miércoles, 6 de junio de 2018

Así engordaron sus cuentas altos chavistas con Odebrecht

Una serie de contratos complementarios suscritos entre el gobierno de Venezuela y la Constructora Norberto Odebrecht, de Brasil, cuyos detalles se mantuvieron secretos hasta ahora, fueron utilizados para incrementar en centenares de millones de dólares los costos  de las obras, dinero que habría sido desviado para el presunto pago de altas comisiones a funcionarios del gobierno venezolano.
De acuerdo a documentos de las contrataciones, actualmente bajo investigación de las fiscalías de Venezuela, Brasil y Estados Unidos y vinculados a la trama de corrupción de Odebrecht, el precio original estimado para las obras contratadas por el gobierno venezolano se infló a través de una serie de “documentos complementarios” firmados en fechas posteriores a la firma del contrato original, con cifras muy por encima de los costos reales.

Las indagaciones, coordinadas en Venezuela por el fiscal Pedro Lupera en el marco de la llamada Operación Lavajato, fueron incluidas en las investigaciones contra la corrupción del gigante brasileño por la fiscalía en Brasilia, y retomadas por la fiscalía de Houston, que también participó en la investigación internacional contra Odebrecht.

En uno de los casos más notables firmado por el Ministerio de Infraestructura y Finanzas de Venezuela, Odebrecht cotizó un precio inicial de USD 991.6 millones cuando ganó la licitación en 2006 para construir el tercer puente sobre el río Orinoco. Para 2014, el costo de la obra ya era el triple del precio original.
Los excesivos incrementos de los contratos se hicieron mediante una estrategia de añadir una serie de adenda, denominados “documentos complementarios”, presentados por Odebrecht de manera secreta, y aprobados por altos funcionarios en Venezuela.

En el caso del proyecto conocido como “Sistema Vial Tercer Puente sobre el Río Orinoco”, la corporación brasileña presentó cinco “documentos complementarios”, mediante los cuales los costos se incrementaron en más del doble en un período de 9 años. Pese a los incrementos, sin embargo, la obra no fue culminada.

El contrato original con fecha del 7 de junio de 2006, firmado por Nelson Merentes, entonces ministro de Finanzas, y por Ramón Carrizalez, ministro de Infraestructura, tuvo como contraparte por Odebrecht al gerente Euzenando Prazerez Azevedo, el jefe del conglomerado brasileño que terminó como testigo protegido de la Fiscalía de Brasil, y que reveló la extensa corrupción de sus operaciones en territorio venezolano, incluyendo una “donación” no declarada de USD 35 millones para Nicolás Maduro, supuestamente para financiar la campaña presidencial de 2014.

Dos de los documentos complementarios de este contrato fueron firmados por Diosdado Cabello, entonces ministro de Obras Públicas y Viviendas, por un valor de USD 4.000 millones adicionales al contrato original de USD 991 millones.

El resto de los tres documentos complementarios fueron firmados por Rafael Isea (ministro de Finanzas), por USD 1.47 millardos; Juan García Toussaint (ministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas), por USD 3.2 millardos; y por José Luis Bernardo Hurtado (también ministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas), por USD 1.9 millardos.

En los documentos también aparecen firmando Jorge Giordani (ministro de Planificación y Finanzas); Alí Rodríguez Araque (ministro de Economía y Finanzas); Rafael Isea (ministro de Finanzas); e Isidro Ubaldo  Rondón (ministro Encargado de Infraestructura).

“Parte del dinero de los llamados documentos complementarios o adenda, que no eran más que mecanismos para ponerle sobreprecio a las obras, fueron desviados para pagos de comisiones de altos funcionarios, entre ellos Diosdado Cabello”, dijo uno de los funcionarios venezolanos que participó en las investigaciones en Brasil y Estados Unidos.

La fuente dijo que la investigación está basada en el testimonio de Euzenando Prazerez Azevedo, que firmó no sólo el contrato original en 2006, sino todos los cinco documentos complementarios que triplicaron el precio de la obra.

Precios inflados

En la negociación inicial para la ejecución del “Proyecto de Ingeniería Básica” y construcción del Sistema Vial Tercer Puente sobre el Río Orinoco conformado por el puente ferroviario carretero entre Caicara, estado Bolívar, y Cabruta, estado Guárico, sus accesos estructurales carreteros, enlaces de conexión con la vialidad de las dos citadas ciudades y la carretera Cazorla-Cabruta en el estado Guárico, el contrato pasó de tener un precio inicial de Bs. 2.132.089.627.428,60 equivalentes a USD 991.669.594,15 sin incluir lo concerniente al IVA a Bs. 6.035.421.447,71 en su componente en moneda nacional y a USD 1.921.175.345 en el componente en moneda extranjera para un monto total consolidado de Bs. 10.165.948.439,78 a tasa de cambio de Bs. 2,15 por dólar.

El modus operandi consistía en presentar una oferta inicial con un precio moderado en el proceso de licitación y luego de ser aprobado y suscrito el contrato, iba incrementándose el monto a través de la firma de adenda o acuerdos complementarios.

El contrato original

En fecha 7 de junio de 2006, la República Bolivariana de Venezuela por órgano de los ministerios de Infraestructura y Finanzas, representados por Ramón Alonzo Carrizales Rengifo y Nelson Merentes, respectivamente, por una parte, y Constructora Norberto Odebrecht, empresa brasileña con sucursal en Venezuela por la otra, a su vez representada por Euzenando Prazeres de Azevedo y José Claudio de Cerqueira Daltro, ambos domiciliados en Caracas, suscribieron un contrato para llevar a cabo el “Proyecto de Ingeniería Básica, así como lo concerniente a la ingeniería de detalle y construcción del Sistema Vial Tercer Puente sobre el Río Orinoco, integrado por el puente ferroviario carretero entre las ciudades de Caicara, estado Bolívar, y Cabruta, estado Guárico, sus accesos estructurales carreteros, sus enlaces de conexión con la  vialidad de las poblaciones de Caicara y Cabruta y la carretera Cazorla-Cabruta en el estado Guárico”, de acuerdo a lo que establece la cláusula segunda del referido contrato.

En ese mismo aparte, la contratista se obligó a ejecutar para Venezuela, “por su exclusiva cuenta, y sin ningún costo para esta última, el referido proyecto cuyo monto alcanza los USD 5.588.000, teniendo lo anterior como el aporte necesario para el acuerdo con lo que se desprende del contenido del Convenio Básico de Cooperación Técnica” entre ambos países (Venezuela y Brasil).

Venezuela, de acuerdo a lo previsto en esa misma cláusula, pagaría a la contratista lo concerniente a la ingeniería de detalle y la construcción del referido sistema vial.

Las dos naciones establecieron el 20 de febrero de 1973 dicho convenio, el cual permitía a los dos gobiernos en las áreas que les permitieran sus legislaciones, hacer acuerdos complementarios, siendo que el primero se llevó a cabo el 4 de julio de 1995 para la recuperación de la región amazónica y orinoquense. Brasil aceptó el 6 de mayo de 2006 la propuesta venezolana de modificar dicho Acuerdo Complementario para proceder a la construcción del Sistema Vial Tercer Puente sobre el Río Orinoco.

Basados en el supuesto de que la Constructora Odebrecht ejecutaba para el momento las obras correspondientes al Sistema Vial Puente Mixto sobre el Río Orinoco, Venezuela estimó la conveniencia de que la experiencia, equipos y capacidad de la empresa que estaba establecida en el territorio del estado Bolívar, asumiera las nuevas obras.

Los trabajos a realizar

Se estableció que entre los alcances de los trabajos estaban los estudios de transporte, topográficos, batimétricos, geofísicos, hidráulicos, la ingeniería básica y de detalle requeridos para el puente ferroviario carretero y sus accesos estructurales, los enlaces viales con las poblaciones de Cabruta y Calzara y la carretera Cazorla-Cabruta.

Igualmente los trabajos de soporte, desvío provisional o reubicación definitiva de servicios públicos, la ingeniería de detalle, las obras relativas al desvío del tránsito vehicular y fluvial, la restauración de superficie de los servicios afectados, la construcción del puente ferroviario carretero entre Caicara y Cabruta, la construcción de los enlaces viales y de la carretera Cazorla.

Modalidad, vigencia y pecio del contrato

La modalidad del contrato eran los precios unitarios y la vigencia del mismo era de 48 meses contados a partir de la firma del acta de inicio luego de que Odebrecht recibiera el anticipo.

El monto de la obra era de Bs. 2.132.089.627.428,60 equivalentes a USD 991.669.594,15 sin incluir lo concerniente al IVA, los cuales serían cancelados de acuerdo a los mecanismos financieros y tiempos acordados por los ministerios de Finanzas e Infraestructura. Estos mecanismos a su vez debían a ser aprobados por el presidente de la república.


El cronograma de pagos estipulado fue: 1) El 15 por ciento de precio en calidad de anticipo; 2) el saldo del precio de la obra se pagaría contra la prestación de valuaciones efectuadas por el ingeniero inspector. Del monto bruto de cada valuación se deducirían los porcentajes correspondientes a la amortización del anticipo y a las retenciones previstas como garantía. Igualmente se deducirían las penalidades si estas existieran.

Se estableció un lapso de garantía una vez terminada la obra, de doce meses, a partir de la firma del acta de aceptación provisional de los trabajos. Una vez vencido ese lapso se suscribiría un acta de recepción definitiva dentro de los 30 días siguientes.

Variación del presupuesto

El contrato preveía que el presupuesto de la obra podía modificaciones como consecuencia de: a) variaciones en las cantidades de obra; b)  variaciones en la cota de referencia de las fundaciones según el proyecto básico; c) variaciones por aumentos salariales.

Respecto a las obras de vialidad el 25,05 por ciento de las partidas estaba transformado en dólares estadunidenses calculados a la tasa de cambio para la fecha de Bs. 2.150 por dólar que sumaban USD 31.417.013,55 y serían facturados en esa misma moneda.

El 74,95 por ciento del presupuesto de las obras de vialidad presentaban para época (diciembre de 2005) un monto estimado de Bs. 201.743.126.080,20, que serían facturados en bolívares.

En las obras de puente el 68,70 por ciento estaba transformado en dólares a la tasa de cambio de Bs. 2.150 por dólar que constituía la cantidad de USD 563.271.334,57 que debían facturarse de esa manera.

El 31,30 por ciento de las partidas de obra de puente representaban un monto estimado de Bs. 551.784.054.620,21 que serían facturados en bolívares.

Primer Addendum

El 30 de abril de 2008 el ministro encargado del Poder Popular para la Infraestructura, Isidro Ubaldo Rondón Torres, y el ministro del Poder Popular para las Finanzas, Rafael Eduardo Isea Romero, en representación de Venezuela, así como Euzenando Prazeres de Azevedo y José Claudio de Cerqueira Daltro en representación de Constructora Odebrecht S.A. firmaron un Addendum como Documento Complementario N° 1 del contrato suscrito el 7 de junio de 2006 en razón de que el monto acordado inicialmente correspondía a una ingeniería básica conceptual desarrollada entre 2004 y 2005 bajo informaciones de carácter provisional y cómputos métricos estimados; de que estudios posteriores más detallados y específicos proyectaron un aumento significativo respecto a la demanda en la utilización del sistema vial; de que la Fundación ProPatria notificó a la contratista alterar el proyecto original de la obra para añadir dos nuevos canales carreteros en el piso superior del puente; y de que el límite de contratación del 30 por ciento del precio de la obra fue modificado el 4 de diciembre de 2007, el valor de los trabajos se elevó a Bs. 2.770.815.678.835,55 equivalentes a USD 1.288.751.478,53 sin incluir el IVA.
El Documento Complementario N° 1 estableció un precio actualizado de la obra con un complementario de Bs. 399.659.910,86 equivalentes a USD 185.888.330,63 sin IVA que totalizan el monto del documento principal en Bs. 3.170.475.589,69 equivalentes a USD 1.474.639.809,16 sin IVA.
Este Addendum extendió la vigencia del contrato hasta el 31 de diciembre de 2011.

Se previó un anticipo complementario de 15 por ciento del monto complementario de Bs. 59.948.986,63.

Segundo Addendum

El 4 de junio de 2009, la República Bolivariana de Venezuela representada por los ministros de Infraestructura, Diosdado Cabello Rondón, y de Economía Finanzas, Alí Rodríguez Araque, firmaron con Euzenando Prazeres de Azevedo y José Claudio de Cerqueira Daltro, en representación de la Constructora Odebrecht S.A., un segundo Addendum o Documento Complementario N° 2 que incrementó el precio básico de la obra en Bs. 1.008.463.382,86 equivalentes a USD 469.052.736,21 más IVA. De este modo, el nuevo Addendum elevó el precio de la obra a Bs. 4.178.938.970,91 equivalentes a USD 1.943.692.544,61 más IVA.
El anticipo complementario fue de 15 por ciento igual Bs. 151.269.507,43

Tercer Addendum

El 15 de junio de 2010, Diosdado Cabello Rondón, ministro del Poder Popular para la Infraestructura y Jorge Giordani, ministro del Poder Popular para la Planificación y Finanzas, en representación de Venezuela, por una parte y, por la otra, Euzenando Prazeres de Azevedo y José Claudio de Cerqueira Daltro, en representación de la Constructora Odebrecht S.A., suscribieron el tercer Addendum o Documento Complementario N° 3.
El precio de este Addendum estableció en el componente nacional un aumento del Bs. 2.406.686.910,26, mientras que el componente en moneda extranjera fue de USD 483.343.043,82 equivalentes a Bs. 1.256.691.913,93 que en conjunto a la tasa de cambio vigente para la fecha de Bs. 2,6 por dólar, sumaban USD 1.408.991.855,46 más IVA.
Con la firma del Documento Complementario N° 3 el precio de la obra queda integrado por un componente en moneda nacional igual Bs. 4.136.293.293,01 y otro en moneda extranjera que alcanzaba los USD 1.622.567.503,44 que en conjunto a la tasa de cambio de Bs. 2.6 por dólar totalizaban USD 2.584.496.176,23 más IVA.

Se extendió la vigencia del contrato hasta el 23 julio de 2013.

Cuarto Addendum

En fecha 27 de septiembre de 2012, Juan de Jesús García Toussaintt en representación del gobierno venezolano y Euzenando Prazeres de Azevedo y Estevão Timponi França, en representación de la Constructora Odebrecht S.A., suscribieron el cuarto Addendum o Documento Complementario N° 4.
El precio del contrato se elevó en su componente nacional Bs. 1.685.274.078,34 y en moneda extranjera alcanzó la suma de USD 262.547.553,93 equivalentes a Bs. 1.128.954.481,90. El precio global de obra era entonces Bs. 2.814.228.560,24 que a tasa de 4,3 por dólar totalizaba USD 654.471.758,19 más IVA.
Con este nuevo Addendum el precio de la obra se estableció en su componente nacional en Bs. 5.821.567.371,35 y el componente en moneda extranjera se ubicó en USD 1.885.115.057,37 que a una tasa de cambio de Bs. 4,3 por dólar es igual a USD 3.238.967.934,91.
Quinto Addendum

Aun habría de firmarse un nuevo Addendum, cuando el ministro del Poder Popular para el Transporte Terrestre y Obras Públicas, José Luis Bernardo Hurtado, en representación del gobierno de Venezuela y por Constructora Odebrecht S.A., José Claudio de Cerqueira Daltro y Estevão Timponi França, estamparon la firma al Documento Complementario N° 5, lo cual ocurrió el 7 de septiembre de 2015.

Con este Addendum el precio de la obra quedó integrado por un componente en moneda nacional de Bs. 6.035.421.447,71 y el componente en moneda extranjera de USD 1.921.175.345,15 para un monto total consolidado de Bs. 10.165.948.439,78 a tasa de cambio de Bs. 2,15 por dólar.
En este cuadro pueden observarse las cifras del contrato original y los cambios que sufrió en los montos presupuestados, así como también los funcionarios del chavismo responsables de las firmas de dichas contrataciones.

martes, 5 de junio de 2018

Juez de NY otorga libertad bajo fianza al banquero que evadió sanciones de EE. UU. contra Irán con dinero del erario público venezolano

A pesar que gobierno de los Estados Unidos se oponía, un juez de Nueva York concedió libertad bajo fianza al propietario del Pilatus Bank, Ali Sadr Hasheminejad, acusado de haber violado las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro a Irán con dinero proveniente de planes de viviendas del régimen de Venezuela. El multimillonario pagó un aval de más de $34 millones de dólares en diversos instrumentos financieros. 

El acusado estará sujeto a un monitoreo electrónico y un toque de queda nocturno de 7 p.m.

Asimismo, el demandado se vió obligado a entregar todos los pasaportes. El juez prohibió además la tramitación de nuevos  y no podrá obtener ninguno nuevos documentos de viaje. 

Ali Sadr Hasheminejad, de 38 años, fue acusado de evadir las sanciones impuestas por los Estados Unidos al régimen de Irán y canalizar más de $ 115 millones pagados en virtud de un contrato de construcción de viviendas para pobres con el gobierno de Nicolás Maduro, a través del sistema financiero estadounidense.

En la orden del juez también dice que Hasheminejad deberá renunciar a cualquier derecho a impugnar la extradición desde cualquier país extranjero.

Hasheminejad fue arrestado en marzo de 2018 en Virginia tras ser acusado de infringir sanciones contra Irán, fraude bancario y lavado de dinero. 

De acuerdo a la decisión del tribunal, el demandado sólo podrá movilizarse entre los distritos del sur y del este de Nueva York, el distrito este de Virginia, el distrito de Maryland y el distrito de Columbia.

El juez aseguró además que Hasheminejad no podrá reclamar los fondos depositados en sus dos cuentas bancarias congeladas en Chipre. Si el acusado no cumple con las condiciones de la fianza y huye del territorio norteamericano los fondos se mantendrán en posesión del tribunal.

La defensa presentó un paquete de fianzas de dinero y bonos por un total de $ 34 millones, que incluyen 40 bonos de familiares, amigos y colegas por valor de $ 14 millones aproximadamente. 

Según el documento, los bonos puestos en garantías para lograr la libertad del acusado incluyen un compromiso de la familia y los amigos del banquero. La defensa argumentó que si su cliente decidiera no presentarse ante el tribunal, Hasheminejad causaría un daño significativo a sí mismo y a su entorno más cercano.

El fiscal del caso, Geoffrey Bearman, se opuso al paquete de fianza y acusó a Hasheminejad de haber establecido el Banco Pilatus en 2013 con ganancias criminales directamente vinculadas al proyecto del gobierno de Venezuela para supuestamente construir viviendas para pobres. Dijo ademas que los dólares estadounidenses que usó el demandado salieron ilegalmente del país y tiene un origen criminal.

Según el gobierno de los Estados Unidos, la riqueza de Hasheminejad que incluye un capital de $ 12.9 millones en Pilatus Bank . 

Los bienes del banquero en territorio norteamericano fueron decomisados por el gobierno. Entre las propiedades retenidas está una apartamento de Washington DC, valorado en $ 1.5 millones de dólares y unas granjas de producción de pistachos que tienen un valor de $ 5.7 millones en California. 

lunes, 4 de junio de 2018

Serie: Los papeles secretos de Jesse Chacón en Corpoelec (Corrupción y tráfico de influencias

Durante su gestión al frente de la Corporación Eléctrica Nacional S.A., Corpoelec, Jesee Chacón, se sumó a la modalidad que hemos venido develando en estas páginas, consistente en la presentación y aprobación inicial de convenios y contratos cuyo precio en un principio es moderado, pero que mediante la posterior firma de acuerdos complementarios alcanzan montos que están muy por encima de su costo real.


Es el caso del Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Ministerio del Poder Popular para la Defensa a través del Comando General de la Milicia Bolivariana y la Corporación Eléctrica Nacional S.A., Corpoelec, para la actividad de Pica y Poda del año 2014.

El convenio

El 28 de enero de 2014, la República Bolivariana de Venezuela por órgano del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, representada por la Almirante en Jefe, Carmen Teresa Meléndez Rivas, en su condición de ministra del citado ministerio, a través del Comando General de la Milicia Bolivariana, representado por el Mayor General, José Antonio Briceño Moreno, actuando en su carácter de Comandante General de la Milicia Bolivariana, debidamente autorizado para suscripción del convenio por una parte, y por la otra, la Corporación Eléctrica Nacional S.A., Corpoelec, representada por Jesee Alonso Chacón Escamillo, presidente de la junta interventora de la empresa estatal, acordaron establecer un Convenio de Cooperación Interinstitucional.

Este convenio interinstitucional tenía por objeto establecer los términos y condiciones de cooperación mutua entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a través del Comando General de la Milicia y Corpoelec para la ejecución de actividades de desmalezamiento y la poda de árboles para el despeje de líneas, apertura de vías hasta las estructuras eléctricas y limpieza de subestaciones destinadas al mantenimiento del Sistema Eléctrico Nacional en el marco del Plan de Pica y Poda anual de la estatal eléctrica.

El alcance del mantenimiento de pica y poda, apertura de vías hasta las estructuras eléctricas y limpieza de subestaciones en el Sistema de Distribución y Transmisión de Energía Eléctrica se realizaría en los estados Amazonas, Anzoátegui Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Distrito Capital, Cojedes, Delta Amacuro, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira Trujillo, Vargas, Yaracuy y Zulia (Costa Oriental y Occidente).
Corpoelec se comprometió a suministrar mensualmente a la Milicia los recursos financieros correspondientes al número de milicianos movilizados para el cumplimiento de las actividades objeto del convenio, hasta por la cantidad máxima de Bs. 56.667.303,30 con los que se hacía efectiva la contribución mensual para la contraprestación a que hubiere lugar de los milicianos integrantes de las "Unidades de Servicio y Mantenimiento" que hubieren efectivamente cumplido con la ejecución del cronograma de actividades a ejecutarse.

El plazo de ejecución de las actividades objeto del convenio fue de once meses.

El convenio además contemplaba las condiciones, modalidades y aspectos que regularmente se establecen en este tipo de acuerdos.

El Addendum

En fecha no determinada pero que supone posterior al 19 de marzo del 2013, la Corporación Eléctrica Nacional S.A. (Corpoelec), representada por el presidente (E) de la Junta Interventora, Jesse Alonso Chacón Escamillo, y la República Bolivariana de Venezuela por órgano del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, representado por el Mayor General, José Antonio Briceño Moreno, acordaron en celebrar un Addendum al Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre la Corporación Eléctrica Nacional S.A. (Corpoelec) y el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, a través del Comando General de la Milicia Bolivariana. Dicho convenio se celebró el 19 de marzo de 2013.

Convinieron modificar la cláusula primera relativa al objeto para ampliarlo y así quedar redactada de la siguiente forma:

Cláusula Primera: (Del Objeto): "El presente Convenio tiene por objeto, establecer los acuerdos entre las partes que regirán la participación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a través del Comando General de la Milicia Bolivariana, en la conformación de Unidades de Servicio y Mantenimiento" para la ejecución de actividades destinadas al mantenimiento, seguridad y fiscalización del sistema eléctrico nacional" debidamente asistidas por Corpoelec, en el marco del ‘Plan Pica y Poda’ así como para el desmalezamiento, control químico y reparaciones menores en la infraestructura de las subestaciones a nivel nacional.

También se modificó el numeral 5 de la cláusula tercera (De los Compromisos y responsabilidades), el cual quedó redactado de la siguiente manera:

“Clausula tercera. De los Compromisos y Responsabilidades: A efectos del presente Convenio Corpoelec, será responsable de:

“1. Planificar, y organizar a través de sus Comisionados Regionales, las actividades relacionadas con el objeto del presente Convenio.

“2. Suministrar y asignar bajo control operacional de las Unidades de Servicio y Mantenimiento creadas por la Milicia los equipos de seguridad y otros implementos y coadyuvará en la obtención de ser necesario, ante entidades públicas y privadas, de otros equipos que pudieran ser necesarios para la ejecución de las actividades del presente Convenio, previamente acordados por las partes.

“3. Suministrar a la milicia los recursos financieros destinados al pago de ración vi alimentación para cada integrante del personal militar en la categoría de milicia, movilizados por empleo temporal y que integran las Unidades de Servicio y Mantenimiento para la ejecución de las actividades objeto del presente convenio. Los cuales serán calculados tomando como base el salario mínimo mensual decretado por el Ejecutivo Nacional y la normativa que rige la materia de alimentación.

“4. Los recursos financieros serán transferidos conforme a las disposiciones administrativas técnico-financieras previamente acordadas por la Dirección General de los Servicios del Comando General de la Milicia Bolivariana y Corpoelec.

“5. Suministrar los recursos financieros correspondientes para la reposición de los equipos de seguridad, materiales, combustibles y demás implementos necesarios para el cumplimiento de los términos y condiciones previstos en el presente convenio, incluyendo los gastos generados con ocasión a la obtención de partes, piezas, repuestos y servicios destinados al mantenimiento, reparación y operatividad de los vehículos propiedad de la Corporación Eléctrica Nacional S.A., Corpoelec y maquinarias empleadas en la actividades correspondientes al objeto del convenio.

“6. Supervisar la ejecución financiera de los recursos económicos transferidos a la Milicia para la ejecución de las actividades objeto del presente convenio.

“7. Suministrar la capacitación necesaria a los milicianos y milicianas conforman las unidades de milicia, para el cumplimiento del objeto del presente convenio”.

Del mismo modo, se modificó la cláusula cuarta a los fines de corregir la numeración, incorporar un nuevo numeral, que será el número 9, la cual quedó redactada de la siguiente forma:

“Cláusula cuarta: A los efectos del cumplimiento del presente Convenio, el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, a través de la Milicia será responsable de:
“1. Conformar las unidades de Servicio y Mantenimiento objeto del presente convenio, integradas por militares n la categoría de milicia debidamente registrados y movilizados por Empleo Temporal, de conformidad con lo previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
“2. Cooperar con Corpoelec en el suministro oportuno de los datos que sean solicitados respecto a los milicianos y las milicianas que participan en las actividades objeto del presente Convenio.

“3. Recibir de Corpoelec los equipos de seguridad y otros implementos y coadyuvará en la obtención de ser necesario ante entidades públicas privadas, de otros equipos que pudieran ser necesarios para la ejecución de las actividades del presente convenio previamente acordados por las partes, las cuales estarán bajo el control operacional de las Unidades de Servicio y Mantenimiento de Milicia.

“4. Será responsable de los equipos de seguridad y otros implementos suministrados por Corpoelec a los fines de que sean inventariados y devueltos cuando se cumplan las actividades objeto del presente Convenio.

“5. Recibir de Corpoelec los recursos financieros destinados al pago por concepto de ración y alimentación para cada uno de los integrantes del personal militar en la categoría de Milicia movilizados por empleo temporal y que integran las Unidades de Servicio y Mantenimiento para la ejecución de las actividades objeto del presente Convenio.

“6. Los recursos financieros a que se contrae el numeral anterior serán solicitados a Corpoelec por la Milicia, a través de la Dirección General de los Servicios del Comando General, conforme a las disposiciones administrativas y técnicas acordadas por las partes.

“7. Destinar los recursos financieros recibidos de Corpoelec ínica y exclusivamente para la ejecución de las actividades inherentes al presente convenio; debiendo remitir mensualmente a Corpoelec la rendición administrativa contentiva de los balances, cálculos, cuentas o estadísticas que se generen con ocasión al destino, uso y fin de los recursos financieros recibidos para la ejecución del presente Convenio.

“8. Elaborar los instrumentos necesarios que contengan las políticas disposiciones para garantizar el control interno de los recursos financieros recibidos con ocasión del presente Convenio, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

“9. Recibir de parte de Corpoelec los recursos financieros correspondientes para la reposición de los equipos de seguridad, materiales, combustibles y demás implementos necesarios para el cumplimiento de los términos condiciones previstos en el presente Convenio, incluyendo los gastos generados con ocasión a la obtención de partes, piezas, repuestos y servicios destinados al mantenimiento, reparación y operatividad de los vehículos propiedad de la Corporación Eléctrica Nacional, S.A., Corpoelec, maquinarias empleadas en las actividades correspondientes al objeto del Convenio”.

Se modificó la cláusula octava (De la Vigencia), a los fines de extender la vigencia del mismo, quedando redactada de la siguiente manera:

“Cláusula octava: De la Vigencia. El presente Convenio tendrá vigencia de 9 meses contados a partir de la fecha de la suscripción del Acta de Inicio, pudiendo ser prorrogado de mutuo acuerdo entre las partes mediante el Addendum correspondiente.

Por otro lado, ambas partes convinieron en ratificar el contenido de todas las demás cláusulas, disposiciones y documentos que integran el Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre la Corporación Eléctrica Nacional S.A. (Corpoelec) y el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, a través del Comando General de la Milicia Bolivariana suscrito el 19 de marzo del 2013.

No se proporciona en el documento información acerca del precio de la extensión este convenio.

Juez de Houston niega mociones solicitadas por la defensa de exfuncionario de Hugo Chávez juzgado por corrupción en Estados Unidos

Un juez federal del Distrito Sur de Texas negó todas las mociones propuestas por la defensa de Luis Carlos De León-Pérez, un exfuncionario de la empresa estatal Electricidad de Caracas durante el gobierno del fallecido Hugo Chávez, acusado de haber participado directamente en la entrega de contratos con sobreprecio a cambio del pago de sobornos por parte de las contratistas que participaban en el esquema de corrupción.

De León Pérez fue arrestado junto a Nervis Villalobos, César David Rincón Godoy y Rafael Reiter Muñoz, por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de España en octubre de 2017, luego de recibir una orden internacional de arresto dictada por el gobierno de los Estados Unidos. 

De León Pérez fue acusado de delitos de conspiración para cometer lavado de dinero, en violación de 18 U.S.C. § 1956 (h) (ii); conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, en violación de 18 U.S.C. § 371 y cuatro cargos de lavado de dinero, en violación de 18 U.S.C. §§ 1956 (a) (1) (B) (i). 
De León Pérez es un hombre de confianza del expresidente de la Electricidad de Caracas, Javier Alvarado, quien es reclamado por las autoridades españolas por delitos de corrupción y blanqueo de capitales. Durante la gestión de Alvarado en la empresa eléctrica, los miembros de la comisión de licitaciones eran presionados para que otorgaran contratos a las empresas preferidas del entonces presidente, a cambio del pago de sobornos. 

En abril de 2018, De León Pérez firmó una forma para un juicio rápido al que tienen derecho todos los acusados en los Estados Unidos. El juicio fue fijado para el 23 de julio de 2018.

Negadas las mociones

El magistrado, Kenneth M. Hoyt, negó todas las mociones  relacionadas con la petición para que el tribunal permitiera al acusado inspeccionar y copiar todo el material correspondiente a las evidencias del caso, apelando al Tratado de Asistencia Legal Mutua (MLAT). 

De León Pérez argumentó que los materiales solicitados a través de la MLAT debían ser proporcionados "inmediatamente" para que el acusado pueda prepararse efectivamente para el juicio.

La defensa solicitó que la corte ordenase al gobierno que proporcionara las evidencias rápidamente o de manera alternativamente. Asimismo, pidió que se establezca una audiencia para determinar los problemas planteados en este caso.

La fiscalía de Houston negó todas las mociones argumentando que no se ajustaban a la norma y que los abogados defensores ya tenían parte de las evidencias que la ley establece para que sean entregadas a los acusados antes del juicio.

El juez Hoyt explicó en un documento que las mociones para la divulgación inmediata de la información de conformidad con Brady y Giglio y para petición para un Proyecto de Ley limitaciones sobre los cargos de  la acusación contra De León Pérez estaban negadas en su totalidad, puesto que las mismas son prematuras. 

Agregó que tanto las reglas locales como las Reglas Federales de Procedimiento Criminal establecen los deberes del gobierno con respecto a las divulgaciones requeridas. 

Afirmó que los cargos 1 y 2 acusan al demandado por los delitos de conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para utilizar el correo y otros medios, respectivamente, para llevar a cabo un supuesto plan para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Asimismo, los cargos 4 a 7 imputan actos sustantivos de lavado de dinero, ayuda y complicidad en violación de la ley federal.

Dijo el juez que el acusado recibe un nombre específico y la conducta alegada, y de llegar a demostrarse, constituye una violación de la ley federal. 

Comenta Hoyt que si el acusado es declarado culpable de algún delito por el jurado, los detalles de la presentación probatoria se pueden volver infundados y por ello no los aprueba. 

En magistrado acordó que la moción del acusado para la Ley de Limitaciones Particulares también debía ser negada, "ya que la Acusación de la fiscalía establece claramente los elementos de las ofensas pertenecientes al acusado y le informa suficientemente sobre los crímenes por el cual se le juzga".

Las solicitudes se niegan como prematuras y simuladas acotó el juez al final de su comunicación, concluyó el juez.
Brady v Estado de Maryland


Brady v. Maryland, 373 US 83 (1963) es una de las sentencias más importantes dictadas por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. El peticionario y su compañero (llamado Donald Boblit) fueron condenadas a muerte por cometer asesinato en primer grado. Aunque Brady admitió que estaba involucrado en el crimen, afirmó que el acto de matar hecho por Boblit. El consejo de Brady había solicitado acceso a todas las pruebas materiales, incluyendo las declaraciones de Boblit. Aunque se facilitó la mayoría de ellos, la acusación había alguna evidencia de que no se demostró que el abogado del peticionario. Ellos incluyen la declaración escrita de Boblit admitir que la matanza real hecho por sí mismo. El consejo de Brady apeló ante la Corte de Apelaciones de Maryland para el alivio posterior a la condena.


Durante los procedimientos posteriores a la condena, el abogado de Brady planteó la cuestión de la declaración escrita de Boblit que no fue revelada por la acusación durante el juicio. La corte de apelaciones sostuvo que la ocultación de pruebas por la acusación es violación de la cláusula del debido proceso. El tribunal ordenó un nuevo proceso para decidir la sentencia. Finalmente, el caso llegó a la Corte Suprema. El Tribunal Supremo confirmó la sentencia del Tribunal de Apelaciones de Maryland y dictaminó que la acción de la fiscalía violó los derechos al debido proceso de la peticionaria. Hoy en día, el fallo en el caso de Brady se aplica ampliamente; como de descargo a menudo se llama material de Brady.

viernes, 1 de junio de 2018

Esposa del vicepresidente de Asuntos Legales de Citgo se prepara para abandonar los Estados Unidos

La esposa de Alejandro Escarrá Gil, Mónica Ortigoza Villasmil, prepara sus maletas para abandonar su lujosa residencia ubicada en Terrace of Memorial, cerca de Briarhills Pkwy al oeste Houston, una organización cercana de la sede de CITGO en el Energy Corridor. Escarrá Gill no podrá retornar a los EE. UU. ya que el gobierno estadounidense le negó su reingreso al país la pasada semana. 
Hasta el cierre de esta nota no se conocía el sustituto de Alejandro Escarrá Gil como vicepresidente de Asuntos Legales de CITGO. 

Alejandro Escarrá Gil es sobrino del constituyente sancionado por  el Departamento del Tesoro de EE. UU., Hermann Escarrá, e hijo del abogado chavista fallecido Carlos Escarrá. 

A inicios de 2018, se conoció que Escarrá Gil habría cometido una serie de irregularidades en el procedimiento de solicitud de la visa L1 en complicidad con altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. Las visas L1 son exclusivamente para el traslado de ejecutivos de multinacionales a territorio estadounidense. Para este visado se requiere que el solicitante sea un ejecutivo de carrera en la empresa matriz que lo va a trasladar. Escarrá Gil no cumple con los requisitos puesto que entró a trabajar en PDVSA el 14 de abril de 2014, y a finales de mayo y principios de julio de ese mismo año estaba tramitando el mencionado visado.

Mónica Ortigoza es modelo. Nació en Maracaibo. Actualmente tiene dos hijas de su matrimonio con Escarrá Gil que estudian en la escuela Barbara Bush Elementary en Houston, Texas.

Según una fuente ligada al entorno de Ortigoza, "este viernes 1° de junio terminan las clases, y la mujer con sus dos hijas tiene planeado salir de los Estados Unidos en las próximas 3 semanas para regresar a Venezuela". 

Una segunda fuente cercana a la familia dijo que los Escarrá-Ortigoza están evaluando irse a Costa Rica, Panamá, Europa, Canadá o Australia.

Mónica Ortigoza es hija de la fallecida periodista, Xiomira Villasmil, quien fue  viceministra de Comunicaciones durante el gobierno de Hugo Chávez y estuvo al frente del programa Aló Presidente y manejó aspectos comunicaciones del fallecido mandatario. Villasmil murió en 2011.
En este reparto se encuentra ubicada la residencia de los Escarrá -Ortigoza,  en Terrace of Memorial, cerca de Briarhills Pkwy al oeste Houston