PDVSA jubila al asesor jurídico vinculado al caso de corrupción de la plataforma Aban Pearl

Pese a una serie de evidencias que demuestran su presunta responsabilidad en el escándalo de corrupción surgido a raíz de la contratación de la plataforma de perforación Aban Pearl, el exconsultor jurídico de PDVSA Servicios S.A, Alexis Chacón Molinet, logró salir indemne y obtuvo su jubilación de la empresa. 

Una fuente ligada al caso asegura que Chacón Molinet podría ser contratado nuevamente, para lo cual cuenta con el aval y soporte de
varios miembros de la junta directiva.

Las evidencias

El caso de la plataforma semi-sumergible Aban Pearl, hundida en aguas del oriente venezolano, significó grandes pérdidas para la nación, toda vez que el irregular milmillonario contrato de alquiler de la gabarra por USD 1.315.818.950,00 conllevaba un sobreprecio de USD 662.475.000,00 que dejó ganancias a los involucrados en la trama de por lo menos USD 47.916.000,00[1].

Tras la publicación de documentos que le comprometían, Chacón Molinet trató de desviar la atención que se centraba sobre su persona para enfocarla en José Luis Parada, expresidente de la filial petrolera al que responsabilizó de las irregularidades.

El ahora ex funcionario de la petrolera estatal argumentó que  Parada, prófugo de la justicia venezolana, era el único responsable de la contratación del Aban Pearl. "Parada me obligó" dijo al señalar que había realizado los procedimientos del caso contra su voluntad, a proceder a la contratación, so pena de perder su trabajo y ser objeto otras represalias.

Desde estas páginas presentamos a la consideración de nuestros lectores copia de los contratos y comunicaciones que evidenciaban la participación activa de Alexis Chacón Molinet, especialmente, su papel como responsable de la negociación en los términos en que se firmó. Esto, al parecer, despertó la ira del y procedió a propinar amenazas contra la humanidad de quien estas líneas suscribe[2].

Desde Venezuela Política se dio a conocer el documento que demostraba Chacón sería una de los responsables de contratar el alquiler del Aban Pearl para la construcción y rehabilitación pozos costa afuera, Plan Siembra Petrolera  2010-2018, con la empresa Petromarine Energy Services LTD. Para demostrar tal afirmación, dimos a conocer una comunicación privada que circuló en el mes de febrero de 2009 en PDVSA Servicios en la que quedaba claramente establecido que el consultor jurídico era en encargado de la contratación.

Un correo enviado a funcionarios de PDVSA Servicios por la entonces asistente de José Luis Parada, informa que Chacón sería la persona encargada del contrato de la plataforma semi-sumergible Aban Pearl, cuyo alquiler produjo un severo daño a las finanzas de PDVSA.

Se trataba de un correo remitido por Marisela Isea, asistente de la Gerencia de Control y Seguimiento y de la Dirección Ejecutiva de Producción, quien informaba a Orlando Guevara, Alberto Gil, Jovanny Martínez, Tatiana Valbuena, Glisory Morillo que "por órdenes de José Luis Parada quedaban suspendidas las aprobaciones y autorizaciones para el inicio del proceso de contratación y otorgamiento de Buena Pro u otorgamiento de adjudicaciones para la contratación de obras, bienes y servicios que lleve adelante PDVSA Servicios independientemente del nivel de la Delegación Financiera".

Isea agregó que "el abogado Alexis Chacón les estará remitiendo formato para la actualización de la Base de Datos de los contratos y procesos vigentes o vencidos de Pdvsa Servicios" e igualmente se advirtió en un documento aparte que "por instrucciones del ingeniero José Luis Parada, el contrato N- 4600027051 perteneciente a la contratación directa denominado: Suministro y Operación de la unidad semi-sumergible Aban Pearl, para la construcción y rehabilitación pozos costa afuera, Plan Siembra Petrolera  2010-2018, otorgado a la empresa Petromarine Energy Services LTD, el mismo debe ser excluído de dicho formato, el cual, únicamente será responsabilidad del abogado Alexis Chacón y de la Consultoría Jurídica a su cargo".

Agregaba la comunicación que se anexan los formatos que sirven para completar referidos a la composición y actuación de las Comunicaciones de Contratación (mayor o menor) actualmente en funcionamiento en PDVSA Servicios a nivel nacional[3].

La publicación de documentos que evidenciaban la participación de Alexis Chacón Molinet en la contratación del Aban Pearl en este blog despertó la ira del abogado y vinieron las amenazas, las cuales fueron dadas a conocer, tanto a las autoridades competentes como a la opinión pública[4] y a la colectividad en general[5].

Posteriormente, Chacón Molinet quiso enmendar la plana y el 14 y 15 de marzo de 2018 se dirigió directamente a esta servidora para disculparse y solicitar un encuentro en la ciudad de Miami. El mensaje cataloga de acoso las denuncias formuladas y la pruebas que dan testimonio de nuestras afirmaciones.

Chacón asegura que sólo buscaba su jubilación y reitera que actuó obligado por José Luis Parada.

Y entonces, en un acto de osadía convocó al encuentro en Miami que, a todas luces era imposible que sucediera en razón de que Alexis Chacón Molinet no posee visa estadounidense.

Además, advirtió que esta acción la estaba dando a conocer a otros de los involucrados y señalados desde nuestras páginas, específicamente a la directiva de PDVSA, algo que no es posible dado que el servidor de la petrolera no acepta correos de cuentas como Gmail. Sin duda, un acto dirigido a la intimidación.

El personaje

Alexis Manuel Chacón Molinet es un abogado venezolanos nacido el 27 de enero de 1956. Es portador de la cédula de identidad N° V-4.685.339 y del pasaporte N° 062107428.

Con residencia en la ciudad de Maturín del estado Monagas, Chacón Molinet ha sido señalado por su presunta participación en el caso del buque de perforación Petrosaudi Saturnm, conocido como el “barco fantasma”, un contrato que derivó en pérdidas mil millonarias para el estado venezolano.

Igualmente figura como representante judicial suplente de la empresa mixta Veneziran Oil  Company S.A.

En 2014, la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela lo incluyó en el listado de sancionados con multa por incumplir el artículo 33, numeral 3 de la Ley Contra la Corrupción.

Pero a pesar de todos los señalamientos contra Alexis Chacón, ni la fiscalía de la Asamblea Nacional Constituyente, a cargo de Tarek William Saab actúo en consecuencia  ni Petróleos de Venezuela S.A. las tomó en cuenta al momento de proceder a la aprobación de la jubilación del funcionario quien ahora negocia su posible recontratación aupado por funcionarios asociados a la División San Tomé, PDVSA.

(DOCUMENTO) E.E. U.U. arresta a José Manuel González Testino por cargos de corrupción PDVSA

Las autoridades de los Estados Unidos arrestaron al ciudadano estadounidense-venezolano, José Manuel González Testino acusado de haber pagado sobornos a funcionarios de la empresa estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA para obtener contratos para sus empresas ubicadas en territorio norteamericano.

De acuerdo al comunicado del Departamento de Justicia, González Testino controlaba múltiples empresas y fue detenido el 31 de julio de 2018, en el aeropuerto Internacional de Miami cuando intentaba abandonar el país. Este es el arresto número 17 relacionado con un enorme esquema de corrupción y lavado de dinero que investiga la Fiscalía del Distrito Sur de Texas y que involucra a varios funcionarios del gobierno del fallecido Hugo Chávez y de su sucesor Nicolás Maduro.

González Testino fue presentado en corte este miércoles donde el juez  el Juez del Distrito Sur de la Florida, Lauren F. Louis leyó los cargos en su contra. El sujeto es acusado de conspirar para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y pagar sobornos a un funcionario extranjero en violación de la FCPA.

La acusación señala que González y otro conspirador pagaron al menos $ 629,000 en sobornos a un ex funcionario de PDVSA a cambio de lograr contratos de PDVSA a favor de las empresas de González, dar prioridad a los pagos de sus compañías y otorgar a contrataciones de PDVSA en dólares estadounidenses en lugar de bolívares venezolanos.

El anunció fue hecho por el Fiscal General Adjunto, Brian A. Benczkowski de la División Criminal del Departamento de Justicia, el Fiscal Federal Ryan K. Patrick del Distrito Sur de Texas y el Agente Especial a Cargo Mark Dawson de la Oficina de Campo de Houston de Inmigración y Aduanas del Servicio de Inmigración y Aduanas (HSI).

Con el arresto de González, el Departamento de Justicia anunció cargos contra 17 personas, 12 de las cuales se declararon culpables, como parte de una investigación más amplia y en curso del gobierno de los EE. UU. Sobre sobornos en PDVSA. HSI en Houston está llevando a cabo la investigación en curso con la asistencia de HSI en Boston y Miami dice el comunicado del gobierno y añade que los abogados litigantes Sarah E. Edwards y Jeremy R. Sanders de la Sección de Fraudes de la División de lo Penal y los Fiscales Federales Auxiliares John P. Pearson y Robert S. Johnson del Distrito Sur de Texas están procesando el caso. La Asistente de la Fiscal de los Estados Unidos Kristine Rollison del Distrito Sur de Texas están manejando los aspectos de confiscación del caso. 

La Oficina de Asuntos Internacionales de la División Criminal también brindó asistencia.

Lujosa torre Porsche Design, irresistible objeto de deseo de los boliburgueses

Los récords de propiedad inmobiliaria del sur de la Florida certifican que al menos dos apartamentos de uno de los edificios más lujosos que existen en los Estados Unidos, Porsche Design Tower en Sunny Isles Beach, pertenece a personas vinculadas a la enorme red de corrupción que penetró las finanzas públicas del Estado venezolano. En esta historia presentamos parte de las evidencias.

Uno de los nombres, el deldel propietario venezolano de un condominio de la exclusiva torre, llegó a manos de las autoridades federales en el primer trimestre de 2018 tras la denuncia de una persona ligada al caso, en la que se confirmaba que el hijo de la exfuncionaria de Bandes, María de los Ángeles González de Hernández, Jorge Hernández (nacido el 22 de marzo de 1986,) compró la unidad #4205 de la mencionada torre ubicada en el 18555 Collins Avenue, en Sunny Isles Beach, Florida. El inmueble está registrado a nombre de JJMG Group, cuya cabeza es el joven de 32 años,  Jorge Alejando Hernández González. 

María de los Ángeles González de Hernández fue hallada culpable en la Corte del Distrito Sur de Nueva York de haber participado en un esquema de corrupción y cobro de sobornos cuando se desempeñaba como presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes), una entidad creada por el fallecido Hugo Chávez. La mujer pasó de ser una funcionaria del gobierno a operar en una red de corrupción, por lo cual fue enjuiciada, encarcelada en 2013 y posteriormente, perdonada por una juez federal, lo que le permitió salir de la cárcel antes de cumplir toda su condena que era de 4 años de prisión. La mujer pagó una multa de 5 millones de dólares, el estimado de las ganancias que obtuvo producto de la trama de corrupción. 

Desde entonces González de Hernández vive en Miami, desde donde exhibe un ostentoso modus vivendi, un tren de vida que en nada se corresponde con los ingresos de una exfuncionaria del gobierno chavista.

María de los Ángeles González Hernández está vinculada a la red de corrupción y lavado de dinero del extesorero nacional de Venezuela, Alejandro Andrade, quien actualmente se encuentra colaborando con las autoridades del gobierno norteamericano, bajo libertad domiciliaria y con monitoreo 24 horas al día. 

La unidad que adquirió el hijo de María de los Ángeles González Hernández se encuentra en venta en la actualidad y su costo es calculado en unos USD 8.900.000.

Porsche, un objeto de deseo

El espectacular edificio volvió a ser noticia en Venezuela, un país con una condición de vida paupérrima, donde gran parte de la población sufre de desnutrición severa, falta de medicinas y de servicios públicos, a raíz del caso que involucra a los encargados de ejecutar un enorme esquema de corrupción por más de USD 1.200 millones de dólares provenientes de las arcas del tesoro. En el expediente aparecen acusados más de ocho de personas, incluyendo el dueño del lujoso condominio. Los papeles de la fiscalía de Miami dicen que el apartamento fue adquirido como parte de una cuota inicial que el beneficiario cobró por sus servicios de lavado de dinero a uno de los participantes de la red de blanqueo.

En la acusación, los fiscales sostienen que los demandados están usando propiedades inmobiliarias e inversiones falsas en Miami para lavar dinero proveniente del tesoro venezolano. Dicen los documentos que el exasesor legal del Ministerio de Petróleo y Minería de Venezuela, Carmelo Urdaneta Aquí utilizó un condominio en Porsche Design Tower, en Sunny Isles Beach, como pago por uno de los supuestos servicios de lavado de dinero. La unidad 2205 fue comprada por una empresa ficticia para ser transferida a José Vicente Amparán Croquer a través de su esposa, Carolina Croquer.

En el expediente de la corte aparecen los registros de propiedad donde se observa que la unidad 2205 de Porsche Design Tower fue adquirida por Paladium Real Estate Group en enero de 2017 por USD 5,3 millones. Los registros también muestran que Paladium se formó en mayo de 2016 con Croquer como propietaria.

De acuerdo a los registros inmobiliarios, el 23 de septiembre de 2016, Carolina Croquer (esposa de Amparan) fue agregada como gerente de Paladium Real Estate Group LLC, y el 15 de septiembre de 2017, después de que finalizó la compra del condominio, la mujer fue removida del registro. En los récords del estado de la Florida, Carolina Croquer aún aparece como gerente de la mencionada corporación.

Luego del escándalo que vinculó a uno de los compradores de la torre con lavado de dinero, los dueños del complejo, el grupo Dezer Development emitieron un comunicado informando que desconocían el hecho alegado por la fiscalía y que estaban dispuestos a cooperar con el gobierno aunque no habían sido contactados. El día 30 de julio de 2018, aparecieron varios artículos en diferentes países donde se publicita la torre cuyos dueños tienen el privilegio de estacionar en sus propias unidades sus vehículos. 

La corte actúa 

De acuerdo a la norma en estos casos, el tribunal procedió a publicar un aviso de hipoteca (garantía de deudas) a Paladium Real Estate Group LLC, donde pide a todas aquellas personas que puedan reclamar a través de, o bajo el demandado (Francisco Convit y otros), cualquier interés en la propiedades descrita en el documento Unidad 2205 del 18555 Collins Avenue, Sunny Isles Beach, Florida para que se presenten a la corte para hacer sus reclamos. 

El tribunal procede de esta manera a la expropiación del bien inmobiliario adquirido con dinero criminal objetivo y discutido en la conspiración alegada en el caso contra los llamados bolichicos y sus asociados. 

Seguiremos informando...

Glencore debe informar a los E.E. U.U. sobre sus negocios con PDVSA , CVG y CAMIMPEG

Las autoridades federales de los Estados Unidos solicitaron a la transnacional Glencore Ltd. información sobre los negocios que realiza con sus socios en República Democrática del Congo, Venezuela y Nigeria. En la petición legal, el gobierno norteamericano se refiere a los negocios de manera general "any deal general"  según destaca la comunicación federal. Una fuente ligada al caso, asegura que la firma deberá suministrar los documentos de los acuerdos con los gobierno de los mencionados países. En el caso de Venezuela, el consultado informó que las contrataciones están relacionadas con "Petróleos de Venezuela (PDVSA), la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), la Compañía  Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG) y sus asociadas extranjeras SPS Oil Production (UK) y Palmat International, entre otras". Asimismo, la multinacional también deberá ofrecer detalles de su presunta participación en el esquema de corrupción demandado por PDVSA US Litigation Trust en la Corte del Distrito Sur de la Florida.

Glecore ha sido señalada de haber operado en varias contrataciones de manera fraudulenta en tres diferentes países. La autoridades norteamericanas investigan a varias corporaciones por haber presuntamente violado la Ley Estadounidense de Prácticas Corruptas en el Extranjero que tipifica como crimen que las empresas paguen sobornos a funcionarios públicos en el extranjero para conseguir negocios.

Glencore informó que colaborará con el Departamento de Justicia estadounidense, según anunció uno de sus principales voceros en un comunicado.

Entramado de corrupción PDVSA 

Glencore fue demandada civilmente en la Corte del Distrito Sur de la Florida por haber formado parte de un entramado de corrupción junto a otras empresas petroleras, empleados, exfuncionarios de PDVSA y varios empresarios quienes habrían clonado el sistema informático de la estatal petrolera venezolana para beneficiarse de las ofertas de productos y servicios de manera fraudulenta.

En la acción civil aparecen como demandados Glencore de Venezuela, C.A., Glencore Energy UK Ltd.,  Glencore International A.G. y Glencore Ltd.

Paralelamente, Glencore fue señalada en un reporte federal sobre las operaciones de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas CA (CAMIMPEG). El informe dice que en la gigante energética junto a empresas asociadas Southern Procurement Services (S.P.S) LTD y Palmat International habrían  violado las sanciones impuestas por los Estados Unidos a funcionarios venezolanos, y estarían envueltas en un esquema de corrupción y lavado de dinero con entes públicos del país suramericano. 

Glencore Plc. informó que tiene toda la disposición de cooperar con las autoridades estadounidenses, luego de haber recibido un emplazamiento legal de la justicia norteamericana en el cual se pidió la entrega de documentos sobre sus negocios de minería en la República Democrática del Congo, Venezuela y Nigeria, como parte de una investigación por corrupción.

La firma dijo que estableció un comité de miembros del directorio, incluyendo al presidente Tony Hayward y a los directores no ejecutivos independientes Leonhard Fischer y Patrice Merrin, para supervisar su respuesta al pedido del Departamento de justicia.

Tony Hayward dijo que “La corporación cooperará con el Departamento de Justicia estadounidense, mientras continúa enfocándose en nuestro negocio y buscando maximizar el valor que creamos para nuestros diversos accionistas en una forma responsable y transparente”.

En la declaración el vocero aseguró que la trasnacional aborda con seriedad la ética y el cumplimiento en todo el conglomerado.

El Departamento de Justicia pidió a Glencore una copia de los documentos y registros de cumplimiento con la Ley Estadounidense de Prácticas Corruptas en el Extranjero y estatutos de lavado de dinero.

Cooperación y garantía de transparencia

La principal razón del emplazamiento legal estadounidense contra la gigante suiza no son los contratos con Venezuela y Nigeria, sino los negocios en la República Democrática del Congo donde la firma tiene operaciones mil millonarias con empresas vinculadas a un empresario sancionado por el Departamento del Tesoro estadounidense.

El 20 de diciembre, una orden ejecutiva del presidente Donald Trump colocó al multimillonario israelí de diamantes Dan Gertler en la lista de individuos sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), debido a sus lazos comerciales con el controvertido presidente de la República Democrática del Congo, Joseph Kabila .

Ser calificado como OFAC "nacional especialmente designado" significa que los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones con Gertler o sus empresas relacionadas, y que todas sus propiedades e intereses en los EE. UU. están bloqueados. 

Gertler fue asociado comercial de Glencore en varios negocios. Cuando fue sancionado, la trasnacional no pudo continuar las operaciones con el mencionado empresario lo que generó varios litigios internacionales. 

En junio de 2018, Glencore PLC decidió reanudar los pagos multimillonarios a Gertler, con lo cual retó las autoridades norteamericana que prohibieron con su decisión a las empresas occidentales más opciones para lidiar con homólogos sancionados.

La transnacional había dejado de pagar las regalías a Gertler en diciembre de 2017, luego de que se impusieran sanciones por presunta corrupción en la República Democrática del Congo. La firma argumentó que decisión de reanudar los pagos era la única opción viable para evitar el riesgo de perder sus activos. Los pagos se realizarían en euros y garantizaría que ningún ciudadano estadounidense tuviese ningún rol en el acuerdo para cumplir con las sanciones de los EE. UU., según un reporte del diario The Wall Street Journal.[1]

Glencore  dijo que "si no se hacían los pagos se podría poner en riesgo la operación de sus activos en el Congo, lo que representa una amenaza para los precios del cobre y el cobalto en todo el mundo", dijeron fuentes relacionadas al The Wall Street Journal. Glencore, a través de sus minas congolesas, es el mayor productor mundial de cobalto, un producto clave para las baterías de vehículos eléctricos.

Luego de la decisión de Glencore de junio 2018, el Departamento del Tesoro impuso sanciones adicionales a 14 entidades afiliadas a Gertler. Los Estados Unidos acusan al empresario de utilizar su estrecha amistad con el presidente congoleño Joseph Kabila para actuar como intermediario en la venta de activos mineros en el país, dice el reporte del WSJ. 

En abril de 2018,  Gertler inició una acción legal contra Glencore en un tribunal congoleño en busca de 3.000 millones de dólares en daños y perjuicios en respuesta a la decisión de la empresa de detener los pagos, reportó el WSJ. Gertler también obtuvo importantes órdenes judiciales que, si se convirtieran en definitivas, le habrían permitido confiscar bienes de forma permanente en las minas de Glencore, lo que causaría graves trastornos en el mercado, dijo la compañía.

Las sanciones del Departamento del Tesoro prohíben que las firmas estadounidenses trabajen con Gertler y varias compañías asociadas con él. Esta fue la razón principal por la cual las autoridades norteamericanas presentaron un desafío legal a Glencore, que si bien es una empresa anglo-suiza, está estrechamente vinculada al sistema financiero de los EE. UU.

Glencore llegó a un acuerdo "para abordar adecuadamente todas las obligaciones de sanciones aplicables". Como resultado del acuerdo, Glencore dijo que "sus subsidiarias y compañías afiliadas Gertler acordaron retirar todo litigio pendiente y amenazado entre ellas".

Según el Departamento del Tesoro, Gertler habría amasado una fortuna a través de "minería opaca y corrupta". y acuerdos petroleros ". La principal empresa Gertler que trabaja en el Congo, Fleurette Group, ha negado enérgicamente las acusaciones de corrupción. 

La petición de la documentación por parte de la justicia norteamericana podría ser entregada este mes y de allí procederán con las acciones pertinentes. 

Documento prueba que empresa designada irregularmente para conformar Petrosur está vinculada a Derwick Associates

La filtración de un correo electrónico vino a corroborar las sospechas que se tuvieron desde un principio acerca de la estrecha relación que existe entre la empresa Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas y Alejandro Betancourt, cabeza principal de Derwick Associates, una contratista del Estado venezolano altamente cuestionada y señalada en varias acciones legales por haber supuestamente formado parte de un esquema de corrupción que envolvió miles de millones de dólares en contratos y sobornos vinculado al sector eléctrico de Venezuela .

En 2017, la firma holandesa-española Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas encendió las alarmas al ser designada irregularmente —dado que se violó la normativa constitucional para conformar la empresa mixta Petrosur— para la explotación del campo 10 Junín de la Faja Petrolífera del Orinoco.  Desde que se conocieron los términos de la negociación, y la compañía beneficiaria de la millonaria asignación se hicieron señalamientos —nunca evidenciados— de los supuestos vínculos de  IPISA con el principal dueño de Derwick. He aquí el documento que confirma esta versión a casi un año después de los hechos. 

Los datos

Una copia de un correo electrónico fechado el 30 de mayo de 2016 aclara que el socio de Alberto Cortina, representante de Inversiones Petroleras Iberoamericanas S.A., es Alejandro Betancourt. Se trata de una comunicación dirigida a Rubén Figuera (figuerark@pdvsa.com) y a Eulogio del Pino (delpinoeb@pdvsa.com), en la cual se puede leer que "el socio de los Cortina en IPISA es el venezolano Alejandro Betancourt dentro de la compañía que escribe la carta firmada por Ramón Blanco Balín". En este correo enviado por Antonio de info@suenergy.es, dicho remitente refiere que conoce a Ramón personalmente y que puede conversar con él si es necesario.

La comunicación fue acompañada por una copia de la carta firmada que Ramón Blanco Balín —empresario español acusado de lavado de dinero[1]— enviada al entonces presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Eulogio Del Pino donde éste deja claras sus intenciones de conformar una empresa mixta con PDVSA con el objetivo de explorar el Campo Junín. Dice que la compañía Inversiones Petroleras Iberoamericanas S.A forma parte del grupo empresarial de Alberto Cortina[2], quien es uno de los mayores accionistas del Grupo ACS[3], un importante grupo industrial de Europa.

La correspondencia explicaba que en razón a su experiencia como vicepresidente de Repsol, estaba muy familiarizados con las empresas mixtas de PDVSA “y tenemos los fondos para reaccionar en oportunidad de inversión para la empresa mixta de Junín Sur”. En tal sentido, solicitaron una reunión urgente para discutir los detalles.

Los primeros señalamientos

Una información de Upata Digital[4] señala que Derwick Associates estaría detrás de Inversiones Petroleras Iberoamericanas, vinculación que estaría dada por el hecho de todos los asociados de Derwick están relacionados con Alberto Cortina Alcocer quien es el padre de Pelayo Luis Cortina, directivo de IPI “en el BDK Financial Group (Banque du Dakar), un ambicioso emprendimiento de servicios en África. A ellos hay que sumar a Francisco D'Agostino Casado, accionista del BOD y yerno de Víctor Vargas, que también forma parte de la directiva del banco de Senegal”.

“Alberto Cortina Alcocer es socio de Derwick y/o del grupo O’Hara en la petrolera (formalmente de origen canadiense) que llegó a tener importantes operaciones en Colombia, Pacific Rubiales. A principios de 2015 el grupo de Betancourt recibió apoyo de Cortina Alcocer para la toma de control de Pacific. ‘Estoy aquí para apoyar a Alejandro’, dijo Cortina por teléfono desde Dakar en mayo de 2015 según el diario El País. La operación fue realizada a través de Cinainvest Holding SA, de Cortina, que declaró en presentaciones canadienses de documentación que era propietario de 500.000 acciones de Pacific Rubiales lo que permitió a Betancourt tomar control de la petrolera con casi el 20 por ciento del capital”, reza la nota del citado portal.

La información agrega que los líderes de Derwick “no se conforman con ser simples contratistas o proveedores de PDVSA, sino que ahora vienen directamente por el petróleo a través del esquema de las empresas mixtas lo que le ha dado acceso a  un área del bloque Junín de la Faja Petrolífera del Orinoco”.

Otras alerta

Una nota de la agencia de noticias Reuters[5] fechada el 16 de noviembre de 2017, informó que Venezuela había seleccionado a una empresa holandesa poco conocida y registrada para conformar la empresa mixta encargada de explorar y explotar el bloque petrolero Junín 10 en la Faja del Orinoco, de acuerdo a un decreto publicado para la fecha.

La nota señalaba que Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas tendría una participación del 40 por ciento en el proyecto, mientras Petróleos de Venezuela S.A. se constituiría como socio mayoritario de la compañía conjunta que asumiría el proyecto en el bloque que tiene el potencial de producir 200 mil barriles de petróleo por día.

Lo curioso que señalaba la reseña periodística es que PDVSA en el pasado había rechazado las ofertas de Statoil y Total SA para asociarse en la explotación del Junín 10.

Petrosur, nombre que asumió a empresa mixta, fue aprobada en Consejo de Ministros, entidad que emitió el decreto respectivo suscrito por el presidente Nicolás Maduro, obviándose el proceso de licitación a que obliga la legislación venezolana que, además, exige la aprobación por parte de la Asamblea Nacional. Paso este último que la administración de Maduro eludió. Para ello se valió del dictamen del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, de vocación oficialista, que determinó que el gobierno puede elegir socios del sector petrolero directamente y, por tanto declaró procedente la negociación. Se trató de la Decisión 156/2017 de la Sala Constitucional emitida el 29 de marzo de 2017 “que interpretó el Artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos y estableció, ilegal e inconstitucionalmente, que el Ejecutivo Nacional puede constituir empresas mixtas en materia de hidrocarburos sin autorización de la AN, contrariamente a lo establecido en la referida normativa”[6].

La Comisión Energía y Petróleos de la Asamblea Nacional advirtió que la creación de empresas mixtas solo le compete al Poder Legislativo Nacional, por lo que la creación de Petrosur no solo viola la Constitución de Venezuela, sino la Ley Orgánica de Hidrocarburos, aseguró Elías Matta, vicepresidente del ente parlamentario para la época.

Tal circunstancia puso en alerta a las agencias calificadoras de riesgo, las cuales, a pesar del repunte de los precios petroleros para el momento, optaron, en el caso de Standard & Poor’s y Fitch, bajar sus notas con respecto a PDVSA. Estimaron un “default selectivo” en razón del pago demorado de USD 1.169 millones y USD 842 millones de capital de bonos con vencimiento al 2017 y al 2020, lo cual a juicio de las calificadoras constituía el 30 por ciento de la deuda externa venezolana que el gobierno de Nicolás Maduro buscaba refinanciar, argumentando las restricciones que suponían las sanciones de Estados Unidos que prohíben a sus ciudadanos negociar deuda pública venezolana, pero que los especialistas sostienen que se debe a la merma de la producción de crudo que experimenta Venezuela.

“Venezuela produce 1.9 millones de barriles diarios (mbd) frente a 2.27 mbd del 2016”, se lee en una nota de El Economista[7] para la fecha (17 de noviembre de 2017) ocasionando esto que los ingresos cayeran de 121 mil millones en el 2014 a 72 mil en el 2015 y 48 mil en el 2016, una situación que la reseña contrataba el panorama exhibido por el país una década atrás, “cuando la agencia Petroleum Intelligence Weekly ubicaba a PDVSA por encima de gigantes como Shell o Chevron en su ranking de petroleras”.

Los expertos consultados por el portal aseguraron que el declive obedecía a la falta de inversión en mantenimiento y exploración, además de que la petrolera es obligada por el gobierno a vender sus divisas al Banco Central “a 10 bolívares por dólar, tasa reservada para importar alimentos y medicinas en un estricto control de cambios. En el mercado negro esa cotización se multiplica por 6.000”.

El director de la consultora GCG Advisors, José Gonzales, consultado para la reseña aseveró que “PDVSA está quebrada, ¿por qué? Porque se convirtió en un banco”.

Igualmente se citaron como causales de la situación, los bajos precios con que la gasolina es vendida en el mercado interno venezolano.

La empresa holandesa-española

La creación de Petrosur creó conmoción en la prensa española, dado que en la constitución de la misma participa Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas, fundada en La Haya, Países Bajos, calificada como una microempresa en el ranking empresarial, con un capital de sólo 147 mil euros y un rango de empleados entre 0 y 10.

De acuerdo al portal Drimble, Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas tiene su sede en Nassaulaan 2 A, Código postal 2514 JS, La Haya, Región de Haaglanden, Barrio Willemspark. Fue registrada el 19 de abril de 2017.

El sitio refiere que la empresa es propiedad de una entidad extranjera a la cual identifica como Arazen Investments Limited, establecido en PO Box 3175, Road Town, en las Islas Vírgenes Británicas. Agrega que Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas no tiene otras sucursales registradas en la Cámara de Comercio[8].

Por su parte, una nota del portal La Celosía [9] dice que los propietarios de la compañía en España fueron los dos principales funcionarios de Repsol en la gestión de José María Aznar, entre 1996 y 2004.

La reseña del portal de filiación oficialista  La Tabla dice que las personas señaladas como dueñas de la empresa socia de PDVSA, han estado vinculadas con casos de corrupción en España, además de que su objeto declarado no es petrolero, sino financiero. Drimble señala que “Las actividades de Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas tienen lugar (entre otras cosas) en el sector de las sociedades financieras de cartera. Este sector tiene la categoría principal: 'Instituciones financieras' y en este caso se subdivide en: 'Instituciones financieras (sin seguro y fondos de pensiones)', subcategoría 'Sociedades financieras controladoras'”. La nota refiere que “Su actividad es la adquisición, tenencia, disfrute y enajenación por cuenta propia de toda clase de valores mobiliarios y participaciones sociales de entidades no residentes (tenencia de valores extranjeros)”, citando el documento de constitución de la empresa.

La información hace mención a la figura legal con la cual se registró Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas, un fideicomiso administrado que facilita la separación de los derechos legales de los derechos económicos. Esta figura busca “proteger las acciones reales de una o varias empresas y además emitir títulos sin necesidad de notario. Generalmente esto se hace para asegurar el anonimato. Es similar a la figura de la ‘fundación’ que existe en Panamá”.

Al respecto, el portal Paraísos Fiscales.info indica que una “fundación privada es una entidad legal que nace de la donación de un patrimonio de una persona o empresa para unos fines determinados, los cuales se establecen en su acta fundacional. Se trata de una figura jurídica muy similar al trust o al fideicomiso, pero mientras los primeros son básicamente contratos regulados por la ley, la fundación privada es una entidad con personalidad jurídica propia, al igual que ocurre con las sociedades. Se diferencia del resto de las fundaciones en que su propósito no es de interés público, sino que se constituye para fines de interés privado, lo que sólo está permitido en unos pocos países que cuentan con una legislación específica al respecto. Comparándola con una sociedad mercantil, la fundación privada no tiene socios ni accionistas y no puede dedicarse a actividades comerciales o con afán de lucro, excepto si estas se producen de forma no habitual y sirven a sus propósitos generales. Están exceptuados de esta norma los llamados ingresos pasivos, es decir, intereses, rendimientos de acciones, letras o bonos, siempre y cuando sus dividendos se utilicen para financiar los objetivos de la fundación”[10].

Otro aspecto reseñado en la citada nota es que José Ramón Blanco Balín suscribió “un Acuerdo de Estudio Conjunto del Campo Junín Sur como Consejero Delegado de Inversiones Petroleras Iberoamericanas (no de Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas), pese a que había dimitido de ese cargo el 16 de septiembre de 2013, según consta en BOE del 29 de septiembre de 2013, número 183. Sin embargo un mes después fue nombrado como Apoderado”.

Son muchas las aclaratorias que deben hacerse, plantea Sergio Saez en un artículo publicado en Petroleum World[11], entre ellas, la relativa a cómo Inversiones Petroleras Iberoamericanas, una sociedad anónima española, pasó a convertirse en Stichting Administratiekantoor (STAK) (Fundación privada de Confianza) en Holanda con domicilio en Amsterdan.

Igualmente se debe aclarar por qué PDVSA negocia con un personas vinculados a hechos de corrupción en España, como si no fuera público y notorio que Blanco Balin es acusado de diseñar una estructura societaria en paraísos fiscales o  territorios no cooperantes a los que se canalizan los fondos ilícitos de origen español para luego volver a incorporarse al capital de las sociedades patrimoniales domiciliadas en España.

Los propietarios de la empresa socia

Como apoderado de Stichting Administratiekantoor Inversiones Petroleras Iberoamericanas en el Registro Mercantil de España, figura José Ramón Blanco Balín, quien anteriormente aparecía como consejero delegado, de acuerdo a una nota de la agencia Europa Press[12] .

En el contrato suscrito entre la empresa española-holandesa y la Corporación Venezolana de Petróleo, filial de PDVSA, se adjudica a la empresa mixta la "producción, mejoramiento y comercialización de petróleo crudo pesado y extrapesado" en el "área geográfica de Junín 10, ubicada en el área Junín de la Faja Petrolífera del Orinoco".

Firmaron Orlando Chacín, vicepresidente de PDVSA, y José Ramón Blanco Balín, consejero delegado según la sentencia del TSJ que autoriza la contratación, aun cuando el Registro Mercantil español indica que este cargo lo desempeñó hasta 2013 siendo que a la fecha de la negociación tenía la posición de apoderado.

Blanco Balín es investigado en España por el caso Gürtel, un escándalo de corrupción y lavado de dinero.

De acuerdo a una nota de El Mundo[13], también es socio y apoderado de Inversiones Petroleras Iberoamericanas junto a Alfonso Cortina, hermano de Alberto Cortina y presidente de la sociedad. Como vicepresidente aparece Pelayo Luis Cortina Koplowitz, hijo de Alberto.

Con esta sociedad de un capital de 147.500 euros, Blanco Balín y Cortina unieron nuevamente sus destinos, figurando el segundo como presidente y el primero como vicepresidente y consejero delegado cuyo objetivo inicial es “la adquisición, tenencia, disfrute y enajenación por cuenta propia de toda clase de valores mobiliarios y participaciones sociales de entidades no residentes (tenencia de valores extranjeros)”[14]. 

También es uno de los administradores de Inversiones Cortina 2009, una sociedad dedicada a actividades de 'holding'. Alberto Cortina figura como el otro administrador de la compañía, quien posee el cien por ciento de las acciones.

De Percacer Blanco Balín es el apoderado, cuyo administrador accionista único es Alberto Cortina. Esta firma le sirve a Cortina para gestionar su patrimonio y apareció en Papeles de Panamá”.

En Inversiones Petroleras Iberoafricanas José Ramón Blanco Balín aparece como uno de los administradores solidarios junto con el hijo de Alberto Cortina, Pelayo Luis Cortina Koplowitz, y un socio habitual en empresas de los Cortina, José Grande Folgado. Blanco cesó en 2013.

Disclaimer 

Para la realización de esta nota intentamos comunicarnos con las personas mencionadas, y con los representantes de las empresas citadas cuyas direcciones y teléfonos aparecen en los récords públicos. Enviamos cuestionarios a los correos mencionados en el documento publicado y a otros que aparecen en otras comunicaciones separadas y hasta el cierre de este trabajo no logramos respuestas.

Tras declararse culpable y pagar una fianza de $250 mil, exfuncionario de PDVSA logra casa por cárcel

El exdirector de Finanzas de la Electricidad de Caracas, Luis Carlos De León Pérez  se declaró culpable ante un juez federal de Houston por cargos de corrupción y lavado de dinero. El exfuncionario del gobierno venezolano participó en un esquema a través del cual cobraban sobornos millonarios a las empresas que participaban en las licitaciones de la empresa pública de servicio eléctrico, filial de la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). 

Pérez de León pagó una fianza de US $250.000,00 en la corte comprometiéndose a cumplir con todos los requerimientos establecidos en la orden de excarcelación.  El exfuncionario, quien posee doble nacionalidad venezolano-americana, está obligado asistir a las audiencias del tribunal en Houston y Washington DC.

En la acusación del gobierno, Pérez De León admite que usó su poder e influencias para pedir sobornos a las empresas contratistas de la Electricidad de Caracas entre los años de 2011 al 2013, durante el gobierno del fallecido presidente, Hugo Chávez Frías.

En los documentos federales dice que el exfuncionario aceptó que formaba parte de una red de gerentes con altos cargos en la empresa estatal y que actuó en conjunto con otros exactos ejecutivos entre quienes se destacan el exviceministro de Energía de Venezuela Nervis Villalobos Cárdenas; y César David Rincón Godoy, que ocupó el cargo de gerente general de Bariven.

Pérez De León asumió su responsabilidad en el cobro de sobornos a los contratistas juzgados por la justicia norteamericana,  Roberto Rincón y Abraham José Shiera, ambos en espera de sentencia.

Con su declaración de culpabilidad, Pérez De León logrará una condena menos severa.

El exfuncionario será sentenciado el 24 de septiembre de 2018 a las 10:00A.M.

Notas relacionadas:

http://maibortpetit.blogspot.com/2018/04/luis-carlos-de-leon-perez-debera.html

https://medium.com/@maibortpetit_84642/maibort-petit-juez-de-houston-niega-mociones-solicitadas-por-la-defensa-de-luis-carlos-de-922f1ffc5cad

Juicio de "El Chapo" Guzmán se iniciará en noviembre de 2018

El juicio del narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán comenzará el 5 de noviembre de 2018, dos meses después de lo programado inicialmente, dictaminó este lunes el juez del Distrito Este de Nueva York, Brian Cogan.

El magistrado aprobó la prórroga  luego que los defensores del líder del Cártel de Sinaloa solicitaran cinco meses adicionales para revisar las pruebas, alegando que los fiscales federales encargados del caso les habían echado en "camión de arena" con la entrega de evidencias de manera tardía. 

La fiscalía neoyorquina habían pedido a la corte un mes prórroga.

El juez Cogan acordó la demora de dos meses y dijo que la selección del jurado en el caso de Guzmán comenzará ahora el 5 de noviembre de 2018.

Cogan aseguró que el aplazamiento se debe a las "voluminosas" evidencias entregadas por los fiscales el 3 de julio de 2018.

En el mismo orden, prohibió a los fiscales presentar pruebas en el juicio que no revelaron al equipo de la defensa antes del 26 de junio de 2018.

Cogan también tiene que decidir si el juicio permanecerá en Brooklyn o se mudará a la corte federal de Manhattan, como lo solicitaron los abogados de "El Chapo", alegando que es más fácil transportar a su cliente desde su celda en Manhattan.

Guzmán fue extraditado desde México a Estados Unidos en enero de 2017 para enfrentar cargos por narcotráfico, conspiración y lavado de dinero.