Explosivas revelaciones se esperan durante la cuarta semana del juicio del 'Chapo' Guzmán

El segundo día del  testimonio del ex narcotraficante colombiano, Juan Carlos Ramírez Abadía, alias "Chupeta", previsto para el lunes 3 de diciembre, ha generado grandes expectativas entre los que realizan la cobertura del juicio de Joaquín Guzmán Loera que tiene lugar en la Corte del Distrito Este de Nueva York. En su primera aparición ante el jurado fue sorprende. El jurado quedó atónito ante la presencia del hombre que se cambió por completo los rasgos de su cara para no ser advertido por las autoridades de Brasil y Colombia, y quien usó pasaportes falsos con diversas identidades y cédulas de identidad venezolanas (documentos emitidos por el gobierno de Hugo Chávez) para iniciar una "nueva vida" en Sao Paolo desde donde manejó su imperio de drogas y de violencia.  

 "Chupeta" llegó el jueves 29 de noviembre al tribunal ataviado de una gruesa chaqueta de invierno negra, guantes de lana y unos jeans. De verbo directo, y sin tapizas de ninguna naturaleza, el hombre de 55 años dijo ante el jurado que reconocía a Guzmán, a quien identificó frente al jurado, y admitió que trabajó en asociación con el Chapo por unos 18 años, y que el acusado le había prestado uno de los servicios más rápidos para el traslado de la droga desde México a Estados Unidos de una manera rápida y segura, lo que lo diferencio de los otros traficantes mexicanos.

Cuando el juez de la causa, Brian Cogan anunció al testigo de la fiscalía, Ramírez Abadía dijo que tenía ciertos problemas médicos y que necesitaban hacer unos arreglos en la sala para lo cual sacó al jurado unos cinco minutos. Cuando  "Chupeta" entró se escuchó un silencio sepulcral y se notó un cierto espanto en las caras de los presentes. Guzmán se quedó mirándolo acucioso y sin que probablemente pudiera reconocer su aspecto, puesto que el narco colombiano se hizo cirugías en el rostro que cambiaron por completo su apariencia y no sólo eso. Las fotos que se dieron a conocer tras su captura el 9 de agosto de 2007, no tienen similitud con el rostro mostrado en noviembre de  2018, que refleja un cambio radical en las facciones, en los pómulos y en los ojos del sentenciado y otrora poderoso capo de la droga.

Ramírez Abadía dijo que su Cartel del Valle del Norte traficó unos 400,000 kilos de cocaína hacia los Estados Unidos durante sus dos décadas con la organización. Y aseguró que el cartel mexicano que lideraba Guzmán fue el que más contrabandeó su cocaína a  Estados Unidos.

En las primeras dos horas y media de testimonio Ramírez Abadía contó los pormenores de los negocios de droga hechos desde 1988 hasta su captura en 2007. Una larga historia de criminalidad que sacó a flote la estrategia usada por los carteles para escabullirse de las autoridades antinarcóticos y lograr con éxito mover miles de toneladas de cocaína desde Colombia a México y desde allí a Estados Unidos a través de la extensa frontera entre los dos países. También reveló los procesos de producción, los secretos para lograr una cocaína de óptima calidad que se distinguiera entre los adictos al producto en Los Angeles, Nueva York, Chicago, Miami y otras urbes cuyos habitantes se deleitan por el consumo de la variedad de productos alucinógenos que con tanto profesionalismo producen las organizaciones criminales suramericanas y mexicanas.

Antes del testimonio de  "Chupeta" habían estado en el estrado dos oficiales de la marina norteamericana y el agente de la DEA, Scott Schoonover quienes había participaron (en diversos roles) en varias incautaciones de cocaína ocurrida en embarcaciones en el océano pacifico.

Uno de los momentos claves de la audiencia fue cuando Schoonover sacó una bolsa pesada contenida de kilos de cocaína que sonó cuando golpeaba la mesa de la fiscalía. La droga formaba parte de una operación de incautación de las autoridades de Estados Unidos.

El crimen y la corrupción en el cartel de Ramírez, como el de Guzman, también involucraron el asesinato. Ramírez admitió haber ordenado el asesinato de unas 150 personas, incluidos los estadounidenses, y dijo que él personalmente disparó y mató a alguien.

Ramírez está detenido en los Estados Unidos por cargos de narcotráfico. Como parte de su acuerdo de extradición con Brasil, donde fue capturado por primera vez, no deberá cumplir más de 30 años de prisión. Sólo podrá librarse de 5 años si los fiscales quedan satisfechos luego de su testificación.

Este lunes Ramírez Abadía seguirá con sus revelaciones y se espera que las mismas incluyan el reconocimiento de la cocaína que el agente Schoonover puso a ante los ojos del jurado, la cual tiene la marca Xtra, que en un principio no fue nombrada por el testigo, aunque este dijo que eran tantas las marcas que le ponía a su cocaína para evitar que el cartel Del Valle del Norte fuera identificado en caso de incautaciones, que no se podría acordar de todas.

Crystallex pide al tribunal de E.E. U.U. ordenar venta de acciones de Citgo "lo más rápido posible y al mejor postor "

Crystallex International Corp solicitó al juez federal Leonard P. Starkordenar la venda de las acciones de Citgo "lo más rápido posible y al mejor postor", esto en respuesta a la decisión de la corte de Delaware, fechada el 23 de agosto de 2018, donde se ordena a las partes presentar cualquier aporte adicional sobre la venta accionaria de PDV Holding, Inc. dePetróleos de Venezuela dentro de los siete días previsto para que el servicio de los aguaciles de los EE. UU. ejecuten el dictamen que le permitirá a la empresa canadiense cobrar la deuda que mantiene la República Bolivariana de Venezuela por la expropiación de las minas  de oro Las Cristinas durante el gobierno de Hugo Chávez.

Crystallex recibió un fallo a su favor emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial en abril de 2016. Analistas han calculado que el interés acumulado podría haber incrementado la deuda total a alrededor de USA 1.600 millones.

El juez Stark emitió la orden que permitiría al fondo de cobertura Tenor Capital Management (actual propietario de Crystallex), subastar las acciones de Citgo. 

Cuando se conoció la decisión, PDVSA dijo que apelaría la decisión ante el tribunal.

En la comunicación de los abogados de Crystallex, fechada el 31 de agosto de 2018, dice los aguaciles entregaron la orden de ventas de las acciones de la corte al agente de PDV Holding, Inc el  24 de agosto de 2018.

Crystallex solicitó que el Tribunal ordene la venta de las acciones lo más rápido posible. De hecho, existe una clara orientación legal sobre cómo debe proceder la corte, acota los abogados de la trasnacional canadiense.

Argumentan que la Ley sobre la Corporación General de Delaware, incorporada por la Regla 69 de las Reglas Federales de Procedimiento Civil, requiere que las acciones sean vendidas por los Alguaciles "al mejor postor" por orden del tribunal. Explica que, en base a la citada norma, "siempre que la orden de venta se envíe por correo a PDVSA y esté publicada al menos dos veces durante 2 semanas sucesivas", con "la última publicación de al menos 10 días antes de la venta, en un periódico publicado" en el condado de New Castle, la venta puede continuar. 

Agrega que el propósito de la publicidad es informar al público y a los postores potenciales de la venta y promover la oferta. "No se requiere nada más. Y, aquí, no hay duda de que la venta se publicitará mucho más allá de los requisitos legales" dice la carta. 

Señalan que las órdenes de la Corte correspondientes al 9 y el 23 de agosto de 2018.

Crystallex  -dice la comunicación- no tiene dudas de que la venta de las acciones se dará a conocer en todo el mundo cuando el Tribunal emita su orden adicional y, por lo tanto, el esquema legal diseñado para garantizar la imparcialidad del proceso de venta.

El proceso legal está diseñado para asegurar que los posibles compradores tengan conocimiento de la venta por parte de los aguaciles y la oportunidad de los interesados para aparecer y ofertar por las acciones. Los activos vendidos por los aguaciles en una subasta judicial se venden "tal como están, dónde están" y, en última instancia, depende del deudor del fallo divulgar información al mercado antes de la subasta si así lo desea. 

Los abogados señalan que "aunque las entidades de CITGO han expresado su preocupación por la capacidad de Crystallex para obtener el valor máximo de las acciones de PDV Holding en la próxima venta", ninguno de ellos ha presentado información financiera para ayudar dicha transacción. 

Aseguran que evidentemente "Crystallex tiene todo el interés en obtener el valor máximo para PDVH para lo cual está dispuesta a  recabar su opinión, y lista para divulgar toda la información que pueda obtener de PDVSA y sus subsidiarias". 

Crystallex destaca que varios compradores estratégicos que supuestamente obtuvieron información relevante en relación con la comercialización de CITGO en Venezuela, siguen interesados ​​en las acciones de PDVH. "Estos posibles compradores ya están al tanto de la inminente subasta y, presumiblemente, participarán si así lo desean". 

En la comunicación Crystallex sostiene que tiene la intención de hacer una oferta de crédito de juicio sustancial por las acciones en la venta para garantizar que se venden a un precio justo. 

Crystallex le aseguró que el tribunal que las acciones de Citgo se venderán a un "precio justo y adecuado", que es "el precio de hecho" es el recibido en la venta judicial, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos de la ley. 

Los abogados dicen que PDVSA solicitó la suspensión de la orden judicial sin pagar una fianza, "en contravención directa de la ley de Delaware, que rige la suspensión de los procedimientos de ejecución".

Aseguran que los argumentos de PDVSA "carecen de fundamento", y por tanto su moción debe ser denegada, en particular dado el historial de PDVSA y Venezuela de devaluar a PDVH y sus subsidiarias a través de transacciones que "intencionalmente" han diseñado para "obstaculizar a los acreedores". 

Señalan que "dada la inminente venta de las acciones de PDVH, Venezuela y PDVSA se sienten incentivadas a saquear PDVH y sus subsidiarias mientras todavía pueden hacerlo. En consecuencia, no hay ninguna razón para que la corte retrase la emisión de la orden de venta, por el contrario, el Tribunal debe emitir la orden de venta lo más rápido posible dado el riesgo significativo de daño que enfrenta Crystallex hasta que la venta tenga lugar".

Finalmente, los representantes legales de la trasnacional canadiense exponen ante el juez que para garantizar que el valor de las acciones de PDVH no disminuya antes de que puedan venderse en una subasta y que "Crystallex reciba el beneficio de la orden emitida por Corte el 9 de agosto de 2018 para cumplir su juicio legal, Crystallex pide que el Tribunal ordene la venta de inmediato y  que la venta se programe lo antes posible".

Incongruencia en las políticas, elevados costos y corrupción: La causa de la crisis eléctrica venezolana

Venezuela atraviesa por la peor crisis de energía eléctrica de toda su historia, un hecho que encontraría justificación en la falta de inversión pública en el sector pero, lamentablemente no es así si se revisan las grandes sumas que representan los múltiples contratos y negociaciones suscritas por el estado que supondrían la modernización y optimización del sistema y, sin embargo, no es así. Las razones de tal situación parecen estar más bien en la ausencia de políticas o en la incongruencia de estas cuando son aplicadas. La corrupción es, se deduce, el leitmotiv de los encargados de los organismos del ramo, que mediante estratagemas de todo tipo, entre ellos los sobrecostos, logran esquilmar el tesoro nacional sin que la colectividad obtenga beneficio alguno de tales inversiones.

                                                   Este viernes en la madrugada se produjo 
                                                   una explosión en la subestación Tarabas,
                                                   ubicada en el estado Zulia, por lo que 
                                                   varios sectores de Maracaibo se quedaron sin luz.

  A lo largo de nuestras entregas hemos dado a conocer a nuestros amables lectores los mecanismos de que se han valido las diferentes administraciones de la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, así como sus empresas filiales, para burlar la contraloría social sobre sus gestiones. Hoy traemos un nuevo ejemplo de las formas de actuar de los protagonistas de esta trama de corrupción que se ha enquistado en el país en las últimas dos décadas.

 Contratos de financiamiento que no se traducen en la mejora del Sistema Eléctrico Nacional pese a tratarse de milmillonarias inversiones. Obras contratadas de las que no se tienen noticias sobre sus resultados pues el secretismo se ha convertido en política de estado y poco o nada se dan a conocer los resultados que el gasto público supone.

Los convenios que presentamos en esta oportunidad se suscribieron durante la administración de Alí Rodríguez Araque, quien los firmó con el Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) en el contexto de los acuerdos suscritos entre los gobiernos de China y Venezuela. Los mismos totalizan la cantidad de USD 2.250.233.084,24 equivalentes a Bs. 9.651.924.768,38.

 Tales cantidades estaban dirigidas al Proyecto de Diseño y Construcción del Desarrollo Hidroeléctrico "El Chorrín", al Proyecto de Desarrollo y Recuperación del Sector Eléctrico que comprendía la construcción de la Planta Termoeléctrica 500MW en "El Vigía" y al Proyecto de Rehabilitación y Ampliación de la Unidad 6 del Complejo Termoeléctrico "Planta Centro" en el estado Carabobo.

La Comisión Mixta para el estudio de la crisis eléctrica en el país de la Asamblea Nacional, en su informe final[1] hace referencia, entre otros aspectos, a la gestión de Alí Rodríguez Araque al frente de Corpoelec y, en tal sentido, recomendó someter a investigación los proyectos contratados y ejecutados bajo su administración ante la sospecha de que se hubiera incurrido en posibles sobrecostos respecto a lo previsto en el Plan de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, PDSEN 2005-2024: Tocoma, Termozulia II y III.

Del mismo modo, en relación al caso que nos ocupa, el ente parlamentario subrayó el hecho de que el Plan de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional PDSEN 2005-2024, hubiera descartado la expansión de la generación hidroeléctrica en el estado Bolívar pese a que EDELCA identificó un potencial de al menos 50TWh en las cuencas del Alto Caroní, específicamente en los ríos Paragua, Caura, Suapure y Cuchivero.

En este sentido, hizo mención a que el exministro de Planificación, Jorge Giordani, había defendido públicamente el desarrollo del Alto Caroní pero, posteriormente, a raíz de la primera crisis energética de 2003, cambió de parecer y recomendó la cancelación de todos los proyectos hidroeléctricos, decisión que finalmente fue adoptada en 2009 por Alí Rodríguez.

De todas maneras, hay que hacer la salvedad de que no obstante haberse producido esta prohibición, en el PDSEN 2013-2019 se incluyó la Central Hidroeléctrica El Chorrín, la cual debía aportar 380MW en 2018.

Destaca el informe de la Asamblea Nacional, que en 2015, como antesala a la tercera crisis energética de 2016, el para entonces ministro de energía eléctrica, Jesse Chacón, admitió que la cancelación de los proyectos hidroeléctricos en el Alto Caroní había sido un error y anunció el inicio de la ingeniería conceptual de la central hidroeléctrica Tayucay.

La comisión de la AN también se refirió al proyecto de la Central Termoeléctrica El Vigía en el estado Mérida, indicando que el costo de este proyecto estuvo en el orden de USD 956 millones.

Compareció ante la instancia legislativa el asesor legal de China Camc Engineering, empresa encargada de la ejecución de la obra, Julio Peng, quien destacó que la compañía asiática se había encargado de la termoeléctrica Don Luis Zambrano, de 594MW en el Vigía, cuyo contrato se firmó en 2010 con una inversión de USD 804 millones. Detalló que las dos primeras turbinas entraron en funcionamiento en 2013 y la tercera en 2015 y corresponden a dos turbinas de gas que en el presente trabajan con diesel y una a vapor, las cuales actualmente generan al 98 por ciento de su capacidad total. Sobre el costo del megavatio por encima del precio referencial, Julio Peng dijo que esto obedecía a que la tecnología empleada es más avanzada, así como también a las condiciones de la zona de instalación. Precisó que la asignación de USD 1.045 millones a la empresa incluía,  además de la planta, la instalación de una línea de transmisión de 56 km. Esta planta no tiene alimentación de gas natural por lo cual depende exclusivamente del combustible diesel, lo cual acorta los lapsos de mantenimiento.

La comisión observó una diferencia entre el costo anunciado y el costo referencial del orden de USD 317 millones a precios del 2005 que debe ser debidamente justificado.

A continuación conozcamos los detalles de los convenios entre Corpoelec y el Bandes.

Diseño y Construcción del Desarrollo Hidroeléctrico "El Chorrín”

El 2 de marzo de 2011, entre el Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) representado por su presidenta, Edmeé Betancourt de García, titular de la Cédula de Identidad N° V-3.210.071, designada según Decreto N° 7.201, de fecha 28 de enero de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.358 de fecha 1 de febrero de 2010, y la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), representada a su vez por su presidente, Alí Rodríguez Araque, titular de la Cédula de Identidad N° 1.270.755, cuya designación consta en Decreto N° 7.177, de fecha 15 de enero de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.348, de fecha 18 de enero de 2010 y Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas N° 07, de fecha 25 de mayo de 2010, se suscribió un Convenio de Asistencia Técnico-Financiera Interinstitucional que tenía por objeto el financiamiento del Proyecto de Desarrollo y Recuperación del Sector Eléctrico, en lo atinente al desarrollo del Proyecto de Diseño y Construcción del Desarrollo Hidroeléctrico "El Chorrín", tal como le definía la cláusula segunda del mismo.

Este convenio se inscribía en el contexto de la Ley Aprobatoria del Acuerdo entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Popular China sobre Cooperación para Financiamiento a Largo Plazo, de fecha 16 de septiembre de 2010. En tal sentido, la Corporación Banco de Desarrollo de China otorgó a Bandes un financiamiento para fomentar la cooperación entre las dos naciones a través de proyectos de envergadura en las áreas de infraestructura, agricultura, minería, energía, tecnología, petroquímica, asistencia técnica, entre otros; con la finalidad de acelerar el desarrollo social y económico en Venezuela.

La cláusula tercera indicaba que el Bandes convenía en conceder a Corpoelec dicha asistencia financiera hasta por USD 280.000.000,00 equivalentes a Bs. 1.201.004.000,00, calculados Bs. 4,2893 por cada dólar.

Los desembolsos del Bandes estaban sujetos a las retenciones aplicables en materia fiscal y tributaria.

Se establecieron dos años como el periodo de para efectuar los desembolsos de acuerdo a lo estipulado en la cláusula quinta, advirtiéndose que al cesar dicho plazo cesaba toda obligación del Bandes de efectuar los desembolsos en ejecución del Convenio de Asistencia Financiera Interinstitucional y, en tal sentido, el monto se reducirá al monto utilizado hasta la fecha.

El monto no utilizado podrá ser reasignado a la ejecución de otro proyecto enmarcado en el financiamiento de gran volumen y largo plazo.

El Bandes estaba facultado para suspender o modificar el monto de la asistencia en cualquier momento y de manera unilateral cuando lo considerara conveniente o recibiera instrucciones del  Ejecutivo Nacional, sin que Corpoelec pudiera acometer acción alguna o reclamo alguno.

La cláusula sexta estipulaba que Bandes haría los desembolsos a favor de las contratistas que indicara Corpoelec, previa solicitud que debía ser suscrita por quien indicara la estatal eléctrica como autorizada para ello.

Bandes llevaría a cabo evaluaciones técnico financieras del proyecto periódicamente durante la ejecución del proyecto.

Corpoelec debía hacer rendiciones de cuentas mensuales, someterse a las supervisiones que Bandes dispusiera, así como también a las auditorías que en cualquier momento estimara conveniente llevar a cabo.

Se contemplaban igualmente los formalismos que este tipo de convenios acostumbra estipular.

Recursos en renminbi para El Chorrín

El 2 de septiembre de 2011, entre el Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) representado por su presidenta, Edmeé Betancourt de García, titular de la Cédula de Identidad N° V-3.210.071, designada según Decreto N° 7.201, de fecha 28 de enero de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.358 de fecha 1 de febrero de 2010, y la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), representada a su vez por su presidente, Alí Rodríguez Araque, titular de la Cédula de Identidad N° 1.270.755, cuya designación consta en Decreto N° 7.177, de fecha 15 de enero de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.348, de fecha 18 de enero de 2010 y Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas N° 07, de fecha 25 de mayo de 2010, se suscribió un Convenio de Asistencia Técnico-Financiera Interinstitucional que tenía por objeto el financiamiento del Proyecto de Desarrollo y Recuperación del Sector Eléctrico, que comprendía el desarrollo del Proyecto de Diseño y Construcción del Desarrollo Hidroeléctrico "El Chorrín", tal como le definía la cláusula segunda del mismo.

En la tercera cláusula de este convenio se establecía el monto y los términos en que se llevaría a cabo la asistencia financiera, indicándose que el Bandes concedería con cargo a los recursos del financiamiento de Gran Volumen y Largo Plazo a Corpoelec hasta la cantidad de 2.898.000.000,00 Renmimbi (moneda de curso legal de la República Popular China emitida por el Banco Popular Chino. El yuan es la unidad básica del renminbi), equivalentes a USD 431.339.862,47, los cuales a la tasa preferencial de Bs. 4,2893 por cada dólar corresponden a la cantidad de Bs. 1.850.146.072,10).

Los desembolsos que Bandes estarían sujetos a las retenciones aplicables en materia fiscal y tributaria. Asimismo, los costos asociados a eventuales diferenciales cambiarías y gastos operativos, serán imputados al monto de la Asistencia Financiera Interinstitucional.

El tiempo de ejecución del financiamiento se fijó en dos años, por lo que vencido dicho plazo cesaría toda obligación del Bandes de efectuar los desembolsos del convenio y se reduciría hasta la cantidad utilizada hasta la fecha. El monto no utilizado podrá ser reasignado a la ejecución de otro proyecto enmarcado en el Financiamiento de Gran Volumen y Largo Plazo.

Bandes tenía la facultad de suspender o modificar, en cualquier momento y de manera unilateral, el monto de la asistencia cuando lo considerara conveniente o recibiera instrucciones al respecto por parte del Ejecutivo Nacional.

Los desembolsos, de acuerdo a la sexta cláusula, Bandes los emitiría en nombre de Corpoelec a favor de las contratistas que esta indicare.

Bandes realizaría las evaluaciones técnico-financieras del proyecto que estimare convenientes de manera periódica durante la ejecución del proyecto.

Igualmente, Corpoelec estaba obligada a presentar mensualmente rendiciones de cuentas y someterse a las supervisiones que Bandes dispusiera, así como también a las auditorías que en cualquier momento estimara conveniente llevar a cabo.

Se contemplaban igualmente los formalismos que este tipo de convenios acostumbra estipular.

Termoeléctrica en El Vigia

El 2 de marzo de 2011, entre el Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) representado por su presidenta, Edmeé Betancourt de García, titular de la Cédula de Identidad N° V-3.210.071, designada según Decreto N° 7.201, de fecha 28 de enero de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.358 de fecha 1 de febrero de 2010, y la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), representada a su vez por su presidente, Alí Rodríguez Araque, titular de la Cédula de Identidad N° 1.270.755, cuya designación consta en Decreto N° 7.177, de fecha 15 de enero de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.348, de fecha 18 de enero de 2010 y Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas N° 07, de fecha 25 de mayo de 2010, se suscribió un Convenio de Asistencia Técnico-Financiera Interinstitucional que tenía por objeto el financiamiento del Proyecto de Desarrollo y Recuperación del Sector Eléctrico que comprendía la construcción de la Planta Termoeléctrica 500MW en "El Vigía" (Cláusula segunda).

Para ello el 1° de diciembre de 2010, el presidente de la república firmó el Punto de Cuenta N° 302, que autorizaba la asignación de recursos provenientes de Bandes.

El monto y los términos de la asistencia financiera se establecieron en la tercera cláusula, la cual fijo en USD 280.000.000,00 la cifra que el Bandes concedería a Corpoelec con cargo a los recursos del financiamiento de Gran Volumen y Largo Plazo. Tal cantidad equivalía a Bs. 1.201.004.000,00, calculados al tipo de cambio referencial de Bs. 4,2893 por cada dólar.

La cláusula cuarta estableció que los desembolsos que Bandes estaban sujetos a las retenciones que en materia fiscal y tributaria aplicaran. Asimismo, los costos asociados a eventuales diferenciales cambiarios y gastos operativos, serían imputados al monto de la Asistencia Financiera Interinstitucional.

Bandes tramitaría los desembolsos presentados por Corpoelec para el manejo de los recursos asignados a través del convenio.

Las partes debían tener claro que la ejecución del cronograma de desembolsos estaba directamente relacionada a la ejecución del proyecto objeto del contrato y estaría sujeta a la disponibilidad financiera que Bandes tuviera para la fecha de la solicitud.

Del mismo modo, la cláusula quinta previó que el periodo de ejecución del convenio era por dos años y que una vez vencido ese plazo, cesaría toda obligación del Bandes de efectuar los desembolsos. EL monto del financiamiento se reduciría, de no haber sido utilizado en su totalidad para la fecha, a lo ejecutado para ese momento.

El monto no utilizado podría ser reasignado a la ejecución de otro proyecto enmarcado en el Financiamiento de Gran Volumen y Largo Plazo, Bandes tenía la facultad de suspender o modificar, en cualquier momento y de manera unilateral, el monto de la asistencia cuando lo considerara conveniente o le fuera instruido por el Ejecutivo Nacional.

Tal como se estableció en los otros convenios, Bandes realizaría las evaluaciones técnico-financieras del proyecto que estimare convenientes de manera periódica durante la ejecución del proyecto.

Corpoelec estaba obligada a presentar mensualmente rendiciones de cuentas y someterse a las supervisiones que Bandes dispusiera, así como también a las auditorías que en cualquier momento estimara conveniente llevar a cabo.

Se contemplaban igualmente los formalismos que este tipo de convenios acostumbra estipular.

Inyección de dinero chino para El Vigía

El 2 de marzo de 2011, entre el Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) representado por su presidenta, Edmeé Betancourt de García, titular de la Cédula de Identidad N° V-3.210.071, designada según Decreto N° 7.201, de fecha 28 de enero de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.358 de fecha 1 de febrero de 2010, y la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), representada a su vez por su presidente, Alí Rodríguez Araque, titular de la Cédula de Identidad N° 1.270.755, cuya designación consta en Decreto N° 7.177, de fecha 15 de enero de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.348, de fecha 18 de enero de 2010 y Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas N° 07, de fecha 25 de mayo de 2010, se suscribió un Convenio de Asistencia Técnico-Financiera Interinstitucional que tenía por objeto el financiamiento del Proyecto de Desarrollo y Recuperación del Sector Eléctrico contemplando la construcción de la Planta Termoeléctrica 500MW en "El Vigía", de acuerdo lo especificaba el objeto del contrato en su cláusula segunda.

Para ello, el presidente de la república había aprobado el punto de cuenta N° 302, de fecha 1 de diciembre de 2010, autorizando la asignación de recursos provenientes de Bandes.

Según la cláusula tercera, el Bandes convenía en conceder asistencia financiera con cargo a los recursos del financiamiento de Gran Volumen y Largo Plazo a Corpoelec hasta por la cantidad de 4.732.000.000,00 Renmimbi equivalentes a USD 704.313.398,62 calculados a Bs. 4,2893 por dólar que sumaban la cantidad de Bs. 3.021.011.460,72.

Los desembolsos que Bandes efectuara estaban sujetos a las retenciones aplicables en materia fiscal y tributaria. Asimismo, los costos asociados a eventuales diferenciales cambiarlos y gastos operativos, serán imputados al monto de la Asistencia Financiera Interinstitucional.

El tiempo de ejecución del convenio era por dos años, que una vez vencidos cesaría toda obligación del Bandes de efectuar los desembolsos. El monto del financiamiento se reduciría, de no haber sido utilizado en su totalidad para la fecha, a lo ejecutado para ese momento.

El monto no utilizado podría ser reasignado a la ejecución de otro proyecto enmarcado en el Financiamiento de Gran Volumen y Largo Plazo, Bandes tenía la facultad de suspender o modificar, en cualquier momento y de manera unilateral, el monto de la asistencia cuando lo considerara conveniente o le fuera instruido por el Ejecutivo Nacional.

Igualmente se llevarían a cabo evaluaciones técnico financieras del proyecto por parte de Bandes y Corpoelec se obligaba a presentar mensualmente rendiciones de cuentas y a someterse a las supervisiones que Bandes dispusiera, así como también a las auditorías que en cualquier momento estimara conveniente llevar a cabo.

Se contemplaban igualmente los formalismos que este tipo de convenios acostumbra estipular.

Ampliación y rehabilitación en Planta Centro

En marzo de 2011, entre el Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) representado por su presidenta, Edmeé Betancourt de García, titular de la Cédula de Identidad N° V-3.210.071, designada según Decreto N° 7.201, de fecha 28 de enero de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.358 de fecha 1 de febrero de 2010, y la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), representada a su vez por su presidente, Alí Rodríguez Araque, titular de la Cédula de Identidad N° 1.270.755, cuya designación consta en Decreto N° 7.177, de fecha 15 de enero de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.348, de fecha 18 de enero de 2010 y Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas N° 07, de fecha 25 de mayo de 2010, se suscribió un Convenio de Asistencia Técnico-Financiera Interinstitucional que tenía por objeto el desarrollo del Proyecto de Rehabilitación y Ampliación de la Unidad 6 del Complejo Termoeléctrico "Planta Centro", Estado Carabobo.

A través del Punto de cuenta N° 302, de fecha 1 de diciembre de 2010, de la presidencia de la república, se había autorizado la asignación de recursos provenientes de Bandes con cargo a los fondos del referido financiamiento, para el Proyecto de Desarrollo y Recuperación del Sector Eléctrico.

La cláusula tres estableció que el Bandes se comprometió a conceder asistencia financiera con cargo a los recursos del financiamiento de Gran Volumen y Largo Plazo a Corpoelec hasta por la cantidad de 3.726.000.000,00 Renmimbi equivalentes a USD 554.579.823,18, calculados a Bs. 4,2893 por dólar para sumar Bs. 2.378.759.235,56.

Como los convenios ya referidos, el tiempo de ejecución era por dos años, por lo que al cumplirse el plazo cesaría toda obligación del Bandes de efectuar los desembolsos. El monto del financiamiento se reduciría, de no haber sido utilizado en su totalidad para la fecha, a lo ejecutado para ese momento.

El monto no utilizado podría ser reasignado a la ejecución de otro proyecto enmarcado en el Financiamiento de Gran Volumen y Largo Plazo, Bandes tenía la facultad de suspender o modificar, en cualquier momento y de manera unilateral, el monto de la asistencia cuando lo considerara conveniente o le fuera instruido por el Ejecutivo Nacional.

Se contemplaban evaluaciones técnico financieras del proyecto por parte de Bandes y Corpoelec debía presentar mensualmente rendiciones de cuentas y a someterse a las supervisiones que Bandes dispusiera, así como también a las auditorías que en cualquier momento estimara conveniente llevar a cabo.

Se contemplaban igualmente los formalismos que este tipo de convenios acostumbra estipular.

Todos estos convenios fueron firmados y acordados de acuerdo a lo previsto por la Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela.

Trama de lavado de dinero a través de empresa de Malta involucraría a Nicolás Maduro

Aunque en las informaciones que se han dado a conocer acerca de los papeles que se manejan en la Corte de Miami donde cursa el caso no han hecho mención del mandatario venezolano hasta el momento, fuentes ligadas a la investigación aseguran que Maduro, sus asociados y familiares, están involucrados en la operación de legitimación de capitales provenientes de contrataciones irregulares de PDVSA. 

La Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera de Malta (FIAU por las siglas en inglés de Financial Intelligence Analysis Unit) es una agencia del gobierno maltés encargada de recopilación, procesamiento, análisis y difusión de información con el fin de combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Se trata de una oficina que surge a la luz de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales de esa nación. Este despacho en la actualidad se encontraría ojeando con su lupa la gestión del presidente venezolano, Nicolás Maduro, así como a otros altos funcionarios y voceros de su administración por la presunción de que habrían lavado cientos de millones de dólares provenientes de fondos gubernamentales que habrían sido supuestamente transferidos a una firma maltesa entre finales de 2014 y principios de 2015, de acuerdo a documentos oficiales que cursan en una corte de Miami donde fue presentada una demanda penal por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos recientemente. Los papeles que se manejan el tribunal indican que cuantiosas sumas asignadas a la estatal Petróleos de Venezuela S.A. habrían sido esquilmadas bajo un refinado esquema de corrupción.

La empresa en cuestión sería Portmann Capital Management Limited —un asunto que se había tratado de mantener en estricto secreto—, de acuerdo a las indagaciones que han realizado fuentes involucradas en la vigilancia de la industria de servicios financieros malteses. 

La referida empresa de inversiones[1] registrada bajo el N° C 51740 tiene su sede en "Il-Piazzetta" B-73, Tower Road, Sliema, SLM1605, Malta. Sus teléfonos son  27333290 y 27333291, mientras su correo electrónico es info@pcml.biz. La compañía es propiedad de los asesores financieros suizos Kurt e Yves-Alaine Portmann, quienes figuran como sus directores, de acuerdo al portal Finance Malta[2] y a la investigación desarrollada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ, que además señala a Vincent Camilleri como secretario, director y representante judicial; a la empresa Ernst & Young Malta Limited como auditora; y a XPCT Limited como accionista[3].

Las investigaciones por parte del FIAU sobre la firma, comenzaron en 2017, tal como lo refirieron las fuentes a medios locales malteses, encontrándose con una serie de irregularidades. Portmann Capital Management Limited fue multada por el organismo con 350 mil euros. Los informantes advirtieron, sin embargo que para aquel entonces no había conocimiento acerca de la supuesta estafa venezolana. Tampoco Nicolás Maduro ha sido identificado o señalado en los papeles que se manejan en la corte estadounidense hasta el momento. Las menciones sobre el mandatario provienen de medios que han citado a sus fuentes y estas han hecho mención del presidente, miembros de su administración y familiares.

El Times of Malta[4] refirió que la empresa maltesa confirmó al FIAU que es la compañía anónima de la que hablan los medios internacionales como presuntamente involucrada en la legitimación de capitales en representación de Nicolás Maduro. Los voceros de la Portmann dijeron que se habían enterado del asunto a través del “alboroto” que los medios formado con sus informes.

Preocupación de la oposición maltesa

Desde la oposición maltesa, voceros políticos han expresado su preocupación por las informaciones que involucran al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y varios de sus funcionarios y familiares en la trama de corrupción que significa el lavado de dinero de fondos que superan los 511 millones de euros.

Adrián Delia, un político maltés líder de la oposición de esa nación mediterránea, estimó que el gobierno de Malta no tomaba en serio la protección y seguridad en los servicios financieros[5].

Algunos detalles de la demanda en Miami

La demanda penal que cursa en tribunales de Miami impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional versaría sobre las cuantiosas sumas que PDVSA asignó mediante contratos fraudulentos y habrían sido legitimados a través de la referida empresa maltesa.

En la demanda se barajan nombres como el de José Vicente Amparan Croquer[6], abogado venezolano reiteradamente mencionado en el litigio, a quien el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha señalado, junto a otros seis venezolanos, de conspirar para cometer lavado de dinero malversado de PDVSA “usando bienes raíces en Miami, Florida y complejos esquemas de inversión falsa”[7].

Un agente de Seguridad Nacional en una declaración jurada dijo que Amparan Croquer está asociado con varios conspiradores, así como con una empresa inmobiliaria que en realidad es un agente de lavado de dinero. Este hombre estaría relacionado con la firma maltesa de la cual se valió para sus operaciones de legitimación de capitales.

En los papeles que se manejan en el tribunal de Miami también ha surgido el nombre de la firma Eaton Capital, una empresa de maletín con sede en Sliema —localidad turística ubicada en la costa este de Malta—  que mantiene vínculos con Portmann Capital Management Limited. Las investigaciones adelantadas han llevado a estimar que Eaton Capital tiene un papel fundamental en la trama de lavado de dinero investigada por agentes federales de los EE. UU.

Portmann Capital sostiene que no ha estructurado ninguna inversión fraudulenta y que tampoco recibió sobornos que, se dice, estarían en el orden de los 20 millones de euros por su supuesta participación en la estafa. Y es que documentos manejados en el tribunal de la Florida señalan que la empresa maltesa habría recibido la citada cifra —USD 20 millones— por lavar el dinero, una cifra que equivaldría al 4 por ciento del total de la operación[8].

Igualmente niega conocer a los hijastros de Nicolás Maduro relacionados con la trama.

Fuentes relacionadas con la investigación dijeron que Portmann informó a las autoridades que había llevado a cabo una minuciosa revisión de sus archivos para identificar a clientes sospechosos y había marcado a aquellos que supuso podrían haber tenido que ver con el asunto. Las cuentas fueron congeladas. La empresa maltesa también informó a las autoridades sobre las sumas de dinero movidas en transferencias electrónicas.

Lo que si habría resultado altamente significativo para las autoridades de la Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera de Malta, es que Portmann Capital Management Limited insiste en negar que entre sus clientes se encuentren personas ligadas a PDVSA, una afirmación que no concuerda con los hallazgos de la investigación. Y es que fuentes informativas indicaron que la firma admitió que un abogado venezolano — José Vicente Amparan Croquer— era un cliente de Portmann.

El FIAU había investigado a Portmann Capital Management Limited con anterioridad y se habían encontrado con varias irregularidades que tenían que ver con la debida identificación de la clientela, sus propiedades y controles sobre los mismos, entre otras. Estimaba —y así se lo dio a conocer a la firma y por ello la multó— que no poseía adecuados procedimientos de evaluación y gestión de riesgos.

Cuando se conoció la acción legal que se adelanta en los Estados Unidos, las autoridades de Malta instaron al banco a detener todas las transacciones de todos sus clientes, a la par que solicitaron una declaración de los activos y fondos que posee la empresa en cuestión.

La trama

Entretanto, las investigaciones federales desarrolladas en los Estados Unidos se conocen con el nombre de Operación Money Flight que comenzó como una averiguación sobre ahorros de los demandados por el orden de los USD 78 millones, pero atando cabos llegaron a un asunto mucho sofisticado, una trama de corrupción que se inició en 2014.

Las autoridades creyeron encontrarse con una supuesta conspiración que involucraba operaciones que permitieron malversar 600 millones de dólares mediante el sistema de control de cambio imperante en Venezuela y que provenían de PDVSA a través de sobornos y contrataciones fraudulentas.

Uno de los involucrados terminó convertido en un informante confidencial de las investigaciones.

Determinaron las averiguaciones que ya para mayo de 2015, los dineros malversados alcanzaban la suma de USD 1.200 millones.