La inusual y hasta ahora misteriosa demanda entablada en la corte del Distrito Sur de la Florida por el fideicomiso denominado Pdvsa US Litigation Trust contra 44 acusados —entre los cuales se encuentran grandes trasnacionales del petróleo como Glencore, Trafigura, Lukoil y Vitol Energy y otras 15 personas— se vislumbra con un complejo panorama que sugiere un largo proceso caracterizado por un sin número de obstáculos procedimentales, y una serie de argumentos contradictorios que hacen que la querella esté muy lejos de lograr los objetivos aspirados por el demandante [PDVSA] que es lograr una compensación por más de 10 mil millones de dólares.
La demanda civil del Fideicomiso (The U.S. PDVSA Litigation Trust) fue introducida el 5 de marzo de 2018 en la corte federal de Miami. Desde el inicio del caso, se plantearon dudas con relación a la legitimidad de la naturaleza del ente demandante y la posibilidad real de que el mandato mismo pueda significar reclamaciones en nombre de la estatal petrolera PDVSA.
Uno de los obstáculos planteados con la querella es la oposición de los acusados a las principales argumentos de la demanda. Los demandados ya han hecho saber que tiene previsto presentar mociones para desestimar las diversas causas de la acción interpuesta por Boies Schiller Flexner LLP y Meister Seelig & Fein LLP. La primera es una firma de abogados que tiene en su historial una amplia representación de casos ligados al Estado venezolano y, en particular, a la pareja presidencial, Nicolás Maduro y Cilia Flores.
Varios de los equipos de defensa cuestionan en el hecho de que la constitución del Fideicomiso presenta lagunas que no han sido aclaradas, por lo que alegan que la creación de PDVSA US Litigation Trust no pareciera poseer real legitimidad para realizar los reclamos a nombre de PDVSA. Este asunto ha sido explicado claramente por varios expertos del tema, entre quienes destacan los litigantes neoyorquinos, Richard J. Cooper y Boaz S. Morag, de la firma Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP. Ambos abogados han escrito varios artículos especializados sobre esta demanda, en los cuales han hecho hincapié en la poca claridad que hay en los estatutos de limitación aplicables en la creación del fideicomiso y, si dicha figura, podría obtener la cooperación de PDVSA necesaria para responder a solicitudes de descubrimiento de este caso.
Cooper y Morag explican en un artículo titulado Actualización sobre PDVSA US Litigation Trust v. Lukoil Pan Americas, et al., que el caso plantea preguntas sobre si la acción legal "tendrá implicaciones para los acreedores financieros de PDVSA e, incluso, para los acreedores de la República de Venezuela, que pueden reclamar el valor económico de la demanda del Fideicomiso o cualquier recuperación, sobre la teoría de que el Fideicomiso persigue los reclamos para el único beneficio de PDVSA".
La querella
La acusación describe un intrincado esquema supuestamente puesto en funcionamiento desde 2004 y que habría permitido a directivos de la estatal petrolera, así como a empresas dedicadas al comercio energético, obtener beneficios provenientes de la estafa a PDVSA por más de 14 años. La conspiración permitía a los acusados armar ofertas, pagar de menos en compras y cobrar de más por las ventas, lo que supuestamente habría resultado en pérdidas de miles de millones de dólares para PDVSA.
La trama se conoció en marzo del presente año 2018, cuando el fideicomiso PDVSA US Litigation Trust acudió al citado tribunal para denunciar la acción de dos consultores venezolanos —Francisco Morillo y Leonardo Baquero— quienes supuestamente sobornaron a directivos de Petróleos de Venezuela, S.A. en connivencia con corredores internacionales para, irregularmente, obtener beneficios provenientes de los contratos de venta y suministro de la estatal venezolana.
En una audiencia en Miami en el mes de abril, la magistrada federal, Alicia Otazo-Reyes, concedió la moción de los acusados de anular las numerosas citaciones de un fideicomiso relacionado con la petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela S.A. y, también, dijo que permitiría un descubrimiento limitado sobre la cuestión de si la compañía tiene derecho a reclamar.
El principal acusado del caso, Francisco Morillo, ha movido sus piezas afincándose en el argumento que el Fideicomiso tiene graves fallas. De hecho, el acusado presentó el 26 de marzo de 2018 a la corte una copia del "Contrato de Fideicomiso de Litigios de PDVSA en los EE. UU." del 27 de julio de 2017 el cual estaba parcialmente ejecutado. Frente a esta acción, los abogados de Bois presentaron una versión diferente del documento.
Según destacan estos papeles, la última interpretación es diferente a la original, incluyendo los actores firmantes del mismo. El documento presentado el 2 de abril de 2018 al tribunal, muestra que el Fideicomiso nombra un Fideicomisario designado por PDVSA (Nelson Martínez, Ministro del Poder Popular para el Petróleo para la época, como parte, y la firma del Procurador de la República Bolivariana de Venezuela, Reinaldo Muñoz Pedroza). Otra de las partes firmantes es Alexis Arellano Bolívar, Gerente General de Administración del Ministerio del Poder Popular de Petróleo. En el mandato también aparecen nombrados por los Abogados del Fideicomiso, Vincent Andrew de Private Capital Advisors, Inc. en la ciudad de Nueva York y Edward P. Swyer de The Swyer Companies en Albany, Nueva York. Llama la atención que en el acuerdo sometido como evidencia por Morillo, el apoderado de PDVSA era Miguel Bolívar, con el cargo de Gerente Corporativo de Tesorería de PDVSA. Ambos documentos fueron firmados en Nueva York el 27 de julio de 2017.
En el documento denominado Acuerdo del Fideicomiso dice que dicha figura fue creada "por PDVSA para el único beneficio, y en nombre de, PDVSA". Mediante el Contrato de Fideicomiso, PDVSA transfirió, asignó y entregó irrevocablemente todos sus derechos e intereses en los reclamos que surgen del presunto esquema de soborno a PDVSA US Litigation Trust.
Entre las evidencias aparece una carta de compromiso firmada por PDVSA, dos semanas antes de la creación del fideicomiso, para la constitución del mismo con un abogado estadounidense de los bufetes Boies Schiller Flexner LLP y Meister Seelig & Fein LLP para actuar como consejero de la confianza.
Uno de los obstáculos planteados con la querella es la oposición de los acusados a las principales argumentos de la demanda. Los demandados ya han hecho saber que tiene previsto presentar mociones para desestimar las diversas causas de la acción interpuesta por Boies Schiller Flexner LLP y Meister Seelig & Fein LLP. La primera es una firma de abogados que tiene en su historial una amplia representación de casos ligados al Estado venezolano y, en particular, a la pareja presidencial, Nicolás Maduro y Cilia Flores.
Varios de los equipos de defensa cuestionan en el hecho de que la constitución del Fideicomiso presenta lagunas que no han sido aclaradas, por lo que alegan que la creación de PDVSA US Litigation Trust no pareciera poseer real legitimidad para realizar los reclamos a nombre de PDVSA. Este asunto ha sido explicado claramente por varios expertos del tema, entre quienes destacan los litigantes neoyorquinos, Richard J. Cooper y Boaz S. Morag, de la firma Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP. Ambos abogados han escrito varios artículos especializados sobre esta demanda, en los cuales han hecho hincapié en la poca claridad que hay en los estatutos de limitación aplicables en la creación del fideicomiso y, si dicha figura, podría obtener la cooperación de PDVSA necesaria para responder a solicitudes de descubrimiento de este caso.
Cooper y Morag explican en un artículo titulado Actualización sobre PDVSA US Litigation Trust v. Lukoil Pan Americas, et al., que el caso plantea preguntas sobre si la acción legal "tendrá implicaciones para los acreedores financieros de PDVSA e, incluso, para los acreedores de la República de Venezuela, que pueden reclamar el valor económico de la demanda del Fideicomiso o cualquier recuperación, sobre la teoría de que el Fideicomiso persigue los reclamos para el único beneficio de PDVSA".
La querella
La acusación describe un intrincado esquema supuestamente puesto en funcionamiento desde 2004 y que habría permitido a directivos de la estatal petrolera, así como a empresas dedicadas al comercio energético, obtener beneficios provenientes de la estafa a PDVSA por más de 14 años. La conspiración permitía a los acusados armar ofertas, pagar de menos en compras y cobrar de más por las ventas, lo que supuestamente habría resultado en pérdidas de miles de millones de dólares para PDVSA.
La trama se conoció en marzo del presente año 2018, cuando el fideicomiso PDVSA US Litigation Trust acudió al citado tribunal para denunciar la acción de dos consultores venezolanos —Francisco Morillo y Leonardo Baquero— quienes supuestamente sobornaron a directivos de Petróleos de Venezuela, S.A. en connivencia con corredores internacionales para, irregularmente, obtener beneficios provenientes de los contratos de venta y suministro de la estatal venezolana.
En una audiencia en Miami en el mes de abril, la magistrada federal, Alicia Otazo-Reyes, concedió la moción de los acusados de anular las numerosas citaciones de un fideicomiso relacionado con la petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela S.A. y, también, dijo que permitiría un descubrimiento limitado sobre la cuestión de si la compañía tiene derecho a reclamar.
El principal acusado del caso, Francisco Morillo, ha movido sus piezas afincándose en el argumento que el Fideicomiso tiene graves fallas. De hecho, el acusado presentó el 26 de marzo de 2018 a la corte una copia del "Contrato de Fideicomiso de Litigios de PDVSA en los EE. UU." del 27 de julio de 2017 el cual estaba parcialmente ejecutado. Frente a esta acción, los abogados de Bois presentaron una versión diferente del documento.
Según destacan estos papeles, la última interpretación es diferente a la original, incluyendo los actores firmantes del mismo. El documento presentado el 2 de abril de 2018 al tribunal, muestra que el Fideicomiso nombra un Fideicomisario designado por PDVSA (Nelson Martínez, Ministro del Poder Popular para el Petróleo para la época, como parte, y la firma del Procurador de la República Bolivariana de Venezuela, Reinaldo Muñoz Pedroza). Otra de las partes firmantes es Alexis Arellano Bolívar, Gerente General de Administración del Ministerio del Poder Popular de Petróleo. En el mandato también aparecen nombrados por los Abogados del Fideicomiso, Vincent Andrew de Private Capital Advisors, Inc. en la ciudad de Nueva York y Edward P. Swyer de The Swyer Companies en Albany, Nueva York. Llama la atención que en el acuerdo sometido como evidencia por Morillo, el apoderado de PDVSA era Miguel Bolívar, con el cargo de Gerente Corporativo de Tesorería de PDVSA. Ambos documentos fueron firmados en Nueva York el 27 de julio de 2017.
En el documento denominado Acuerdo del Fideicomiso dice que dicha figura fue creada "por PDVSA para el único beneficio, y en nombre de, PDVSA". Mediante el Contrato de Fideicomiso, PDVSA transfirió, asignó y entregó irrevocablemente todos sus derechos e intereses en los reclamos que surgen del presunto esquema de soborno a PDVSA US Litigation Trust.
Entre las evidencias aparece una carta de compromiso firmada por PDVSA, dos semanas antes de la creación del fideicomiso, para la constitución del mismo con un abogado estadounidense de los bufetes Boies Schiller Flexner LLP y Meister Seelig & Fein LLP para actuar como consejero de la confianza.
La demanda
Los demandantes aspiran encausar civilmente a unas 40 personas, naturales y jurídicas, de supuestamente haber cometido delitos de corrupción en PDVSA y para ello han presentado un conjunto de evidencias que bien podrían también servir en otras investigaciones federales que tienen lugar en diversas fiscalías de los Estados Unidos contra la petrolera venezolana por delitos de corrupción y lavado de dinero provenientes de la industria criminal.
La demanda civil que fue presentada específicamente el 5 de marzo de 2018 —fue enmendada— está dirigida a la procura del resarcimiento de los daños supuestamente ocasionados por los demandados al patrimonio de PDVSA.
Por esta acción, PDVSA US Litigation Trust aspira obtener unos diez billones de dólares, así como otros dividendos extras en razón de las pérdidas sufridas durante catorce años, es decir, el tiempo en que la conspiración supuestamente estuvo vigente.
PDVSA US Litigation Trust es un fideicomiso creado en Nueva York con el objetivo de investigar a los acusados y el cual ha levantado muchas sospechas y dudas entre los venezolanos, dada la naturaleza del fondo de fideicomiso y su beneficiario, puesto que no hay claridad en torno a la identidad del querellante por la ambigüedad del recurso legal interpuesto. No se deja firmemente establecido que PDVSA sea el accionante.
Existen dudas acerca de quién será el beneficiario de la querella y para muchos venezolanos en el exilio resulta inaceptable que el despacho de abogados termine dándole entrada a millones de dólares a su caja registradora, pero el país, Venezuela —la esquilmada, robada y saboteada— no vea un solo centavo de esta demanda.
Ante estas dudas, el despacho de abogados, a través de Davis Boies, en una entrevista aseguró que PDVSA US Litigation Trust tiene “vida propia” y dejó establecido que fue Petróleos de Venezuela, S.A. la que constituyó el mandato.
Sostuvo el abogado que el beneficiario de los 10 billones de dólares a que aspiran, más el pago triple por daños, será PDVSA Casa Matriz en Caracas.
Agregó Boies que ningún acreedor de la petrolera podrá intentar cobrar sus deudas a través del fideicomiso dado a que “es una entidad legal que tiene la capacidad de mantener los fondos en su custodia”[2].
Intimidación y soborno
Sostienen los abogados en la demanda que los acusados supuestamente se valieron de mecanismos de intimidación y de sobornos para lograr el propósito de mantener la operación invisible durante los catorce años que tuvo de vigencia.
Refieren que fue necesario el concurso de abogados e investigadores en Estados Unidos, Venezuela y Europa para poner al descubierto la trama de corrupción.
El sello que mantenía oculta la demanda civil fue levantado por el juez federal del estado de la Florida, Darrin P. Gayles, lo que permitió conocer que la documentación que avala la averiguación revela que los acusados habrían establecido un esquema para fijar precios, licitar ofertas y eliminar la competencia. Todo ello a través del robo de información clasificada de PDVSA mediante la clonación de los servidores informáticos de la principal empresa venezolana.
La operación
Se conoció, que la operación fue ejecutada en tiempo directo, pues sus protagonistas tuvieron acceso al sistema informático de PDVSA luego de haber clonado el servidor del departamento Comercial y de Suministros de la estatal.
Los demandados, Francisco Morillo y Leonardo Baquero, habrían instalado en sus oficinas en Miami el servidor clonado, lo cual les permitió obtener información en caliente sobre las otras empresas que participaban en las licitaciones y sus ofertas.
Incluso —reza la demanda— intervenían haciéndose pasar por Petróleos de Venezuela a través de un correo electrónico, a saber, pdva.com —obsérvese que le falta la letra “s”— con lo cual alteraban las ofertas y la negociación en su favor.
El fideicomiso demandante señala en su acusación ante la Corte de Distrito del Sur de Florida que Francisco Morillo y Leonardo Baquero supuestamente sobornaron a directivos de PDVSA y actuaron en contra de los intereses de la estatal en conjunción con corredores mundiales, tales como Glencore, Vitol y Trafigura, al igual que empresas del ramo energético como Lukoil y Colonial Oil Industries.
Morillo y Baquero constituyeron en Venezuela en mayo de 2001 la empresa Waltrop Consultant, la cual tiene como objetivo la prestación de servicio de inteligencia al mercado de energía, especialmente a PDVSA.
Posteriormente, el 2004, los demandados establecieron en Panamá la empresa consultora Helsinge Inc. a través de la cual se relacionaron comercialmente con Petróleos de Venezuela, S.A. Esta compañía tenía sucursales en Miami, Ginebra y en la isla británica de Jersey.
De acuerdo a lo dice la demanda, Helsinge Inc. Supuestamente permitió que algunos de los principales clientes y proveedores de Petróleos de Venezuela conocieran de primera mano información privilegiada sobre las licitaciones de la estatal venezolana sobre la venta de sus exportaciones de petróleo y acerca de la compra productos utilizados en la refinación de hidrocarburos.
Motivos de la demanda
La motivación de la demanda no parece estar lo suficientemente clara en razón, supuestamente, a que intereses distintos a la obtención de justicia pudieran estar empujando esta acción legal.
Se ha elucubrado que Wilmer Ruperti, empresario chavista que no contaba con la simpatía de Rafael Ramírez, pudiera estar intentando materializar una venganza.
Ruperti y Morillo mantuvieron una larga relación hace más de veinte años, el segundo fue un alto ejecutivo de Trafigure de Venezuela de la cual el primero era representante en esa época. Obtenía información privilegiada de PDVSA y desde esa posición logró importantes contratos en el área petrolera y energética, por los cuales obtenía generosos bonos y porcentajes de las ganancias.
Sin embargo, estos beneficios no resultaron suficientes para Morillo, quien decidió montar tienda aparte e, incluso, poner fin a la amistad que lo unía con Ruperti.
Morillo asumió el negocio para su propio beneficio y Ruperti perdió ascendencia en Petróleos de Venezuela, S.A. dada su mala relación con Rafael Ramírez, lo contrario a Morillo, quien logró acercarse otrora zar petrolero a través del cuñado de este, Baldo Sansó.
Pero cuando la mala racha tocó la puerta de Rafael Ramírez en 2017, Wilmer Ruperti habría entrado en acción y volvió a obtener contratos con PDVSA.
Francisco Morillo —establece la demanda— diseñó un supuesto esquema de corrupción en el que habrían participado varias trasnacionales que actuaron para ganar grandes dividendos en prejuicio de PDVSA, la cual debió afrontar pérdidas mil millonarias.
Así que no pocos estiman que la mano de Wilmer Ruperti se encuentra metida en este asunto y sería el motor de la demanda civil del fideicomiso de Petróleos de Venezuela, S.A. en contra de 40 demandados.
Para asegurar que se trata de una venganza de Ruperti contra Morrillo, los que así lo sostienen alegan que ambos supuestamente mantienen una verdadera guerra desde que rompieron relaciones; la existencia de una supuesta relación entre exesposa de Morillo, Vanessa Acosta Friedman con Ruperti; el nexo entre Ruperti y la firma de abogados Boies Schiller Flexner LLP; y la estrecha relación de Ruperti con Cilia Flores y Nicolás Maduro, que lo llevó a pagar los gastos de representación legal de los sobrinos de la pareja presidencial en el juicio en el que resultaron culpables por delitos de narcotráfico.
Sobre Vanessa Acosta Friedman hay que apuntar que la participación de esta fue fundamental en la demanda, pues ella aportó importantes elementos que revelan la trama y la naturaleza de los negocios de Francisco Morillo de quien obtuvo copia de los archivos contenidos en su computadora y los aportó a los autores de la demanda.
El informático clonador
Detrás de estos hechos estaría un personaje supuestamente responsable, de acuerdo a lo que establece la demanda, de ser el brazo ejecutor de la clonación.
Su nombre es Luis Liendo, quien se desempeñó durante dos décadas en Petróleos de Venezuela, S.A. hasta mayo del año 2015. Allí llegó a ser Administrador de Plataforma y de acuerdo al texto de la acusación presentada por el fideicomiso PDVSA Litigation Trust, fue quien llevó a cabo la clonación del servidor de la unidad de Comercio y Suministro de la empresa.
En la actualidad reside en la comunidad de MetroWest de Orlando, en el estado de Florida, donde se desempeña en la prestación de servicios de soporte en sistemas y como conductor de empresas de delivery y correo.
Luis Liendo, de 41 años, habría instalado un clon del servidor que permitiera el acceso en tiempo real a la información confidencial de la estatal petrolera[3].
En su página web, Liendo asegura que después de laborar por 18 años en PDVSA, se vio forzado a escapar de Venezuela debido a presiones por no estar de acuerdo con las políticas oficialistas. Refiere que decidió mudarse a Miami en razón de haber sido tildado de traidor por el chavismo y temía por su seguridad personal y la de su familia[4].
Sin embargo, los abogados de Boies Schiller Flexner LLP sostienen que Morillo y Baquero contrataron a Luis Liendo y lo trasladaron a Miami para que llevara a cabo la clonación del servidor de PDVSA en unas computadoras propiedad de los demandados.
Otras acciones
Aparte de la demanda de la que hemos dado cuenta en estas líneas, Petróleos de Venezuela, S.A. también presentó una acción judicial contra los ejecutivos de Helsinge Limited, Saint-Hélier cuya sede es Ginebra.
La demanda es por los mismos delitos supuestamente cometidos por los acusados, es decir, legitimación de capitales, soborno a funcionarios públicos extranjeros y los delitos de resta de datos.
La presentación legal de la estatal petrolera en la nación helvética está en manos del bufete suizo Canónica Valticos de Preux (CVP), el cual habría presentado la querella ante el tribunal el 13 de febrero de 2018.
Por esta acusación, las autoridades han emprendido el registro de las oficinas de la empresa el día 2 de marzo, así como el arresto de dos empleados, uno de ellos que trabaja desde Caracas y había viajado a Suiza para una reunión de trabajo, fue liberado luego de dos días de interrogatorios.
El otro empleado es un consultor, quien permaneció por once días tras las rejas en Champ-Dollon.
Ambos manifestaron su deseo de colaborar en la investigación.
Por cierto, fuentes ligadas a las averiguaciones del caso, informaron que supuestamente también Francisco Morillo y Leonardo Baquero han decidido colaborar con las autoridades[5].
Rechazo de la Asamblea Nacional
Ante estos hechos la Asamblea Nacional se pronunció y advirtió que el Poder Legislativo es el único con potestad para darle el visto bueno a los contratos de cesión de derechos en un litigio y no el Estado.
En tal sentido, la AN aprobó un Proyecto de Acuerdo sobre la cesión de derechos de litigio de Petróleos de Venezuela, S.A. en los Estados Unidos.
Con la decisión adoptada por el gobierno se contraviene lo establecido en la Constitución de la República en el artículo 18, numeral 9 que faculta a la Asamblea Nacional para “autorizar al Ejecutivo Nacional para celebrar contratos de interés nacional, en los casos establecidos en la ley. Autorizar los contratos de interés público municipal, estadal o nacional con Estados o entidades oficiales extranjeros o con sociedades no domiciliadas en Venezuela”.
El Poder Legislativo Nacional acordó “Solicitar a la Subcomisión especial para investigar el Fideicomiso PDVSA US Trust que investigue si la constitución del ‘PDVSA US Litigation Trust’ se efectuó con la participación efectiva de la Sociedad Anónima Petróleos de Venezuela; así mismo se investigue los términos legales del fideicomiso.
“Investigar el Fideicomiso US PDVSA Trust que, en caso que el ‘PDVSA US Litigation Trust’ haya sido constituido por la Sociedad Anónima Petróleos de Venezuela, se verifique capacidad legal de PDVSA para celebrar este tipo de negocio jurídico, principalmente los términos legales en los que ocurrió.
“Alertar sobre los riesgos que corre el dinero de la República y de todos los venezolanos en el caso de que la Sociedad Anónima Petróleos de Venezuela se haya excedido en sus facultades al ceder derechos de litigio sobre bienes patrimonio de la República que pudiera materializarse con la imposibilidad de recuperación o regreso de esos recursos al erario público.
“Solicitar ante los órganos competentes que se realicen las investigaciones correspondientes a los fines de verificar el delito de conspiración denunciado con el establecimiento de las responsabilidades que hubieren a lugar”[7].
Unos sí y otros no
Por otra parte, resulta sumamente curioso el hecho de que la demanda entablada por el fideicomiso PDVSA US Litigation Trust se establezca contra las transnacionales petroleras —Glencore, Trafigura, Lukoil y Vitol Energy— así como a quince personas encabezados por Francisco Morillo y Leonardo Baquero, seguidos de otros directivos de las petroleras, pero no acuse a los funcionarios que habrían recibido los sobornos y que habrían permitido realizar las operaciones fraudulentas.
La demanda presentada por el fideicomiso PDVSA US Litigation Trust a través de la firma Boies Schiller Flexner LLP está dirigida a:
Del Grupo Morillo incluye a Francisco Morillo, Leonardo Baquero, Daniel Lutz, Luis Liendo, John Ryan.
Mientras que las empresas demandadas son: Lukoil Pan American LLC, Lukoil Petroleum LTD, Colonial Oil Industries, Colonial Group INC, Glencore LTD, Glencore International A.G, Glencore Energy U.K, Masefiel A.G, Trafigura A.G, Trafigura Trading LLC, Trafigura Beheer B.V, Vitol Energy (Bermuda), Vitol S.A, Vitol INC.
Entretanto, los ejecutivos de las empresas acusados son: Andrew Summers, Maximiliano Poveda, José La Rocca (Trafigura Trading), Luis Álvarez, Gustavo Gabaldón, Sergio de la Vega (Glencore), Antonio Maarraoui (Vitol), Paul Rosado (Colonial Group), María Fernanda Rodríguez, Campo Elias Páez[7].
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