viernes, 22 de febrero de 2019

Defensa del Chapo Guzmán inicia procedimientos legales para un nuevo juicio

La defensa de Joaquín el Chapo Guzmán solicitó al juez Bryan Cogan la realización de un nuevo juicio alegando que el jurado habría violado las instrucciones de la corte durante el proceso que culminó con un veredicto unánime de culpabilidad por 10 cargos contra el célebre narcotraficante.

En una carta enviada por el abogado Eduardo Balarezo al tribunal se sostiene que el 20 de febrero de 2019, en el portal de noticias Vice News se publicó una historia titulada: Dentro del jurado de El Chapo: en la cual  un jurado habla por primera vez sobre la condena de Guzmán.

En esa historia, el autor afirma haber hablado durante más de dos horas con un miembro del jurado del juicio contra Guzmán. El artículo establece que varios jurados cometieron mala conducta al violar intencionalmente la dirección de la corte de"mantenerse [] lejos de la cobertura de los medios de comunicación, no hacer ninguna investigación en Internet y [no] comunicar nada sobre el caso a nadie ". 

En la comunicación, Balarezo señala que Guzmán tiene la intención de presentar una moción para un nuevo juicio en base a las revelaciones dadas a conocer en el artículo, y por ello solicita una audiencia probatoria probatoria para determinar el alcance de la mala conducta. 

Alegan la defensa que la norma establece que una moción 
para un nuevo juicio debe presentarse dentro de los 14 días posteriores al veredicto.

Guzmán respetuosamente solicita una ampliación del plazo de 30 días a partir del 26 de febrero de 2019 para presentar la moción.


La comunicación señala que la defensa ha buscado el consentimiento del gobierno para la ampliación del tiempo; sin embargo, el gobierno no ha respondido en el momento de la presentación de la solicitud.

EE. UU. acusa a los hijos del Chapo Guzmán de delitos de narcotráfico

El gobierno de los Estados Unidos develó una acusación contra Joaquin Guzmán López y Ovidio Guzmán López en la cual se acusa de conspirar para distribuir e importar cocaína, metanfetamina y marihuana a los Estados Unidos. Los hermanos Guzmán López son los hijos de Joaquín Guzmán Loera,  quien fue condenado por un jurado en el Distrito Este de Nueva York por su papel como líder del Cartel de Sinaloa.

El anuncio fue hecho por el fiscal federal, Brian A. Benczkowski de la División de lo Penal del Departamento de Justicia y el Agente Especial a Cargo Scott Brown de la Oficina de Campo de Arizona de las Oficinas de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos.

Joaquín Guzmán López, de 34 años, y Ovidio Guzmán López, de 28 años, están acusados ​​formalmente de haber conspirado desde abril de 2008 o hasta abril de 2018, para distribuir cocaína, metanfetamina y marihuana desde México y otros lugares para su importación a los Estados Unidos 

jueves, 21 de febrero de 2019

Tribunal de NY fija fecha del juicio contra el banquero iraní que evadió sanciones contra Irán con jugosos contratos en Venezuela

El juicio del presidente del banco maltés, Pilatus Bank, Ali Sadr Hasheminejad  se realizará en octubre de 2019, según la orden firmada por el juez del Distrito Sur de Nueva York, Andrew L. Carter. El banquero fue acusado por el gobierno de los Estados Unidos de haber violado las sanciones estadounidenses contra Irán, de fraude bancario y lavado de dinero relacionado con proyectos de viviendas sociales durante el gobierno del fallecido Hugo Rafael Chávez Frías.
El juez decidió que el juicio de Ali Sadr Hasheminejad empezará el 21 de octubre, para lo cual las partes deben suministrar a la corte las propuestas de instrucciones al jurado y las mociones in limine a más tardar el 9 de octubre.

El propietario de banco maltés Pilatus Bank fue arrestado en marzo de 2018 fue acusado de estar involucrado en un caso relacionado con un contrato mil millonario que el iraní firmó en 2006 con el gobierno de Hugo Chávez a través del cual el banquero habría movido dinero ilegal como parte de un acuerdo para construir viviendas de bajo costo para los venezolanos.

Según los documentos federales, los gobiernos de  Hugo Chávez y el  del iraní Mahmoud Ahmadinejad acordaron construir miles de casas en Venezuela para lo cual se firmó un contrato con la empresa energética estatal venezolana Stratus Group, un grupo de compañías propiedad de Hasheminejad.  
Los fiscales argumentan que el proyecto de Stratus Group consistía en construir 7,000 viviendo por $476 millones. Cada casa tenía un costo de $70,000 aproximadamente, lo que equivalía para ese entonces ( cambio del dólares sobre el bolívar en 2006) a 210 millones de bolívares.
La acusación del Gran Jurado sostiene que el acusado, Ali Sadr Hasheminejad participó directamente en la supervisión de la ejecución del proyecto y ocultaba el rol de la República Islámica en ese proyecto para así evadir las sanciones que el gobierno norteamericano había impuesto al régimen iraní. 
En el marco de la conspiración acusada, Ali Sadr Hasheminejad  y otro co conspirador habrían logrado obtener pasaportes de San Cristóbal y Nieves, cuyos gobierno son aliados del régimen venezolano. En 2010 el acusado poseía un documento de la isla caribeña para lo cual usaba una dirección en Emiratos Árabes Unidos. El objetivo era tener otras entidades  fuera de Irán, una en Turquía y otra en Suiza que fueron usadas para recibir los pagos en dólares provenientes del gobierno de Chávez. Las dos entidades  estaban controladas por Ali Sadr Hasheminejad  y su grupo familiar en Irán.
El rastreo evidenció que entre los años 2011 y 2013 el gobierno de Venezuela ejecutó 15 pagos por un monto de USD115 millones cada uno relacionados con el proyecto de las viviendas de interés social de la administración de Hugo Chávez. El dinero luego fue transferido a un banco en otro offshore ubicado en las Islas Vírgenes Británicas.
Los fiscales destacan que en 2012, el acusado y sus asociados usaron USD 2 millones para comprar propiedades en California. El dinero fue ingresado bajo la categoría  “ganancias del proyecto. 
Uno de los fiscales de distrito, Geoffrey Bearman sostiene que  Sadr Hasheminejad logró crear el banco Pilatus en 2013 con dinero proveniente de la industria criminal y gracias a los pagos en dólares con los que  benefició a Irán. 
Bearman sostuvo que un monto de USD12.9 millones que estaban depositados en Pilatus Bank fueron decomisados porque constituyen un producto criminal relacionado con el proyecto de viviendas en Venezuela.
Ali Sadr Hasheminejad está en libertad con fianza millonaria
En junio de 2018, Ali Sadr Hasheminejad logró salir en libertad bajo fianza aunque acordó estar sujeto al monitoreo electrónico y a la prohibición de salir de su residencia después de las 7 PM. 

La fianza del banquero incluye una serie de condiciones y bonos que totalizan unos $ 34 millones,  aunado a unos 40 bonos de familiares, amigos y colegas que alcanza un valor de casi $ 14 millones.


El acusado  también fue obligado a entregar todos sus pasaportes y otros documentos de viaje a la corte neoyorquina. Por orden judicial el banquero no podrá obtener nuevos documentos y debió renunciar a cualquier derecho de impugnar la extradición  en caso que cualquier país extranjero decida procesarlo.

La orden de la corte estableció un perímetro entre los Distritos sur y este de la ciudad de Nueva York, Washington DC, Maryland y el distrito este de Virginia.

Entre las otras limitaciones que acordó Ali Sadr Hasheminejad está la posibilidad de reclamar el dinero que fue congelado en sus cuentas bancarias en bancos internacionales.

César David Rincón-Godoy, funcionario corrupto de Bariven, será sentenciado en abril en un tribunal de Houston

César David Rincón Godoy, un exfuncionario de Bariven, filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA) será sentenciado el 1 de abril de 2019 en la corte del Distrito Sur de Texas, en Houston. El exfuncionario fue acusado por la justicia de los Estados Unidos de haber aceptado sobornos de contratistas para entregar contratos de la estatal con sobreprecio y de manera irregular. 
Rincón Godoy, quien ocupó el cargo de gerente general de Bariven, subsidiaria de PDVSA, fue extraditado desde España en enero de 2018 y se declaró culpable de conspiración de lavado de dinero en el enrome esquema de corrupción encabezado por los contratistas Roberto Enrique Rincón Fernández y Abraham José Shiera Bastidas.

Los contratistas y exfuncionarios se declararon culpables de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Los documentos federales dicen que pagaron más de USD 1000 millones de dólares en sobornos a cambio de contratos con las empresas del estado venezolano.

La orden del juez indica que la Oficina de Libertad Condicional debe hacer entrega del informe de investigación de presencia estará disponible para el acusado el 21 de febrero de 2019.

La defensa debe presentar objeciones o una declaración de no objeción dentro de los catorce días posteriores a la divulgación el 7 de marzo de 2019.

La sentencia se llevará a cabo el 1 de abril de 2019 a las 10:00 a.m.

miércoles, 20 de febrero de 2019

Escandalosas revelaciones de un jurado del juicio Chapo da a la defensa el alegato para pedir un nuevo juicio

Una entrevista publicada en el portal Vice de un jurado anónimo que participó en el panel del juicio de Joaquín el Chapo Guzmán, encendió las alarmas de la defensa del narcotraficante mexicano hallado culpable de 10 cargos el pasado 12 de febrero. El jurado  admitió haber violado las instrucciones del juez y haber estado al tanto del caso a través de los medios de comunicación.
El abogado Eduardo Balarezo sostuvo que las preguntas planteadas en el artículo sobre la posible mala conducta del jurado son muy preocupantes y angustiosas, y las afirmaciones hechas por el entrevistado dejan claro que Guzmán no tuvo un juicio justo.

El portal de noticias norteamericanos Vice publicó una entrevista con un miembro de jurado donde este deja saber que al menos cinco de los miembros habían violado las instrucciones de la  corte cuando se les pidió estar alejado de los medios, lo cual, aparentemente no ocurrió.

Lo dicho por el jurado acarrea consecuencias legales ya que permitirá que el narcotraficante mexicano tenga los elementos para presentar una moción impugnando su condena por 10 cargos criminales.

El jurado entrevistado por Vice News admitió que que los miembros del jurado leyeron la cobertura del caso en los medios y la discutieron entre ellos mientras se desarrollaba el juicio.

Los abogados de Guzmán dijeron el miércoles en un comunicado que tomarán las acciones pertinentes.

A lo largo de todo el proceso, el juez que estuvo al frente del caso, Brian Cogan ordenó a los  jurados que no leyeran la cobertura del caso en los medios de comunicación, no usar Internet y que no discutieran entre sí al final de cada día durante el juicio de casi tres meses que duró el juicio de Guzmán en el tribunal federal de Brooklyn y que culminó con un veredicto unánime de culpabilidad. 


El defensor de Guzmán, Eduardo Balarezo sostuvo que  van a evaluar todas las acciones para decidir el curso de las acciones a tomar, y que harían todo lo necesario para que Joaquin Guzmán tenga derecho a un juicio justo.

Otro de los abogados del Chapo anunció que el narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán puede presentar una moción impugnando su condena por 10 cargos criminales, luego de que un miembro del jurado le dijo a Vice que los miembros del jurado leyeron la cobertura del caso en los medios y la discutieron entre ellos mientras se desarrollaba el juicio. 

El juez de distrito de Estados Unidos, Brian Cogan, le ordenó a los jurados que no lean la cobertura del caso en los medios de comunicación o que lo discutan entre sí al final de cada día durante el juicio de casi tres meses que condujo a las condenas de Guzmán en el tribunal federal de Brooklyn la semana pasada.

"El jurado claramente ignoró las advertencias diarias del juez no solo por mirar a la prensa sino que también tuvo comunicaciones inapropiadas entre ellos", dijo el abogado Jeffrey Lichtman. "Estamos investigando el problema ahora y haremos las mociones apropiadas para el alivio. Joaquín Guzmán merecía un juicio justo ”.

Guzmán, de 61 años, fue declarado culpablede dirigir una empresa criminal continua, tráfico de drogas, conspiración y uso de armas de fuego como líder del Cartel de Sinaloa en México, de lavado de dinero, conspiración para asesinar a sus rivales. La pena que enfrenta es cadena perpetua.

A pesar de las instrucciones del juez, dos jurados dijeron al portal que él y ella y muchos otros miembros del jurado miraban rutinariamente las publicaciones de Twitter de los periodistas que cubrían el caso.

El jurado dijo que varios jurados mintieron cuando Cogan les preguntó directamente si habían leído informes específicos de los medios de comunicación relacionados con el caso, según la mencionada publicación.

El jurado también afirmó que las deliberaciones se prolongaron durante seis días debido a un único fallo que no estaba seguro acerca de los cargos, y que dos jurados esencialmente se negaron a participar en el proceso, informó Vice News.

Sostuvieron los jurados que  aunque en estaban convencidos de la culpa de Guzmán, algunos se mostraron reacios a enviarlo a lo que probablemente sea el aislamiento de por vida.

El abogado de Guzmán sostuvo que las afirmaciones del jurado sobre la reiterada y generalizada falta de consideración y desprecio del jurado por las instrucciones de la Corte, si son ciertas, dejan en claro que Joaquín no tuvo un juicio justo. 

Sostuvo además que la información a la que aparentemente accedió el jurado es altamente perjudicial, no corroborada e inadmisible, todas las razones por las cuales el Tribunal advirtió repetidamente al jurado contra el uso de las redes sociales e Internet para investigar el caso.

lunes, 18 de febrero de 2019

Habla el piloto del caso Solid Show y un pasajero del avión presos en República Dominicana: Estamos secuestrados y hasta la fecha no hemos sido interrogados

El piloto de la aeronave siglas YV544T, Edmundo José Medina Torrealba, detenido en República Dominicana por hechos relacionados con el narcotráfico y supuestamente vinculado al caso conocido como Solid Show, aseguró desde la prisión en donde se encuentra en la isla antillana que él y sus compañeros se encuentran secuestrados, toda vez que hasta la fecha no han sido interrogados, el proceso judicial ha sido demorado injustificadamente, se han producido amenazas de muerte para los funcionarios de la embajada venezolana cuando intentaron interceder por ellos y, en general, han sido víctimas de los verdaderos responsables de la acción criminal, unos militares que se encuentran en libertad, mientras ellos permanecen en la cárcel desde hace cuatro años siendo completamente inocentes.
En fecha 8 de noviembre de 2018, dimos a conocer a través de la nota titulada “Familiares y abogada de detenidos acusan irregularidades en proceso judicial del caso Solid Show”, en la que se denunciaron retardo procesal, falta de pruebas y violación de los derechos humanos de los imputados, entre otras[1].

Ahora a nuestra mesa de redacción llegan los audios en los que Medina Torrealba y José Manuel Houtman exponen su situación y las irregularidades de su caso al verse motivados por la reseña dada a conocer a la opinión pública en estas páginas. “Leí el reportaje de Maibort Petit y por ahí logré ver que en Venezuela los empleados de Solid Show y los guardias nacionales están en la misma situación que nosotros”, argumenta el primero antes de dar su versión de los hechos.

El origen de esta situación

Todo ocurrió el 17 de marzo de 2015, cuando al arribo de la aeronave modelo Leader Jet 25D con siglas YV544T procedente de Venezuela al Aeropuerto Internacional de Las Américas “José Francisco Peña Gómez” en Santo Domingo, se produjo el decomiso de 450 panelas de cocaína. El avión había despegado del aeropuerto Caracas en Charallave, estado Miranda.
En República Dominicana las autoridades detuvieron a Edmundo Medina (piloto), Francisco Velásquez (copiloto), José Houtman (comerciante en Charallave), José Velásquez y Mirian Díaz (pasajeros), todos de nacionalidad venezolana.

Entretanto, en Venezuela, por el mismo hecho, el Ministerio Público imputó al teniente y al sargento primero de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Richard Sánchez Espinoza y Leandro Salcedo Gutiérrez, respectivamente, señalados de estar presuntamente vinculados al tráfico de la referida droga. También Joseph Viera Betancourt, quien se desempeñaba como agente de seguridad. Todos fueron detenidos en el Aeropuerto Caracas el mismo día que incautaron la droga en RD. Igualmente fueron allanadas las instalaciones de la agencia Solid Show y se determinó la supuesta vinculación de Zoraimy Araujo de Torres (gerente de producciones, representante legal de Solid Show y hermana de Araujo), Carolina Pérez Barreto (gerente de publicidad) y Marifelx Manzanilla (gerente administrativa)” a quienes se les privó de libertad por presuntamente incurrir en legitimación de capitales.

Del mismo modo, fue acusado Juan Carlos Araujo Durán, propietario de la empresa de espectáculos Solid Show. Juan Jacinto González Contreras fue igualmente detenido. A ambos se les acusa de supuestamente haber cometido los delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en la modalidad de financistas.

Los argumentos de Medina Torrealba

Edmundo José Medina Torrealba reitera su condición de secuestrado, toda vez que se encuentra en prisión “preventiva” desde hace cuatro años, una reclusión de larga data aun cuando no ha sido condenado.

Indica que en la República Dominicana detuvieron en la fecha de los hechos a dos militares a unos tres kilómetros del aeropuerto, de los cuales dos se encuentran en libertad bajo fianza. Subraya que uno de estos militares es familia de la primera esposa de un teniente coronel perteneciente a la policía nacional dominicana, quien supuestamente sería familia del presidente dominicano, Danilo Medina.

— Aquí la Embajada de Venezuela nos apoyó, pero tuvieron amenazas de muerte, igual que nosotros.

Agrega que el proceso judicial ha sido por demás atropellado en virtud de las múltiples demoras que ha sufrido, los reenvíos de que ha sido objeto, la recusación de jueces y hasta “infartan a un abogado”.

— Aquí yo llamé a los Derechos Humanos y recibieron una orden del Procurador General de la República [Jean A. Rodríguez] de este país y nos negaron todo tipo de ayuda, supuestamente por culpa de los narcosobrinos.

Medina Torrealba manifiesta que lo enrevesado a irregularidad de los hechos lo han convertido, a decir de todos los opinadores de oficio, en protagonista de cuanta actividad de narcotráfico se da a conocer. “En realidad a mí me han puesto a sonar y me han nombrado en todos esos casos [de narcotráfico]. En todos los casos de tráfico de drogas que salen me nombran a mí como si yo fuera ‘el señor de los cielos’”.

Medina Torrealba informa que entabló comunicación con la abogada, Érica Josefina Maraver Carpio, quien lleva la defensa ad honorem de Zoraimy Araujo de Torres, Carolina Pérez Barreto, Marifelx Manzanilla, Omerly Salcedo Gutiérrez y Pablo Silva Loyo, en Venezuela, con el fin de ponerla al tanto de su situación en la isla y poder lograr la asesoría de la profesional del derecho a quien le prometió toda su colaboración e información.

Refiere que en múltiples oportunidades ha intentado comunicarse con Juan Carlos Araujo y le ha enviado información, sin que este le haya respondido.

Estos intentos de comunicación también se han extendido al propietario de la aeronave, Antonio José Pino Hernández, quien en marzo de 2018 encargó al abogado José Luis Peguero reclamar la aeronave “porque yo supuestamente me la robé, [supuestamente] yo lo llamé a las 6 de la mañana [y le dije que] venía para República Dominicana, [específicamente le habría dicho, según él que] iba a la Romana y aterricé en [el aeropuerto de] Las Américas. Yo le tengo mensajes desde que caí preso a Antonio José Pino Hernández y él no me ha dado respuesta alguna, ni me ha dado la cara desde el principio de la situación. Yo le expliqué: ‘Antonio —mediante mensajes de What's App porque nunca me contestó las llamadas— yo le he dicho, Antonio, esta es una droga que encontraron fuera del aeropuerto a casi tres kilómetros fuera del aeropuerto’”.

Edmundo José Medina Torrealba explica que a través de la Embajada de Venezuela en República Dominicana se enteró de una de las tantas versiones que se han manejado de su caso, la cual indicaba que el día de los acontecimientos la Dirección Nacional de Control de Drogas de República Dominicana (DNCD) lo esperaba desde las 6 de la mañana con una cantidad de droga indeterminada, algo que contradice la realidad, según refiere, pues su arribo al país antillano ocurrió a las 8 y media de la mañana. Recuerda que esa mañana al llegar puso combustible en dos oportunidades y así lo comprueban las facturas que posee. Luego procedió al encendido de los motores de la aeronave y pidió autorización para regresar a Venezuela mientras estaba a la espera de su copiloto. En ese momento las autoridades aeroportuarias lo fueron a buscar al avión para aclarar algo respecto a su licencia de piloto, “porque en realidad yo me vencía en diciembre de 2014 y renové a finales de enero de 2015, yo lo vi lógico porque a lo mejor podía salir en el sistema como vencido. Cuando me bajo y llego a las oficinas de donde se atienden la aviación ejecutiva, me ponen las esposas y me mencionan unas maletas, en el avión no estaban esas maletas”.

Agrega que según le había informado el dueño de la aeronave, el vuelo era para una compañía llamada de Graveuca Andrea Colantuoni Constructora, pero al ser detenido se entera que los pasajeros pertenecían a Solid Show. “Nosotros le hacíamos vuelos a Solid Show, pero qué pasa, el señor Juan Carlos Araujo le debía mucho dinero en vuelos al avión y yo no le quería seguir volando de gratis, yo me le negué a volar y, no sé, me habrán engañado en el aspecto de que era otro cliente y resulta que [el vuelo] era para ellos, porque al único que Antonio Del Pino tenía confianza de entregarle el avión era a mí”.

Hace referencia a la tragedia personal y familiar que esta situación ha significado para él y los suyos: “Hemos perdido todo, mi hijo va para cuatro años que no me habla, mi hija tenía dos años cuando caí preso, ya tiene 6 añitos [y no la he podido verlos crecer]”.

Medina Torrealba reitera que la aeronave fue objeto de todos los controles tanto al salir de Venezuela como al arribar a República Dominicana. “Nosotros no trajimos eso [la droga], nosotros no montamos eso, a nosotros nos chequearon el avión, nos hicieron todos los chequeos rutinarios, tanto en Venezuela como aquí. Aquí está el antidrogas preso con nosotros, quien dice en los tribunales que eso no llegó ahí, que él no vio eso, que eso no salió de la aeronave y bueno, aquí estamos”.

Refiere que el avión fue revisado en Venezuela con perros antidroga que montaron en la aeronave. “Yo en ningún momento vi maletas, ni subiendo ni bajando aquí. Eso lo agarran aquí en un vehículo a kilómetros del aeropuerto en una bomba de gasolina. Los tipos se entran a tiro y todo con la policía. Los agarran, después los sueltan porque eran puros militares, entonces los soltaron y a los pendejos, nosotros los venezolanos, nos dejan presos sin preguntarnos, sin interrogarnos, sin nada”.

Advierte que en el video que presentan como prueba sólo se observa unas maletas en el piso, “no se le ve el color de lo lejos que hicieron eso. No se ve ni siquiera que la bajan del avión, sino que la agarran del piso. No salimos nosotros, no salen los pilotos, nadie, porque donde yo salgo es sentado en la recepción esperando que me entreguen mi pasaporte para irme a mi hotel. A nosotros nos chequearon en Venezuela en inmigración, revisaron mi bolso, porque yo tengo un bolso de mano allá en Venezuela y aquí en República Dominicana también recibieron, nos chequearon nuevamente por inmigración con Rayos X, todo. Me sellaron mi pasaporte, todo. A todos nos hicieron todo lo legal correspondiente de un vuelo”.

Y agrega con contundencia: “Aquí estamos pagando cárcel por los responsables que se encuentran en libertad. Y en Venezuela, lamentándolo mucho, me consta, Antonio José Pino Hernández, con Alberto Ardila, otro piloto que pagó seis años de cárcel por narcotráfico en Estados Unidos, armó todo ese espectáculo allá abajo porque aquí hubo una fiscal que mintió, Bianca Durán, que les dio una información a un abogado que envió Antonio, de que a nosotros nos había llevado la DEA para Federal. Y como él es un poco miedoso y falta de hombría me imagino que armó todo ese problema”.

Hace mención al hecho de que uno de los militares tiene registrada más de 70 llamadas y en ninguna de ella hace referencia a él. “A nosotros nos quitaron los teléfonos en el registro de personas, el teniente coronel tiene 78 llamadas y no menciona a nadie, no menciona si está esperando un avión, si me está esperando a mí, no menciona nada, él de lo que habla es de los problemas que tuvo fuera del aeropuerto y por  eso lo agarran dándose a la fuga, por el intercambió disparos con la misión entre comillas, porque fueron cuatro funcionarios por lo que cuenta que estaban afuera. Repito, yo estaba en la aeronave con los motores encendidos para regresar. A los tres días me hacen la traza, solicito que le hagan el barrido positivo a la aeronave el cual salió negativo y lo rompieron. Son muchas cosas”.

El piloto Medina Torrealba comenta un hecho del que se enteró luego de un año de estar encerrado, a través de unos compañeros. Lo referido tiene que ver —le narraron— con el día de los hechos, en la madrugada, a las 2:30 a. m., cuando despegó del Aeropuerto Caracas una aeronave Citation cargada de droga, la cual fue interceptada por la Fuerza Aérea Venezolana a 140 millas del norte de Maiquetía, obligándola a aterrizar en la Base Aérea Libertador (…) Bueno eso hay que investigarlo también”.

El testimonio de José Manuel Houtman

El otro testimonio que nos llega a través de la grabación, es el de José Manuel Houtman, uno de los pasajeros de la aeronave, quien al igual que Medina Torrealba, asegura que es víctima de un secuestro.

— Esto es un secuestro, no sé qué decirle, no sé qué es lo que quieren hacer con nosotros, por lo menos en mi caso, son cuatro años en que lo perdí todo, perdí mi negocio, perdí lo más importante que son mis hijos, la infancia, la inocencia, lo más bello de un niño que es su niñez, la perdí. Perdí mi esposa, mi negocio, mi casa, me la invadieron, me la desvalijaron totalmente. El vehículo que dejé estacionado en el aeropuerto lo agarró la ONA [Oficina Nacional Antidrogas] y no lo quisieron entregar, nada. Yo lo perdí todo. Perdí lo material y he perdido mi vida aquí sin saber por qué”.

Cuenta que viajaba en esa aeronave debido a que le pidió a Edmundo Medina Torrealba, quien es su amigo, que le diera “la cola” en el vuelo para ir a República Dominicana a comprar mercancía para su negocio en Venezuela. “Yo simplemente vine a este país a comprar mercancía para mi tienda en una cola que me dio el señor Edmundo a quien conocí años atrás, era cliente de mi tienda, practicábamos deporte juntos. Con la situación del país me vi obligado a salir a comprar mercancía, una vez lo hice en Panamá. Esta vez cuando me dijo que venía acá [República Dominicana] me dijo que si quería me daba la cola para comprar mercancía para mi tienda”.

Indica que aceptó el ofrecimiento de Medina Torrealba precisamente porque para esos días el Banco Exterior le había aprobado un crédito para comprar mercancía. “Eso era lo que venía a hacer, esa mi intención al venir a este país y vean el problema en el que estoy metido sin saber ni conocer a ninguna de las partes, ni a las partes en Venezuela, ni a las partes aquí en República Dominicana, ni siquiera a los pasajeros que eran quienes rentaron el avión, porque yo venía en una cola y mire donde estoy”.

Houtman informa que le ha dirigido comunicaciones al Procurador General de la República y a periodistas sin que haya obtenido respuestas.

— Aquí en cuatro años han hecho lo que les ha dado la gana con nosotros. Ya tenemos cinco meses del último reenvío que tuvimos y ni siquiera sabían dónde estaba el expediente de nosotros, ni fecha de audiencia, ni absolutamente nada. Y esto por el militar que está afuera libre que hace todo para suspender todo, ha enviado hasta fotos donde aparece abrazado con el presidente de aquí, amenazando que si metíamos a la embajada nos iba a pasar algo a nosotros, a nuestra familia, todo.

Dice que su deseo es que lo investiguen y certifiquen quién es, qué hace, sus relaciones, “porque desde que tengo uso de razón lo que he hecho es trabajar decente y honradamente, trabajar, trabajar. Yo soy hijo único, mi mamá, mi papá, mis dos hijos dependían de mí, de mi trabajo, de mi tienda que tuve regalar [vender a bajo precio] para pagarle a un abogado aquí que me robó, me quitó el dinero diciéndome que me podía sacar bajo fianza y diciendo que yo podía trabajar mientras se llevaba a cabo el proceso y lo que hizo fue robarme el dinero. Por último lo que puse fue un abogado público que ni siquiera el teléfono me lo ha querido dar y ya tengo seis o siete meses que no le veo la cara desde la última audiencia”.

Imputados por caso Solid Show denuncian que existe una violación de sus derechos fundamentales

La abogada especialista en Derecho Procesal Constitucional y en Derechos Humanos, Erica Josefina Maraver Carpio, solicitó ante el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, su inmediata intervención a los fines de evitar que se continúen cometiendo violaciones de las garantías fundamentales por parte de los funcionarios que estuvieron adscritos a ese organismo en contra de sus clientes Omerly Leandro Salcedo Gutiérrez, Pablo José Silva Loyo, Zoraimy Araujo de Torres, Carolina Pérez Barreto y Marifellx Manzanilla, quienes se encuentran privados de libertad a la orden del Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio, según expediente Nº MP21-P-2015-1139, relacionado con el caso que se conoce ante la opinión pública como Solid Show.
La comunicación que va con copia a las direcciones de Drogas, Derechos Humanos y de Legitimación de Capitales del Ministerio Público, manifiesta que los referidos funcionarios de la fiscalía olvidaron su responsabilidad y se apartaron del mandato constitucional que les impone el artículo 282 de la Constitución con el fin de imponer su criterio personal en perjuicio de los  defendidos de Maraver Carpio.

La abogada defensora le manifestó a Saab que en aras de que se cumpla el debido proceso de acuerdo a lo establecido en los artículos 26, 49, 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el titular del Ministerio Público debe nombrar un Fiscal Especial que revise las actuaciones de las fiscalías que actuaron en el juicio desde sus inicios, que a saber son la Fiscalía Decima Novena de Miranda, la Vigésima Séptima con Competencia Nacional en materia de Legitimación de Capitales y la Tercera con Competencia Nacional en Materia de Drogas, “por cuanto sus actuaciones son deficientes al desconocer principios fundamentales que debieron observar como representantes del Ministerio Público, en perjuicio de mis defendidos ya identificados, negándose a revisar el acto de imputación instruido por las Fiscales anteriores e insistir en imponer una investigación amañada, desproporcionada y grosera que rompe con todos los principios de la ley y la justicia”.

Advierte Maraver Carpio en este sentido, que se reserva en su condición de defensora de los derechos humanos, “todas las acciones civiles y penales que pudieran derivarse de tales actuaciones en el ejercicio de lo preceptuado en los artículos 25 y 30 de nuestra Constitución Nacional vigente”.

Igualmente, Erica Maraver Carpio solicitó a Tarek William Saab fijar una reunión con carácter de urgencia con la presencia de los familiares de todos sus defendidos y de los detenidos en República Dominicana, “a los fines de que a través de la Dirección de los Derechos Humanos puedan presentar la denuncia correspondiente de sus familiares quienes se encuentran privados de libertad sin derecho a la defensa y que se encuentran sometidos bajo amenaza desprovistos de una defensa que les garantice sus derechos en estos casi cuatro años de paralización de juicio”.

Los hechos

En el documento presentado ante la fiscalía, Maraver Carpio expone en primer lugar los hechos, refiriendo que el 28 de enero de 2019, después de más de seis meses de paralización y casi cuatro años del juicio de sus defendidos, fue diferida nuevamente la audiencia de apertura debido a la incomparecencia de uno de los encausados, quien goza de una medida cautelar de libertad bajo régimen de presentación.

Refiere que a dicho acto se presentó el Fiscal Vigésimo Séptimo con Competencia Nacional en el delito de Legitimación de Capitales y le manifestó a la defensa que la única manera de que los acusados pudieran beneficiarse de alguna medida, era asumir los hechos por los delitos imputados por el Ministerio Público en el año 2015.

Maraver Carpio expresa que ante esta condición expuesta por el fiscal ella se opuso en razón de que sus defendidos son inocentes de tales delitos y llevan casi cuatro años privados de libertad sin que se haya concluido su juicio. La abogada apuntó que lo que procedía era el decaimiento de la medida para que sus representados continuaran el juicio en libertad de conformidad con lo establecido en el artículo 44.1 de la Constitución. La respuesta del fiscal 27 fue “que si llegare a dictar el Tribunal tal medida a favor de mis defendidos, el Ministerio Público apelaría con efectos suspensivos, tal como lo hizo con el ciudadano Luís Hurtado, cuando el Tribunal acordó su libertad condicional por razones humanitarias”.

Antecedentes del caso

Seguidamente, Erica Maraver le informa a Tarek William Saab los antecedentes del caso e indica, en primer lugar, que Omerly Leandro Salcedo Gutiérrez y Pablo José Silva Loyo, quienes para la fecha de su detención eran miembros activos de la Guardia Nacional Bolivariana destacados en el Aeropuerto Caracas, se encuentran privados de libertad en el Centro Penitenciario Región Capital Yare I, en San Francisco de Yare del Estado Miranda desde el año 2015 cuando se produjo su detención.

Apunta que el 17 de marzo de 2015, el Teniente Frederick Ruiz Ruíz, procedió a investigar por noticia críminis respecto a una avioneta que llegó a la República Dominicana procedente del Aeropuerto Caracas con un cargamento de 450 kilogramos de droga. Se encargaron del caso la Fiscal Décima novena del Ministerio Público de Miranda, Gladys Varela, quien junto al Comando Antidroga de la Guardia Nacional, la Fiscalía Tercera Nacional y la Fiscalía 27 Nacional con competencia en legitimación de capitales y solicitaron la detención  preventiva a los funcionarios castrenses que se encontraban en labores ese día. Esta decisión la tomaron con base a la declaración de Junior José Valera Arango, un funcionario que fungía de guía en las instalaciones del aeropuerto, quien señaló a Salcedo Gutiérrez y a Silva Loyo como cooperadores del hecho.
Advierte Maraver Carpio que esta declaración del testigo delator se constituyó bajo la figura de prueba anticipada sin que se respetaran los principios fundamentales que deben garantizar la calidad de esa prueba para que sea considerada como lícita y constitucional, sobre todo si se toma en cuenta que para el momento de la declaración del testigo delator, no se encontraban presentes sus representados ni hubo presencia de un defensor público. Tal situación “muestra que mis defendidos dentro del proceso no son autores, sino víctimas de una simulación bien organizada por personas interesadas en vincularles al delito ejecutado, con el propósito de desviar la atención de la autoridades a quien le correspondía investigar adecuadamente lo sucedido para establecer las responsabilidades del caso, lo cual tampoco ocurrió”.

Subraya que la conducta desplegada por el funcionario castrense que instruyó el expediente por noticia criminis, quien es la misma persona que abre y dirige la investigación por parte del organismo militar. Precisa que esta persona no ha podido ser localizada pues dejó de pertenecer a la Guardia Nacional y, según información suministrada en el expediente por sus superiores, vive desde hace tres años en Ecuador.

En segundo término, la abogada hace mención a Carolina Pérez, Zoraimy Araujo y Marifelx Manzanilla, a quienes se les imputan los delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir por el sólo hecho de haber constituido algunas compañías registradas bajo el mismo domicilio fiscal donde funcionaba la empresa Solid Show, cuyo presidente es Juan Carlos Araujo quien ha sido vinculado al delito de financiación de tráfico de droga.

Manifiesta la abogada que Solid Show desde hace más de dos años se encuentra sin desarrollar ninguna actividad debido a la imposibilidad de continuar trayendo artistas extranjeros por la situación país, lo que llevó a Pérez, Araujo y Manzanilla a —por iniciativa propia— constituir algunas empresas con diferentes actividades que les permitieran paliar la crisis económica que padecían. Destaca que las empresas formadas por estas personas no tuvieron ninguna actividad, como consta en el expediente.

Luego de explicar el mecanismo de aprehensión de sus defendidas, Maraver Carpio refiere que el Ministerio Público obvió llevar a cabo una investigación previa sobre la vinculación o no de las imputadas con el delito por el cual se les enjuicia.

En tal sentido se remite al origen de los fondos de sus defendidas mediante el seguimiento y estudio de las cuentas bancarias, la información suministrada a través de Sudeban y las respuestas obtenidas desde Panamá y República Dominicana sobre los bienes y cuentas bancarias que pudieran mantener en aquellas entidades, el resultado arrojó que, primero, Carolina Pérez Barreto, según investigación del Ministerio Público, mantiene deudas bancarias, sobregiro en tarjetas de crédito, no posee bienes inmuebles dentro ni fuera del país. Sus cuentas nóminas entre los años 2002 y 2015, percibieron como sueldo la cantidad de Bs. 622.527,70 en total y un promedio

Segundo, Marifelx Manzanilla sin bienes de ningún tipo, vivía alquilada en el inmueble donde fue realizado el allanamiento y su perfil financiero, según el Ministerio Público, refleja que sus cuentas nóminas acumularon entre 2002 y 2015, sólo dinero por concepto de sueldos.

Tercero, Zoraimy Araujo de Torres, hermana de Juan Carlos Araujo, de acuerdo al Ministerio Público, entre 2002 y 2015 tuvo ingresos en sus cuentas bancarias la cantidad de Bs. 650.000,00 por concepto de sueldos. A ella le incautaron su vivienda principal adquirida por su esposo, Helton Torres Conner, con el Banco Provincial y pagado con los ingresos de este, a quien sin ser parte de la investigación, el Ministerio Público le incautó su vehículo el cual hasta la fecha no se ha podido recuperar desconociéndose su destino.

Igualmente, Erica Maraver Carpio indica que el 7 de febrero de 2019 recibió en su cuenta de Whatsapp, unos audios de los venezolanos detenidos desde  el 17 de marzo de 2015 en República Dominicana, quienes aseguran ser el capitán, el copiloto y los pasajeros de la Avioneta Lear Jet 25YV44T, la cual salió del Aeropuerto Caracas “sin ningún cargamento de droga en su interior y que la misma fue incautada en una bomba de gasolina a dos kilómetros del aeropuerto Las Américas, sin que hasta la fecha hayan podido demostrar su inocencia, debido a que el responsable de la droga, es un alto exfuncionario de la Policía Nacional de Republica Dominicana, vinculado al expresidente de esa nación y quien, aseguran, solo estuvo 18 días preso”.

En los audios los detenidos venezolanos en República Dominicana sostienen que se encuentran secuestrados y sin derecho a tener un juicio justo, pues el mismo sufre constantes dilaciones por apelaciones interpuestas que retardan el proceso.

Para Maraver Carpio es sumamente grave que estas personas sean víctimas de las amenazas del funcionario dominicano.

Se remite a las actas recabadas por el Ministerio Público de República Dominicana, las cuales no demuestran que la avioneta llegó al aeropuerto con el cargamento que presuntamente transportaba desde Caracas. “Las declaraciones de quienes aseguran que presenciaron el chequeo de la misma antes de salir de Venezuela, son las mismas de quienes se encuentran acá en Venezuela por el mismo caso como imputados y como testigos promovidos por el propio Ministerio Publico”. 

La abogada defensora asegura que el Ministerio Público no ha podido determinar cómo ingresó la droga a la avioneta, ni quiénes la ingresaron y cargaron en la misma. Tampoco se ha establecido cómo se burlaron los sistemas de seguridad del aeropuerto en donde se supone existe un personal calificado en materia de seguridad. “La misma situación presenta la experticia enviada por la Procuraduría Fiscal de Santo Domingo que señala actas que nunca se presentaron durante el proceso porque lo cierto es que estamos en presencia de un montaje en donde eran necesarios unos culpables que distrajeran a la opinión  pública y en donde quienes actuaron en la instrucción del expediente en Venezuela no están ubicables porque ya no se encuentran en el país”.

En tal sentido, Erica Maraver manifiesta en el escrito que se está en presencia de una simulación destinada a establecer un "culpable necesario" que distraiga la atención de los verdaderos y únicos responsables de haber enviado las nueve maletas encontradas a 2 kilómetros del Aeropuerto Las Américas de la Republica Dominicana y que seguramente arribó a ese país en otra aeronave que no es la Lear Jet 25YV44T. “Lo cierto es que, ni el Ministerio Público, ni el Comando Antidrogas realizaron una investigación seria, coherente y apegada a la Ley. Basta investigar los estados financieros de mis defendidos y su estilo de vida, su conducta antes y después de los hechos, para saber que son inocentes y que sólo son víctimas de una simulación que les vincula a un delito no cometido junto a otros cinco inocentes se encuentran prácticamente secuestrados en República Dominicana sin derecho a la defensa y expuestos a perder sus vidas por la irresponsable actuación de las fiscales que avalaron el procedimiento”.

Las violaciones

Seguidamente, Erica Maraver Carpio se remite a establecer las violaciones a los derechos fundamentales en que se ha incurrido en el proceso que se les sigue a sus defendidos y a los detenidos en República Dominicana.

Indica que se ha violado la libertad y seguridad personal, el derecho a un juicio justo, la presunción de inocencia, la libertad de pensamiento, entre otros.


Advierte que el estado de derecho va más allá de simplemente recitar las garantías fundamentales, los códigos, las leyes especiales y los precedentes emanados del alto tribunal, sino un acto de soberanía que debe ejercer diariamente cada ciudadano investido o no de autoridad, tal como lo establece el artículo 333 de la Constitución.

Igualmente deja sentado que para que establezca la culpabilidad de alguna persona, “es necesario que haya ejecutado conscientemente una acción antijurídica la cual lo hace responsable de sus actos frente a la sociedad y corresponde al Ministerio Público, ordenar y dirigir la investigación penal por mandato expreso Constitucional del artículo 285 numerales 1,2 y 3;  es decir, es el Ministerio Público el llamado a ordenar y dirigir la investigación penal, dejando constancia de las circunstancias que pudieran haber influido en la calificación y responsabilidad de los autores y demás participantes. Igualmente, debe garantizar, en todo momento que dentro de un proceso judicial se cumpla con respeto a los derechos y garantías constitucionales de todos los ciudadanos, independientemente de la condición en que se encuentren dentro del mismo, bien como imputados o bien como víctimas, velando, con su intervención y presencia, la celeridad y la buena marcha de la administración de justicia dentro del debido proceso”.

Denuncia la angustiante práctica perversa y repetitiva que ocurre en los procesos judiciales en Venezuela por parte de quien está obligado a garantizar la legalidad y el orden, a saber, el Ministerio Publico que actúa promoviendo "la admisión de los hechos" como una fórmula alternativa para que un imputado se ahorre el tiempo que tarda un proceso judicial, que en la mayoría de los casos, para los imputados significa un verdadero suplicio”. 

Acusa que el fiscal 27 con competencia nacional ha dejado en claro que de otorgar el tribunal una medida sustitutiva que permita que sus defendidos puedan terminar su juicio en libertad, apelará con efectos suspensivos desconociendo lo establecido en el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal en virtud de que sus representados llevan casi cuatro años detenidos sin que hasta la fecha se haya podido concluir el juicio.  Esto es inaceptable, por constituir una amenaza a la dignidad de mis defendidos”.

Agrega que los fiscales 27 y tercero nacional insisten en desconocer los artículos señalados de la Ley Especial y de la Constitución, lo que constituye un riesgo para el proceso de sus defendidos pues muestran un interés “muy personal de no hacer justicia, sino de imponer una investigación deficiente en cuyas actas se demuestra la intención de mantener detenidas a personas inocentes no sabemos aún con cuál propósito”.

— Actuaciones como estas, constituyen violaciones a los derechos humanos los cuales denuncio en este acto, con la esperanza de que se tomen las medidas correctivas en forma inmediata a fin de garantizarles a mis defendidos todos los derechos y garantías que ofrece el estado social de derecho y de justicia establecidos en los artículos 2 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Finalmente, en el escrito de Erica Maraver Carpio ante el fiscal Tarek William Saab, estima que los cuatro años que llevan sus defendidos privados de libertad constituyen una condena anticipada  por unos delitos que nunca fueron investigados con apego a la Ley, “manteniéndoles alejados de sus seres queridos, siendo sometidos a tratos crueles, humillantes y vejatorios en donde su salud mental y física se ha visto comprometida cada día, por lo que creemos que es tiempo suficiente como para pensar en la posibilidad de que continúen su juicio en libertad, como debe ser y como lo establece nuestra Carta Magna en su artículo 44.1 y el 230 del COPP ya referido, porque la norma es estar en libertad durante el juicio; por lo que la privativa de libertad constituye la excepción”.