E.E. U.U. confiscó propiedades en Miami (Cocoplum) a nombre de empresas ligadas a testaferros de los hijos de Cilia Flores

Siguiendo el calendario establecido, el gobierno de los Estados Unidos procedió a confiscar tres propiedades que fueron presuntamente adquiridas con dinero proveniente del esquema de corrupción encabezado por Francisco Convit Guruceaga y otros asociados, y que equivale a un desfalco al patrimonio del Estado venezolano por más de US$1.200 millones de dólares. Esta semana, el fiscal federal estadounidense, Benjamín G. Greenberg dio a conocer las nuevas acciones legales relacionada con el embargo de tres lujosos inmuebles, ubicados en las siguientes direcciones:

1) 194 Isla Dorada Boulevard, Coral Gables, Florida 33143; 

2) 597 Hibiscus Lane, Miami, Florida 33137 y

3) 6905 Prado Boulevard, Coral Gables, Florida 33143.

Una de las costosas propiedades está a nombre de la corporación Britestar Worldwide Limited, Corp cuyos propietarios sonFernando Valero, Marion Valero e Yngrid Silva Y. Esta empresa fue creada el 16 de marzo de 2011 bajo el número P11000026497, pero el 22 de abril de 2015 cambió de nombre y de dirección. Cuando se revisa el historial de dicha firma aparece que Fernando Valero usa como nuevo domicilio fiscal una mansión de Cocoplum 6905 Prado Boulevard, Coral Gables, Florida 33143,  lugar que también está ligado a las empresas de Mario E. Bonilla y Raúl E. Saavedra, señalados de ser los presuntos testaferros de los tres hijos de la mujer de Nicolás Maduro, Cilia Flores.

La segunda propiedad confiscada está a nombre de Olympia De Castro y Gustavo Hernandez Frieri ubicada en 597 Hibiscus Lane, Miami, Florida 33137.

Y la tercera mansión confiscada se encuentra a nombre de la corporación Sky Investment y Field Construction, Corp., registrada en el estado de la Florida y que está ubicada en 194 Isla Dorada Boulevard, Coral Gables, Florida 33143.

Según los documentos del gobierno dichas propiedades fueron adquiridas durante el tiempo en el que se desarrollaba la conspiración acusada que involucra a varios funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, a contratistas boliburgueses y supuestamente a los tres hijos de Cilia Flores.

Dice el oficio del fiscal que Olympia De Castro y Gustavo Hernandez Frieri fueron reconocidos como los fiduciarios de una de las propiedades confiscadas. 

La fiscalía hizo un llamado a todas aquellas personas que legalmente puedan hacer reclamos de la mencionada residencial a realizar los trámites respectivos ante el gobierno.

Refiere que hay una decisión de la corte del 16 de agosto de 2018 en la cual los Estados Unidos de América presentaron una acusación en la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida que involucra una acción adicional de decomiso de los bienes inmuebles.

De conformidad con 21 USC § 853 (p), los Estados Unidos de América establecen la confiscación del inmueble ubicado en 597 Hibiscus Lane, Miami, Florida 33137. Dicha propiedad se encuentra descrita legalmente en Lote 5, Bloque 9, de Bay Point, de acuerdo con el plano del mismo según consta en libro 40, página (s) 63, Registros Públicos de Miami-Dade, Florida. El inmueble tiene un costo en el mercado de $3,665,224. Ver más fotos aquí.

El Título 21 del Código de Estados Unidos, Sección 853 (k) establece que ninguna parte que reclame un interés en una propiedad sujeta a decomiso podrá iniciar una acción legal o equitativa contra los Estados Unidos con respecto a la validez de su interés después de la presentación de una acusación formal.

El documento dice que la segunda propiedad está descrita de la siguiente manera: Lote 8 Bloque 15, Sección Cocoplum Dos Plat "C", de acuerdo con el Plat de los mismos como se registra en Plat libro 117 en la página 65, de los Registros Públicos del Condado de Miami-Dade, Florida. Parcel a Identificada bajo el número: 03-4132-026-0080.

El tercer inmueble está ubicado en 6905 Prado Boulevard, Coral Gables, Florida 33143, descrita legalmente en los siguientes términos: Lote 3 Bloque 19, de Cocoplum  Sección PLAT "D", de acuerdo con el Plat de la misma, como se registra en Plat libro 128, en la página 99, de los Registros Públicos del Condado de Miami-Dade, Florida. Parcela Identificada bajo el número: 03-4132-028-0010. Este inmueble está valorado en US$3,060,648.

Un banquero que se transforma en "sapo"

Mientras los fiscales proceden con las 17 confiscaciones, pendientes también avanzan las investigaciones de este caso que se ha ampliado gracias a la colaboración que está prestando en banquero suizo Matthias Krull quien se declaró culpable de cargos por lavado de dinero para  un grupo de ciudadanos venezolanos acusados por la fiscalía.

Krull, un residente de Panamá de nacionalidad alemana, será sentenciado por el juez de Distrito Cecilia M. Altonaga el 29 de octubre de 2018. El hombre de 44 años de edad, que operaba como banquero con Julius Baer con sede en Suiza, podría enfrentar 10  años de cárcel.

En su declaración, Krull admitió que ayudó a clientes privados de Venezuela a malversar cerca de $600 millones de la empresa petrolera estatal Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA), a través de un esquema de diferencial cambiario con moneda extranjera en 2014.  En 2015, el esquema de corrupción alcanzó los US$1.200 millones de dólares.

Según la declaración de culpabilidad de Krull sus clientes incluyen Francisco Convit Guruceaga y tres conspiradores no identificados.

Krull y Guruceaga están entre ocho acusados con cargos federales de lavado de dinero ligados con fondos provenientes de PDVSA. Los otros acusados (todos de nacionalidad venezolana) ​​son los siguientes: Gustavo Adolfo Hernández Frieri, José Vicente Amparán Croquer, también conocido como "Chente", Carmelo Urdaneta Aqui, Abraham Eduardo Ortega, Hugo Andre Ramalho Gois, y el uruguayo Marcelo nacional Federico Gutiérrez Acosta y Lara y Mario Bonilla.

Krull y Hernández Frieri fueron detenidos, pero los otros seis hombres no están aún bajo la custodia de las autoridades  federales norteamericanas.

La acción contra Convit y sus socios fue presentada en julio de 2018, y la acusación completa del gran jurado fue revelada el 16 de agosto de este mismo año. En dicho documento se detallan los cargos específicos y se dió a conocer una lista de bienes inmuebles supuestamente vinculado a los fondos lavados. 

El gobierno de los Estados Unidos enumeró las siguientes propiedades ubicadas en el sur de Florida como objeto de confiscación, ya que las mismas están presuntamente relacionadas con el esquema de lavado de dinero:

597 Hibiscus Lane, Miami, una casa de 3.962 pies cuadrados comprar por $ 2,73 millones en un fideicomiso relacionado con Hernández Frieri.

225 27th Street, Apartamentos A a la F, Miami Beach, que fueron comprados por $ 3.15 millones de dólares en 2015 por una empresa asociada a Urdaneta.

2030 Douglas Road, Unit 704, Coral Gables, un condominio de 1.496 pies cuadrados en el edificio de Menorca que fue adquirida por $ 467.000 en 2013 por una empresa asociada a Urdaneta.

194 Isla Dorada Blvd., Coral Gables, una casa de 4.625 pies cuadrados compró por $ 2.25 millones en el 2014.

6995 Prado Blvd., Coral Gables, una casa de 4.406 pies cuadrados compró por $ 4.75 millones en el 2016.

6905 Prado Blvd., Coral Gables, una casa de 5.211 pies cuadrados compró por $ 2.23 millones en el 2011.

465 Brickell Ave., Unidad 619, Miami, este 1325 pies cuadrados Icon Brickell condominio se vendió por $ 740.000 en 2015.

655 Casuarina Concourse, Coral Gables, un terreno baldío de 38.200 pies cuadrados comprados por $ 2,3 millones en 2015.

14432 Lugar Roca Rodando, Wellington, una gran cantidad de 2.2 acres compró por $ 1 millón en 2016.

14464 Lugar Rolling Rock, Wellington, una casa de 6.178 pies cuadrados en un rancho de 2.2 acres que se vendió por $ 2,08 millones en 2015.

3530 Mystic Pointe Drive, Unidad 1206, Aventura, un condominio de 1.361 pies cuadrados en Mystic Pointe Torre que se vendió por $ 352.500 en enero de 2018.

Los fiscales federales también identificaron el 45,6 $ millones en efectivo incautados a las cuentas bancarias y las acciones depositadas en bancos en el extranjero, y 11 condominios en el Signature Residencial Santa María en Panamá como activos que podría ser aprovechada en el caso de lavado de dinero.

La investigación federal de este caso se inició después de una fuente confidencial comenzó a cooperar con las autoridades de Estados Unidos y se reunió con los acusados ​​que participaban en  los esquemas de lavado de dinero, según los documentos de la corte.

La acusación indica que hay varios conspiradores -aún sin nombre-entre  quienes se destaca un multimillonario que posee una cadena de televisión en Venezuela y un poderoso funcionario del gobierno en Venezuela - solicitaron a los acusados ​​que blanquearan su dinero.

El documento del Gran Jurado dice que City National Bank de Nueva Jersey recibió las transferencias electrónicas internacionales de dinero supuestamente blanqueado en 2017.

CAOS PDVSA: En Punta de Mata incendian el generador de un taladro para robarse el cobre

Un informe técnico emanados de la Gerencia de Mantenimiento Mayor de PDVSA Servicios Petroleros S.A., Región Oriente, da cuenta de los daños sufridos al generador de potencia N°2 del taladro PDV-20 Pozo MUC-150, luego de que el 30 de agosto del presente año 2018 se recibiera información de los desperfectos en el mismo. La inspección realizada en el sitio sirvió para constatar que dicho generador se encontraba desarmado y sus componentes, rotor y estator, estaban quemados producto de la acción de quemarlo para extraer el cobre que contienen estos elementos, el cual fue hurtado casi en su totalidad. Revela el informe que durante el recorrido realizado en la zona del taladro, los residuos de los elementos que usaron para el incendio aún se encontraban humeando.

Agrega que la actualidad se encuentran desvistiendo el equipo con un avance de 5 por ciento en dicho pozo, con el objetivo de realizar la mudanza al aeródromo de Punta de Mata, pero para que ello sea posible es preciso firmar el contrato respectivo con la empresa de mudanza.

El informe, identificado con el número GIM-IM-FO-004 explica que se trata del Taladro PDV-20 con potencia de 2000 H, marca BOMCO que operaba en el Pozo MUC-150.

Se refiere que el taladro PDV-20 se encontraba trabajando con diversos detalles, situación que llevó a que constantemente se tuvieran que realizar labores de mantenimiento o chequeo del mismo, siendo el más común la revisión de los motores CAT 3512 N° 1 y N° 2, que desde el año 2015 venían presentando fallas sin que se produjera un diagnóstico definitivo y concreto por parte de los especialistas que han hecho las evaluaciones de los mismos (VENEQUIP, ICVT).

Se apunta que la recurrente falta de repuestos se traduce en tiempo no productivo a la gerencia (TNP).

Se indica además en el informe, que el 27 de abril de 2018 se recibió la notificación de que el taladro había sufrido un nuevo hurto afectando el MCC y la sala de VFD (variadores de frecuencia), por lo que se procedió a la inspección y en el recorrido por las instalaciones se constató el desmantelamiento y daños severos a los equipos ya mencionados, así como en las bombas de lodo, casa del perforador, en los motores del malacate, el motor N° 2, el generador N° 1 y el acumulador.

Se advierte que con este evento se compromete la desvestida de la cabria, pues no cuentan con el sistema de potencia para este fin. Se informa que se realizó Reporte de Perdida de Propiedad bajo código (RPP) RPP-EYP-OR-PM-2018-0205.

Luego se hace mención a que el 30 de julio de 2018 se recibió la notificación de un evento de hurto en el taladro, por lo que se llevó a cabo una inspección que reveló que, efectivamente, se había producido el hurto del motor CAT 3512 N° 1, generador de potencia N° 1, motor CAT 3512 N° 2, y varios componentes del resto de los motores CAT 3512.

JUNTOS SI PODEMOS.

Corpoelec: CMEC no realizó prueba de arranque del generador en Unidad 6 de Planta Centro y habrá que repararlo

La negligencia demostrada por la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, no se limitó, como denunciamos recientemente, en permitir que la empresa China National Machinery & Equipment Import & Export Corporation[1], (CMEC)[2], no solamente incumpliera los lapsos de entrega de la obra pautados en 50 meses y que ello acarreara la duplicación del precio del contrato al incrementarse la tasa de cambio para calcular los USD 1.463.789.000,00 establecidos como monto de la negociación, sino que también aceptó que la compañía asiática entregara los trabajos sin llevar a cabo la prueba de arranque del “grupo generador de generación eléctrica totalmente nuevo de 600 MW” en la Unidad N° 6 de Planta Centro, ocasionando que en la actualidad solamente aporte al Sistema Eléctrico Nacional el 40 por ciento de su capacidad.

Fuentes ligadas al caso nos informan que la citada Unidad N° 6 de Planta Centro presenta serios inconvenientes para aportar el 90 por ciento de los MW estipulados —es decir 600 MW— debido a problemas de diseño en uno de sus componentes, específicamente en el ventilador de arranque, razón por la cual aporta nada más al SEN 250 MW equivalente al 40 por ciento de su capacidad.

Revela la fuente que para poder reparar dicho componente, será necesario que Corpoelec llame al fabricante, CMEC, con la que deberá suscribir un nuevo contrato que obviamente supondrá más costos para la república, para proceder a reparar la unidad.

Tal situación —según fuentes consultadas— sólo es indicativo de que Corpoelec no exigió a CMEC al momento de recibir la obra supuestamente concluida, una prueba de arranque que demostrara la finalización exitosa del trabajo.

Como hemos venido reseñando en nuestras entregas referidas a la crisis eléctrica venezolana, la figura de los contratos complementarios sólo ha significado para la república la elevación de los precios de las negociaciones iniciales o, simplemente el incumplimiento de las mismas por parte de las empresas contratistas, lo cual queda demostrado con lo informado líneas arriba.

El contrato inicial de CMEC con Corpoelec estipulaba 50 meses para realizar los trabajos, lo cual no ocurrió y las partes procedieron a firmar un Addendum o contrato complementario que significó la duplicación del precio de la negociación al elevarse de Bs. 3.805.851.400,00 a Bs. 6.294.292.700,00 el costo de los USD 1.463.789.000,00 establecido como monto del contrato.

Pero el tiempo y la inflación consumieron los términos establecidos entre Alí Rodríguez Araque, presidente de Corpoelec para la fecha, y Jia Zhiqiang representante de CMEC, en diciembre de 2010, por lo que hubo que volver a renegociar a una nueva tasa de cambio del dólar, que pasó de Bs. 2,60 a Bs. 4,30.

El control de cambio vigente en Venezuela ha conllevado a distintas tasas de cambio a lo largo del tiempo en que ha imperado. Así, a su entrada en vigor se estableció un tipo de cambio fijo de Bs. 1,600 (Bs.F. 1,60) que cambió en febrero de 2004 a Bs. 1.920 (Bs.F. 1,92) y en febrero de 2005 se elevó a Bs. 2.150 (Bs.F. 2,15), precio que se mantuvo por cinco años hasta que en enero de 2011, Hugo Chávez anunció una nueva devaluación que estableció un cambio dual, un tipo de cambio para sectores prioritarios como salud y alimentación a Bs. 2,60 por dólar y otro que llamaron dólar petrolero a Bs. 4,30.

Tal dólar petrolero aplicaba para el sector automotriz, comercio, químicos, metalúrgico, textil, telecomunicaciones, construcción, tabaco, bebidas y el resto de las áreas en las cuales se inscribe el objeto del contrato suscrito entre Corpoelec y CMEC.

Vale advertir, que empresa forma y otras dos compañías chinas —China Camco Engineering CO Ltd (China CAMC), Sinohydro Corporation Limited y China Machinery Engineering Corporation (China CMEC)— fueron denunciadas por supuestamente haber pagado millonarias comisiones a Diego Salazar Carreño a cambio de la obtención de contratos con sobreprecio en el marco de la emergencia eléctrica que se decretó en 2010 —fecha para la cual se suscribieron los contratos aquí mencionados— cuando su primo hermano Rafael Ramírez Carreño se encontraba al frente de PDVSA y al mismo tiempo ejercía como ministro de Petróleo y Minería[3].

Estas compañías habrían transferido cientos de millones de dólares a cuentas de empresas de maletín de Diego Salazar Carreño y Luis Mariano Rodríguez Cabello, quien es señalado de ser su operador personal y testaferro, en la Banca Privada de Andorra (BPA).

Los contratos

El 3 de diciembre de 2010, se suscribió  un contrato por la cantidad de USD 1.463.789.000,00 para la “Ingeniería, procura, construcción y puesta en funcionamiento de la unidad a vapor N° 6 de 600 MW y su sistema de transmisión asociado en planta centro”.

El documento fue firmado por Alí Rodríguez Araque, representando a la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, en su carácter de presidente, y por el ciudadano de nacionalidad china Jia Zhiqiang, presidente de la empresa China National Machinery & Equpment Import & Export Corporation (CMEC).

La empresa china se comprometía a suministrar e instalar un “grupo generador de generación eléctrica totalmente nuevo de 600 MW”, así como a realizar todas las obras de ingeniería e infraestructura y de servicios inherentes a dicha instalación y convenidos en el contrato suscrito, así como la derivada transferencia de tecnología y capacitación por parte de la empresa china al personal de Corpoelec.

El monto acordado se calcularía de acuerdo a la tasa referencial de 2,60 bolívares fuertes por dólar americano, para un total en bolívares de Bs. 3.805.851.400,00 discriminados en varios pagos como se aprecia en la imagen:

El contrato establecía un plazo de 50 meses para la culminación de la obra, tiempo que empezaría a correr a partir de la firma del acta de inicio del pago del anticipo fijado en un 40 por ciento del total del monto convenido para la obra y disponía de un cronograma de pagos contra valuaciones y presentación de facturas como se detalla en la siguiente imagen capturada del documento:

Según la cláusula 26 del contrato, el costo de la obra sería financiado a través del crédito de financiación de gran volumen a largo plazo otorgado por la República Popular China bajo la administración del Bandes imputado a las partidas de Corpoelec para los presupuestos de los años 2010 al 2014.

Adenda al contrato

A este contrato se le agregan dos adenda fechados en 2011.

En el primer Addendum del 25 de mayo, firmado por Alí Rodríguez Araque y Jia Zhiqiang en representación de Corpoelec y CMEC, respectivamente, se modifica el monto del contrato y ya no se calcula la tasa de cambio referencial en 2,60 bolívares fuertes por dólar, sino a 4,30 bolívares por dólar americano, con lo cual el monto total de la obra en bolívares asciende a Bs. 6.294.292.700,00. Este cambio en el monto de la tasa referencial de cambio afectó por consiguiente todas las cláusulas que incluían la conversión a bolívares, aunque los montos en dólares se mantuvieron invariables.

El segundo Addendum, firmado el 19 de julio de 2011, por los mismos signatarios del contrato original en representación de Corpoelec y CMEC, cambia la denominación de la empresa china a China Machinery Engineering Corporation dejando de llamarse China National Machinery & Equipment Import & Export Corporation y quedando igual con las siglas CMEC y se especifica que la empresa con esta nueva denominación está presidida por el ciudadano chino Yang Wansheng.

Nelson Martínez reconoce que creó PDVSA US Litigation Trust cuando era Ministro de petróleo de Maduro

El exministro venezolano Nelson Martínez  reconoció, a través de un poder, que sí es su firma que que aparece en el documento de creación del fideicomiso  PDVSA US Litigation Trust y que dicho acto fue celebrado por su persona cuando era Ministro de Poder Popular de Petróleo del gobierno de Nicolás Maduro. Aseguró que con su firma se ejecutó ese instrumento. Martínez permanece arrestado en Venezuela desde el 30 de noviembre de 2017 acusado por delitos de corrupción relacionados con subsidiaria dePDVSA en los Estados Unidos, Citgo.

El poder sellado y firmado por Martínez fue dado a conocer por la Corte del Distrito Sur de Nueva York este viernes. El documento había sido solicitado por un grupo de demandantes que pidieron que el tribunal verificara la legitimidad de fideicomiso PDVSA US Litigation Trust como ente representante de Petróleos de Venezuela y que aclarar dicho fondo hubiese contratado al bufete de abogados Boies Schiller Flexner LLP para encabezar la acción civil interpuesta en la Corte del Distrito Sur de Texas que busca encausar a más de 44 empresas e individuos acusados por la misma empresa petrolera venezolana de haber ejecutado un gigantesco entramado de corrupción que le habría costado a Venezuela miles de millones de dólares y que involucra manipulación en los precios del crudo, y espionaje electrónico.

La mencionada demanda civil fue dada a conocer el 5 de marzo de 2018. La acción busca resarcir daños causados por la supuesta conducta criminal de los demandados al patrimonio de Petróleos de Venezuela. La aspiración del demandante es cobrar al menos 10 billones de dólares, y otras ganancias extras por las pérdidas que tuvo la empresa estatal  durante la conspiración que alcanza 14 años.

De acuerdo a los papeles oficiales, PDVSA US Litigation Trust es un fideicomiso establecido Nueva York para investigar y buscar acciones contra los demandados en la referida querella representada por el mencionado bufete de abogados.

Seguiremos informando...

Crystallex pide al tribunal de E.E. U.U. ordenar venta de acciones de Citgo "lo más rápido posible y al mejor postor "

Crystallex International Corp solicitó al juez federal Leonard P. Starkordenar la venda de las acciones de Citgo "lo más rápido posible y al mejor postor", esto en respuesta a la decisión de la corte de Delaware, fechada el 23 de agosto de 2018, donde se ordena a las partes presentar cualquier aporte adicional sobre la venta accionaria de PDV Holding, Inc. dePetróleos de Venezuela dentro de los siete días previsto para que el servicio de los aguaciles de los EE. UU. ejecuten el dictamen que le permitirá a la empresa canadiense cobrar la deuda que mantiene la República Bolivariana de Venezuela por la expropiación de las minas  de oro Las Cristinas durante el gobierno de Hugo Chávez.

Crystallex recibió un fallo a su favor emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial en abril de 2016. Analistas han calculado que el interés acumulado podría haber incrementado la deuda total a alrededor de USA 1.600 millones.

El juez Stark emitió la orden que permitiría al fondo de cobertura Tenor Capital Management (actual propietario de Crystallex), subastar las acciones de Citgo. 

Cuando se conoció la decisión, PDVSA dijo que apelaría la decisión ante el tribunal.

En la comunicación de los abogados de Crystallex, fechada el 31 de agosto de 2018, dice los aguaciles entregaron la orden de ventas de las acciones de la corte al agente de PDV Holding, Inc el  24 de agosto de 2018.

Crystallex solicitó que el Tribunal ordene la venta de las acciones lo más rápido posible. De hecho, existe una clara orientación legal sobre cómo debe proceder la corte, acota los abogados de la trasnacional canadiense.

Argumentan que la Ley sobre la Corporación General de Delaware, incorporada por la Regla 69 de las Reglas Federales de Procedimiento Civil, requiere que las acciones sean vendidas por los Alguaciles "al mejor postor" por orden del tribunal. Explica que, en base a la citada norma, "siempre que la orden de venta se envíe por correo a PDVSA y esté publicada al menos dos veces durante 2 semanas sucesivas", con "la última publicación de al menos 10 días antes de la venta, en un periódico publicado" en el condado de New Castle, la venta puede continuar. 

Agrega que el propósito de la publicidad es informar al público y a los postores potenciales de la venta y promover la oferta. "No se requiere nada más. Y, aquí, no hay duda de que la venta se publicitará mucho más allá de los requisitos legales" dice la carta. 

Señalan que las órdenes de la Corte correspondientes al 9 y el 23 de agosto de 2018.

Crystallex  -dice la comunicación- no tiene dudas de que la venta de las acciones se dará a conocer en todo el mundo cuando el Tribunal emita su orden adicional y, por lo tanto, el esquema legal diseñado para garantizar la imparcialidad del proceso de venta.

El proceso legal está diseñado para asegurar que los posibles compradores tengan conocimiento de la venta por parte de los aguaciles y la oportunidad de los interesados para aparecer y ofertar por las acciones. Los activos vendidos por los aguaciles en una subasta judicial se venden "tal como están, dónde están" y, en última instancia, depende del deudor del fallo divulgar información al mercado antes de la subasta si así lo desea. 

Los abogados señalan que "aunque las entidades de CITGO han expresado su preocupación por la capacidad de Crystallex para obtener el valor máximo de las acciones de PDV Holding en la próxima venta", ninguno de ellos ha presentado información financiera para ayudar dicha transacción. 

Aseguran que evidentemente "Crystallex tiene todo el interés en obtener el valor máximo para PDVH para lo cual está dispuesta a  recabar su opinión, y lista para divulgar toda la información que pueda obtener de PDVSA y sus subsidiarias". 

Crystallex destaca que varios compradores estratégicos que supuestamente obtuvieron información relevante en relación con la comercialización de CITGO en Venezuela, siguen interesados ​​en las acciones de PDVH. "Estos posibles compradores ya están al tanto de la inminente subasta y, presumiblemente, participarán si así lo desean". 

En la comunicación Crystallex sostiene que tiene la intención de hacer una oferta de crédito de juicio sustancial por las acciones en la venta para garantizar que se venden a un precio justo. 

Crystallex le aseguró que el tribunal que las acciones de Citgo se venderán a un "precio justo y adecuado", que es "el precio de hecho" es el recibido en la venta judicial, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos de la ley. 

Los abogados dicen que PDVSA solicitó la suspensión de la orden judicial sin pagar una fianza, "en contravención directa de la ley de Delaware, que rige la suspensión de los procedimientos de ejecución".

Aseguran que los argumentos de PDVSA "carecen de fundamento", y por tanto su moción debe ser denegada, en particular dado el historial de PDVSA y Venezuela de devaluar a PDVH y sus subsidiarias a través de transacciones que "intencionalmente" han diseñado para "obstaculizar a los acreedores". 

Señalan que "dada la inminente venta de las acciones de PDVH, Venezuela y PDVSA se sienten incentivadas a saquear PDVH y sus subsidiarias mientras todavía pueden hacerlo. En consecuencia, no hay ninguna razón para que la corte retrase la emisión de la orden de venta, por el contrario, el Tribunal debe emitir la orden de venta lo más rápido posible dado el riesgo significativo de daño que enfrenta Crystallex hasta que la venta tenga lugar".

Finalmente, los representantes legales de la trasnacional canadiense exponen ante el juez que para garantizar que el valor de las acciones de PDVH no disminuya antes de que puedan venderse en una subasta y que "Crystallex reciba el beneficio de la orden emitida por Corte el 9 de agosto de 2018 para cumplir su juicio legal, Crystallex pide que el Tribunal ordene la venta de inmediato y  que la venta se programe lo antes posible".