martes, 7 de agosto de 2018

Estas son las adjudicaciones irregulares durante la gestión de Javier Alvarado en la C.A. La Electricidad de Caracas (II parte)

Continuamos presentando a nuestros amables lectores la relación de contratos llegados a nuestras manos que demuestran que, aunque se han hecho milmillonarias inversiones en el sector eléctrico, estas no han significado una mejora del mismo y, por el contrario, la catastrófica crisis que padece Venezuela en la actualidad en esta materia, hacen suponer que en todas las negociaciones ha privado la corrupción y el ansia de enriquecimiento personal por encima de los intereses de la nación. En esta entrega seguimos haciendo referencia a la gestión de Javier Alvarado Ochoa al frente de la C.A. La Electricidad de Caracas y a un conjunto de contratos y adenda o contratos complementarios por él suscritos, que responden a la estrategia de extender la vigencia de las negociaciones en el tiempo a la par que se incrementa el precio de los mismos, un modus operandi que hemos venido denunciando en estas páginas como fórmula para blindar al erario público venezolano.

La totalidad de los contratos aquí referenciados suman la cantidad de Bs. 122.140.072,06 un monto que calculado a la tasa vigente para 2009 equivalían a USD 17624.830,02 si se aplicaba el precio del dólar paralelo para el momento de Bs. 6,93 por dólar, mientras que si aplicaba tasa Cadivi de Bs. 2,15 por dólar, la cifra se elevaba a USD 56.809335,84.

Certificar la culminación de todas estas obras constituye igualmente una tarea imposible de cumplir en los años de administración del chavismo en Venezuela, dado que los archivos públicos se han transformado en una especie de coto secreto al que el ciudadano común y mucho menos la prensa, no pueden acceder, por lo que el llamado es a las autoridades contraloras para que se aboquen a desentrañar este misterio vedado al resto de los venezolanos.

He aquí los contratos:

Grupo electrógeno Guasdualito

Hay un contrato sin fecha, identificado con el número NCO/1008/450, firmado por Javier Alvarado O., en representación de C.A. La Electricidad de Caracas, y Agustín Pupo Domenech por la Constructora del Alba Bolivariana, C.A., en cuya primera cláusula se estipula que el objeto del contrato es la “Construcción, instalación y puesta en marcha del grupo electrógeno Guasdualito, ubicado en la población de Guasdualito, estado Apure”.

El precio de la obra alcanzaría los Bs. 6.903.252,02, monto que incluía el impuesto al valor agregado, IVA, a ser cancelados mediante valuaciones mensuales. Esta obra se realizaría en un plazo de cinco meses, contados a partir de la firma del acta de inicio.

El contrato se rige por el mismo formato de los otros de este tipo e incluye la cláusula en la que se especifica que las partes convienen en no acoger el esquema contractual del decreto 1.417 debido a las características de la obra y condiciones especiales de la contratación. Este decreto es el que establece las condiciones generales de contratación para la ejecución de obras.

Seriado de contratos para trabajos en Sucre

La “Construcción, instalación y puesta en marcha del grupo electrógeno Güiria I, ubicado en el municipio autónomo Valdés, estado Sucre”, fue contratado por le C.A. La Electricidad de Caracas a la Constructora Alba Bolivariana, C.A., según contrato NCO/1008/452, firmado por Javier Alvarado la estatal venezolana y Agustín Pupo Domenech por la contratista.

El plazo de ejecución de esta obra sería, según el contrato de cinco meses a un precio de Bs. 6.895.962,64 incluyendo el IVA, a ser pagado mediante valuaciones mensuales.

Este contrato NCO/1008/452 fue firmado el 2 de marzo de 2009 y junto a la cláusula de confidencialidad establece no acogerse al decreto 1.417 de la Gaceta Oficial.


El 2 de marzo de 2009, la misma fecha en que se firmó el contrato NCO/1008/452, Javier Alvarado O. y Agustín Pupo Domenech, en representación de C.A. La Electricidad de Caracas y de la Constructora Alba Bolivariana C.A., respectivamente, suscribieron un nuevo contrato, identificado con del número NCO/1008/453, para la “Construcción, instalación y puesta en marcha del grupo electrógeno Güiria II, ubicado en el municipio autónomo Valdés, estado Sucre”.

La obra se ejecutaría en un plazo de cinco meses a un precio de Bs. 6.406.098,60, a ser pagados mediante valuaciones mensuales.


Un tercer contrato se firma el 2 de marzo de 2009, el cual identifican con el número NCO/1008/454 y que tiene por objeto “Construcción, instalación y puesta en marcha del grupo electrógeno Güiria III, ubicado en el municipio autónomo Valdés, estado Sucre”.

Esta obra se ejecutaría en un plazo de cinco meses a un costo de Bs. 6.406.095,60, IVA incluido.

El contrato fue firmado una vez más por Javier Alvarado O. y Agustín Pupo Domenech, en representación de C.A. La Electricidad de Caracas y de la Constructora Alba Bolivariana C.A., respectivamente.


Obras en Cantaura con contrato complementario

Igualmente en la misma fecha (2 de marzo de 2009), se firma un contrato identificado con el número NCO/1008/455, convenido entre C.A. La Electricidad de Caracas, representada por Javier Alvarado, y la Constructora Alba Bolivariana C.A., representada por Agustín Pupo Domenech, esto con el objeto de ejecutar las obras para la “Construcción, instalación y puesta en marcha del grupo electrógeno Cantaura, ubicado en el municipio autónomo Freites, estado Anzoátegui”.

Los trabajos se ejecutarían en un plazo de cinco meses contados a partir de la firma del acta de inicio con un precio establecido en Bs. 5.690.969,84, incluido el impuesto al valor agregado IVA.

El contrato NCO/1008/455 tiene un Addendum 1, sin fecha firmado por Javier Alvarado, por C.A. La Electricidad de Caracas y Mario de Jesús Pérez Rodríguez, en representación de la Constructora Alba Bolivariana C.A. con el objeto de modificar las cláusulas tercera, cuarta y sexta.

Este Addendum 1 afecta el precio de la obra elevándolo a Bs. 8.326.418,60, sin incluir el IVA, y extiende el plazo de ejecución de la obra en tres meses entre abril y diciembre de 2009.

Grupo electrógeno en Tumeremo
Javier Alvarado en representación de C.A. La Electricidad de Caracas y Agustín Pupo Domenech representando a la Constructora Alba Bolivariana C.A. suscribieron un contrato sin fecha en el cual la constructora se compromete a realizar “Construcción, instalación y puesta en marcha del grupo electrógeno Tumeremo, ubicado en la población de Tumeremo, municipio Sifontes estado Bolívar”.

El contrato establece un plazo de cinco meses para la ejecución de la obra y un precio de Bs. 6.003.283,75, incluido el impuesto al valor agregado.

Contrato NCO/1108/470 para Yaguaraparo

La “Construcción, instalación y puesta en marcha del grupo electrógeno Yaguaraparo, ubicado en la población de Yaguaraparo, municipio Cajigal, estado Sucre” fue convenida, según el contrato número NCO/1108/470, también firmado el 2 de marzo de 2009, para ser ejecutado en un plazo de cinco meses a un precio de Bs. 8.572.898,12.

Este contrato fue firmado por Javier Alvarado en representación de C.A. La Electricidad de Caracas y Agustín Pupo Domenech representando a la Constructora Alba Bolivariana, C.A. y estipula que los pagos se harán a través de valuaciones mensuales. Una vez más aparece la cláusula de no acogerse al decreto 1.417 sobre contrataciones.

Obras en Los Pijiguaos

Un contrato sin fecha fue firmado por Javier Alvarado en representación de C.A. La Electricidad de Caracas y Agustín Pupo Domenech representando a la Constructora Alba Bolivariana, C.A. para la “Construcción, instalación y puesta en marcha del grupo electrógeno de Pijiguaos, ubicado en la población de Pijiguaos, municipio Cedeño, estado Bolívar”.

La obra tendría un precio de Bs. 7.001.979,74 incluido el IVA a ser pagados mediante valuaciones mensuales. Este contrato tampoco se acoge al decreto 1417 de contrataciones publicado en la Gaceta Oficial y establece un plazo de cinco meses para la ejecución de la obra.

El contrato NCO/1108/472 y su Addendum

El contrato NCO/1108/472 para la “Construcción, instalación y puesta en marcha del grupo electrógeno de Caicara del Orinoco, ubicado en la población de Caicara, estado Bolívar”, fue firmado el 19 de enero de 2009, entre Javier Alvarado en representación de C.A. La Electricidad de Caracas y Agustín Pupo Domenech representando a la Constructora Alba Bolivariana, C.A.

El precio de esta obra fue estipulado Bs. 6.167.023,28 incluyendo el IVA, para ser ejecutada en un plazo de cinco meses contados a partir de la firma del acta de inicio y el monto se pagaría mediante valuaciones mensuales.

Hay en los archivos un Addendum sin fecha, firmado por Javier Alvarado, por C.A. La Electricidad de Caracas y el cubano Mario de Jesús Pérez Rodríguez, en representación de la Constructora Alba Bolivariana que aunque tiene divergencias con el objeto y la fecha del contrato original, aparentemente afecta a este contrato NCO/1008/472 y modifica las cláusulas tercera, cuarta y sexta.

Así lo presentamos a nuestros lectores haciendo la observación de que hay divergencias entre el Addendum y el contrato original.

El Addendum 1 habla del objeto de la obra definiéndolo como “Construcción, instalación electromecánicas y puesta en marcha del grupo de electrógenos con tecnología MTU en la población de Caicara del Orinoco, estado Bolívar” y dice que el contrato original fue firmado el 19 de diciembre de 2009.


El Addendum asciende el precio de la obra a Bs. 8.150.733,24 sin incluir el IVA y aumenta la duración del plazo de ejecución dejando el nuevo lapso comprendido entre los meses de febrero y octubre de 2009.

Contrato NCO/1108/478 para trabajos en Carúpano

Un contrato sin fecha, identificado con el número NCO/1108/478, fue firmado por Javier Alvarado en representación de C.A. La Electricidad de Caracas y Agustín Pupo Domenech representando a la Constructora Alba Bolivariana C.A. con el objeto de ejecutar las obras para la “Construcción, instalación y puesta en marcha del grupo electrógeno de Carúpano, ubicado en la zona industrial de Guaca, municipio Bermúdez, estado Sucre”.

El precio de la obra se fija según el contrato en Bs. 5.737.247,56 a pagarse mediante valuaciones mensuales y el plazo de ejecución se estipula en cinco meses. Consta de una cláusula de confidencialidad y otra que dice no acoger el decreto de Gaceta Oficial número 1.417.

Contrato NCO/1108/503 para Caicara de Maturín

Javier Alvarado en representación de C.A. La Electricidad de Caracas y Agustín Pupo Domenech representando a la Constructora Alba Bolivariana, C.A. firmaron el contrato NCO/1108/503 con el objeto de ejecutar las obras para la “Construcción, instalación y puesta en marcha del grupo electrógeno de Caicara de Maturín, ubicado en el municipio Cedeño, estado Monagas”, a un precio de Bs. 6.039.579,50.

El contrato firmado el 13 de abril de 2009 establece un plazo de ejecución de cinco meses.

El 14 de septiembre de 2009, se firma un Addendum 1 a este contrato NCO/1108/503 con la finalidad de aumentar el monto del precio de la obra en Bs. 1.445.708,52 céntimos sin incluir el IVA, y con este cambio queda el valor de la obra en Bs. 6.657.447,54 sin IVA.

Además, este Addendum extiende el plazo de ejecución de la obra en tres meses en el período del 14 de septiembre al 14 de diciembre de 2009. Firmaron el documento Javier Alvarado, por C.A. La Electricidad de Caracas y el cubano Mario de Jesús Pérez Rodríguez por la contratista.


Contrato NCO/1108/505 para Nutrias

El contrato NCO/1108/472, sin fecha y acordado para la “Construcción, instalación y puesta en marcha del grupo electrógeno de Puerto Nutrias, ubicado estado Barinas”, fue firmado por Javier Alvarado en representación de C.A. La Electricidad de Caracas y Agustín Pupo Domenech representando a la Constructora Alba Bolivariana, C.A.

El plazo de ejecución fue establecido en cuatro meses y el precio en Bs. 6.083.063,62 con IVA incluido a ser pagados mediante valuaciones mensuales.

Contrato para generación distribuida

César Camejo Manrique, presidente vitalicio de la Inversora Cerro Azul, C.A. y Javier Alvarado presidente de C.A. La Electricidad de Caracas, firmaron el contrato identificado con el número NCO/1209/744 mediante el cual la inversora se obligaba a ejecutar las actividades relacionadas para la “Construcción de emplazamientos de generación distribuida de la misión revolución energética Espino-Ocumare de la Costa-Barbacoa”.

Este contrato se firmó el 14 de diciembre de 2009 y estableció un plazo de ejecución de cuatro meses divido en dos fases, una primera que abarca desde la firma hasta el 31 de diciembre de 2009, y una segunda desde el primero de enero de 2010 hasta completarse los cuatro meses estipulados.

El precio de la obra quedó fijado en Bs. 32.165.868,00 a ser pagados mediante la realización de valuaciones y tras la presentación de las correspondientes facturas y soportes.

El 19 de mayo de 2010 se firmó un Addendum 1  a este contrato NCO/1209/744 suscrito por Luis Carlos de León en representación de C.A. La Electricidad de Caracas y César Camejo Manrique, en representación de la Inversora Cerro Azul, C.A.

Este Addendum extendió la duración del contrato por cuatro meses comprendidos entre el 30 de mayo y el 30 de septiembre de 2010, así como el aumento de obras y obras extras.

El precio de la obra se incrementó en una cantidad adicional de Bs. 6.829.723,03 IVA incluido. Quedó así establecido el nuevo precio total de la obra en Bs. 38.995.591,03.

Disclaimer 

Para la realización de esta nota intentamos comunicarnos con las personas mencionadas, y con las empresas cuyas direcciones y teléfonos aparecen en los récords públicos. Enviamos un cuestionario a Javier Alvarado y a la empresa Constructora Alva para conocer sus puntos de vista sobre los temas tratados pero  hasta el cierre de este trabajo no recibimos respuestas.

Familiares piden justicia para trabajadores de PDVSA arrestados en 2017 por caso Petrozamora

A través de un comunicado, los familiares de los trabajadores de   Petróleos de Venezuela (PDVSA) Occidente solicitaron justicia a las autoridades y aseguran que los detenidos el 4 de septiembre de 2017 "fueron vinculados injustamente con la trama de sabotaje y corrupción en la empresa mixta Petrozamora".

El fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab anunció en ese entonces el arresto de los altos gerentes de Petrozamora, entre los cuales se encuentran: Gustavo Malavé, director ejecutivo de Exploración y Producción de Occidente; Juan Barreto; Adolfo Torres, gerente de DSI Occidente; José Marín, gerente DSI Petrozamora; y Henry Sánchez, gerente DSI COL. 

En ese momento también fue arrestado el presidente de Petrozamora, Juan Carlos Romero quien fue liberado el 5 de septiembre de 2017 tras haber llegado a un acuerdo con los fiscales.

Según Saab los ejecutivos fueron aprehendidos por su presunta vinculación con la compra con un sobreprecio de 100% de emulsionantes usados para separar el petróleo de otras sustancias como el agua salina.

A continuación reproducimos el comunicado:

Reciban un cordial saludo de nuestra parte, somos un grupo de esposas y familiares de los trabajadores de PDVSA occidente detenidos el 4 de septiembre de 2017, quienes fueron vinculados injustamente con la "trama" de sabotaje y corrupcion hacia la empresa mixta PETROZAMORA, hemos tenido una larga pesadilla desde el día que ocurrió la detención de los 8 Gerentes detenidos, por mentiras, acusaciones infundadas por el presidente de dicha empresa mixta el Sr. Juan Carlos Romero, junto con otros trabajadores de la empresa, todo con la intención de sacar del camino a quienes si trabajaban honradamente, quienes siempre dieron un 100% por la empresa, abandonado familias, por estar dedicados a la industria, nuestros esposos fueron usados por el presidente de la empresa alegando que los Gerentes que ustedes nombran en la lista, fueron imputados de delitos que no cometieron, tenemos pruebas de que ellos son inocentes de todas esas falsas acusaciones, pero lastimosamente no nos han dejado defendernos como es lo debido, respetando el debido proceso, NECESITAMOS LEVANTAR NUESTRA VOZ PARA QUE SEAMOS ESCUCHADOS, TENEMOS 11 MESES ESPERANDO UNA AUDIENCIA, QUEREMOS GANAR LA LIBERTAD PLENA EN UN JUICIO JUSTO, LA VERDAD DEBE SALIR A LA LUZ, SON HOMBRES RESPONSABLES, TRABAJADORES, HONESTOS.. como esposas pedimos justicia, no poseemos riquezas, vivíamos del salario de nuestros esposos, nos quitaron el sueldo de ellos, Seguro medico para nuestros niños, los bonos de alimentación, quedando todas desprotegidas, sabemos que nadie nos defenderán por el simple hecho que eran trabajadores petroleros, pero Dios pronto hara justicia.

Firmado por las esposas y familiares de los detenidos

jueves, 2 de agosto de 2018

PDVSA jubila al asesor jurídico vinculado al caso de corrupción de la plataforma Aban Pearl

Pese a una serie de evidencias que demuestran su presunta responsabilidad en el escándalo de corrupción surgido a raíz de la contratación de la plataforma de perforación Aban Pearl, el exconsultor jurídico de PDVSA Servicios S.A, Alexis Chacón Molinet, logró salir indemne y obtuvo su jubilación de la empresa. 

Una fuente ligada al caso asegura que Chacón Molinet podría ser contratado nuevamente, para lo cual cuenta con el aval y soporte de
varios miembros de la junta directiva.

Las evidencias
El caso de la plataforma semi-sumergible Aban Pearl, hundida en aguas del oriente venezolano, significó grandes pérdidas para la nación, toda vez que el irregular milmillonario contrato de alquiler de la gabarra por USD 1.315.818.950,00 conllevaba un sobreprecio de USD 662.475.000,00 que dejó ganancias a los involucrados en la trama de por lo menos USD 47.916.000,00[1].

Tras la publicación de documentos que le comprometían, Chacón Molinet trató de desviar la atención que se centraba sobre su persona para enfocarla en José Luis Parada, expresidente de la filial petrolera al que responsabilizó de las irregularidades.

El ahora ex funcionario de la petrolera estatal argumentó que  Parada, prófugo de la justicia venezolana, era el único responsable de la contratación del Aban Pearl. "Parada me obligó" dijo al señalar que había realizado los procedimientos del caso contra su voluntad, a proceder a la contratación, so pena de perder su trabajo y ser objeto otras represalias.

Desde estas páginas presentamos a la consideración de nuestros lectores copia de los contratos y comunicaciones que evidenciaban la participación activa de Alexis Chacón Molinet, especialmente, su papel como responsable de la negociación en los términos en que se firmó. Esto, al parecer, despertó la ira del y procedió a propinar amenazas contra la humanidad de quien estas líneas suscribe[2].
Desde Venezuela Política se dio a conocer el documento que demostraba Chacón sería una de los responsables de contratar el alquiler del Aban Pearl para la construcción y rehabilitación pozos costa afuera, Plan Siembra Petrolera  2010-2018, con la empresa Petromarine Energy Services LTD. Para demostrar tal afirmación, dimos a conocer una comunicación privada que circuló en el mes de febrero de 2009 en PDVSA Servicios en la que quedaba claramente establecido que el consultor jurídico era en encargado de la contratación.

Un correo enviado a funcionarios de PDVSA Servicios por la entonces asistente de José Luis Parada, informa que Chacón sería la persona encargada del contrato de la plataforma semi-sumergible Aban Pearl, cuyo alquiler produjo un severo daño a las finanzas de PDVSA.
Se trataba de un correo remitido por Marisela Isea, asistente de la Gerencia de Control y Seguimiento y de la Dirección Ejecutiva de Producción, quien informaba a Orlando Guevara, Alberto Gil, Jovanny Martínez, Tatiana Valbuena, Glisory Morillo que "por órdenes de José Luis Parada quedaban suspendidas las aprobaciones y autorizaciones para el inicio del proceso de contratación y otorgamiento de Buena Pro u otorgamiento de adjudicaciones para la contratación de obras, bienes y servicios que lleve adelante PDVSA Servicios independientemente del nivel de la Delegación Financiera".

Isea agregó que "el abogado Alexis Chacón les estará remitiendo formato para la actualización de la Base de Datos de los contratos y procesos vigentes o vencidos de Pdvsa Servicios" e igualmente se advirtió en un documento aparte que "por instrucciones del ingeniero José Luis Parada, el contrato N- 4600027051 perteneciente a la contratación directa denominado: Suministro y Operación de la unidad semi-sumergible Aban Pearl, para la construcción y rehabilitación pozos costa afuera, Plan Siembra Petrolera  2010-2018, otorgado a la empresa Petromarine Energy Services LTD, el mismo debe ser excluído de dicho formato, el cual, únicamente será responsabilidad del abogado Alexis Chacón y de la Consultoría Jurídica a su cargo".

Agregaba la comunicación que se anexan los formatos que sirven para completar referidos a la composición y actuación de las Comunicaciones de Contratación (mayor o menor) actualmente en funcionamiento en PDVSA Servicios a nivel nacional[3].

La publicación de documentos que evidenciaban la participación de Alexis Chacón Molinet en la contratación del Aban Pearl en este blog despertó la ira del abogado y vinieron las amenazas, las cuales fueron dadas a conocer, tanto a las autoridades competentes como a la opinión pública[4] y a la colectividad en general[5].

Posteriormente, Chacón Molinet quiso enmendar la plana y el 14 y 15 de marzo de 2018 se dirigió directamente a esta servidora para disculparse y solicitar un encuentro en la ciudad de Miami. El mensaje cataloga de acoso las denuncias formuladas y la pruebas que dan testimonio de nuestras afirmaciones.
Chacón asegura que sólo buscaba su jubilación y reitera que actuó obligado por José Luis Parada.
Y entonces, en un acto de osadía convocó al encuentro en Miami que, a todas luces era imposible que sucediera en razón de que Alexis Chacón Molinet no posee visa estadounidense.
Además, advirtió que esta acción la estaba dando a conocer a otros de los involucrados y señalados desde nuestras páginas, específicamente a la directiva de PDVSA, algo que no es posible dado que el servidor de la petrolera no acepta correos de cuentas como Gmail. Sin duda, un acto dirigido a la intimidación.
El personaje

Alexis Manuel Chacón Molinet es un abogado venezolanos nacido el 27 de enero de 1956. Es portador de la cédula de identidad N° V-4.685.339 y del pasaporte N° 062107428.

Con residencia en la ciudad de Maturín del estado Monagas, Chacón Molinet ha sido señalado por su presunta participación en el caso del buque de perforación Petrosaudi Saturnm, conocido como el “barco fantasma”, un contrato que derivó en pérdidas mil millonarias para el estado venezolano.

Igualmente figura como representante judicial suplente de la empresa mixta Veneziran Oil  Company S.A.

En 2014, la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela lo incluyó en el listado de sancionados con multa por incumplir el artículo 33, numeral 3 de la Ley Contra la Corrupción.
Pero a pesar de todos los señalamientos contra Alexis Chacón, ni la fiscalía de la Asamblea Nacional Constituyente, a cargo de Tarek William Saab actúo en consecuencia  ni Petróleos de Venezuela S.A. las tomó en cuenta al momento de proceder a la aprobación de la jubilación del funcionario quien ahora negocia su posible recontratación aupado por funcionarios asociados a la División San Tomé, PDVSA.

miércoles, 1 de agosto de 2018

(DOCUMENTO) E.E. U.U. arresta a José Manuel González Testino por cargos de corrupción PDVSA


Las autoridades de los Estados Unidos arrestaron al ciudadano estadounidense-venezolano, José Manuel González Testino acusado de haber pagado sobornos a funcionarios de la empresa estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA para obtener contratos para sus empresas ubicadas en territorio norteamericano.


De acuerdo al comunicado del Departamento de Justicia, González Testino controlaba múltiples empresas y fue detenido el 31 de julio de 2018, en el aeropuerto Internacional de Miami cuando intentaba abandonar el país. Este es el arresto número 17 relacionado con un enorme esquema de corrupción y lavado de dinero que investiga la Fiscalía del Distrito Sur de Texas y que involucra a varios funcionarios del gobierno del fallecido Hugo Chávez y de su sucesor Nicolás Maduro.

González Testino fue presentado en corte este miércoles donde el juez  el Juez del Distrito Sur de la Florida, Lauren F. Louis leyó los cargos en su contra. El sujeto es acusado de conspirar para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y pagar sobornos a un funcionario extranjero en violación de la FCPA.

La acusación señala que González y otro conspirador pagaron al menos $ 629,000 en sobornos a un ex funcionario de PDVSA a cambio de lograr contratos de PDVSA a favor de las empresas de González, dar prioridad a los pagos de sus compañías y otorgar a contrataciones de PDVSA en dólares estadounidenses en lugar de bolívares venezolanos.

El anunció fue hecho por el Fiscal General Adjunto, Brian A. Benczkowski de la División Criminal del Departamento de Justicia, el Fiscal Federal Ryan K. Patrick del Distrito Sur de Texas y el Agente Especial a Cargo Mark Dawson de la Oficina de Campo de Houston de Inmigración y Aduanas del Servicio de Inmigración y Aduanas (HSI).

Con el arresto de González, el Departamento de Justicia anunció cargos contra 17 personas, 12 de las cuales se declararon culpables, como parte de una investigación más amplia y en curso del gobierno de los EE. UU. Sobre sobornos en PDVSA. HSI en Houston está llevando a cabo la investigación en curso con la asistencia de HSI en Boston y Miami dice el comunicado del gobierno y añade que los abogados litigantes Sarah E. Edwards y Jeremy R. Sanders de la Sección de Fraudes de la División de lo Penal y los Fiscales Federales Auxiliares John P. Pearson y Robert S. Johnson del Distrito Sur de Texas están procesando el caso. La Asistente de la Fiscal de los Estados Unidos Kristine Rollison del Distrito Sur de Texas están manejando los aspectos de confiscación del caso. 

La Oficina de Asuntos Internacionales de la División Criminal también brindó asistencia.

Lujosa torre Porsche Design, irresistible objeto de deseo de los boliburgueses

Los récords de propiedad inmobiliaria del sur de la Florida certifican que al menos dos apartamentos de uno de los edificios más lujosos que existen en los Estados Unidos, Porsche Design Tower en Sunny Isles Beach, pertenece a personas vinculadas a la enorme red de corrupción que penetró las finanzas públicas del Estado venezolano. En esta historia presentamos parte de las evidencias.
Uno de los nombres, el deldel propietario venezolano de un condominio de la exclusiva torre, llegó a manos de las autoridades federales en el primer trimestre de 2018 tras la denuncia de una persona ligada al caso, en la que se confirmaba que el hijo de la exfuncionaria de Bandes, María de los Ángeles González de Hernández, Jorge Hernández (nacido el 22 de marzo de 1986,) compró la unidad #4205 de la mencionada torre ubicada en el 18555 Collins Avenue, en Sunny Isles Beach, Florida. El inmueble está registrado a nombre de JJMG Group, cuya cabeza es el joven de 32 años,  Jorge Alejando Hernández González. 

María de los Ángeles González de Hernández fue hallada culpable en la Corte del Distrito Sur de Nueva York de haber participado en un esquema de corrupción y cobro de sobornos cuando se desempeñaba como presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes), una entidad creada por el fallecido Hugo Chávez. La mujer pasó de ser una funcionaria del gobierno a operar en una red de corrupción, por lo cual fue enjuiciada, encarcelada en 2013 y posteriormente, perdonada por una juez federal, lo que le permitió salir de la cárcel antes de cumplir toda su condena que era de 4 años de prisión. La mujer pagó una multa de 5 millones de dólares, el estimado de las ganancias que obtuvo producto de la trama de corrupción. 

Desde entonces González de Hernández vive en Miami, desde donde exhibe un ostentoso modus vivendi, un tren de vida que en nada se corresponde con los ingresos de una exfuncionaria del gobierno chavista.

María de los Ángeles González Hernández está vinculada a la red de corrupción y lavado de dinero del extesorero nacional de Venezuela, Alejandro Andrade, quien actualmente se encuentra colaborando con las autoridades del gobierno norteamericano, bajo libertad domiciliaria y con monitoreo 24 horas al día. 

La unidad que adquirió el hijo de María de los Ángeles González Hernández se encuentra en venta en la actualidad y su costo es calculado en unos USD 8.900.000.



Porsche, un objeto de deseo

El espectacular edificio volvió a ser noticia en Venezuela, un país con una condición de vida paupérrima, donde gran parte de la población sufre de desnutrición severa, falta de medicinas y de servicios públicos, a raíz del caso que involucra a los encargados de ejecutar un enorme esquema de corrupción por más de USD 1.200 millones de dólares provenientes de las arcas del tesoro. En el expediente aparecen acusados más de ocho de personas, incluyendo el dueño del lujoso condominio. Los papeles de la fiscalía de Miami dicen que el apartamento fue adquirido como parte de una cuota inicial que el beneficiario cobró por sus servicios de lavado de dinero a uno de los participantes de la red de blanqueo.

En la acusación, los fiscales sostienen que los demandados están usando propiedades inmobiliarias e inversiones falsas en Miami para lavar dinero proveniente del tesoro venezolano. Dicen los documentos que el exasesor legal del Ministerio de Petróleo y Minería de Venezuela, Carmelo Urdaneta Aquí utilizó un condominio en Porsche Design Tower, en Sunny Isles Beach, como pago por uno de los supuestos servicios de lavado de dinero. La unidad 2205 fue comprada por una empresa ficticia para ser transferida a José Vicente Amparán Croquer a través de su esposa, Carolina Croquer.
En el expediente de la corte aparecen los registros de propiedad donde se observa que la unidad 2205 de Porsche Design Tower fue adquirida por Paladium Real Estate Group en enero de 2017 por USD 5,3 millones. Los registros también muestran que Paladium se formó en mayo de 2016 con Croquer como propietaria.

De acuerdo a los registros inmobiliarios, el 23 de septiembre de 2016, Carolina Croquer (esposa de Amparan) fue agregada como gerente de Paladium Real Estate Group LLC, y el 15 de septiembre de 2017, después de que finalizó la compra del condominio, la mujer fue removida del registro. En los récords del estado de la Florida, Carolina Croquer aún aparece como gerente de la mencionada corporación.

Luego del escándalo que vinculó a uno de los compradores de la torre con lavado de dinero, los dueños del complejo, el grupo Dezer Development emitieron un comunicado informando que desconocían el hecho alegado por la fiscalía y que estaban dispuestos a cooperar con el gobierno aunque no habían sido contactados. El día 30 de julio de 2018, aparecieron varios artículos en diferentes países donde se publicita la torre cuyos dueños tienen el privilegio de estacionar en sus propias unidades sus vehículos. 

La corte actúa 

De acuerdo a la norma en estos casos, el tribunal procedió a publicar un aviso de hipoteca (garantía de deudas) a Paladium Real Estate Group LLC, donde pide a todas aquellas personas que puedan reclamar a través de, o bajo el demandado (Francisco Convit y otros), cualquier interés en la propiedades descrita en el documento Unidad 2205 del 18555 Collins Avenue, Sunny Isles Beach, Florida para que se presenten a la corte para hacer sus reclamos. 

El tribunal procede de esta manera a la expropiación del bien inmobiliario adquirido con dinero criminal objetivo y discutido en la conspiración alegada en el caso contra los llamados bolichicos y sus asociados. 

Seguiremos informando...