martes, 27 de noviembre de 2018

Posibles sanciones a la defensa del Chapo Guzmán por uso ilegal del celular de Emma Coronel en la corte

 La fiscalía de Estados Unidos solicitó a la corte que impongan sanciones a los abogados de Joaquín el Chapo Guzmán y medidas administrativas especiales en relación a la uso del celular en las instalaciones del tribunal por parte de la esposa del acusado, Emma Coronel Aispuro. El juez Brian Cogan ordenó a la defensa presentar una respuesta a la moción antes del viernes para decidir sobre la materia la próxima semana.

Los fiscales enviaron una moción a Cogan en la madrugada de este martes (1:45 AM ) donde incluyen fotos y videos de la mujer usando  en la corte.

El gobierno sostiene que hubo complicidad entre los abogados de la defensa para que supuestamente Coronel pudiera usar el celular al momento en que los abogados estaban reunidos con el acusado durante dos días del juicio de la semana pasada, con lo cual se violaron las reglas SAM que limita el contacto entre Guzmán y su esposa.

Los fiscales recuerdan que  el Servicio de aguaciles de los Estados Unidos tiene reglas locales que no permiten que personas que no sean abogados tenga sus celulares u otro tipo de electrónico en la sala de la corte.

Los aguaciles llamaron la atención del uso del celular por parte de Emma Coronel este lunes. Los sistemas de videos de la corte lograron registrar a la esposa de Guzmán usando un dispositivo el 19 de noviembre de 2018. Ese día  la seguridad de la corte revisó las imágenes alrededor de Coronel para determinar su la mujer había violado la regla o no, y se confirmó que Coronel tenía un teléfono dentro del juzgado. 

Dice que si bien las imágenes de vigilancia no proporcionaron evidencia de video de la Sra. Coronel en posesión de un teléfono celular el 20 de noviembre de 2018, pero que las imágenes capturadas en el sistema de video vigilancia confirmaron que la esposa del acusado poseía un teléfono celular el 19 de noviembre de 2018.

Recuerdan que las reglas del servicio de aguaciles de los Estados Unidos imponen diversas restricciones al acusado y al abogado defensor, según la determinación del Fiscal General de que las comunicaciones y los contactos entre el acusado y otras personas podrían causar la muerte o lesiones corporales graves a terceros. 

Las reglas impuestas restringen las llamadas telefónicas con Guzmán. En particular, prohiben interconectar llamadas telefónicas con el acusado. La modificación posterior de la regla Servicios de Aguaciles de el 3 de mayo de 2017 prohibió al demandado tener contacto telefónico con la Sra. Coronel específicamente.

Estas reglas dicen que el abogado y el personal de los abogados acordaron no reenviar mensajes de terceros hacia o desde el acusado. 

Alejandro Andrade pide a la corte una sentencia no mayor a 9 años de prisión

El ex tesorero venezolano, Alejandro Andrade solicitó formalmente a la corte federal que  diseñe una sentencia que sea "suficiente pero no mayor de lo necesario" para lograr los fines legales de la pena establecida en  las leyes estadounidenses. En ese sentido, el ex funcionario del gobierno de Hugo Chávez pide que su condena se encuentre entre los 7.5 a 9 años de prisión. 

Andrade sostiene que no ha presentado objeciones al Informe de investigación previa a la sentencia (PSI) ni a su cálculo de la guía de asesoramiento que aconseja una sentencia de referencia de 120 meses. "Ese es el máximo legal establecido para el delito de condena cuando el rango de referencia aplicable excedería el máximo legal". 
  
Dice el documento que Andrade ha aceptado plena y sinceramente la responsabilidad de la conducta ofensiva y ha cooperado con los Estados Unidos desde el primer día. 

Sostiene que la fiscalía ha acordado que tiene derecho "a una reducción de 3 niveles de sus rangos de pautas de sentencia de otro modo aplicables de acuerdo con lo establecido en el acuerdo de declaración de culpabilidad(USSG § 3E1.1)".  Sin embargo, "debido a que el rango de las directrices, la sentencia de Andrade está por encima de la sentencia máxima legal (120 meses) por el delito por el que se declaró culpable, y no recibe ninguna reducción a su sentencia real en virtud de las Pautas por su aceptación de responsabilidad" .

Dice el memorando que bajo las circunstancias antes mencionadas  el Tribunal puede otorgar una variación a la baja aplicando el ajuste de tres niveles desde la línea de base del máximo legal (en lugar de hacerlo desde el nivel de infracción como se calcula en las Pautas). 

Argumenta que un tribunal de distrito tiene la facultad de recompensar la aceptación de responsabilidad del acusado al salir hacia abajo cuando para reducir la sentencia real del demandado.

Un rango de Pautas de 120 meses cae aproximadamente en el extremo inferior de un Nivel de Ofensa de 32 (121—151 meses). Si el Tribunal aplicara el equivalente a una reducción de 3 niveles para la aceptación de la responsabilidad, Andrade terminaría en un Nivel de infracción de 29, que tiene un rango de 87 a 108 meses.


En la carta dice que el acusado "entiende y reconoce que el Tribunal tiene la autoridad para imponer cualquier sentencia dentro y hasta el máximo legal autorizado por la ley por el delito de lavado de dinero que viola la ley de Prácticas Corruptas en extranjero, y que comprende no puede retirar su declaración de culpabilidad únicamente como resultado de la sentencia impuesta".

Andrade informa al juez que entiende y reconoce que el Tribunal puede imponer un plazo máximo de prisión obligatorio de hasta diez años, seguido de un período de libertad supervisada de hasta tres años. Además de una pena de prisión y libertad supervisada en los términos que decida el juez.

jueves, 22 de noviembre de 2018

Miles de dólares en sobornos para que el Chapo tuviera teléfono en la cárcel y relaciones sexuales con sus esposas

A lo largo de la audiencia de este martes en el juicio de Joaquín "El Chapo" Guzmán el testigo de la fiscalía Miguel Ángel Martínez Martínez explicó cómo el acusado transformó su vida durante el llamado "boom de la cocaína" de los años noventa. También detalló que gracias al pago de un soborno, de unos USD30 mil a USD 40 mil mensuales, a una persona ligada al director de la cárcel del Altiplano en México cuando el Chapo estaba preso en 1993 para que el acusado tuviera un celular y pudiera tener relaciones sexuales con sus esposas.
Comentó que consiguió -gracias al pago de sobornos- también metió comida gourmet, zapatos, ropa y otras facilidades. Las coimas al funcionario se pagaron por entre 6 u 8 meses, dijo el ex miembro del cártel de Sinaloa.

Los jalapeños

Martínez, el segundo ex miembro del cártel de Sinaloa que testificó como testigo colaborador del gobierno estadounidense. En su segundo día en el estrado dió a conocer nuevos detalles de cómo Guzmán transportaba "de 25 a 30 toneladas" de cocaína al año en los Estados Unidos en latas de jalapeños  antes de  el método fue descubierto en 1993 por las autoridades norteamericanas.

Martínez explicó a los jurados los entretelones de las peripecias de la vida del acusado en México, las riquezas logradas con la venta de cientos de toneladas de cocaína en los Estados Unidos. 

Según el testigo, Guzmán empezó a incrementar su fortuna en 1990 con la sofisticación de los métodos para pasar la droga desde México a Norteamérica, a través de túneles, trenes, latas de jalapeños y camiones doble fondo, entre otros.

Guzmán empezó adquirir propiedades inmobiliarias en México, el balnearios de las playas, compró 4 jets, ranchos y llegó  un momento en el que decidió comprar un rancho en Gualadajara que transformo en un zoológico particular donde logró poseer tigres, leones, panteras, venados, trenes de paseo por las amplias hectáreas de terreno. Asimismo, viajó por el mundo, desde Macao, Tailandia, Hong Kong y Japón a todos los países de Europa, incluida Suiza, donde pagó los tratamientos en una clínica "donde ponen algunas células en ti para que te mantengas joven". disfrutó de comodidad y las ganancias eran tales que daba regalos costosos. 

Dijo que el Acapulco se había comprando una casa que valía $ 10 millones, con canchas de tenis, piscina, donde atracaba un yate llamado "Chapito".

Martínez dijo que Guzmán había ganado tanto dinero que obsequió a sus empleados unos 50 vehículos que tenían un costo de entre USD 30.000,00 y USD 35.000.00 por unidad.  Al testigo le regaló un reloj Rolex de diamantes.

Martínez Martínez trabajó muy cerca de Guzmán desde 1986 hasta 1998, cuando se produjo el ascenso del líder en el cártel de Sinaloa. Durante el testimonio, el testigo explicó cómo se inició la guerra entre el cártel de Sinaloa y el de Jalisco, con los hermanos Arellano Felix.

Escuchas

El testigo explicó que entre las estrategias usadas por Guzmán para espiar a sus rivales, a los compadres, novias y amigos el acusado se había comprado en Estados Unidos una máquina que permitía clonar teléfonos, una alta tecnología de escuchas y equipos de monitores que le permitió ser uno de los hombres mejor informados. 

Martínez Martínez comentó que el Chapo quería saber qué pensaba de él su gente su gente y sus enemigos "Sus enemigos, sus amigos, sus competidores, a quien él quisiera" incluyendo a las novias.

Manifestó que la organización de Guzmán había clonado las latas, etiquetas, y cajas de una compañía real, La Comadre para evitar el escrutinio de la FDA. Le dijo al fiscal que habían usado ese mecanismo porque era mas fácil trabajar con una marca que ya tenía los permisos para exportar los jalapeños a los Estados Unidos. 

Ese método lo usaron por un tiempo y comentó que empacar entre 600 y 700 latas con ladrillos de un  kilo de cocaína era muy difícil para los trabajadores. Inclusive, comentó que los empleados se habían intoxicado ya que cuando presionaban la droga en la lata expedía en el aire la cocaína.

Los envíos en las latas de jalapeños también le crearon problemas con los proveedores colombianos, en especial con Juan Carlos Ramírez Abadía alias "Chupeta" porque este decía que la cocaína perdía pureza  y reactividad cuando era empacada con presión en los envases de metal. Esta queja obligó a que hubiese un cambio de producción a ladrillos de medio kilo rodeados de arenilla para reproducir el peso y la sensación del agua y de pimientos reales sin comprometer la calidad.

El testigo dijo que en la medida que se mejoraban los envíos, Guzmán lograba ganancias en efectivo millonarias, a tales extremos que Martínez Martínez se veía obligado a depositar entre $ 10 y $ 12 millones al mes en bancos mexicanos para lo cual pagaba sobornos a los empleados de las entidades financieras. 

También explicó que Guzmán tenía almacenado fajos de billetes en residencias privadas.

Cuando el Chapo fue arrestado le pidió a Martínez que se encargara de atender a una de sus esposas llamada Griselda y sus hijos Edgar, Joaquín, Ovidio y una niña. El testigo les prestó seguridad, le dió casa, dinero y les regalaba carros. "Nada les faltaba", dijo el testigo.

También mencionó a otra de las esposas llamada Alejandrina y sus hijos César, Archivaldo, Alfredo y una niña.

Martínez también describió cómo el cartel de Sinaloa estaba introduciendo de contrabando toneladas de cocaína en los Estados Unidos, a través de túneles excavados debajo de la frontera, en camiones cisterna con compartimientos secretos. De regreso a México los camiones iban repletos de decenas de millones de dólares en efectivo que se quedaba en Tijuana, donde Guzmán enviaría sus jets privados cada mes para recogerlos. En promedio, cada avión llevaría hasta $ 10 millones, dijo el testigo.

Guzmán, de 61 años, fue extraditado enero de 2017 y está acusado de utilizar la intimidación y la violencia para dirigir una empresa criminal que traficó miles de toneladas de cocaína, heroína, marihuana y metanfetaminas logrando ganancias que según el gobierno estadounidense rondan por  $ 14 mil millones. Se espera que el juicio dure cuatro meses.

miércoles, 31 de octubre de 2018

Iván Alexis Guedez ex empleado de Pdvsa se declaró culpable de haber recibido sobornos en tribunal de Houston

Este miércoles se declaró culpable en un tribunal Federal en Houston, Iván Alexis Guedez, ex-empleado de Bariven Houston, socio de Roberto Rincón y Alfonzo Gravina. Guedez fue acusado por los Estados Unidos de haber  participó en una  trama de lavado de dinero internacional que involucra el pago de sobornos las contratistas cuyas empresas tenían sede en territorio norteamericano y que lograban contratos millonarios de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y prioridad de pago en factura pendientes.

Ivan Alexis Guedez de 47 años y residente de Katy, Texas, se declaró culpable ante la jueza Christina A. Bryan, del Distrito Sur de Texas, en Houston, de un cargo de conspiración para lavar dinero.

La sentencia de Guedez está programada para el 20 de febrero de 2019 por parte del Juez de Distrito Gray H. Miller del Distrito Sur de Texas.

El asistente del fiscal general Brian A. Benczkowski perteneciente a la División de lo Penal del Departamento de Justicia, conjuntamente con el fiscal federal, Ryan K. Patrick del Distrito Sur de Texas y el agente especial a cargo Mark Dawson de la Oficina de Campo de Houston (HSI) de Investigaciones de Seguridad Nacional de Aduanas y Control de Aduanas de los EE. UU. hicieron el anunció este 31 de octubre.

De acuerdo a la declaración de culpabilidad, cuando Guedez trabajaba en Bariven estuvo de acuerdo con otros funcionarios de PDVSA que trabajaban en la sede de la petrolera en Miami para recibir sobornos de parte de un grupo de contratistas encabezados por Roberto Rincón y Abraham Shiera a cambio de la aprobación del contratos.

Los co-conspiradores que fueron empleados por el proveedor de PDVSA también recibieron sobornos dice el acuerdo dado a conocer por los fiscales.

Guedez y otros co-conspiradores ocultaron los pagos corruptos, entre otras cosas, comunicándose con direcciones de correo electrónico ficticias, creando facturas falsas para justificar los pagos y dirigiendo los pagos de sobornos a una cuenta en un banco suizo a nombre de una empresa fantasma.

Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Guedez acordó renunciar a los beneficios de su actividad criminal.

Guedez se convierte en la última persona en declararse culpable como parte de una investigación más amplia y en curso del gobierno de los Estados Unidos sobre sobornos en PDVSA. Incluyendo Guedez, el Departamento de Justicia ha anunciado las declaraciones de culpabilidad de un total de 15 personas en relación con la investigación.

Ex director de PDVSA se declara culpable de lavado de dinero en Miami

El ex director ejecutivo de la petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela, S.A., Abraham Edgardo Ortega se declaró culpable  de conspiración de lavado de dinero de miles de millones de dólares, según informó la fiscalía del Distrito Sur de la Florida en Miami.

Abraham Edgardo Ortega, de 51 años, de nacionalidad venezolana,  fue director ejecutivo de planificación financiera de PDVSA. El ex funcionario se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. 

La fiscalía informó que su sentencia está programada para el 9 de enero de 2019 y será leída por la jueza de distrito Kathleen M. Williams del Distrito Sur de Florida.

En su declaración de culpabilidad, Ortega admitió que cuando trabajaba para PDVSA aceptó $ 5 millones en sobornos para otorgarle un préstamo prioritario de la petrolera venezolana a una compañía francesa y un banco ruso, que eran accionistas minoritarios en empresas conjuntas con PDVSA. 

Ortega recibió el pago de este esquema de soborno con los ingresos de un esquema de cambio de moneda, a través del cual se malversaron $ 1,200 millones, mediante sobornos y fraude de PDVSA. 

Ortega también admitió que en cuando era director de PDVSA, aceptó $ 12 millones en sobornos por su participación en un plan de malversación de PDVSA que involucra un préstamo y un contrato de cambio de divisas.

Ortega aseguró que trabajó con un coacusado para lavar $ 12 millones de dólares que recibió como soborno. El acusado también admitió que él y su coacusado lavaron $ 12 millones a través de un sofisticado plan de falsas inversiones, y que recibió dinero de un pago realizado por PDVSA para que pareciera una inversión en un fondo, pero, de hecho, el pago realmente fue lavado de dinero de  ese fondo, dice la declaración de la fiscalía.

En su declaración de culpabilidad Ortega admitió que apoyó este esquema de lavado de inversión falsa, y que actúo junto a los otros cómplices que administraron el dinero, a firmas de corretaje, bancos y firmas de inversión en bienes raíces en los Estados Unidos y otros lugares, que operan como una red de lavadores de dinero profesionales.

Los co-conspiradores de Ortega acusados ​en este caso el pasado16 de agosto incluyen a ex funcionarios de PDVSA, profesionales de lavado de dinero y miembros de la élite venezolana, conocidos como "boliburgueses".

La fiscalía informó que este caso es el resultado de los esfuerzos en curso de la "Operación fuga de Dinero" realizado por la Fuerza de Tareas contra la Delincuencia Organizada (OCDETF, por sus siglas en inglés), una asociación entre agencias federales, estatales y locales de aplicación de la ley de los Estados Unidos. La misión de OCDETF es identificar, investigar y procesar a miembros de alto nivel de empresas de tráfico de drogas, reuniendo la experiencia combinada y las capacidades únicas de las autoridades federales, estatales y locales.


También participaron los fiscales y agentes de la Oficina de Asuntos Internacionales de la División de lo Penal, la Agencia Nacional de Delitos del Reino Unido y las autoridades policiales italianas, españolas y maltesas también brindaron asistencia.

martes, 30 de octubre de 2018

Juez de Nueva York niega prórroga del juicio solicitada por la defensa de Joaquín "El Chapo" Guzmán

 Un juez federal negó este martes las mociones sometidas al tribunal por Joaquín "El Chapo" Guzmán que buscaban prorrogar el juicio y  excluir las nuevas evidencias del gobierno relacionadas con supuestos asesinatos que el acusado habría ordenado.

El magistrado Bryan Cogan ratificó que el juicio se iniciará el próximo 5 de noviembre, tal como estaba previsto, con la selección de los miembros del jurado, aunque ordenó que la presentación inicial de argumentos se realizará el 13 de noviembre de 2018, con lo cual la defensa tendrá una semana extra para prepararse.

Cogan fue muy claro cuando advirtió que los defensores sabían que el caso de Guzmán iba a ser complejo y que se esperaban  evidencias voluminosas. Advirtió que "nunca nadie se siente preparado para un juicio de esa envergadura" pero que había que proseguir tal cual se había acordado. 

Cogan dijo al gobierno que debía "priorizar" las evidencias, haciendo referencia a la nueva documentación relacionada con unas supuestas nuevas víctimas de Guzmán y que sumarían unas 17 personas, con lo cual la cifra aumentó a unos 38 aproximadamente. 

El juez dijo que el caso de Guzmán era esencialmente por narcotráfico, y que los fiscales debían enfocarse en esas acusaciones más que en las relacionadas con supuestos asesinatos.

Cogan dijo a los defensores de Guzmán que el material presentado por la fiscalía es una pieza importante del gobierno para probar la culpabilidad del acusado. 

El abogado de Guzmán, Eduardo Balarezo, dijo que las 14 mil páginas entregadas por la fiscalía eran excesivas, mostrando unas 22 carpetas voluminosas que apilaron en el escritorio para que fueran observadas por el magistrado y por los presentes en la sala, entre quienes se encontraban los periodistas.

Cogan respondió que desde el inicio se esperaba una enorme cantidad de evidencias, recordando que los fiscales habían dicho que entregarían unas 25 mil páginas.

La defensa de Guzmán advirtió el lunes que al acusado se le está violando el debido proceso, puesto que el gobierno de los Estados Unidos entregó a los defensores un paquete de información y evidencias masivo que requiere tiempo para ser evaluado y preparado. Ante lo consideran una injusticia, los litigantes solicitaron al juez que considerara una prórroga para el inicio del juicio.

"El Chapo" luce bien

Guzmán llegó a la sala a las 9 de la mañana, vistiendo su uniforme azul y una camiseta color naranja, lucía descansado y bien acicalado. Al inicio de la sesión se quejó que los audífonos no funcionaban, asunto que se resolvió rápidamente. 

La audiencia que duró unos 20 minutos y versó únicamente sobre las mociones solicitadas por la defensa.

Cogan pidió a las dos partes trabajar de manera más organizada. El magistrado se quejó que durante el fin de semana el abogado Eduardo Balarezo lo había llamado dos veces y habían sometido a su consideración dos documentos que solicitaban lo mismo, y también llamó la atención de los fiscales por  haber entregado con retraso  el material del descubrimiento, lo habían prometido 14 días antes del juicio, no una semana como en efecto ocurrió. 

También se refirió Cogan al hecho que la fiscalía hubiese pedido sellar algunos documentos que la corte colocó públicamente.

El magistrado dijo que había leído todos los documentos de las dos partes y que no había nada nuevo en ellos. "Hoy no teníamos que estar aquí, porque habíamos acordado reunirnos el 5 de noviembre . En la última audiencia pregunté si había algo más que agregar y tanto el gobierno como la defensa dijeron que no", acotó el magistrado, quien a la vez aseguró que sería severo en el cumplimiento del cronograma y que se trabajarían algunos viernes "que inicialmente se habían exceptuado" para no alargar más el juicio.

Las mociones de Guzmán

Guzmán Loera, a través del abogado Eduardo Balarezo, argumentó que la fiscalía entregó a los defensores una cantidad masiva de información (más de 14,000 páginas) entre las cuales se encuentran "17 nuevas conspiraciones de asesinato que pretenden ser imputadas y antes las cuales se debe crear una estrategia para su defensa".

Los abogados de Guzmán admiten que sabían que la información se produciría pero que necesitan más tiempo para revisar la enrome cantidad de documentos y prepararse para la defensa.

La defensa advierte en relación a las 17 presuntas víctimas adicionales, que Guzmán tampoco "está fingiendo sorpresa de que se hayan revelado más víctimas". Lo que sucede -explica- es que nadie esperaba que "el gobierno casi duplicara el número de supuestas conspiraciones de asesinato que pretendía perseguir".

El gobierno se burla de la defensa al afirmar que "siempre habría sido evidente para los practicantes criminales con experiencia" que el material § 3500 estaría en inglés. En ese sentido, los defensores aseguran que los fiscales no comprenden "o no tiene en cuenta" que Guzmán tiene derecho a revisar el material de la sección 3500 en idioma inglés, "algo que no puede hacer sin la ayuda del equipo de abogados". 

Reiteran que cada una de las 14 mil páginas entregadas debe ser revisada con el acusado, lo cual es un proceso laborioso y lento.

La defensa señala que pesar de que el gobierno no procederá en varios cargos y violaciones (6 en total), si avanzará en 11 cargos y 29 violaciones relacionadas con eventos que abarcan un período de 25 años y que ocurrieron en el extranjero. 

Asimismo se quejan que el gobierno haya eliminado dos categorías de víctimas de conspiración de asesinato y haya agregado otras 17 víctimas nombradas. En efecto, "el alcance de las acusaciones contra el Guzmán pasó de excesivamente exagerado a simplemente excesivo".

lunes, 29 de octubre de 2018

Defensa del Chapo Guzmán insiste en que se está violando el derecho a un juicio justo

La defensa de Joaquín "El Chapo" Guzmán advirtió este lunes (en un nuevo documento) que al acusado se le está violando el debido proceso, puesto que el gobierno de los Estados Unidos entregó a los defensores un paquete de información y evidencias masivo que requiere tiempo para ser evaluado y preparado. Ante lo consideran una injusticia, los litigantes solicitaron al juez Bryan Cogan que considere una prórroga para el inicio del juicio previsto para el 5 de noviembre de 2018.

En el documento, la defensa expresa la oposición del acusado a la moción del gobierno para que se continúe con el calendario procesal, tal cual está pautado.

Guzmán Loera, a través del abogado Eduardo Balarezo, argumenta que la fiscalía entregó a los defensores una cantidad masiva de información (más de 14,000 páginas) entre las cuales se encuentran "17 nuevas conspiraciones de asesinato que pretenden ser imputadas y antes las cuales se debe crear una estrategia para su defensa".

Dice el documento que "si bien el gobierno insulta a la defensa solicitando la continuación del juicio, los fiscales han sido muy lentos en entender que la razón central de los defensores para pedir una prórroga es que las condiciones actuales Guzmán no puede obtener un juicio justo".

La fiscalía explicó en su moción que es falso que haya "emboscado a la defensa", ya que los fiscales habían informado desde hace unos meses que estarían divulgado detalles de las acusaciones en el  llamado material 3.500 y otros recursos adicionales que incluyen las evidencias que se usarán en el juicio.

Los abogados de Guzmán admiten que sabían que la información se produciría pero otra cosa es en realidad tener esa enorme cantidad de documentos y revisarlos para prepararse para la defensa.

Dice que Guzmán no está "fingiendo sorpresa" de que el gobierno haya divulgado el material § 3500. Claramente, el acusado sabía que eso ocurriría. Sin embargo, "una vez que se produjo el material, se hizo evidente que 1 mes no era suficiente para revisar y digerir la información para poder usarla de manera efectiva"

La defensa advierte en relación a las 17 presuntas víctimas adicionales, que Guzmán tampoco "está fingiendo sorpresa de que se hayan revelado más víctimas". Lo que sucede -explica- es que nadie esperaba que "el gobierno casi duplicara el número de supuestas conspiraciones de asesinato que pretendía perseguir".

El gobierno se burla de la defensa al afirmar que "siempre habría sido evidente para los practicantes criminales con experiencia" que el material § 3500 estaría en inglés. En ese sentido, los defensores aseguran que los fiscales no comprenden "o no tiene en cuenta" que Guzmán tiene derecho a revisar el material de la sección 3500 en idioma inglés, "algo que no puede hacer sin la ayuda del equipo de abogados". 

Reiteran que cada una de las 14 mil páginas entregadas debe ser revisada con el acusado, lo cual es un proceso laborioso y lento.

La defensa señala que pesar de que el gobierno no procederá en varios cargos y violaciones (6 en total), si avanzará en 11 cargos y 29 violaciones relacionadas con eventos que abarcan un período de 25 años y que ocurrieron en el extranjero. 

Asimismo se quejan que el gobierno haya eliminado dos categorías de víctimas de conspiración de asesinato y haya agregado otras 17 víctimas nombradas. En efecto, "el alcance de las acusaciones contra el Guzmán pasó de excesivamente exagerado a simplemente excesivo".

Aclaran que Guzmán "no hace presentaciones imcompletas o incorrecta de los hechos, ni insinuaciones; no está haciendo afirmaciones extraviadas; no se está involucrando en una retórica exagerada; no está haciendo afirmaciones falsas; No está lanzando aspersiones; No está engañando a la Corte con fotografías del material producido; y no le está pidiendo al gobierno que explique la evidencia antes del juicio".

Afirman que que pide Guzmán es simplemente poder defenderse y tener un juicio justo. Lo que está ocurriendo no es consistente con las garantías constitucionales de debido proceso.

Añaden que la Constitución no tiene una escala móvil del debido proceso basada en la identidad del acusado o las acusaciones en su contra.  "Guzmán merece al debido proceso al igual que otro acusado".