La demanda fue presentada el 10 de mayo de 2018 en la Corte del Distrito Este de Nueva York de conformidad con la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Actividades Ilegales', conocida como "RICO". Este tribunal tiene jurisdicción en la totalidad de los condados de Long Island y Staten Island.
El demandante es el activista de derechos humanos, Thor Halvorssen quien acusa a los contratistas venezolanos de haber incurrido en una conspiración para tomar represalias en su contra por informar sobre una serie de delitos de corrupción y lavado de dinero cometidos por los propietarios de Derwick ante las autoridades federales.
Según el documento legal, el objetivo de la conspiración fue desprestigiar a Halvorssen para que no pudiera ejercer como presidente de Human Rights Foundation. Dice que los acusados habrían creado una campaña contra el demandante, contando para ello con los servicios de la empresa Fusion GPS, que ha estado en el ojo del huracán por haber dado a conocer datos falsos sobre los supuestos vínculos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump con el Kremlin, pagados por el Partido Demócrata y la campaña de su ex candidata presidencial Hillary Clinton.
Según el documento legal, Halvorssen tiene una trayectoria como activista de derechos humanos y como defensor de la transparencia en el gobierno y contra la corrupción, es especial en su natal Venezuela. Debido a su posición, ha denunciado los negocios ilícitos de Derwick Associates, una empresa contratista supuestamente dedicada a la construcción de plantas de energía eléctrica.
Dice la demanda que Derwick es propiedad de Francisco D'Agostino-Casado, Leopoldo Alejandro Betancourt-López, Francisco Antonio Convit-Guruceaga y Pedro José Trebbau-López y que dichos individuos tomaron represalias contra Harvorssen luego que éste denunciara que los venezolanos habían supuestamente cometido numerosos crímenes federales junto con Derwick.
Destaca la querella que los demandados contrataron a los directores de Fusion GPS, Glenn Simpson y Peter Fritsch para producir un expediente falso y una campaña mediática (que incluyó las redes sociales) para describir a Halvorssen como un pedófilo, adicto a la heroína y malversador del dinero de la Fundación Human Rights con sede en Nueva York. Defenderse de tales acusaciones le habría costado a Halvorssen millones de dólares que ahora demanda por daños a los demandados bajo la Ley RICO.
La acusación argumenta que el tribunal neoyorquino tiene jurisdicción general sobre Simpson y Fritsch como ciudadanos de los EE. UU. y que la conspiración demandada se inició y se llevó a cabo en el distrito este de Nueva York. Asimismo, alega que la corte también tiene jurisdicción específica sobre los venezolanos en base a que todos poseen contactos significativos con los EE. UU.
En la demanda contra la contratista eléctrica venezolana, Halvorssen asegura que posee una grabación donde Francisco D’Agostino-Casado asegura que es accionista de Derwick.
En lo que respecta a GPS Fusion, el demandante sostiene que D’Agostino contrató a esta empresa perteneciente a Glenn R. Simpson y Peter Fristch, para que desarrollaran una campaña de desprestigio en perjuicio de Thor Halvorseen en razón de que este había dado a conocer informaciones relacionadas a los hechos de corrupción supuestamente cometidos por los directivos de Derwick.
Pero la campaña de desprestigio supuestamente orquestada por Derwick y puesta en marcha por GPS Fusion, no solamente estaría dirigida afectar al presidente de Human Rights Foundation, sino también al comunicador Alek Boyd , ampliamente conocido por sus denuncias de casos de corrupción.
En el libelo judicial, Thor Halvorseen exige ser una indemnización de, al menos, USD 15 millones. También demanda que contra Francisco D’Agostino-Casado, Leopoldo Alejandro Betancourt-López, Francisco Antonio Convit-Guruceaga y Pedro José Trebbau-López se emita orden judicial dirigida a evitar que continúen violando la Ley Rico. Y es que Halvorssen considera que estar involucrado Boyd, quien está radicado en el Reino Unido, los acusados incurren en la violación de la Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas) al estar en presencia de una confabulación entre empresas internacionales con una compañía estadounidense orquestando así un esquema criminal.
Expone Thor Halvorseen que los dirigentes políticos venezolanos, Diosdado Cabello y Henry Ramos Allup —quien es cuñado de Francisco D’Agostino— habrían sido informados por los demandados para que estos también le atacaran desde Venezuela a través de los medios de comunicación.
La intención de los acusados habría sido evitar que Halvorseen continuara denunciando las supuestas prácticas y esquemas de corrupción en que son señalados los primeros.
Halvorseen aseguró el gobierno de Venezuela supuestamente pagó 2 mil millones de dólares los propietarios de Derwick por unas plantas eléctricas que solamente resultaron ser chatarra obtenida en varios países. Los equipos se habrían comprado entonces, no solamente con sobreprecio, sino siendo estos inservibles.
El caso de los llamados “bolichicos” involucró la suscripción de doce contratos con empresas públicas venezolanas —PDVSA, Sidor, Corpoelec— sin que la empresa contratada, Derwick, tuviera experiencia alguna en el ramo eléctrico. La milmillonaria inversión en nada contribuyó, por tanto, a mejorar la grave crisis eléctrica que padece Venezuela y cuya atención, en aquel momento, llevó al gobierno a decretar la emergencia y, con ello, permitió la contratación por vía de adjudicación directa sin que se recurriera a procesos de licitación como exige la ley. Hallvorseen dijo que tal inexperiencia quedó en evidencia cuando Derwick recurrió a la subcontratación de la empresa ProEnergy.
Todos estos elementos son utilizados por Halvorseen en la demanda en la que señala que los sujetos objeto de su acusación se valieron de sus influencias y conexiones políticas para la obtención de los contratos para los que no estaban calificados, los cuales les permitieron hacerse de la noche a la mañana de una gran fortuna.
Según Halvorseen, los empresarios venezolanos supuestamente estructuraron su riqueza a través de ventas con sobreprecio al estado venezolano y lograron hacerse de los referidos contratos mediante el pago de sobornos a funcionarios del gobierno responsables de las empresas estatales.
Otras demandas contra los acusados
En 2013, el exembajador Otto Reich acusó a tres de los empresarios demandados en esta nueva querella por Harvorssen, a saber, Alejandro Betancourt, Pedro Trebbau y Francisco D'Agostino, por haber pagado coimas a funcionarios venezolanos. A cambio, dice la demanda, obtuvieron al menos una decena de contratos en el sector eléctrico valorados en unos USD 1.000 millones. Luego de una larga batalla legal, en 2017, tanto un juez de primera instancia en el Distrito Sur de Manhattan, como la Corte del Segundo Circuito de Nueva York, desestimaron la demanda alegando que el tribunal carecía de jurisdicción para tomar el caso. Ver detalles aquí y en este otro enlace.
Esta nueva querella, cuenta un equipo de abogados expertos en la conocida Ley RICO. Fuentes de la corte neoyorquina informaron a esta reportera que el caso es asesorado por quien fuera el autor de la mencionada legislación y quien actuara como asesor del Comité de Operaciones Gubernamentales del Senado de los Estados Unidos, G. Robert Blakey.
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