Dentro de un amplio expediente en nuestro poder encontramos dos denuncia consignada ante la Asamblea Nacional Constituyente designada irregularmente en Venezuela y ante la Embajada de los Estados Unidos en Caracas, relativas a irregularidades cometidas con el Petro, la criptomoneda diseñada por el gobierno de Nicolás Maduro, así como por lavado de dinero.En fecha no determinada, pero que suponemos cercana al evento próximo a reseñar, el abogado Marcos Alberto Ascanio Salinas de afiliación chavista consignó ante el presidente de la ANC, Diosdado Cabello Rondón, y con atención a María Alejandra Díaz, una acusación acompañada de la solicitud de que se investigue penal, civil y administrativamente a la que considera como una presunta organización criminal que ha causado, según él, efectos devastadores al país, “generados por la comisión de los múltiples hechos punibles (…) cuyo propósito fundamental no fue otro que a nuestro criterio enriquecerse y Traicionar a la Patria”.Considera que las personas a quienes señala son responsables de dirigir y actuar en contra de los intereses de Venezuela con el amparo de algunos funcionarios públicos.
Específicamente señala a los ciudadanos Gabriel Simón Jiménez Marrón, titular de la C.I. V-19.562.628 —para mayores señas, el artífice del Petro— y aCarlos Eduardo Vargas Urbina, con C.I. V-15.221.017, por la presunta comisión de los delitos de instigación pública; zozobra en la colectividad; instigación a delinquir; asociación para delinquir; conspiración; traición a la patria; atentado contra el espacio geográfico; contratación ilícita por funcionario público; expedición ilegal, forjamiento y/o alteración de certificaciones que perjudican el patrimonio del estado; obtención se lucro ilegal en acto de la administración pública; tráfico de influencias; y uso indebido de información reservada.
Junto a ellos, también señala a José Millán Borrome, con C.I. V-15.678.807; a Carolina Bouzas, C.I. V-15.664.418; a Rafael Cordero, C.I. V-18.003.445; a Johnnathan Gorsira, C.I. V-11.680.228; y a Tobías Carrero.
Entre los argumentos esgrimidos por Marcos Ascanio está el haber instrumentado acciones con el objetivo de infiltrar el Petro, así como casas de cambio, la data de mineros del país, al igual que el cien por ciento de las operaciones que se realizan con la criptomoneda venezolana y los cripto activos han sido infiltradas.
Entretanto, el 6 de agosto de 2018, ante la representación diplomática estadounidense, en la persona del encargado de negocios, James Story, Ascanio Salinas denunció a familiares del exministro de para el Comercio Exterior e Inversión Extranjera y actual presidente del Banco BicentenarioMiguel Pérez Abad, a saber, Juan Carlos y Teodoro Santiago Pérez Abad, titulares de las cédulas de identidad V-8338794 y V-8327536, respectivamente, representantes legales de empresas en Venezuela las cuales han sido beneficiarias de un conjunto de contratos de adjudicación tanto de procura como de obras, en bolívares y en dólares por parte de Petróleos de Venezuela S.A., PDVSA.
La denuncia dice que estas personas “se han constituido para presuntamente aprovecharse fraudulentamente de la adjudicación y liquidación de divisas preferenciales, sin haber cumplido con el correcto uso de las mismas para lo que fueron solicitadas, por lo cual se presume están incursos en delitos de ilícitos cambiarios, fraude fiscal, obtención fraudulenta de divisas, asociación para delinquir, legitimación de capitales, entre otros. Este grupo de personas lograron estafar a la Nación y por supuesto a los venezolanos”. Un conjunto de personas y empresas actuarían con colusión con los Pérez Abad.
Los detalles de la denuncia a la ANC
En su escrito ante la ANC, Ascanio Salinas hace referencia a una serie de hechos que, a su parecer, constituirían delitos de extrema gravedad, los cuales desde el año 2014 serían de conocimiento público, pues se han dado a conocer a través de los medios de comunicación nacionales e internacionales, mediante informaciones vinculadas a asuntos internos de la política venezolana. En este sentido, cita en el informe un conjunto de notas periodísticas, siendo la primera que menciona la relacionada a la actuación de Gabriel Simón Jiménez Marrón como coordinador de una caravana contra Nicolás Maduro en Estados Unidos. Se trataba de "Trip For Freedom Venezuela" que en español se traduce como Recorrido por la Libertad y en la que participó la senadora republicana, Ileana Ros-LehtinenRos-Lehtinen. El evento agrupó a miles de exiliados venezolanos quienes viajaron en autobús a Washington para presionar al gobierno de Barack Obama para que sancionara al de Maduro[1].
Ascanio Salinas precisa que en las fotografías de las reseñas de prensa del evento aparece claramente Gabriel Simón Jiménez Marrón ante un podio junto a Ros-Lehtinen en el Congreso de los Estados Unidos cuando se dirigía a los presentes con una bandera estadounidense y fotografías de estudiantes venezolanos presuntamente torturados por las fuerzas de seguridad[2].
El abogado simpatizante del oficialismo insta a la ANC en el informe presentado, a que se inicien sin dilaciones las averiguaciones “por la presunta configuración de delitos de ‘Acción Publica’ de extrema gravedad, que guardan relación con acciones, eventos, situaciones que atentan contra el orden económico de la Nación, la Seguridad Nacional, la Soberanía, el orden político y Social, tales como las guarimbas, las órdenes ejecutivas emitidas por el Gobierno de los Estados Unidos, el cerco y bloqueo económico contra la Republica, por lo que se requiere la investigación por parte de esta Asamblea Nacional Constituyente esto de acuerdo a lo indicado por el Presidente de la ANC Diosdado Cabello Rondón en la Sesión del día 05/07/2018, donde se aprobó la designación de una comisión especial de la ANC presidida por la Dra. María Alejandra Díaz para investigar a los ciudadanos que hayan solicitado una intervención o invasión militar respaldando los planes del gobierno de Estados Unidos (EEUU) contra Venezuela. La comisión constituyente se encargará de documentar declaraciones de prensa, reuniones y actividades en las que ‘personas que dicen ser venezolanos’ sean partícipes para establecer las responsabilidades respectivas y remitir al Sistema de Justicia para las medidas y acciones respectivas a las que hubiese lugar”.
El abogado hace un análisis jurídico que, desde su punto de vista, justifica los delitos que pide se le imputen a los por él acusados ante la ANC, subrayando el agravante que significa que dichos delitos se cometieron de manera pública a través de medios de comunicación con lo que se atentó contra la soberanía, la autodeterminación, la seguridad nacional y la república.
Entonces cita un conjunto de reseñas de prensa que dan cuenta de las acciones estimadas por él como sustento de sus afirmaciones. Notas de prensa aparecidas en diversos medios de comunicación en los que venezolanos residentes en los Estados Unidos solicitan al gobierno de esa nación sanciones contra la administración de Nicolás Maduro[3].
"Trip For Freedom Venezuela" agrupó venezolanos residentes en el país norteamericano que se dirigieron a Washington el 9 de mayo al Congreso de los Estados Unidos en apoyo al proyecto de Ley impulsado por lleana Ros-Lehtinen y los senadores Marco Rubio y Bob Menéndez. Gabriel Jiménez Marrón era uno de los coordinadores de esta actividad[4].
A criterio del abogado y así lo establece en el escrito, “cualquier alianza, iniciativa o propuesta de algún venezolano de atentar contra la forma republicana, así ésta no se concretara, puede y debe ser castigada como traición a la patria. Solo refiriéndonos a las acciones o intentos, es decir, en el solo hecho de conspirar existe el delito. Aunque confabular no cuente con un acto concreto, la intentona, el hecho de la iniciativa se sanciona como delito".
Advierte que si bien los venezolanos pueden recurrir a instancias nacionales e internacionales para formular sus peticiones, denunciar o solicitar informes, "lo que no está permitido es complotarse con organismos externos para conspirar en contra de la Nación".
Echa mano de la Constitución, los principios de soberanía y la Resolución 2131 (XX) de la Asamblea General de Naciones Unidas emitida en 1965, que declara la inadmisibilidad de la intervención en los asuntos internos de los estados y protección de su independencia”.
Marcos Ascanio sostiene que las acciones de Gabriel Jiménez en el Congreso de EE. UU. constituyen la materialización de un hecho punible que se ha cometido de manera pública, notoria y comunicacional.
El abogado chavista reconoce la crisis venezolana, pero achaca la escasez de alimentos, medicinas insumos, etc., no a las erradas políticas del gobierno de Nicolás Maduro, sino a la aplicación de las sanciones a determinados funcionarios por parte de la administración estadounidense y a un supuesto bloqueo implementado por ese gobierno en contra de Venezuela.
Estas son las palabras de Ascanio Salinas en este sentido: “Hoy los venezolanos somos víctimas de una hambruna víctimas de la escasez de medicinas del deterioro de los servicios públicos de la carencia de repuestos no solamente repuestos para el sector automotriz para los equipos médicos sino también para equipos y componentes militares que son esenciales para la defensa de la soberanía pero además de eso, los venezolanos estamos pasando por una hambruna porque hay un bloqueo económico por parte de sectores del imperialismo sectores que atendieron el llamado de Gabriel Simón Jiménez Marrón, para que nos bloquearan, luego de que cometió esa instigación al odio sin medir las consecuencias porque en una intervención militar las balas y las bombas del imperio no diferencian entre un niño de la MUD o un niño chavista, pero este señor después de pedir que nos bloquearan, después que crearon estas condiciones pidiendo la intervención se presentaron en el país con soluciones”.
Social US, la empresa de Jiménez
Continúa Marcos Ascanio sus alegatos en contra de sus acusados ante la ANC y refiere que Gabriel Jiménez —luego de sus acciones en los EE. UU.— se presentó en Venezuela ofreciendo una supuesta fórmula para evadir el bloqueo imperial.
Se trata de una propuesta con la tecnología Blockchaing —eliminación de la intermediación bancaria— y, entonces, a través de la Superintendencia de los Criptoactivos de Venezuela en manos de Carlos Vargas, obtiene un contrato que le otorga el monopolio de los Exchange —casas de cambio— y, además, la exclusividad de manejar las operaciones del Petro y ganar una comisión por cada transacción que se efectúe con la criptomoneda. Tal contrato lo logró a través de The Social US LLC, una empresa de su propiedad registrada en el estado de la Florida el 25 de mayo de 2016, bajo el número L16000102779, son sede en el 800 N Ashley Dr., Tampa, FL 33602 UN. El agente registrador y su titular es Gabriel Jiménez, cuya dirección es la misma ofrecida como domicilio de la compañía[5].
Agrega Ascanio que todo se trató de un plan orquestado consistente, primero, en crear las condiciones de caos a través de la solicitud de sanciones y bloqueo al gobierno de los Estados Unidos, para luego presentarse con la solución al problema que ellos mismos crearon. La clara intención no es otra, dice el abogado, que obtener el control de las finanzas venezolanas.
Igualmente reseña una información del portal Contrapunto para certificar ante la ANC sobre el padre de que Gabriel Jiménez, a saber, Gabriel Jiménez Aray, quien junto a José Luis Santoro operaron una red de lavado de dinero y tráfico de drogas ligada a carteles colombianos y a la mafia siciliana en Canadá[6]. De este hombre el portal de tendencia chavista La Iguana citado por Marcos Ascanio en su informe a la ANC, refiere que es Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, especializado en negocios y tributación financiera nacional e internacional. Tiene estudios en Estados Unidos en la University of Central Florida, University of Denver. También cursó la carrera de Banca y Finanzas en London Metropolitan University. Fue asistente y secretario del Cuarto Juzgado Mercantil y Co Juez de la Tercera Corte Municipal, Director Adjunto de Colección y Director Judicial en el Banco Hipotecario de Occidente. Ejerció el derecho privado y fue asesor jurídico de organismos públicos y privados. En EE. UU. se desempeñó como vicepresidente de Soluciones de Información Aplicada, Inc, entre otros[7].
Dado este doble juego de posiciones de Gabriel Jiménez, primero como supuesto combatiente contra el régimen de Nicolás Maduro y luego el artífice de la criptomoneda promocionada por el gobernante venezolano, llevó a su antigua jefa, la senadora Ileana Ros-Lehtinen, a decir que también debería ser objeto de sanciones. “Gabriel llegó a nuestra oficina y dijo que quería aprender cómo respaldar la libertad y la democracia", dijo Ros-Lehtinen en un comunicado. "En lugar de ello, parece que está utilizando las libertades que Estados Unidos le proporcionó para ayudar en los intentos del régimen de Maduro de consolidarse en el poder y destruir las instituciones democráticas de Venezuela. Los que trabajan para apoyar al régimen de Maduro y proporcionarle un salvavidas financiero han elegido el bando al que pertenecen y deberían esperar enfrentar todas las consecuencias de darle la espalda a su pueblo"[8].
Esta trama llevó a Marcos Ascanio a afirmar que estamos frente a un caso de delincuencia organizada y sostiene que Gabriel Simón Jiménez Marrón ejecutó su plan en dos etapas, la primera durante el año 2014 en los Estados Unidos donde trabajó junto a la Congresista Republicana Ileana Ros-Lehtinen, cuando organiza la caravana por la libertad de Venezuela "The Freddom Venezuela", en coordinación con grupos de venezolanos de Miami con el fin de presionar para la aprobación de las sanciones, bloqueos “y hasta la intervención de Venezuela bajo la supuesta premisa de ayuda y defensa de los Derechos Humanos”.
La segunda etapa se llevó a cabo a mediados del año 2016 cuando Gabriel Jiménez se va a Venezuela luego de registrar en Florida la empresa The Social Us LLC y establece una oficina que diseña la emisión de la primera criptomoneda venezolana a través de una empresa llamada INVOT. En 2017, en alianza con el constituyente Carlos Eduardo Vargas Urbina, elabora la estrategia de implementación del Petro y de todo el andamiaje tecnológico para su emisión, al igual que estructura la “Superintendencia De Criptomonedas y Actividades Conexas Venezolana, donde su empresa The Social US es beneficiada con un contrato donde se le otorgan las competencias de desarrollo, implementación, tecnología, software, marketing, comercialización, implementación de las casas de cambio, control sobre las transacciones, del Petro y los cripto activos. Esto a cambio del cobro de comisiones por todas las transacciones y usos del Petro y las criptomonedas, de igual forma los contratos de intención (L01), deben ser remitidos por la empresa Social US a la superintendencia”.
“Es evidente que el plan orquestado por el ciudadano Gabriel Simón Jiménez Marrón, su familia (abuelo y padre), y un grupo de seguidores en EEUU creo las condiciones de predisposición para el llamado bloqueo imperial lo que ha traído como consecuencia la grave situación económica y social que vivimos actualmente los venezolanos. Posteriormente se presenta en el país ante las autoridades gubernamentales con la solución para evitar el bloqueo y para que el Estado Venezolano pueda tener autonomía financiera, equilibrio macroeconómico a través de un sistema y esquema basado en el Petro y los cripto activos, y así poder hacer transacciones financieras para compras y pagos internacionales y no ser objeto de bloqueos y confiscación por parte de EEUU”, refiere Ascanio en la denuncia presentada ante la ANC.
Afirma que en este caso se está en presencia de “una estructura de alto nivel del crimen organizado transnacional, para la legitimación de capitales y activos integrada por los antes mencionados y su lacayo Carlos Eduardo Vargas Urbina hoy en representación de la derecha en la Asamblea Nacional Constituyente”.
Según el abogado, esta organización criminal la conforman Gabriel Jiménez, Carlos Vargas y participan en ella Simón José Jiménez Salas, involucrado en la estafa del Banco Peravia en república Dominicana, asesor de la superintendencia; y Gabriel Jiménez Aray, quien posee alerta roja de INTERPOL por la estafa al Banco Peravia en república Dominicana.
Igualmente, Carolina Bouzas, asistente personal del Superintendente Carlos Vargas, quien tiene contrato de confidencialidad con Carlos Vargas, también con el propio Gabriel Jiménez Marrón con quien mantiene una relación sentimental. Habría filtrado la data del Registro de Mineros y las Exchange y gestión de la SUPCACVEN, en asociación con los nombrados anteriormente.
La denuncia ante la embajada de EE. UU.
Entretanto, la denuncia presentada por Marcos Ascanio Salinas ante el encargado de negocios de los Estados Unidos en Venezuela, James Story, en la que señala a los familiares de Miguel Pérez Abad, beneficiarios de contratos de PDVSA fraudulentamente, según sostiene el abogado, podrían estar contraviniendo las órdenes ejecutivas de la Sec. 5. (a) que prohíbe cualquier transacción que “evada o evite, o que tenga el propósito de evadir o evitar, provocar una violación de, o trate de violar alguna de las prohibiciones establecidas en este decreto”. La (B), que prohíbe cualquier conspiración formada para violar cualquiera de las prohibiciones establecidas en este decreto.Asimismo, cree Ascanio Salinas que los Pérez Abad estarían violando la Ley Patriota de los Estados Unidos al estar usando el sistema financiero para el lavado de dinero proveniente de las contrataciones petroleras señaladas como fraudulentas.
Refiere también que Manoly Giunonna Ramíres Navarro y Nelson Rafael Bustamente Abidar, estarían conectados e interrelacionados con los Pérez Abad, quienes a su vez son accionistas de las siguientes empresas con sede en los Estados Unidos: JMC International Solutions LLC, Big Bus Constructions LLC, TPY USA LLC, Aventuras OPH LLC, Boynton OPH LLC, Delray OPH LLC, FT. Laurderdale OPH LLC, Jensen OPH LLC, OPH Global LLC, PH Gardens OPH LLC, Royal Palm OPH LLC, Artesanos LLC, Doral OPH LLC, Eluh Management Solutions LLC, Metagames Interactive Entertainment and Marketing Solutions INC, Metagames Interactive Marketing Solutions LLC, Plantation OPH LLC, SWR OPH LLC, TPS Outsourcing and Services Coral Springs LLC, TPS Outsourcing and Services LLC.
En Panamá operarían a través de las empresas Metals Businnes Corporation INC, International Harvester Tractors INC y Strong Investment House INC.
Manoly Giunonna Ramíres Navarro y Nelson Rafael Bustamente Abidar aparecen como empleados de Empire Oriente C.A., JMCMOTO C.A., JJPérez Alemán y CIA, C.A. y Mayor La Algaida C.A. con sede en Venezuela, representadas por los Pérez Abad.
Ascanio Salinas indica además que los Pérez Abad estarían incursos en la violación de la ley de prácticas corruptas en el extranjero (Fcpa por su sigla en inglés). Estarían incurriendo los Pérez Abad en el delito de legitimación de capitales provenientes de la corrupción.
El abogado ha instado a la Fiscalía General de la República en Venezuela a investigar cuántas divisas se han otorgado al clan Pérez Abad.
En Estados Unidos, Ascanio Salinas quiere que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y todos los organismos internacionales que estén relacionados con la legitimación de capitales abran una averiguación a estas personas con el objetivo de determinar el origen de los dólares invertidos en las empresas que poseen en EE. UU.
