuales le refirieron a Cabello la situación con la empresa.

Las respuestas del alto dirigente del oficialismo fueron evasivas y exigió que no se le vinculara con esta, ni con ninguna empresa ni empresario.

En primer término, negó conocer a la empresa de Maly Hassib El Souki Lara ni a qué se dedicaba esta.

Aseguró que no protege empresarios y advirtió que no ostentaba puestos de dirección en PDVSA.

Pidió que le enviaran la denuncia para conocer los hechos en detalle. Igualmente advirtió que las denuncias muchas veces son infundadas y movidas por intereses personales.

Los trabajadores reprocharon la indiferencia de la dirigencia ante las denuncias y abusos de los empresarios como Maly El Souki.

Pero esta colaboración nunca se materializó e, incluso, los trabajadores aseguran que luego de enviarle toda la información vía correo electrónico, fueron bloqueados por el dirigente en su cuenta Twitter.

“¿Por qué no nos ayudó?”, se preguntan y se plantean una nueva interrogante: “¿Quién es el verdadero protector de esta empresa tan corrupta en Anaco, Anzoátegui?”.

Accidentes laborales

Los trabajadores de Militarek advierten que deben laborar sin que se cumplan los más mínimos estándares de seguridad.

Un buen ejemplo de ello fue —refieren— lo ocurrido en Anaco durante los trabajos de perforación del taladro TM-101 donde un compañero perdió un dedo, hecho que Militarek trató de minimizar y calificó como un accidente leve.

Denuncian que acudieron al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, Inpsasel, para referir lo sucedido, así como ante la propia PDVSA y otros entes de gobierno, sin que hasta le fecha se hayan pronunciado al respecto.

Las pésimas condiciones de trabajo

La empresa de Maly El Souki se encuentra ubicada en la vía los Pilones de Anaco, Anzoátegui, cuenta con una pequeña oficina en San José de Guanipa, en el Centro Comercial Katerina, local 2, planta baja.

Militarek posee una serie de taladros —ocho según refieren los trabajadores— que laboran en todo el campo operacional de PDVSA, a saber: El TM-110 en Morichal; el TM-101 en las diferentes zonas operacionales de los campos petroleros de Pesado-Extrapesado. (Pdvsa-San Tome). (Actualmente en la zona de Melones); el TM-115 en la zona de Petropiar-Bare; el TM-145: en la zona de Bare; el TM-171 en la zona de Petrozuata; el TM-117 en la zona de Sincor; el TM-116 en Petrozuata.

Cuentan los trabajadores que con la puesta en funcionamiento del taladro TM-118, Militarek violó todas las leyes, puesto que la empresa presenta insolvencia laboral por parte de la Inspectoría de El Tigre. Presentaron una supuesta solvencia laboral expedida por la sede de la Inspectoría de Cantaura, alegando que el taladro laboraría por la zona de El Municipio Freites, lo cual era falso.

Denuncian que el 14 de enero de 2009, Gardenia Perger, Coordinadora Nacional De solvencia Laboral, remitió un oficio al gerente de perforaciones PDVSA Servicios informando la situación de la empresa Transporte Militarek C.A., la cual se encuentra insolvente. La empresa se burló de esta advertencia y continuó sus labores en razón del poder e influencias que maneja.

Revelan que trabajan bajo terribles condiciones de abuso, inseguridad e insalubridad.

Por ejemplo, el lugar de depósito y transporte de herramientas del taladro TM-101 —una especie de remolque— fue detenido por las autoridades de Tránsito a raíz de un accidente ocurrido en una mudanza, cuando este se desprendió y colisionó con un automóvil, por lo que ahora deben depositar los hierros y herramientas de manera inadecuada.

Igualmente refieren el mal estado de las planchadas, con múltiples fugas, las cuales no están en condiciones de  aguantar una venida de un pozo.

Las tuberías plásticas que transportan los desechos en los taladros están vencidas o rotas, por lo que se presentan fugas que ocasionan daños al medio ambiente.

Las instalaciones sanitarias y vestidores del personal obrero son un foco de contaminación.

Los trabajadores exigen a las autoridades que realicen una investigación exhaustiva de toda esta situación a objeto de que se tomen las medidas necesarias para corregir las irregularidades y sancionar a los culpables.

Acciones legales burladas

El 30 de noviembre de 2012, el director ejecutivo de auditoría fiscal de PDVSA, Ramón Torres, remitió sendos oficios, uno dirigido al presidente de PDVSA Servicios Petroleros S.A. para la época, José Luis Parada, y el otro a la Contralora General de la República, Adelina González.

A ambos funcionarios, Torres les dio a conocer el informe N° DAF-GCF-ID-2012-006 referido a los resultados de la actuación fiscal practicada para “Verificar la legalidad, sinceridad y exactitud de los procesos de selección, contratación, ejecución y pagos llevado a cabo por PDVSA Servicios S.A. para la contratación con la empresa Transporte Militarek C.A. durante los años 2008, 2009, 2010 y 2011”.

La comunicación dirigida a Parada solicitó hacer un plan de seguimiento para ejercer las acciones correctivas pertinentes por parte de las máximas autoridades de PDVSA Servicios para subsanar las causas que originan las observaciones formuladas. Se exigió que en un plazo de 30 días José Luis Parada debía presentar el referido plan de seguimiento.

Entretanto, la comunicación remitida a Adelina González informó que la actuación fiscal realizada se llevó a cabo de acuerdo a lo establecido en los artículos 5, 40 y 41 de la Ley Orgánica de Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, atendiendo a la denuncia formulada ante la CGR y a lo dispuesto en el Plan Operativo Anual 2012 elaborado por la Dirección Ejecutiva de Auditoría Fiscal de PDVSA y sus empresas filiales.

El 13 de junio de 2013, la Fiscal Quinto del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui Adscrita a la Dirección contra la Corrupción, María del Valle Martínez Bastardo, dirigió el oficio N° ANZ-5-0613-13 a la Inspectoría del trabajo en El Tigre-Estado Anzoátegui Coordinación de la Zona Nororiental del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social.

En dicha comunicación, la fiscal Martínez Bastardo solicitó información sobre procedimientos administrativos contra Transporte Militarek C.A., indicando que en caso de ser afirmativa la respuesta, se remitiera al Ministerio Público copia certificada del o los expedientes, así como toda la documentación relativa a las actas constitutivas, estatuto ante el Seniat y original de la solvencia laboral presentada.  

Refieren los trabajadores que esta solicitud del Ministerio Público no obtuvo respuesta en razón de que el Ministerio del Trabajo en El Tigre alegó que no contaban con recursos para realizar las copias exigidas por la fiscalía. Curiosamente, tiempo después, el 31 de diciembre de 2013, la sede del Ministerio del Trabajo en la zona fue víctima de un incendio.

El secretario general del sindicato Sutrapetrorinoco y miembro del Comité Clasista Cruz Villegas, Alan Figuera, dio a conocer los hechos ocurrido en el despacho en el que reposaban gran cantidad de expedientes relacionados con los procedimientos que lleva el ente laboral[2].

Oídos sordos en PDVSA

Los trabajadores denuncian que de todas estas irregularidades estaban al tanto las autoridades de Petróleos de Venezuela S.A., entre ellas, Alexis Chacón, gerente de la consultoría jurídica de PDVSA Servicios, así como también el presidente de la empresa estatal, José Luis Parada, quien obviando que el propietario de Transporte Militarek C.A., Maly Hassib El Souki Mali El Souki, enfrentaba acciones con la justicia y estaba imputado por los delitos de forjamiento de documentos, obtención de lucro en acto de la administración pública y fraude continuado.

Cómplices necesarios

Igualmente, los trabajadores de Transporte Militarek C.A. denuncian a quienes estiman han sido los cómplices necesarios de Maly El Souki en todas estas irregularidades, a saber los funcionarios Evelin Boscán, Daniel Patiño, Misael Cedeño, Lorenzo Aguilera, Jesús Figuera (Alcalde de El Tigre y exgerente Faja-Ayacucho PDVSA San Tomé), Joel Macuare, Erasmo González, Erasmo Galantón, Algimiro Rodríguez, así como los gerentes de Petrocedeño y Petrozuata, entre otros.

La masa trabajadora de Militarek dirige un llamado al fiscal general asignado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, a quien preguntan si definitivamente tomará acciones concretas contra esta empresa y Maly El Souki, sancionando las irregularidades cometidas o si simplemente mantendrá el silencio guardado hasta ahora, demostrando así que existen en Venezuela personajes corruptos que son intocables y que pueden actuar con total impunidad.

Dictan orden de aprehensión contra Walter Alexander del Nogal Márquez

El tribunal décimo de control del área Metropolitana de Caracas dicta orden de aprehensión contra el ciudadano Walter Alexander del Nogal Márquez por presunta comisión de delito de  legitimación de capitales y asociación para delinquir. Las gestiones se realizaron desde esta misma semana y se ejecutarían entre los días lunes y martes de esta  misma semana.

La solicitud fue presentado por la fiscalía 70 Nacional basado en un informe financiero que reposa la carpeta de investigación que se inicio contra de Del Nogal Márquez en 2009. 

Del Nogal Márquez  fue incorporado a la lista del Departamento del Tesoro, OFAC en mayo de 2018. Debido a la designación, se revisó si existía una investigación en contra Del Nogal Márquez en los órganos fiscalizadores venezolanos.

La administración del presidente Donald Trump designó el 7 de mayo de 2018  al ex funcionario del servicio de inteligencia venezolano, Pedro Luis Marín Olivares dos de sus asesores y 20 compañías bajo su control como narcotraficantes.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo que Martín fue acusado en 2015 por un gran jurado en Florida por conspirar intencionalmente para distribuir una sustancia controlada en los Estados Unidos y posesión con la intención de distribuir una sustancia controlada a bordo de un avión registrado en los Estados Unidos.

En esa misma decisión, la OFAC designó a Walter Alexander Del Nogal Márquez y a Mario Antonio Rodríguez Espinoza por colaborar con Martin, además de 20 compañías en Venezuela y Panamá que son propiedad o están bajo el control de estas tres personas.

La acción del gobierno norteamericano congela cualquiera de sus activos que se encuentren en los EE. UU. O en manos de personas en los EE. UU.

La refinería de Citgo Aruba incurrirá supuestamente en incumplimiento del contrato de arrendamiento de la antigua refinería Valero Aruba

Citgo Aruba Refinery (CAR) incumplirá su obligación de poner en marcha la antigua refinería Valero en Aruba en agosto, según reveló un artículo publicado en Energy News Today. Según la nota del portal, CAR, que mantiene un contrato de arrendamiento de 15 años con Refinería di Aruba (RdA), no estaría en disposición de darle cumplimiento a lo acordado, y peor aún, estarían negociando su salida del proyecto.

Citgo Aruba Refinery (CAR) es una asociación entre Citgo Petroleum Corp., propiedad del Estado venezolano y la Refinería de Aruba (RdA) propiedad del gobierno de Aruba. El proyecto es liderado por PDV Holding es una filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA).

A pesar que se ha repetido en varias oportunidades la relación de Citgo con CAR, "Cigto aclaró la distinción entre su entidad de EE. UU. y la afiliada de Aruba, pero no hizo ningún comentario sobre las negociaciones de incumplimiento o de salida del proyecto", publica Energy News Today. 

Citgo dijo que CAR "es independiente de Citgo Petroleum Corp. o Citgo Holding, Inc. Los contratos de operación relacionados con la refinería se han realizado entre Citgo Aruba Refinery NV y el gobierno de Aruba. Además, todos los pagos correspondientes de arrendamiento, impuestos y personal relacionados con la la refinería se hicieron según lo programado".

Mientras Citgo Petroleum enfatiza la distinción entre este y CAR, James Cristman, vicepresidente de refinación de Citgo Petroleum, anunció el 21 de febrero de 2018 una desaceleración en el proyecto de rehabilitación en la refinería.

La puesta en marcha del proyecto en agosto de 2018 está estipulada en el contrato de arrendamiento. La salida del proyecto será costoso para CAR, dice la nota.

Según la fuente citada en el artículo, el gobierno de Aruba recibirá una compensación económica por incumplimiento de contrato. También tiene la opción de exigir que CAR desmantele la refinería y la mayor parte de la terminal de almacenamiento junto con la remediación ambiental. Una gran parte de la capacidad de almacenamiento de la terminal no es necesaria para mantener las importaciones de combustible para el consumo local, acota la nota.

Asegura que los ejecutivos de Citgo Petroelum Corp., incluyendo al presidente de Citgo Petroleum, Asdrúbal Chávez, y los vicepresidentes de Citgo Petroleum, que actúan en representación de CAR, se reunieron el miércoles con la primera ministra de Aruba, Evelyn Wever-Croes, para analizar las opciones para la terminación del contrato.

"Energy News Today supo que Agostar Group PLC, una compañía de inversión con sede en Londres, también está discutiendo con Refinería de Aruba (RdA) [la entidad gubernamental propietaria de la refinería y la terminal] las opciones para operar la refinería y la terminal. El grupo, fundado en 2016 como una compañía privada, afirma tener acciones en el campo de gas offshore PDVSA Dragon en Venezuela. Como se informó -dice la nota- Aruba también está negociando con dos importantes compañías comerciales con base en Europa para reemplazar a CAR como el arrendatario para operar el antiguo refinería y terminal. 

El primer ministro de Aruba dijo anteriormente que discutiría con Citgo la rescisión del contrato de arrendamiento tan pronto como sea posible. 

El 20 de febrero de 2018, Citgo pospuso indefinidamente su proyecto de mejora de crudo sintético en Aruba. "Si bien Citgo mantiene su compromiso con el proyecto, el gobierno de los EE. UU. impuso sanciones relacionadas con su accionista, Petróleos de Venezuela, que no permiten el financiamiento adicional requerido para que el proyecto continúe según lo planeado". Agrega la nota que los empleados que trabajan en el proyecto serán despedidos.

Energy News Today informó anteriormente que era improbable que el CAR comenzara el mejoramiento como estaba planeado debido a la falta de crudo venezolano y problemas de financiamiento que podrían terminar arruinando todo el proyecto, estimado en $ 800 millones. 

El plan para reiniciar la refinería era de 200.000 bpd, pero el mismo se retrasó hasta mediados de 2019. La fecha inicial era febrero de 2018. CAR produciría aproximadamente 180,000 bpd de crudo sintético de 20 grados API de 8 grados API de petróleo crudo Orinoco. Esto permitiría a PDVSA aumentar la producción de crudo extrapesado con un uso mínimo de nafta pesada importada.

La terminal tiene 10.5 millones de barriles de capacidad de almacenamiento para productos de baja intensidad y petróleo crudo. PDVSA había alquilado 1,75 millones de barriles para almacenar nafta virgen pesada para la mezcla de crudo extrapesado en José. El resto fue alquilado por completo a Valero Shell y Trafigura para el almacenamiento de petróleo crudo y combustible de aviación. El 18 de mayo de 2018, Coonoco Phillips recibió una orden judicial que otorgaba acceso a la terminal de la refinería para inventariar el material almacenado. También se refinó el producto perteneciente a Citgo Aruba para abastecer el consumo interno. Pero el tribunal posteriormente eximió de la decisión para el mercado local. Después de eso, Citgo dejó de usar la terminal como un centro petrolero venezolano. 

He aquí el artículo original: 

“Citgo Aruba Refinery Will Default On Lease Of Former Valero Aruba Refinery; To Negotiate Exit

By EnergyNewsTodaySeattle, June 15 (Energy News Today) – Citgo Aruba Refinery (CAR) will default on its obligation to start up the former Valero refinery on Aruba in August, Energy News Today learned.CAR, with a 15-year lease agreement with Refineria di Aruba (RdA), is an affiliate of PDV Holding, the owner of Citgo Petroleum Corp. Refineria di Aruba (RdA) is the property of the Aruba government. PDV Holding is an affiliate of Petroleos de Venezuela (PDVSA).

Citgo clarified the distinction between its US entity and the Aruba affiliate but made no comments about the default or exit negotiations. Citgo said CAR "is independent of Citgo Petroleum Corp. or Citgo Holding, Inc. Operating contracts related to the refinery have been made between Citgo Aruba Refinery N.V. and the government of Aruba. Furthermore, all appropriate lease, taxes and personnel payments related to the refinery have been made as scheduled."

While Citgo Petroleum now emphasizes the distinction between it and CAR, James Cristman, vice president of refining for Citgo Petroleum, announced Feb. 21 a slowdown in the rehabilitation project at the refinery.

An August startup was stipulated in the lease. Default triggers the exit process which will be costly for CAR. Aruba’s government will receive economic compensation for breach of contract. It also has the option of demanding that CAR dismantle the refinery and most of the storage terminal along with environmental remediation. Most of the terminal’s storage capacity is not required to sustain fuel imports for local consumption.

Citgo Petroelum Corp. executives including Citgo Petroleum President Asdrubal Chavez and Citgo Petroleum vice presidents, acting on behalf of CAR, met Wednesday with Aruba Prime Minister Evelyn Wever-Croes to discuss options on the lease termination. 

Energy News Today learned that Agostar Group PLC, a London-based investment company is also discussing with Refineria de Aruba (RdA), the government entity which owns the refinery and terminal, options to run the refinery and terminal. The group, founded in 2016 as a private company, claims to have shares in PDVSA Dragon offshore gas field in Venezuela.As reported, Aruba is also negotiating with two major Europe-based trading companies to replace CAR as the lease holder to operate the former refinery and terminal. The prime minister said previously that she would discuss with Citgo the termination of the lease as soon as possible. The 15-year base plus option to renew for 10 years began in October 2016.

Citgo on Feb. 20 postponed indefinitely its synthetic crude upgrader project on Aruba. "While Citgo remains committed to the project, the US government imposed sanctions related to shareholder Petroleos de Venezuela do not allow additional required funding for the project to continue as planned," Citgo said. It added that employees working on the project will be laid off.

Energy News Today reported earlier that CAR was unlikely to start up the upgrader as planned due to a lack of Venezuelan crude and financing problems that could end up scuttling the entire project, estimated at $800 million.The plan to restart the refinery as a 200,000-bpd syncrude upgrader was delayed until mid-2019 from the original target of February 2018. CAR would produce about 180,000 bpd of 20-degree API synthetic crude from 8-degree API Orinoco crude oil. This would allow PDVSA to increase production of extra-heavy crude with minimum use of imported heavy naphtha.

The terminal has 10.5 million barrels of storage capacity for low-flash products and crude oil. PDVSA had rented 1.75 million barrels to store heavy virgin naphtha for extra-heavy crude blending in Jose. The rest was fully leased to Valero Shell and Trafigura for crude oil and jet fuel storage.ConocoPhillips on May 18 got a court order granting access to the refinery’s terminal to inventory stored material. Also subject to inventory was refined product belonging to Citgo Aruba to supply domestic consumption. But the court later exempted material for the local market. After that, Citgo stopped using the terminal as a Venezuelan crude hub. End”

https://rdanv.com/2018/02/21/refineria-di-aruba-n-v-announces-notice-received-by-citgo-aruba-refinery-car-about-a-slowdown-in-the-aruba-refinery-project/

“Oranjestad – Aruba, February 21, 2018: Tuesday afternoon, Mr. James Cristman—Vice President of Refining for Citgo Petroleum, announced a slowdown in the rehabilitation project of the refinery. The reason for this is based on the sanctions that the Office of Foreign Assets Control (OFAC)—from the U.S. Treasury Department, has on PDV Holding which prevents additional financing for this project. Refineria di Aruba N.V. (RdA) has shown Citgo their concern since last year regarding the progress of the rehabilitation, and the halt on the financing due to these sanctions. Citgo guaranteed that they’ll be in

contact with OFAC and have requested cooperation from the Government of Aruba. This slowdown will affect the employment of local and foreign contractors. Local refinery workers directly employed by Citgo Aruba Refinery will not be jeopardized by this slowdown. It is of significant importance that the Government of Aruba, Citgo Aruba Refinery (CAR) and Refineria di Aruba N.V. (RdA) work together towards a positive solution for the welfare of Aruba.

Furthermore, it is important to mention that this slowdown will have no influence on the operations of Fuels Marketing & Supply Aruba N.V. (FMSA), nor will it have an effect on the gas stations. FMSA is the main distributor of petroleum products on our island—and supplies gas stations, local companies, WEB Aruba N.V. and the airport, with Gasoline, Diesel, Fuel Oil and Jet Fuel. RdA is the sole proprietor of the refinery lands, and as such will announce any novelties as these become known.”

“About CITGO Aruba Refining

CITGO Aruba Refining N.V. (CAR) is an Aruban company within a group of operating companies under PDV Holding, Inc., an indirect owner of CITGO Petroleum Corporation and subsidiary of Petróleos de Venezuela, S.A., the national oil company of the Bolivarian Republic of Venezuela. CAR is the current operator of the Aruba Refinery, located in San Nicolas, Aruba which is owned by Refineria di Aruba N.V. (RDA), an entity wholly-owned by the Government of Aruba.

Juez de NY niega relevar testimonio del narcotraficante que testificó contra los narcosobrinos

A pesar de que los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas se encuentra pagando una condena de 18 años en una cárcel federal del estado de la Florida, la defensa de los llamados 'narcosobrinos'  sigue intentando revertir el veredicto del jurado y la decisión del juez Paul Crotty. En esta oportunidad, los abogados defensores pretendían que el tribunal divulgara documentos relacionados con los testimonios del exinformante de la Agencia Antidroga de los Estados Unidos, José Santos Peña actualmente a la espera de la sentencia. El juez Paul Crotty negó la solicitud.

El magistrado dijo a la defensa que la publicación del documento (que permaneció sellado a lo largo de todo el proceso criminal) expondría a las personas que sirvieron como testigo en el juicio de los sobrinos del presidente Nicolás Maduro.

El magistrado hace hincapié al hecho que el tribunal debe mantener  en secreto dicha información, ya que de ser revelada los responsables de suministrarla podrían ser objeto de represalia.

El 4 de abril de 2018 la defensa de los Flores -pagada por el empresario ligado al gobierno venezolano Wilmer Ruperti- sometió a consideración del tribunal una moción donde pedía que se le levantara el sello [publicara] el testimonio de Santos Peña en contra de Campo Flores y Flores de Freitas y que -además- informara a los sobrinos presidenciales cualquier información relacionada con la sentencia del exinformante de la DEA y su hijo [CS-1 y CS-2] quienes se encuentran en una cárcel acusados de haber cometido perjurio contra el gobierno federal durante el tiempo que prestaba cooperación con los agencia antinarcóticos.

La fiscalía del Distrito Sur de Nueva York solicitó que el documento relacionado con Santos Peña permaneciera sellado y que el tribunal negara la petición de Campo y Flores. 

La defensa de los Flores está a la espera de la decisión de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, donde sometieron sendos recursos para apelar la sentencia de Campo Flores y Flores de Freitas. La petición se concluyó en el mes de abril pero el tribunal no ha emitido respuesta al respecto.

Campo Flores y Flores de Freitas fueron procesados por conspiración para traficar 800 kilos de cocaína desde Venezuela a los Estados Unidos, vía Honduras. Fueron arrestados en noviembre de 2015 y sentenciado en diciembre de 2018 en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.