Iván Alexis Guedez ex empleado de Pdvsa se declaró culpable de haber recibido sobornos en tribunal de Houston

Este miércoles se declaró culpable en un tribunal Federal en Houston, Iván Alexis Guedez, ex-empleado de Bariven Houston, socio de Roberto Rincón y Alfonzo Gravina. Guedez fue acusado por los Estados Unidos de haber  participó en una  trama de lavado de dinero internacional que involucra el pago de sobornos las contratistas cuyas empresas tenían sede en territorio norteamericano y que lograban contratos millonarios de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y prioridad de pago en factura pendientes.

Ivan Alexis Guedez de 47 años y residente de Katy, Texas, se declaró culpable ante la jueza Christina A. Bryan, del Distrito Sur de Texas, en Houston, de un cargo de conspiración para lavar dinero.

La sentencia de Guedez está programada para el 20 de febrero de 2019 por parte del Juez de Distrito Gray H. Miller del Distrito Sur de Texas.

El asistente del fiscal general Brian A. Benczkowski perteneciente a la División de lo Penal del Departamento de Justicia, conjuntamente con el fiscal federal, Ryan K. Patrick del Distrito Sur de Texas y el agente especial a cargo Mark Dawson de la Oficina de Campo de Houston (HSI) de Investigaciones de Seguridad Nacional de Aduanas y Control de Aduanas de los EE. UU. hicieron el anunció este 31 de octubre.

De acuerdo a la declaración de culpabilidad, cuando Guedez trabajaba en Bariven estuvo de acuerdo con otros funcionarios de PDVSA que trabajaban en la sede de la petrolera en Miami para recibir sobornos de parte de un grupo de contratistas encabezados por Roberto Rincón y Abraham Shiera a cambio de la aprobación del contratos.

Los co-conspiradores que fueron empleados por el proveedor de PDVSA también recibieron sobornos dice el acuerdo dado a conocer por los fiscales.

Guedez y otros co-conspiradores ocultaron los pagos corruptos, entre otras cosas, comunicándose con direcciones de correo electrónico ficticias, creando facturas falsas para justificar los pagos y dirigiendo los pagos de sobornos a una cuenta en un banco suizo a nombre de una empresa fantasma.

Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Guedez acordó renunciar a los beneficios de su actividad criminal.

Guedez se convierte en la última persona en declararse culpable como parte de una investigación más amplia y en curso del gobierno de los Estados Unidos sobre sobornos en PDVSA. Incluyendo Guedez, el Departamento de Justicia ha anunciado las declaraciones de culpabilidad de un total de 15 personas en relación con la investigación.

Ex director de PDVSA se declara culpable de lavado de dinero en Miami

El ex director ejecutivo de la petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela, S.A., Abraham Edgardo Ortega se declaró culpable  de conspiración de lavado de dinero de miles de millones de dólares, según informó la fiscalía del Distrito Sur de la Florida en Miami.

Abraham Edgardo Ortega, de 51 años, de nacionalidad venezolana,  fue director ejecutivo de planificación financiera de PDVSA. El ex funcionario se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. 

La fiscalía informó que su sentencia está programada para el 9 de enero de 2019 y será leída por la jueza de distrito Kathleen M. Williams del Distrito Sur de Florida.

En su declaración de culpabilidad, Ortega admitió que cuando trabajaba para PDVSA aceptó $ 5 millones en sobornos para otorgarle un préstamo prioritario de la petrolera venezolana a una compañía francesa y un banco ruso, que eran accionistas minoritarios en empresas conjuntas con PDVSA. 

Ortega recibió el pago de este esquema de soborno con los ingresos de un esquema de cambio de moneda, a través del cual se malversaron $ 1,200 millones, mediante sobornos y fraude de PDVSA. 

Ortega también admitió que en cuando era director de PDVSA, aceptó $ 12 millones en sobornos por su participación en un plan de malversación de PDVSA que involucra un préstamo y un contrato de cambio de divisas.

Ortega aseguró que trabajó con un coacusado para lavar $ 12 millones de dólares que recibió como soborno. El acusado también admitió que él y su coacusado lavaron $ 12 millones a través de un sofisticado plan de falsas inversiones, y que recibió dinero de un pago realizado por PDVSA para que pareciera una inversión en un fondo, pero, de hecho, el pago realmente fue lavado de dinero de  ese fondo, dice la declaración de la fiscalía.

En su declaración de culpabilidad Ortega admitió que apoyó este esquema de lavado de inversión falsa, y que actúo junto a los otros cómplices que administraron el dinero, a firmas de corretaje, bancos y firmas de inversión en bienes raíces en los Estados Unidos y otros lugares, que operan como una red de lavadores de dinero profesionales.

Los co-conspiradores de Ortega acusados ​en este caso el pasado16 de agosto incluyen a ex funcionarios de PDVSA, profesionales de lavado de dinero y miembros de la élite venezolana, conocidos como "boliburgueses".

La fiscalía informó que este caso es el resultado de los esfuerzos en curso de la "Operación fuga de Dinero" realizado por la Fuerza de Tareas contra la Delincuencia Organizada (OCDETF, por sus siglas en inglés), una asociación entre agencias federales, estatales y locales de aplicación de la ley de los Estados Unidos. La misión de OCDETF es identificar, investigar y procesar a miembros de alto nivel de empresas de tráfico de drogas, reuniendo la experiencia combinada y las capacidades únicas de las autoridades federales, estatales y locales.

También participaron los fiscales y agentes de la Oficina de Asuntos Internacionales de la División de lo Penal, la Agencia Nacional de Delitos del Reino Unido y las autoridades policiales italianas, españolas y maltesas también brindaron asistencia.

Juez de Nueva York niega prórroga del juicio solicitada por la defensa de Joaquín "El Chapo" Guzmán

 Un juez federal negó este martes las mociones sometidas al tribunal por Joaquín "El Chapo" Guzmán que buscaban prorrogar el juicio y  excluir las nuevas evidencias del gobierno relacionadas con supuestos asesinatos que el acusado habría ordenado.

El magistrado Bryan Cogan ratificó que el juicio se iniciará el próximo 5 de noviembre, tal como estaba previsto, con la selección de los miembros del jurado, aunque ordenó que la presentación inicial de argumentos se realizará el 13 de noviembre de 2018, con lo cual la defensa tendrá una semana extra para prepararse.

Cogan fue muy claro cuando advirtió que los defensores sabían que el caso de Guzmán iba a ser complejo y que se esperaban  evidencias voluminosas. Advirtió que "nunca nadie se siente preparado para un juicio de esa envergadura" pero que había que proseguir tal cual se había acordado. 

Cogan dijo al gobierno que debía "priorizar" las evidencias, haciendo referencia a la nueva documentación relacionada con unas supuestas nuevas víctimas de Guzmán y que sumarían unas 17 personas, con lo cual la cifra aumentó a unos 38 aproximadamente. 

El juez dijo que el caso de Guzmán era esencialmente por narcotráfico, y que los fiscales debían enfocarse en esas acusaciones más que en las relacionadas con supuestos asesinatos.

Cogan dijo a los defensores de Guzmán que el material presentado por la fiscalía es una pieza importante del gobierno para probar la culpabilidad del acusado. 

El abogado de Guzmán, Eduardo Balarezo, dijo que las 14 mil páginas entregadas por la fiscalía eran excesivas, mostrando unas 22 carpetas voluminosas que apilaron en el escritorio para que fueran observadas por el magistrado y por los presentes en la sala, entre quienes se encontraban los periodistas.

Cogan respondió que desde el inicio se esperaba una enorme cantidad de evidencias, recordando que los fiscales habían dicho que entregarían unas 25 mil páginas.

La defensa de Guzmán advirtió el lunes que al acusado se le está violando el debido proceso, puesto que el gobierno de los Estados Unidos entregó a los defensores un paquete de información y evidencias masivo que requiere tiempo para ser evaluado y preparado. Ante lo consideran una injusticia, los litigantes solicitaron al juez que considerara una prórroga para el inicio del juicio.

"El Chapo" luce bien

Guzmán llegó a la sala a las 9 de la mañana, vistiendo su uniforme azul y una camiseta color naranja, lucía descansado y bien acicalado. Al inicio de la sesión se quejó que los audífonos no funcionaban, asunto que se resolvió rápidamente. 

La audiencia que duró unos 20 minutos y versó únicamente sobre las mociones solicitadas por la defensa.

Cogan pidió a las dos partes trabajar de manera más organizada. El magistrado se quejó que durante el fin de semana el abogado Eduardo Balarezo lo había llamado dos veces y habían sometido a su consideración dos documentos que solicitaban lo mismo, y también llamó la atención de los fiscales por  haber entregado con retraso  el material del descubrimiento, lo habían prometido 14 días antes del juicio, no una semana como en efecto ocurrió. 

También se refirió Cogan al hecho que la fiscalía hubiese pedido sellar algunos documentos que la corte colocó públicamente.

El magistrado dijo que había leído todos los documentos de las dos partes y que no había nada nuevo en ellos. "Hoy no teníamos que estar aquí, porque habíamos acordado reunirnos el 5 de noviembre . En la última audiencia pregunté si había algo más que agregar y tanto el gobierno como la defensa dijeron que no", acotó el magistrado, quien a la vez aseguró que sería severo en el cumplimiento del cronograma y que se trabajarían algunos viernes "que inicialmente se habían exceptuado" para no alargar más el juicio.

Las mociones de Guzmán

Guzmán Loera, a través del abogado Eduardo Balarezo, argumentó que la fiscalía entregó a los defensores una cantidad masiva de información (más de 14,000 páginas) entre las cuales se encuentran "17 nuevas conspiraciones de asesinato que pretenden ser imputadas y antes las cuales se debe crear una estrategia para su defensa".

Los abogados de Guzmán admiten que sabían que la información se produciría pero que necesitan más tiempo para revisar la enrome cantidad de documentos y prepararse para la defensa.

La defensa advierte en relación a las 17 presuntas víctimas adicionales, que Guzmán tampoco "está fingiendo sorpresa de que se hayan revelado más víctimas". Lo que sucede -explica- es que nadie esperaba que "el gobierno casi duplicara el número de supuestas conspiraciones de asesinato que pretendía perseguir".

El gobierno se burla de la defensa al afirmar que "siempre habría sido evidente para los practicantes criminales con experiencia" que el material § 3500 estaría en inglés. En ese sentido, los defensores aseguran que los fiscales no comprenden "o no tiene en cuenta" que Guzmán tiene derecho a revisar el material de la sección 3500 en idioma inglés, "algo que no puede hacer sin la ayuda del equipo de abogados". 

Reiteran que cada una de las 14 mil páginas entregadas debe ser revisada con el acusado, lo cual es un proceso laborioso y lento.

La defensa señala que pesar de que el gobierno no procederá en varios cargos y violaciones (6 en total), si avanzará en 11 cargos y 29 violaciones relacionadas con eventos que abarcan un período de 25 años y que ocurrieron en el extranjero. 

Asimismo se quejan que el gobierno haya eliminado dos categorías de víctimas de conspiración de asesinato y haya agregado otras 17 víctimas nombradas. En efecto, "el alcance de las acusaciones contra el Guzmán pasó de excesivamente exagerado a simplemente excesivo".

Defensa del Chapo Guzmán insiste en que se está violando el derecho a un juicio justo

La defensa de Joaquín "El Chapo" Guzmán advirtió este lunes (en un nuevo documento) que al acusado se le está violando el debido proceso, puesto que el gobierno de los Estados Unidos entregó a los defensores un paquete de información y evidencias masivo que requiere tiempo para ser evaluado y preparado. Ante lo consideran una injusticia, los litigantes solicitaron al juez Bryan Cogan que considere una prórroga para el inicio del juicio previsto para el 5 de noviembre de 2018.

En el documento, la defensa expresa la oposición del acusado a la moción del gobierno para que se continúe con el calendario procesal, tal cual está pautado.

Guzmán Loera, a través del abogado Eduardo Balarezo, argumenta que la fiscalía entregó a los defensores una cantidad masiva de información (más de 14,000 páginas) entre las cuales se encuentran "17 nuevas conspiraciones de asesinato que pretenden ser imputadas y antes las cuales se debe crear una estrategia para su defensa".

Dice el documento que "si bien el gobierno insulta a la defensa solicitando la continuación del juicio, los fiscales han sido muy lentos en entender que la razón central de los defensores para pedir una prórroga es que las condiciones actuales Guzmán no puede obtener un juicio justo".

La fiscalía explicó en su moción que es falso que haya "emboscado a la defensa", ya que los fiscales habían informado desde hace unos meses que estarían divulgado detalles de las acusaciones en el  llamado material 3.500 y otros recursos adicionales que incluyen las evidencias que se usarán en el juicio.

Los abogados de Guzmán admiten que sabían que la información se produciría pero otra cosa es en realidad tener esa enorme cantidad de documentos y revisarlos para prepararse para la defensa.

Dice que Guzmán no está "fingiendo sorpresa" de que el gobierno haya divulgado el material § 3500. Claramente, el acusado sabía que eso ocurriría. Sin embargo, "una vez que se produjo el material, se hizo evidente que 1 mes no era suficiente para revisar y digerir la información para poder usarla de manera efectiva". 

La defensa advierte en relación a las 17 presuntas víctimas adicionales, que Guzmán tampoco "está fingiendo sorpresa de que se hayan revelado más víctimas". Lo que sucede -explica- es que nadie esperaba que "el gobierno casi duplicara el número de supuestas conspiraciones de asesinato que pretendía perseguir".

El gobierno se burla de la defensa al afirmar que "siempre habría sido evidente para los practicantes criminales con experiencia" que el material § 3500 estaría en inglés. En ese sentido, los defensores aseguran que los fiscales no comprenden "o no tiene en cuenta" que Guzmán tiene derecho a revisar el material de la sección 3500 en idioma inglés, "algo que no puede hacer sin la ayuda del equipo de abogados". 

Reiteran que cada una de las 14 mil páginas entregadas debe ser revisada con el acusado, lo cual es un proceso laborioso y lento.

La defensa señala que pesar de que el gobierno no procederá en varios cargos y violaciones (6 en total), si avanzará en 11 cargos y 29 violaciones relacionadas con eventos que abarcan un período de 25 años y que ocurrieron en el extranjero. 

Asimismo se quejan que el gobierno haya eliminado dos categorías de víctimas de conspiración de asesinato y haya agregado otras 17 víctimas nombradas. En efecto, "el alcance de las acusaciones contra el Guzmán pasó de excesivamente exagerado a simplemente excesivo".

Aclaran que Guzmán "no hace presentaciones imcompletas o incorrecta de los hechos, ni insinuaciones; no está haciendo afirmaciones extraviadas; no se está involucrando en una retórica exagerada; no está haciendo afirmaciones falsas; No está lanzando aspersiones; No está engañando a la Corte con fotografías del material producido; y no le está pidiendo al gobierno que explique la evidencia antes del juicio".

Afirman que que pide Guzmán es simplemente poder defenderse y tener un juicio justo. Lo que está ocurriendo no es consistente con las garantías constitucionales de debido proceso.

Añaden que la Constitución no tiene una escala móvil del debido proceso basada en la identidad del acusado o las acusaciones en su contra.  "Guzmán merece al debido proceso al igual que otro acusado".

Sentenciado el banquero que ayudó a chavistas a lavar millones de dólares en Miami

La juez federal Cecilia M. Altonaga sentenció al banquero de nacionalidad alemana, Mathias Krull a 120 meses de prisión y a pagar una multa de USD.50.000 dólares tras haberse declarado culpable de conspirar para cometer lavado de dinero. Krull ayudó a varios contratistas y funcionarios del régimen venezolano a blanquear en los Estados Unidos unos USD.1.200 millones de dólares provenientes de la empresa estatal Petróleos de Venezuela.

La magistrada leyó la sentencia este lunes 29 de octubre y señaló que el lugar de reclusión de Krull será el Instituto Correccional Federal de Miami, conocido por sus siglas en el inglés FCI.

El acusado se entregará para cumplir la sentencia el 29 de abril de 2019.

Krull fue arrestado en julio de 2018 en Miami. En agosto el  ex ejecutivo del banco suizo Julius Baer reconoció su culpabilidad en los delitos de legitimación de capitales, a saber, USD 1.200 millones provenientes de negociaciones fraudulentas y manejos irregulares con la estatal Petróleos de Venezuela S.A., Pdvsa, al tiempo que admitió que en la trama de corrupción participaron otros altos funcionarios venezolanos.

En su declaración,  Krull aceptó que había asesorado a un cómplice identificado como un empresario dedicado al negocio de la televisión y que en el expediente se identifica como “Conspirador 7”, de quien investigaciones periodísticas refieren que se trata de Raúl Gorrín, propietario de Globovisión. Por instrucciones de este último, Krull habría —de acuerdo a su confesión— movido 159 millones de euros a quienes en el los documentos se identifican como “Los Chamos”, quienes según fuentes son los hijos de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores de Maduro.

El 23 de julio de 2018, el gobierno de los Estados Unidos acusó a empresarios venezolanos y de otras nacionalidades, en conjunto con exfuncionarios del gobierno venezolano, de enriquecerse al beneficiarse del enorme diferencial que existe entre la tasa de cambio oficial y la del mercado negro, lo cual les permitió amasar fortunas que la fiscalía estadounidense estima en miles de millones de dólares.

Uno de los principales acusados de la trama de corrupción es el venezolano, Francisco Convit Guruceaga, conocido como "bolichico" y quien forma parte de la cuestionada contratista del estado venezolano, Derwick Associates, señalada de haber logrado contratos con millonarios sobreprecios millonarios en el sector de energía venezolano.

Los otros acusados en este caso son: José Vicente Amparan Croquer, (alias “Chente”),  Carmelo Urdaneta Aqui, Mario Enrique Bonilla Vallera, Abraham Eduardo Ortega y Hugo Andre Ramalho Gois, ciudadano portugués y el uruguayo Marcelo Federico Gutierrez Acosta y Lara, entre otros cuyos nombres aun no han sido revelados por las autoridades.

Krull podría disminuir su sentencia si colabora con las autoridades judiciales de los Estados Unidos.

Fijan audiencia en corte de Miami de exfuncionario de PDVSA acusado en el caso de lavado de 1200 millones de dólares

La corte del Distrito Sur de la Florida fijó una nueva audiencia para Abraham Edgardo Ortega, ex director de finanzas de Petróleos de Venezuela acusado por el gobierno de los Estados Unidos de haber participado en la “Operación Fuga de Dinero” a través de la cual funcionarios y contratistas del gobierno de Nicolás Maduro lograron lavar más de 1.200 millones de dólares entre los años 2014-2018. En este caso el principal demandado —hasta ahora— es el contratista, Francisco Convit Guruceaga.

Ortega fue detenido el 11 de septiembre de 2018 y puesto a la orden de los tribunales. Los documentos de la corte dicen que el ex director de la finanzas de PDVSA se habría beneficiado de manera fraudulenta de fondos provenientes de la petrolera estatal venezolana.

Afirma la acusación que la imputación de Ortega se hará en una audiencia que se celebrará el 6 de noviembre de 2018. La aparición inicial del acusado estaba prevista para el 31 de octubre de 2018. 


La juez Kathleen M. Williams informó que el juicio de este caso sería de dos semanas y que el mismo podría comenzar el 13 noviembre de 2018. Los calendarios de la corte van a depender  de si el acusado se declara no culpable de los cargos que se le imputan y si Ortega decide o no colaborar con el gobierno estadounidense en esta investigación.

El caso

La demanda criminal señala que a lo largo de dos años, un sujeto aunque no identificado, registró una serie de grabaciones con un micrófono escondido en las reuniones con los supuestos involucrados en la operación de corrupción, lavado y malversación de más de 1.200 millones de dólares pertenecientes a PDVSA.

El documento de la corte dice que la trama se inició en diciembre de 2014 con un plan inicial de blanquear 600 millones de dólares pero luego el monto se duplicó a  1.200 millones de dólares.

En este caso están acusados Francisco Convit Guruceaga, José Vicente Amparan Croquer (alias “Chente”), Carmelo Urdaneta Aqui, Gustavo Adolfo Hernández Frieri, Hugo Andre Ramalho Gois, Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara, Mario Enrique Bonilla Vallera y otros sujetos cuyos nombres aún no han sido revelados formalmente en el expediente.

Dice la acusación que Ortega había expresado a los involucrados en el caso su inquietud ante una posible investigación por parte de las autoridades de los Estados Unidos. Inclusive, en los papeles federales se destaca que en un encuentro que tuvo lugar el 22 de octubre de 2016, el acusado advirtió a los presentes que algún día se sabría sobre los movimientos de dinero que estaban haciendo de manera ilegal. 

Las investigaciones revelan que el ex director de Finanzas de PDVSA habría obtenido 5 millones de dólares como resultado de su participación en la trama de corrupción acusada.

Ortega pagó una fianza de un millón de dólares para lograr el beneficio de de arresto domiciliario en su residencial en el sur de la Florida, con un monitoreo electrónico 24 horas al día. Sólo puede movilizarse para acudir a citas medicas y audiencias en la corte.

En este caso también se declaró culpable el ex banquero de nacionalidad alemana, Mathias Krull acusado junto a otros de en la Operación de blanquear capitales y quien también se encuentra bajo arresto domiciliario luego de acordar colaborar con los fiscales a cambio de una condena menos severa

Defensa del "Chapo" Guzmán pide nuevamente a la corte una prórroga del juicio

La defensa de Joaquín Guzmán Loera sometió a consideración del juez, Bryan Cogan, dos mociones, una de las cuales busca que la corte impida que el gobierno de los Estados Unidos presente cualquier evidencia relacionada con las 17 nuevas presuntas víctimas que sustentarían la acusación de conspiración de asesinato del exlíder del Cártel de Sinaloa.

La fase final del juicio contra Joaquín “El Chapo” Guzmán en Nueva York se iniciará el próximo de 5 de noviembre de 2018 que durará tres o cuatro meses y en el que se decidirá si el acusado es culpable o no de uno o de los 11 cargos que le imputa la fiscalía.

La segunda moción pide una prórroga para el juicio, ya que la defensa no tiene el tiempo suficiente para evaluar más de 14 mil páginas que entregó la fiscalía dentro del material del descubrimiento.

Los abogados denuncian que existe una continua "capacidad de juego" por parte de gobierno en la manera en que revela las evidencias a la que tiene derecho Guzmán y que son cruciales para preparar la estrategia de defensa del acusado.

Dicen que el gobierno sacudió a la la defensa con 17 nuevas presuntas víctimas de conspiración de asesinato contra las cuales el Guzmán tendrá que defenderse en el juicio.

Los juristas sostienen que además de las más de 14,000 páginas de materiales recientemente entregados la defensa, Guzmán tendrá la tarea insuperable de investigar también 17 nuevos supuestos eventos ocurridos en el extranjero durante un período de muchos años. 

_Si bien el gobierno ha proporcionado a la defensa un índice de qué descubrimiento corresponde a qué presunta víctima, la defensa no puede basarse simplemente en la evidencia del gobierno para prepararse para el juicio. Se debe permitir que los defensores  realicen una investigación independiente como parte de los preparativos del juicio para representar efectivamente a Guzmán.

Afirman que el 20 de julio de 2018, el gobierno "reveló" a la defensa que pretendía presentar en el juicio pruebas de 20 conspiraciones de asesinato específicas en las que Guzmán estuvo involucrado de alguna manera. 

En ese momento, el gobierno no solo no reveló el número real de conspiraciones de asesinato sino que tampoco identificó a muchas de las presuntas víctimas dicen los juristas.

En la moción se señala que el pasado 20 de julio de 2018, el gobierno presentó un documento que describía vagamente "las víctimas de conspiración de asesinato y las fechas de los hechos y declaró que "tenía la intención de probar" las conspiraciones de asesinato en el juicio y que "no estaba revelando los nombres de las víctimas ya que si divulgaban dichos nombres se revelaría la identidad de los testigos que cooperaron".

En ese momento, argumentan los abogados, la fiscalía informó a la defensa que revelaría los nombres de esas víctimas de conspiración de asesinato adicionales en el momento en que entregaron el material § 3500 de los testigos colaboradores. 

La lista inicial del gobierno de presuntas víctimas era de 20  específicas y 8 categorías de presuntas víctimas, pero los fiscales se tomaron casi dos meses para entregar la información, lo que constituye un atraso importante, acotan.

La defensa dijo Guzmán denunció ante el juez la violación de la regla 85 y pidió considerar una prórroga del juicio pero el tribunal decidió seguir el calendario programado para el 5 de noviembre de 2018.

Los defensores confirmaron que los fiscales habían entregado más de 117,000 grabaciones y otros materiales. Dijeron además que el gobierno eliminó a 4 presuntas víctimas nombradas de la "lista de detalles" inicial y las sustituyó con 16 nuevas presuntas víctimas nombradas. 

Aseguran que las presuntas víctimas eliminadas de la lista original fueron:

1) Víctor Canedo Verduzco

2) Javier LNU, líder de Los Charros.

3) Emilio LNU, trabajador de Los Charros; y

 4) Mario Nuñez Mesa ("el" o "M10").

Aseguran que las 4 presuntas víctimas fueron sustituidas por otras.  El gobierno presentó una segunda moción suplementaria el 17 de octubre de 2018 donde  nombraba a otra presunta víctima adicional cuyo nombre está sellado. 

La defensa se quejó de que la corte haya permitido que el gobierno demorara el nombramiento de algunas presuntas víctimas alegando que de revelarlas identificaría a los cooperantes, y a la vez denunció que no hubo indicios del gobierno duplicaría la lista de presuntas víctimas tan cerca de la fecha del juicio. 

Un mes antes del juicio, el gobierno volvió a emboscar a la defensa ampliando el número de presuntas víctimas a 39 en total, 6 categorías generales y 33 personas nombradas.

La acción deliberada del gobierno de revelar a 17 nuevas presuntas víctimas de conspiración de asesinato a menos de un mes antes del juicio es una violación de los derechos constitucionales y al debido proceso de Guzmán a quien se le impide tener un juicio justo y la oportunidad de defenderse.

La defensa recordó que  el sistema de justicia penal estadounidense no solo debe garantizar condenas, sino también garantizar que los derechos de los acusados estén protegidos, por lo que apelan a las Enmiendas Quinta y Decimocuarta de la Constitución, para pedir un juicio que se ajuste a las nociones prevalecientes de imparcialidad fundamental. 

En ese sentido pidieron al tribunal que impida que al gobierno  presente la evidencia relativa a las 17 nuevas victorias  de la conspiración asesinada alegada contra Guzmán.

Afirman los abogados que la conducta del gobierno viola el derecho de Guzmán a un juicio justo y al debido proceso.