La defensa de Joaquín Guzmán Loera sometió a consideración del juez, Bryan Cogan, dos mociones, una de las cuales busca que la corte impida que el gobierno de los Estados Unidos presente cualquier evidencia relacionada con las 17 nuevas presuntas víctimas que sustentarían la acusación de conspiración de asesinato del exlíder del Cártel de Sinaloa.
La fase final del juicio contra Joaquín “El Chapo” Guzmán en Nueva York se iniciará el próximo de 5 de noviembre de 2018 que durará tres o cuatro meses y en el que se decidirá si el acusado es culpable o no de uno o de los 11 cargos que le imputa la fiscalía.
La segunda moción pide una prórroga para el juicio, ya que la defensa no tiene el tiempo suficiente para evaluar más de 14 mil páginas que entregó la fiscalía dentro del material del descubrimiento.
Los abogados denuncian que existe una continua "capacidad de juego" por parte de gobierno en la manera en que revela las evidencias a la que tiene derecho Guzmán y que son cruciales para preparar la estrategia de defensa del acusado.
Dicen que el gobierno sacudió a la la defensa con 17 nuevas presuntas víctimas de conspiración de asesinato contra las cuales el Guzmán tendrá que defenderse en el juicio.
Los juristas sostienen que además de las más de 14,000 páginas de materiales recientemente entregados la defensa, Guzmán tendrá la tarea insuperable de investigar también 17 nuevos supuestos eventos ocurridos en el extranjero durante un período de muchos años.
_Si bien el gobierno ha proporcionado a la defensa un índice de qué descubrimiento corresponde a qué presunta víctima, la defensa no puede basarse simplemente en la evidencia del gobierno para prepararse para el juicio. Se debe permitir que los defensores realicen una investigación independiente como parte de los preparativos del juicio para representar efectivamente a Guzmán.
Afirman que el 20 de julio de 2018, el gobierno "reveló" a la defensa que pretendía presentar en el juicio pruebas de 20 conspiraciones de asesinato específicas en las que Guzmán estuvo involucrado de alguna manera.
En ese momento, el gobierno no solo no reveló el número real de conspiraciones de asesinato sino que tampoco identificó a muchas de las presuntas víctimas dicen los juristas.
En la moción se señala que el pasado 20 de julio de 2018, el gobierno presentó un documento que describía vagamente "las víctimas de conspiración de asesinato y las fechas de los hechos y declaró que "tenía la intención de probar" las conspiraciones de asesinato en el juicio y que "no estaba revelando los nombres de las víctimas ya que si divulgaban dichos nombres se revelaría la identidad de los testigos que cooperaron".
En ese momento, argumentan los abogados, la fiscalía informó a la defensa que revelaría los nombres de esas víctimas de conspiración de asesinato adicionales en el momento en que entregaron el material § 3500 de los testigos colaboradores.
La lista inicial del gobierno de presuntas víctimas era de 20 específicas y 8 categorías de presuntas víctimas, pero los fiscales se tomaron casi dos meses para entregar la información, lo que constituye un atraso importante, acotan.
La defensa dijo Guzmán denunció ante el juez la violación de la regla 85 y pidió considerar una prórroga del juicio pero el tribunal decidió seguir el calendario programado para el 5 de noviembre de 2018.
Los defensores confirmaron que los fiscales habían entregado más de 117,000 grabaciones y otros materiales. Dijeron además que el gobierno eliminó a 4 presuntas víctimas nombradas de la "lista de detalles" inicial y las sustituyó con 16 nuevas presuntas víctimas nombradas.
Aseguran que las presuntas víctimas eliminadas de la lista original fueron:
1) Víctor Canedo Verduzco
2) Javier LNU, líder de Los Charros.
3) Emilio LNU, trabajador de Los Charros; y
4) Mario Nuñez Mesa ("el" o "M10").
Aseguran que las 4 presuntas víctimas fueron sustituidas por otras. El gobierno presentó una segunda moción suplementaria el 17 de octubre de 2018 donde nombraba a otra presunta víctima adicional cuyo nombre está sellado.
La defensa se quejó de que la corte haya permitido que el gobierno demorara el nombramiento de algunas presuntas víctimas alegando que de revelarlas identificaría a los cooperantes, y a la vez denunció que no hubo indicios del gobierno duplicaría la lista de presuntas víctimas tan cerca de la fecha del juicio.
Un mes antes del juicio, el gobierno volvió a emboscar a la defensa ampliando el número de presuntas víctimas a 39 en total, 6 categorías generales y 33 personas nombradas.
La acción deliberada del gobierno de revelar a 17 nuevas presuntas víctimas de conspiración de asesinato a menos de un mes antes del juicio es una violación de los derechos constitucionales y al debido proceso de Guzmán a quien se le impide tener un juicio justo y la oportunidad de defenderse.
La defensa recordó que el sistema de justicia penal estadounidense no solo debe garantizar condenas, sino también garantizar que los derechos de los acusados estén protegidos, por lo que apelan a las Enmiendas Quinta y Decimocuarta de la Constitución, para pedir un juicio que se ajuste a las nociones prevalecientes de imparcialidad fundamental.
En ese sentido pidieron al tribunal que impida que al gobierno presente la evidencia relativa a las 17 nuevas victorias de la conspiración asesinada alegada contra Guzmán.
Afirman los abogados que la conducta del gobierno viola el derecho de Guzmán a un juicio justo y al debido proceso.
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